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Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2024-12-09Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 70001233100019980074801ACCION CONTRACTUAL
¿El despacho considera razonable otorgar el plazo adicional de 15 días hábiles, solicitado por la sociedad demandante, para allegar la información requerida por la perita? Sí
Mediante memoriales de 15 y 22 de octubre de 2024, el representante legal de SPL Salgado Abogados y Consultores S.A.S., sociedad perita en el proceso de la referencia, presentó memorial con el propósito que se ordenara la entrega de información que considera “fundamental” para llevar a cabo el dictamen pericial encomendado y que se le concediera un plazo adicional de 45 días para elaborar su experticia. Por otra parte, el despacho considera razonable otorgar el plazo adicional de 15 días hábiles, solicitado por la sociedad demandante, para allegar la información requerida por la perita para la elaboración del dictamen, en los términos señalados en el proveído de 29 de octubre de 2024, razón por la cual se accederá a esa solicitud.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-06-14Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 25000233600020190057002LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la ampliación del plazo para aportar el dictamen pericial al haber justificado de manera oportuna y en debida forma la solicitud de prórroga del plazo para allegar la experticia? Sí
Cuando la parte solicita dentro del término inicial la ampliación del plazo para aportar un dictamen pericial, justificando la prórroga con la solicitud del perito, la ampliación procede y el juez debe otorgar un término adicional para allegar la experticia. La regla se apoya en el inciso tercero del artículo 117 del Código General del Proceso, que permite ampliar el plazo cuando la solicitud se formula antes de vencer el término inicial. Las razones que la sostienen son tres: la parte que actúa conforme a las normas procesales no puede ser reprochada por no allegar la prueba a tiempo; el perito justifica la prórroga cuando el volumen de datos a procesar es muy alto; y la falta de respuesta oportuna del perito a la solicitud de prórroga impide a la parte tener certeza sobre si puede radicar el dictamen. En el caso, el tribunal había negado la ampliación y se revocó esa decisión, otorgando un mes para aportar el dictamen. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la solicitud de prórroga del dictamen debe formularse antes de que venza el término y con la justificación del perito.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2025-08-04Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 70001233100019980074801ACCION CONTRACTUAL
¿Las sociedades requeridas se pronunciaron sobre la información que les fue solicitada, con lo que se agotó el apoyo deprecado al despacho por la perita para facilitar el cumplimiento de su cometido, sin que esta hubiere efectuado algún pronunciamiento al respecto? Sí
El juez ejerce su deber de colaboración requiriendo a las entidades involucradas para que suministren directamente al perito la documentación necesaria para la elaboración de la experticia técnica. En este caso, tras ordenar a la fiduciaria y a la electrificadora en liquidación que allegaran la información requerida, y verificado el pronunciamiento oportuno de las sociedades requeridas, se declara agotado el apoyo deprecado al despacho judicial sin que la perita hubiere efectuado manifestación adicional, por lo que se le requiere por última vez para que allegue el dictamen pericial o indique si con los elementos existentes le es imposible cumplir su cometido.síntesis automática
También resuelve:¿El plazo adicional que le fue concedido a la perita feneció sin que esta allegará el resultado de la labor que le fue encomendada?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2025-03-31Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 70001233100019980074801ACCION CONTRACTUAL
¿Se encuentra el juez contencioso administrativo facultado para apartarse del criterio técnico expresado por el perito judicial, particularmente respecto de los elementos técnicos o científicos requeridos para la elaboración del dictamen? No
El juez contencioso administrativo no está facultado para apartarse del criterio técnico expresado por el perito judicial, especialmente respecto a los elementos técnicos o científicos requeridos para la elaboración del dictamen, ya que la labor de la perito comprende aspectos especializados que escapan del conocimiento del juez, quien debe limitarse a establecer las medidas que faciliten la práctica de la prueba, sin intervenir en la determinación de la información necesaria para el dictamen. Además, el juez puede conceder una prórroga del término inicialmente fijado para la práctica del dictamen pericial si la perito informa que no ha recibido la documentación o información indispensable para su elaboración, lo que implica que el plazo total para la entrega del dictamen se extienda en consecuencia. Asimismo, aunque el juez, las partes y los apoderados pueden hacer observaciones a los peritos y presenciar los exámenes y experimentos, no pueden intervenir en las deliberaciones de los peritos ni en la elaboración del dictamen, y deben realizar todas las actuaciones a través de los canales habilitados por la autoridad judicial para garantizar el principio de igualdad y el deber de lealtad procesal.síntesis automática
También resuelve:¿Está facultado el juez para conceder una prórroga del término inicialmente fijado para la práctica del dictamen pericial…¿Las partes y el Juez tienen permitido intervenir en la elaboración del dictamen pericial y las deliberaciones de los peritos?
