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Consejo de Estado
Providencia
Y, constituye la vía para que los sujetos procesales puedan establecer.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de queja
2025-02-03
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Rad. 73001233300020180058001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿SAMAI es el canal tecnológico obligatorio para el trámite y gestión de los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo? Sí
El contratista no puede emplear medios electrónicos distintos a SAMAI para la recepción de memoriales y actuaciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya que desde el 1° de agosto de 2023, SAMAI es el canal tecnológico obligatorio para el trámite y gestión de los procesos, según el artículo 131 del Acuerdo PSCJA23-12068 del 16 de mayo de 2023. La entidad estatal no debe considerar válidos los documentos enviados a correos electrónicos distintos a los establecidos en SAMAI, incluso si estos estaban activos antes de la implementación de la plataforma, ya que la obligación de utilizar SAMAI es clara y los sujetos procesales deben conocer y cumplir con dicha obligación. Esta decisión reitera la importancia de utilizar los canales tecnológicos oficiales para garantizar la efectividad y la legalidad de los trámites judiciales.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede tenerse como válido un correo electrónico empleado antes de la entrada en funcionamiento del SAMAI para la recepción de memoriales y actuaciones ante la jurisdicción de lo contencioso…
DECLARA BIEN DENEGADO
Consejo de Estado
Providencia
DirecTV cumplió todas las obligaciones a su cargo objeto del acuerdo de pago
Sentencia — Sentencia
2025-09-19
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000233600020160122302
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La obligación de devolución pactada en el acuerdo de pago suscrito entre la CNTV y Galaxy, condicionada a una eventual decisión judicial o administrativa favorable a Galaxy y/o Sky, resulta exigible ante el acaecimiento de dicha condición suspensiva? Sí
El contratista puede establecer una obligación condicional en un acuerdo de pago con la entidad estatal, siempre y cuando dicha condición no contravenga la Constitución, la ley, el orden público y los principios de la buena administración. En este caso, la Sala determinó que la cláusula novena del acuerdo de pago, que establece la devolución de sumas de dinero en caso de una decisión judicial o administrativa favorable al contratista, es válida y eficaz, pues no transgrede los límites de la autonomía privada de la entidad estatal y cumple con los requisitos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta decisión reitera la posibilidad de que las entidades estatales celebren contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y el cumplimiento de los fines estatales, siempre y cuando se respeten los principios y finalidades del ordenamiento jurídico aplicable.síntesis automática
También resuelve:
¿La cláusula novena del acuerdo de pago celebrado entre la CNTV y DirecTV resulta válida y eficaz en el marco del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública?
¿Es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) responsable del cumplimiento de la obligación condicional pactada en la cláusula novena del acuerdo de pago suscrito…
¿Se entiende cumplida la condición suspensiva establecida en la cláusula novena del acuerdo de pago del 14 de diciembre de 2005…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El 21 de febrero de 2024 se dispuso correr traslado a las partes del dictamen pericial rendido por el señor
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición
2024-06-26
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 76001233100020090103001
ACCION CONTRACTUAL
¿El dictamen pericial que incluyó el dispositivo de almacenamiento óptico fue trasladado a las partes y estuvo a su disposición en la Secretaría de la Sección Tercera para su revisión de manera física, por tratarse de un documento sometido a reserva y con cadena de custodia? Sí
El juez debe garantizar que el dictamen pericial, incluyendo el dispositivo de almacenamiento óptico sometido a reserva bancaria y cadena de custodia, sea trasladado a las partes de manera física y segura en la Secretaría de la Sección Tercera, asegurando que solo las partes autorizadas puedan acceder a él para preservar su cadena de custodia y autenticidad. Este procedimiento se justifica por la necesidad de proteger la información reservada y el derecho fundamental a la protección efectiva de los derechos, sin que la digitalización sea obligatoria cuando pueda comprometer la integridad de la prueba. La Sala reitera que el juez debe cumplir con el procedimiento adecuado para proteger la prueba, lo que implica que el acceso a documentos sensibles debe realizarse de manera presencial y controlada, evitando su modificación o alteración.síntesis automática
También resuelve:
¿Es deber del juez cumplir con el procedimiento para la protección de la prueba, y salvaguardar la autenticidad de la misma?
NO REPONE
Consejo de Estado
Providencia
Aplicación del código de procedimiento civil: Auto interlocutorio
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición
2022-03-11
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 25000232600020080019101
ACCION CONTRACTUAL
Recurso de reposición contra auto Sí
El artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, establece que el poder de representación judicial debe ser conferido a un abogado inscrito, prohibiendo la otorgación a una persona jurídica con objeto de representación judicial. Por tanto, se confirma el auto recurrido y se reconoce personería al abogado defensor como apoderado de la Nación-Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto Legislativo 806 de 2020. Además, el artículo 308 del Código General del Proceso Administrativo establece que los procesos iniciados antes de su vigencia deben seguir rigiéndose y culminando conforme al régimen jurídico anterior, es decir, el Código Contencioso Administrativo, y en sus aspectos no regulados, el Código de Procedimiento Civil, no el Código General del Proceso, debido a que este último no estaba vigente al inicio de dichos procesos.síntesis automática
Consejo de Estado
Providencia
Los procesos promovidos ante esta jurisdicción con anterioridad al 2 de julio de 2012, seguirán rigiéndose
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición
2025-09-01
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 08001233100020060184703
ACCION CONTRACTUAL
¿Los procesos promovidos ante esta jurisdicción con anterioridad al 2 de julio de 2012, seguirán rigiéndose por las normas procesales del CCA y el CPC? Sí
El contratista sigue rigiendo sus procesos promovidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo con anterioridad al 2 de julio de 2012 por las normas procesales del Código Contencioso Administrativo y del Código de Procedimiento Civil, conforme al artículo 308 del Código Procesal Administrativo Contencioso Actualizado. Además, el magistrado ponente tiene competencia para resolver el recurso de reposición y el auto que niega la nulidad procesal, siempre que se cumplan los requisitos de procedencia, oportunidad y sustentación. Asimismo, la notificación por estado se considera surtida con la inserción de la providencia en el estado electrónico, sin necesidad de constancia física del sello o fecha del estado, conforme a los artículos 9 del Decreto 806 de 2020 y 9 de la Ley 2213 de 2022. Por último, el plazo para interponer el incidente de liquidación de condena comienza desde el momento en que se efectúa la notificación por estado, y la nulidad se considera saneada si el actor presenta recurso sin proponer la nulidad que ahora alega. El recurso de apelación no es procedente en contra del auto que niega la nulidad procesal, reiterando la competencia del magistrado ponente para resolver estos trámites.síntesis automática
También resuelve:
¿En la providencia a notificar no tenía que constar el sello o la mención de la fecha del estado, ya que este último se fijaba de manera virtual con el contenido de la providencia?
¿Desde el momento en que se efectuó la notificación por estado es cuando comenzó el plazo de 60 días para interponer el incidente?
¿El recurso de apelación no resulta procedente en contra el auto que niega la nulidad procesal?
NO REPONE
Consejo de Estado
Providencia
Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio
Sentencia — Sentencia
2024-07-24
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 25000232600020100053401
ACCION CONTRACTUAL
¿Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio so pena de que operara la caducidad de la sanción administrativa? Sí
El contratista no puede ser sancionado si la entidad estatal no expide y notifica el acto sancionatorio dentro del término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, ya que la caducidad de la facultad sancionatoria opera si el acto no es notificado en tiempo y forma. La Sala reitera que el plazo de caducidad comienza a correr desde el día siguiente al cese del hecho que provocó la investigación, y si la notificación se realiza fuera de este término, la sanción administrativa caduca. Esto implica que la entidad no es competente para expedir el acto sancionatorio y que la resolución debe declararse nula, lo que confirma la sentencia de primera instancia que parcialmente prosperó la demanda del contratista.síntesis automática
También resuelve:
¿Al encontrar acreditada la caducidad de la facultad sancionatoria la Sala se ve compelida a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas?