¿Se incumplió el contrato y se presentó desequilibrio económico del contrato originado por la mayor permanencia en la obra? No
El contratista no puede excusarse en dificultades financieras de la entidad contratante para no entregar la obra convenida, ya que el pago está supeditado al efectivo avance de la obra y el contratista debe asumir los costos asociados a la ejecución para luego exigir la debida contraprestación; en este caso, la entidad reconoció dificultades financieras, pero estas no alteraron el objeto contractual ni disminuyeron el tamaño del proyecto, por lo que el contratista no puede solicitar un restablecimiento de la ecuación económica del contrato que desconozca la solución acordada entre las partes, lo cual contraviene la buena fe y el respeto del acto propio. Además, la ausencia de salvedades en los documentos de prórroga del plazo no impide el análisis de los reclamos económicos de las partes, ya que no existe fundamento legal que imponga tal actuación como presupuesto para reclamar, y el silencio del contratista al momento de suscribir los documentos de prórroga no puede interpretarse como una renuncia tácita de su derecho a reclamar. En este caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia y condenó a la parte demandante a asumir las costas procesales de la segunda instancia, incluidas las agencias en derecho.síntesis automática
También resuelve:¿La ausencia de salvedades cuando se pactan suspensiones o modificaciones del contrato, impide el análisis de los reclamos económicos de las partes?¿Procede la condena en costas en segunda instancia contra la parte demandante?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-12-19Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 76001233300020230055101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El decreto de pruebas de oficio sólo procederá por iniciativa del juez y no a solicitud de parte, quien debe formular sus peticiones probatorias en las oportunidades previstas en la ley? Sí
El juez de oficio puede decretar pruebas adicionales cuando las considere necesarias para esclarecer el caso, pero no a solicitud de parte, quien debe formular sus peticiones probatorias en las oportunidades previstas en la ley, como el artículo 212 del CPACA. El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos, según el artículo 150 del CPACA. Quien busque valerse de una pericia debe aportarla en las oportunidades para pedir pruebas, pero si el término previsto es insuficiente, podrá anunciarla y allegarla en el plazo que para el efecto establezca el juez, siempre que justifique la necesidad de la prórroga, según el artículo 227 del CGP. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y subraya la importancia de cumplir con los plazos y procedimientos establecidos para la presentación de pruebas en el proceso contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Al Consejo de Estado le corresponde decidir los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos?¿Quien busque valerse de una pericia deberá allegarla en las oportunidades para pedir pruebas, pero, si el término previsto es insuficiente…
¿Correspondía a la entidad contratante la determinación de los factores que integraban la estimación del precio a ofertar? No
El contratista no puede atribuir a la entidad contratante la responsabilidad por la determinación de los factores que integran la estimación del precio a ofertar, ya que la imprevisión respecto del alza de precios no se debe a la falta de análisis por parte de la entidad, sino a la ausencia de un precio de referencia en el pliego de condiciones, que dejaba a cada oferente la responsabilidad de evaluar y prever los factores que podrían afectar el precio, como la disponibilidad de materias primas y sus costos de producción. Además, los oferentes deben conocer los pormenores de sus costos de producción y las circunstancias que pueden afectarlos, y no acreditaron la imprevisibilidad del incremento en los costos de producción, ya que estos aumentos se debieron a un incremento esperado en la demanda de materias primas, producto de una decisión legislativa con suficiente antelación para prever y precaver sus efectos. Por lo tanto, la prórroga del plazo del contrato no puede calificarse como una circunstancia imprevista que otorgue derecho al restablecimiento del equilibrio económico, ya que fue acordada por las partes cuando ya se conocían los aumentos en los costos de las materias primas. Esta sentencia reitera la jurisprudencia sobre la ruptura del equilibrio financiero del contrato estatal, estableciendo que la responsabilidad por la imprevisión en los costos recae sobre el contratista y no sobre la entidad.síntesis automática
También resuelve:¿los oferentes debían conocer los pormenores de sus costos de producción y las circunstancias que tenían la potencialidad de afectarlos?¿Se acreditó el carácter imprevisible del incremento en los precios de la materia prima durante la ejecución del contrato?¿La prórroga del plazo del contrato puede calificarse como una circunstancia imprevista que otorgue derecho al restablecimiento del equilibrio económico?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2025-02-13Sala Consulta y Servicio CivilJUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZRad. 11001030600020240059800CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿El Decreto 092 de 2017 es el régimen jurídico aplicable al convenio de asociación 334 de 2009? No
La Sala se ha pronunciado en reiterados Conceptos sobre régimen aplicable a los convenios de asociación entendiendo que: los convenios celebrados con personas jurídicas particulares sin ánimo de lucro se rigen por el régimen exceptuado del artículo 355 constitucional, y su ejecución necesariamente ha de realizarse dentro del contexto de tal disposición constitucional, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la misma carta, y con sujeción a las reglas del Decreto 777 de 1992, modificado por los Decretos 1403 de 1992 y 2459 de 1993.
También resuelve:¿El Decreto 777 de 1992 puede aplicarse de manera ultraactiva a los convenios de asociación suscritos durante su vigencia?¿Es posible prorrogar en el tiempo convenios o contratos suscritos en el marco normativo del Decreto 777 de 1992 con la entrada en vigencia del Decreto 092 de 2017…
¿Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la controversia derivada de un contrato de obra celebrado por un patrimonio autónomo constituido con recursos públicos, aunque ese contrato se rija por el derecho privado? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia derivada del Contrato de Obra celebrado por el Patrimonio Autónomo Findeter, constituido con recursos públicos, aunque este contrato se rija por el derecho privado. Esto se debe a que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, los contratos celebrados por patrimonios autónomos constituidos mayoritariamente con recursos públicos son considerados contratos celebrados por entidades públicas para los efectos de la competencia prevista en el numeral 2 y el parágrafo del artículo 104 del CPACA. En este caso, el Contrato de Obra se origina en un Contrato Interadministrativo celebrado entre FINDETER y ICBF, y fue ejecutado por el PA Findeter, administrado por la Fiduprevisora, lo que lo convierte en un contrato celebrado por una entidad pública.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando las partes estipularon la liquidación de un contrato que legalmente no la requería y lo liquidaron bilateralmente…¿Incurre en incumplimiento contractual el contratante que entrega estudios y diseños con vacíos o defectos sustanciales, cuando el objeto del contrato de obra incluía precisamente su revisión…¿Procede declarar el incumplimiento del contratante por la entrega tardía o defectuosa de los estudios y diseños, cuando las partes afrontaron y superaron esas falencias de mutuo acuerdo mediante…
¿La sentencia de unificación que exige estudiar las pretensiones aunque no se hayan formulado salvedades en los acuerdos modificatorios, releva al contratista de la carga de formular salvedades en el acta de liquidación bilateral para que el juez estudie sus reclamaciones posteriores? No
Para que las pretensiones contractuales elevadas por alguna de las partes luego de la liquidación bilateral de un contrato puedan ser acogidas, la parte interesada debe haber planteado salvedades claras en el acta de liquidación. Esta regla, establecida por la jurisprudencia del Consejo de Estado, reitera que las consecuencias adversas que se generan por no incluir las salvedades en el acta de liquidación bilateral son aplicables a todos los contratos estatales en virtud del principio constitucional de buena fe. En este caso, el Consorcio no consignó salvedades concretas respecto de los descuentos y las retenciones no previstos en el contrato, lo que implica que su reclamación no será acogida.síntesis automática
También resuelve:¿Procede reconocer al contratista la mayor permanencia en obra derivada de prórrogas y contratos adicionales en los que las partes, conociendo los efectos de la ampliación del plazo…¿Acreditan las comunicaciones cruzadas durante la ejecución y un dictamen pericial que solo constata la falta de reconocimiento económico que la interventoría adoptó decisiones unilaterales…