¿Era necesario expedir y notificar el acto principal en el término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, so pena de que operara la caducidad?
¿Desde la expedición de la sentencia de unificación se fijó una única regla de interpretación del término de caducidad de la facultad sancionatoria?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
O al «teletrabajo» debe ser respondida por el nominador, quien habilita y da viabilidad a ambas pretensiones.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas
2023-01-25
Sala Consulta y Servicio Civil
ANA MARIA CHARRY GAITAN
Rad. 11001030600020220024500
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira es la autoridad competente para responder la petición elevada por el Juez Segundo Civil del Circuito de Pereira, relacionada con la habilitación de trabajo en casa? Sí
Con la expedición de la Ley 2088 de 2021, que reguló puntualmente la modalidad de «trabajo en casa», de forma general, para servidores públicos y trabajadores del sector privado, con el fin de que pudieran desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realizaban, se estableció que sería el empleador o nominador el facultado para la habilitación de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7 y 9 de la citada normativa.… Es cierto que los citados artículos no hacen referencia puntual a que los magistrados de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial respectivos deben habilitar el «trabajo en casa» respecto de los jueces de la República de la jurisdicción ordinaria.
RESUELVE CONFLICTO
Consejo de Estado
Providencia
La parte demandante demostró que Corpometa incumplió sus obligaciones contractuales consistentes en la implementación
Sentencia — Sentencia
2023-10-19
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 73001233300020180017001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La parte demandante demostró que Corpometa incumplió sus obligaciones contractuales consistentes en la implementación de un agrocentro, implementación de una plataforma tecnologíca para comercio electrónico y la capacitación a pequeños empresarios en herramientas TIC? Sí
El contratista debe reintegrar a la entidad estatal lo desembolsado y no ejecutado, así como el valor de la cláusula penal pactada en el contrato, cuando incumple sus obligaciones de resultado, como la implementación de un agrocentro, una plataforma tecnológica para comercio electrónico y la capacitación de pequeños empresarios en herramientas TIC, ya que la carga de acreditar el cumplimiento de estas obligaciones recae sobre el contratista. La entidad estatal demostró que el contratista no cumplió con estas obligaciones mediante un informe de interventoría que Corpometa no desvirtuó ni contradijo, lo que lleva a la confirmación de la sentencia que condena al contratista a reintegrar el valor no ejecutado del contrato y a pagar la cláusula penal. Además, la aseguradora del contratista debe efectuar el pago de la garantía de cumplimiento del valor total de la condena, siempre y cuando no se haya configurado la prescripción de la acción de cobro, lo que en este caso no ocurrió ya que la entidad estatal presentó la demanda dentro del término legal de dos años desde que tuvo conocimiento del incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:
¿Demostrado el incumplimiento del convenio de cooperación, debe la parte demandada, CORPOMETA, pagar lo pactado en la cláusula penal y reintegrar a la parte demandante el valor recibido y no…
¿La aseguradora debe efectuar el pago de la garantía de cumplimiento del valor total de la condena que debe asumir Corpometa por el incumplimiento del convenio?