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la expiración del plazo para liquidar el contrato? Sí
El contratista tiene un plazo de dos años para ejercer la acción de controversias contractuales desde la expiración del término para liquidar el contrato, conforme a lo establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Este plazo se inicia luego de que se agote el tiempo acordado para la liquidación voluntaria bilateral o unilateral del contrato, según lo pactado en las cláusulas del mismo. La Sala reitera que la liquidación es obligatoria para los contratos de tracto sucesivo, y que la falta de liquidación por parte de la entidad estatal no interrumpe el cómputo del plazo para la acción de controversias contractuales, lo que implica que el contratista debe actuar oportunamente para evitar la caducidad de su derecho a la indemnización de perjuicios.síntesis automática
También resuelve:¿Para que el retardo del deudor permita al acreedor tener derecho a la indemnización de perjuicios, debe demostrar que el incumplimiento le causó un perjuicio y que el deudor está constituido en mora?¿La liquidación del contrato es obligatoria para los que contemplan obligaciones de tracto sucesivo?¿Cuál es el plazo estipulado en la ley para la liquidación bilateral y unilateral del contrato?
¿La ausencia de salvedades en las convenciones que las partes suscribieron para suspender o prorrogar el plazo del contrato, releva al juez del estudio de fondo de la reclamación? No
La ausencia de salvedades en los acuerdos que suspenden o prorrogan el plazo del contrato no releva al juez del estudio de fondo de la reclamación, y el juez debe analizar el motivo del acuerdo y su contenido frente a las pretensiones. La regla se apoya en tres razones. Primera, el juez debe determinar si procede la indemnización o compensación, examinando si el acuerdo respondió al incumplimiento de obligaciones o a la materialización de riesgos asumidos por una parte. Segunda, debe contrastar el contenido de los arreglos con los hechos que sirven de causa a las pretensiones y con su objeto. Tercera, en el caso la ampliación del plazo no resultó imprevisible para el consorcio, porque la demora en la aprobación de los planes de manejo de tránsito se originó en la omisión de un requisito formal que él debía cumplir, como lo mostraba la negativa de otras prórrogas por la misma causa. En consecuencia, la ampliación del término tuvo origen en causas imputables al consorcio. El documento reitera el criterio de la sentencia citada en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿La ampliación del término contractual tuvo origen en causas imputables al consorcio, comoquiera que la aprobación de los Planes de Manejo de Tráfico hacía parte de sus obligaciones y el material…¿Las partes acordaron extender el plazo contractual, sin alterar las demás cláusulas del negocio primigenio, por ende no hay lugar al reconocimiento económicos?¿La suspensión del contrato por 24 días para para adicionar recursos al negocio jurídico no transgredió el principio de planeación?
Sentencia — Sentencia2021-12-10Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020210016700LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El Tribunal de Arbitramento se pronunció sobre puntos no alegados por las partes? Sí
El Tribunal de Arbitramento no se pronuncia sobre puntos no alegados por las partes, limitándose a resolver la controversia conforme a los argumentos y pruebas presentadas en el proceso. Esta regla se sostiene en que el juez de la anulación no puede revisar el fondo de la controversia ni calificar los razonamientos del Tribunal Arbitral, sino que se encarga únicamente de verificar la existencia de errores in procedendo. En el caso específico, el Tribunal de Arbitramento no incurrió en tales errores, ya que sus decisiones estuvieron debidamente fundamentadas en las pruebas y argumentos presentados por las partes. Además, el Tribunal de Arbitramento actuó dentro de los términos procesales establecidos, y la parte recurrente no hizo valer oportunamente la circunstancia de que el plazo del proceso hubiera expirado, lo que impide la procedencia de la causal de anulación basada en este hecho. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre los límites del pronunciamiento del juez en la anulación de laudos arbitrales, lo que implica que las partes deben presentar sus alegatos de manera clara y oportuna para evitar la improcedencia de sus recursos.síntesis automática
También resuelve:¿El laudo arbitral estuvo fundado en pruebas decretadas y practicadas dentro del proceso?¿El laudo arbitral fue proferido por fuera de los términos procesales?