¿Procede condenar en costas a las recurrentes debido a que el recurso de apelación no les fue favorable?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Concepto
Es procedente modificar los contratos de aporte suscritos por el Futic
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva
2023-05-17
Sala Consulta y Servicio Civil
ANA MARIA CHARRY GAITAN
Rad. 11001030600020220012900
CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Es procedente modificar los contratos de aporte suscritos por el Futic, como resultado de la licitación FTIC-LP-038-2020, en lo que atañe a las cláusulas de desembolsos, legalización y reinversión de descuentos? Sí
El contrato de aporte constituye una modalidad de contrato estatal atípico utilizado en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual implica que una entidad pública asigna unos bienes o recursos al contratista seleccionado para que los destine exclusivamente y por su cuenta y riesgo a la prestación del servicio o la realización de la actividad de interés público acordada, con el fin de cumplir un determinado fin del Estado, so pena de verse obligado a devolver tales activos con sus respectivos rendimientos. Para tal fin, el contratista se obliga a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura requerida, debiendo administrar e invertir los recursos recibidos a través de un patrimonio autónomo constituido en virtud de la celebración de un contrato de fiducia mercantil, respetando los principios constitucionales y legales de la administración pública y de la contratación estatal previstos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente modificar los contratos de fiducia suscritos para el adecuado control, administración y ejecución de los recursos de los contratos de aporte del sector de las Tecnologías de la…
Consejo de Estado
Providencia
Se configuró la cosa juzgada sobreviniente
Sentencia — Sentencia
2023-08-22
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 25000233600020130137502
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la cosa juzgada sobreviniente, al encontrarse que los cuestionamientos de incumplimiento contractual y la liquidación judicial expuestos por el demandante en el presente proceso, ya fueron resueltos en sentencia anterior proferida por esta Corporación sobre los mismos hechos, las mismas partes y el mismo objeto litigioso? Sí
El contratista no puede volver a cuestionar en un proceso posterior el incumplimiento contractual y la liquidación judicial del contrato, cuando estos asuntos ya fueron resueltos en una sentencia anterior proferida por la misma corporación, sobre los mismos hechos, las mismas partes y el mismo objeto litigioso, configurándose así la cosa juzgada sobreviniente. La corporación sostiene que la cosa juzgada tiene como propósito evitar que se vuelvan a debatir controversias ya resueltas, garantizando la seguridad jurídica y la intangibilidad de la sentencia. La regla implica que no es posible volver sobre una decisión adoptada en una providencia ejecutoriada, ya que las partes no pueden debatir la misma causa petendi con idénticos fundamentos jurídicos en un proceso posterior.síntesis automática
También resuelve:
¿La declaratoria de cosa juzgada tiene como propósito evitar que se vuelvan a debatir por medios judiciales controversias que ya fueron resueltas a través de una sentencia ejecutoriada?
¿La presentación de los alegatos de conclusión y del recurso de apelación, son momentos procesales idóneos para proponer las excepciones de la demanda?
¿La condena en costas es procedente contra la parte vencida en el proceso cuando se accede parcialmente a las pretensiones de la demanda?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La decisión adoptada por el a quo se ajustó a la interpretación correcta del pliego
Sentencia — Sentencia
2025-11-25
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 25000233600020200032902
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Tribunal incurrió en una indebida interpretación del pliego de condiciones al considerar que el redondeo debía aplicarse al límite inferior y no sobre la medida de tendencia central seleccionada? No
El contratista no puede alegar que el Tribunal incurrió en una indebida interpretación del pliego de condiciones al considerar que el redondeo debía aplicarse al límite inferior y no sobre la medida de tendencia central, ya que la operación matemática requerida era clara y no generaba ambigüedad, y el pliego de condiciones especificaba que el redondeo debía aplicarse sobre el resultado final del límite inferior, garantizando precisión, uniformidad y transparencia en el proceso de evaluación. La decisión del Tribunal se ajustó a la interpretación correcta del pliego y no transgredió los principios de transparencia ni de selección objetiva, lo que implica que la regla establecida por la Sala reitera y confirma la interpretación correcta del pliego de condiciones, asegurando que las controversias sobre la liquidación de costas y el monto de las agencias en derecho deben ventilarse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas, no a través del recurso de apelación contra la sentencia.síntesis automática
También resuelve:
¿Resultó ajustada a derecho la imposición de costas procesales realizada por el juez de primera instancia, conforme a los criterios establecidos en los artículos 365 y 366 del CGP?
¿El marco fundamental de pronunciamiento del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere…
¿El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ostenta la condición de entidad administrativa de orden nacional…
CONFIRMA
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Actos contractuales: no resulta asimilable una terminación unilateral en un contrato de obra a una ocurrida en uno de prestación de servicios
76001233100020120057601 de 2026
2026-05-04
Rad. 76001233100020120057601
En Colombia, antes de 1989, no existía una clasificación legal de los servicios de las telecomunicaciones. Ahora bien, en cuanto al régimen general de los actos y contratos de las empresas que prestan el servicio de las telecomunicaciones, el artículo 55 de la Ley 1341 de 2009 estableció que «los actos y los contratos, incluidos los relativos a su régimen laboral y las operaciones de crédito de los proveedores de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cualquiera que sea su naturaleza, sin importar la composición de su capital, se regirán por las normas del derecho privado». En efecto, se trata de un asunto propio de la gestión contractual y de las cláusulas libremente pactadas entre las partes, en el cual la regla general aplicable es el derecho privado, conforme al régimen jurídico del contrato. No resulta asimilable una terminación unilateral en un contrato de obra a una ocurrida en uno de prestación de servicios.
También resuelve:
Régimen jurídico de las telecomunicaciones en colombia: ausencia de clasificación previa a 1989, prestación estatal del servicio, Decreto Ley 1900 de 1990, definición de telecomunicaciones
Transformación constitucional y legal del régimen de los servicios públicos en colombia: Constitución de 1991, nuevo servicio público competitivo, servicios públicos como actividad económica, servicios públicos domiciliarios
Sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones: Ley 1341 de 2009, integración de telecomunicaciones al régimen tic, derogatoria parcial del Decreto 1900 de 1990, derogatoria de normas de la Ley 80 de 1993
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-07-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020170147901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Ante la falta de acreditación de la fecha en que se efectuaron los pagos en dólares estadounidenses respecto de los computadores objeto del contrato de suministro, era improcedente aplicar la fórmula de reajuste por la variación de la Tasa Representativa del Mercado en favor de la Unión Temporal demandante? Sí
El contratista no puede aplicar la fórmula de reajuste por la variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en favor de la Unión Temporal demandante cuando no acredita la fecha en que se efectuaron los pagos en dólares estadounidenses por los computadores objeto del contrato de suministro, ya que la cláusula de reajuste establece que solo se aplica si la variación de la TRM supera el 8,81%, lo cual requiere pruebas precisas sobre la fecha de los pagos. La entidad estatal actuó de buena fe al negarse a aplicar la fórmula por falta de evidencia, garantizando al contratista la posibilidad de allegar la información faltante. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en contratos estatales que implican pagos en moneda extranjera, y subraya que la falta de acreditación de la fecha de los pagos impide la aplicación de la fórmula de reajuste, lo que puede afectar significativamente los reclamos por sobrecostos.síntesis automática
También resuelve:
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto por tratarse de una controversia contractual en la que es parte una persona jurídica sin ánimo de lucro de…
¿Computadores para Educar es una persona jurídica sin ánimo de lucro de carácter público y con capital estatal, que cuenta con capacidad plena para acudir a los procesos judiciales?
¿Al tratarse de una asociación constituida por entidades del orden nacional, su régimen de contratación será aquel que rige a dichas entidades públicas que conformaron a la persona jurídica sin ánimo…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Concepto
No es obligatorio el empleo de la subasta pública en la licitación para otorgar la concesión del servicio de radiodifusión sonora comercial y asignar las respectivas bandas de frecuencia, ni tampoco puede buscarse, como único o principal objetivo, la “maximización de los recursos del Estado”, conforme a lo explicado en este concepto.