¿Las garantías del debido proceso resultan aplicables a los procedimientos sancionatorios en la contratación estatal? Sí
El contratista debe recibir las garantías del debido proceso en los procedimientos sancionatorios de la contratación estatal, incluyendo el derecho a ser escuchado previamente, a solicitar la práctica de pruebas y a controvertir las que se practiquen, lo que implica que la administración está obligada a respetar estos derechos al declarar el incumplimiento del contrato y aplicar sanciones. La Sala reitera que la omisión de la vinculación de una de las aseguradoras en un contrato de coaseguro al procedimiento administrativo de declaratoria del siniestro viola el debido proceso, ya que las obligaciones asumidas por las coaseguradoras son conjuntas en proporción al porcentaje de riesgo aceptado por cada una, sin existir solidaridad legal ni contractual entre ellas. Además, el acto administrativo que hace efectivo el amparo de anticipo respecto de un siniestro ocurrido por fuera de la vigencia de la póliza está viciado de nulidad, ya que la obligación de la aseguradora de asumir la indemnización de un riesgo deriva del contrato de seguro correspondiente y solo puede exigirse durante la vigencia de la póliza. Estas reglas implican que la administración debe garantizar un procedimiento justo y equitativo en todos los casos relacionados con la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se vulneró el derecho al debido proceso en el procedimiento administrativo contractual de declaratoria del siniestro, al omitir la vinculación de una de las aseguradoras que hicieron parte del…¿Se encuentra viciado de nulidad el acto administrativo que hizo efectivo el amparo de anticipo respecto de un siniestro ocurrido por fuera de la vigencia de la póliza?¿Los retrasos del cronograma de ejecución del contrato estatal son imputables al contratista por incumplimiento del plazo pactado…
¿Se configuró la causal de impedimento frente a uno de los consejeros de la Sección Tercera, de haber intervenido como apoderado de la contraparte en procesos judiciales anteriores? Sí
El contratista no puede solicitar la prórroga automática del contrato de concesión porque esta fue pactada como una alternativa subordinada al cumplimiento de requisitos específicos establecidos en el Acuerdo 41 de 1993, que no fue aportado al expediente. Además, la entidad estatal no incurrió en falta de jurisdicción al conocer del caso, ya que la renuncia tácita a la cláusula compromisoria se produjo antes de la jurisprudencia que exige una renuncia expresa. Por último, se acepta el impedimento del consejero de la Sección Tercera por haber actuado como apoderado de la contraparte en procesos judiciales anteriores, lo que configura la causal prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso. Estas decisiones reafirman las reglas sobre la interpretación de cláusulas contractuales, la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y las causales de impedimento de los funcionarios judiciales.síntesis automática
También resuelve:¿Ante la procedencia de la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo guarda competencia para conocer de la presente acción contractual ejercida…¿La prórroga automática fue pactada en el contrato como una alternativa sometida a la voluntad de las partes y al cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 41 de 1993?¿Ante la dificultad para determinar el monto de los perjuicios materiales sufridos por la parte actora por cuenta de la inhabilidad sobreviniente consecuencia de la declaratoria de caducidad del…
¿El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral de los contratos estatales, cuando así se hubiere estipulado expresamente, debe tenerse en cuenta para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. De conformidad con el numeral 2 literal j) del artículo 164 del CPACA, el término de dos años para demandar se cuenta desde el vencimiento del plazo fijado para liquidar el negocio jurídico, consolidando la oportunidad procesal de la acción cuando se interpone dentro del lapso legal.síntesis automática
También resuelve:¿No se allego el estatuto de contratación de la sociedad demandada, en calidad de E.S.P.?¿Con el otrosí las partes ajustaron los rubros relativos a los costos directos y los costos indirectos, según lo establecido en los anexos técnicos de la prórroga?¿Hay prueba de la manifestación expresa del consorcio que las suspensiones y prórrogas no generarían desbalance económico o mayores costos para la entidad contratante?