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva
2022-06-06
Sala Consulta y Servicio Civil
ALVARO NAMEN VARGAS
Rad. 11001030600020180004200
CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿La asignación de espectro y el otorgamiento de concesiones del servicio de radiodifusión sonora comercial, debe efectuarse empleando reglas de selección que prioricen el propósito de maximizar los recursos del Estado, como la subasta; o pueden emplearse otras reglas de selección al amparo del artículo 57 de la Ley 1341 de 2009 y de las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aunque no necesariamente prioricen el objetivo de maximizar recursos del Estado? Sí
El servicio de radiodifusión sonora opera como aquel servicio público de telecomunicaciones que permite emitir, transmitir y recibir sonidos por el público en general utilizando exclusiva o principalmente las ondas radioeléctricas o de radio, cuya titularidad recae en el Estado desde antes de la Constitución Política de 1991 para ser prestado directamente por intermedio de sus entidades y organismos o indirectamente por particulares previamente autorizados, manteniendo dicha característica bajo la regulación de la Ley 1341 y aplicándosele una amplia gama de disposiciones constitucionales en su triple condición de servicio público, medio masivo de comunicación social y sistema de telecomunicaciones que utiliza predominantemente el espectro radioeléctrico como bien de naturaleza pública perteneciente a la Nación colombiana.síntesis automática
También resuelve:
¿El proceso de selección de los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora debe ser consecuente con el derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución Política?
Consejo de Estado
Providencia
Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas
Sentencia — Sentencia
2025-02-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020150102401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas y no se demostraron los incumplimientos endilgados? Sí
Cuando la entidad contratante acepta una parte del objeto pactado, la sanción pecuniaria debe reducirse en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato, porque la aceptación y el pago de los elementos recibidos muestran que la prestación fue cumplida en esa proporción. Por otra parte, la sanción pecuniaria por incumplimiento parcial se fundamenta en las razones de incumplimiento que se acrediten en el proceso, y su nulidad no procede cuando las decisiones se sustentan en las normas aplicables, se expidieron con competencia y siguieron el procedimiento legal. Cuando la imposición de la pena no configura la prestación de un servicio ni la venta de bienes, el IVA no debe incluirse en la base de la sanción, por lo que debe descontarse del precio del contrato. En el caso concreto, la entidad recibió, aprobó y pagó los elementos del primer desembolso del precio, lo cual fue ratificado por la autorización del supervisor y la factura, y la providencia apelada se revocó en lo relativo a la reducción de la sanción. Como consecuencia práctica, el contratista que acredite la ejecución parcial del objeto puede obtener la reducción proporcional de la sanción pecuniaria en ese mismo porcentaje.síntesis automática
También resuelve:
¿Teniendo en cuenta la aceptación del contratante de parte del objeto pactado, resulta procedente la reducción de la sanción pecuniaria en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato?
¿No se acreditó la falta de acatamiento de las funciones a cargo del Ministerio, o que no hubiera ejecutado acciones para garantizar la observancia del contrato?
¿Las resoluciones fueron expedidas con competencia, en virtud de la atribución legal conferida al contratante?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El contratista se encuentra obligado a garantizar los recursos de capital necesarios para la ejecución del objeto acordado
Sentencia — Sentencia
2024-03-18
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020150234601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En los contratos de concesión así como en la celebración de sus contratos adicionales, el cumplimiento de los estudios previos es un imperativo de orden público y una expresión del ejercicio de la función administrativa, por lo cual, debe observarse y desarrollarse en todos los procesos de selección? Sí
El contratista en un contrato de concesión está obligado a realizar los estudios previos como imperativo de orden público y expresión del ejercicio de la función administrativa, lo cual debe observarse y desarrollarse en todos los procesos de selección, según el artículo 25 de la Ley 80 de 1993. Estos estudios son fundamentales para justificar la necesidad del contrato y evitar modificaciones que no se ajusten a su esencia, protegiendo así la selección objetiva y la libertad de empresa. La Sala reitera que la omisión de estos estudios puede invalidar el contrato y sus adicionales, lo que implica que las entidades estatales deben garantizar su cumplimiento riguroso en la fase de contratación.síntesis automática
También resuelve:
¿Se configuró la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito respecto al otrosí No 4 suscrito como contrato adicional al de concesión para la operación de registro a través de herramientas de…
¿Procede el pago de restituciones mutuas como consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta por objeto ilícito respecto al otrosí No 4 en el asunto litigioso?
¿Procede la condena en costas procesales incluidas las agencias en derecho en el caso sub examine?
REVOCA