¿Se debía otorgar un término suficiente para que el contratista pudiera revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones que sustentaban la actuación, determinar las pruebas que presentaría para desvirtuar el incumplimiento atribuido y preparar sus descargos? Sí
El contratista debe recibir un término suficiente para revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones, determinar las pruebas que presentará y preparar sus descargos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que garantiza el debido proceso en actuaciones sancionatorias. La entidad debe formular un requerimiento previo indicando los hechos que constituyen un incumplimiento contractual, y otorgar un plazo razonable para que el contratista pueda preparar adecuadamente sus descargos. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reiterando que el acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para garantizar el debido proceso, ya que no contiene una formulación expresa de los hechos que configuran el incumplimiento ni las consecuencias jurídicas derivadas de este. Esto implica que las entidades deben cumplir con estas formalidades para evitar la nulidad de los actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve:¿El acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para la garantía del debido proceso…¿El término concedido por el IDU para que el contratista rindiera sus descargos, así como la decisión de no ampliarlo, afectaron el derecho a la defensa en el procedimiento sancionatorio?¿Todas las declaraciones de voluntad de una entidad estatal emitidas en la ejecución de un contrato sometido al EGCAP se califican como actos administrativos?
¿La ejecución de labores tendientes a completar la cartografía base necesaria para el cumplimiento del objeto contractual era una obligación del contratista, cuyos costos debieron ser asumidos conforme a los términos de referencia? Sí
El contratista que ejecuta un contrato cuyos términos de referencia le exigen completar la información faltante de la cartografía suministrada por la entidad debe asumir el costo de esas labores, pues forman parte de las actividades necesarias para la cumplida ejecución del objeto contratado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, cuando los términos de referencia prevén expresamente la georreferenciación de espacios que no aparecen en la cartografía entregada, el proponente conoce desde el proceso de selección que debe presupuestar esa eventualidad. Segundo, que la cartografía cubra el total del área no elimina el deber de completar sus vacíos cuando son necesarios para ejecutar el objeto. Tercero, no existe un sobrecosto reembolsable cuando el gasto corresponde a una obligación que el contratista debía asumir y no se prueba un incumplimiento de la entidad que lo haya generado. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el contratista que alegue sobrecostos por labores de cartografía debe demostrar que, según los documentos del proceso de selección, esas labores no le correspondían.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo?¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la firma del acta de liquidación bilateral del contrato?¿Las salvedades plasmadas de forma clara y expresa en el acta de liquidación bilateral del contrato, habilitan al contratista afectado a acudir al juez contractual…
¿La acción de controversias contractuales se presentó dentro de los 2 años contados a partir del vencimiento del término para liquidar bilateral o unilateralmente el convenio interadministrativo No. 1128 del 18 de julio de 2005? Sí
El contratista presenta la acción de controversias contractuales dentro de los dos años contados a partir del vencimiento del término para liquidar bilateral o unilateralmente el convenio interadministrativo, siempre que no se haya establecido un plazo específico para la liquidación unilateral y el legislador no haya previsto un término distinto. En este caso, el convenio interadministrativo No. 1128 del 18 de julio de 2005 estipuló que la liquidación se efectuaría de común acuerdo dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación, y que, vencido este plazo, el Invías procedería a liquidarlo de forma unilateral sin señalar un término específico. La Sala, de conformidad con su jurisprudencia, consideró que el plazo de dos meses previsto en el literal (d) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es aplicable en ausencia de un plazo específico para la liquidación unilateral. Así, el término para liquidar el convenio bilateralmente venció el 1° de mayo de 2008, mientras que el plazo para liquidarlo unilateralmente expiró el 2 de julio de 2008, permitiendo que la acción de controversias contractuales se presentara dentro del plazo legal, reiterando la jurisprudencia sobre el cómputo del término de caducidad en este tipo de casos.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente valorar los documentos que fueron aportados al proceso en copia simple, si los mismos no fueron tachados de falsos?¿Cuentan con mérito probatorio las declaraciones que rindieron los testigos, a pesar de que uno de ellos desconoce lo acontecido en el marco del convenio interadministrativo y de que los demás no…¿El acuerdo de voluntades celebrado entre el INVÍAS y el municipio de Puerto Inírida tiene las características propias de un convenio interadministrativo…