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IMPOSICIÓN DE SANCIONES
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Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Compensación
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO,CONTRATO ESTATAL,IMPOSICIÓN DE SANCIONES PECUNIARIAS,DEBIDO PROCESO,FUNCIÓN ADMINISTRATIVA,CONTRATACIÓN ESTATAL,Compensación,LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO,MODIFICACIÓN DEL CONTRATO,FACULTADES DE LA ADMINISTRACI – Acuerdo de voluntades,Plazo,Entrega parcial de los predios,Decreto 222 de 1983,Desarrollo jurisprudencial,Decreto Ley 222 de 1983,Facultad reconocida por la jurisprudencia,Pacto de multas,Ejecución del contrato,Elementos,Debido proce – Mes: agosto – Año: 2018…
También resuelve:
Suspensión del contrato: acuerdo de voluntades, plazo
Modificación del contrato: objeto, entrega parcial de los predios
Contrato estatal: Decreto 222 de 1983
Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer el recurso de apelación contra la sentencia proferida
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer el recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en virtud de la cuantía del asunto conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala confirma el incumplimiento del contrato por parte de la Unión Temporal, basándose en pruebas adicionales al informe de auditoría, y estima procedente la condena por la cláusula penal pactada, que tiene una función meramente compensatoria y no sancionatoria, por lo que no se aplica el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Se corrige el monto de la cláusula penal a un 10% del valor del contrato, y se revoca la condena a la devolución del pago de servicios adicionales por falta de pruebas suficientes presentadas por la entidad. La Sala no condena en costas al considerar que el recurso prosperó parcialmente.síntesis automática
También resuelve:
¿Se acreditó el incumplimiento del contrato respecto de la oferta de vehículos de reposición realizada por la Unión Temporal?
¿Es procedente la condena por la cláusula penal ante la acreditación del incumplimiento de algunas obligaciones contractuales a cargo de la contratista?
¿ Procede la modificación del monto de la cláusula penal porque el tribunal condenó por un mayor valor al pactado en el contrato?
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
¿La Resolución 147 del 27 de diciembre de 2000 que declara el incumplimiento contractual, fue proferida con posterioridad al vencimiento del plazo previsto para la liquidación y en consecuencia, con falta de competencia temporal? No
Encuentra la Sala que no le asiste razón a la parte actora toda vez que, contrario a lo afirmado en el recurso, la declaratoria de incumplimiento fue realizada antes del vencimiento del plazo para liquidar el contrato, y, por ende, no fue proferida sin competencia temporal.… La Sala puntualiza que incluso en los contratos celebrados antes de la expedición de la Ley 1150 de 2007, la declaratoria de incumplimiento era procedente una vez se vencieran los términos de las liquidaciones bilateral y unilateral, siempre que aquel trámite se surtiera antes del vencimiento del término de caducidad o antes de que se notificara el auto admisorio de la demanda, tal como sucedió en el presente caso, lo que descarta la falta de competencia temporal aducida.
También resuelve:
¿La Resolución 101 del 25 de septiembre de 2001 fue expedida con falta de competencia temporal, al haberse proferido después de configurado el silencio administrativo negativo?
¿Los actos acusados se expidieron con violación al debido proceso?
¿Los actos acusados se expidieron con falsa motivación?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Procede la condena en sede de repetición a los demandados, a título de culpa grave, por haber incurrido en una inobservancia plena de los deberes que le asistían como procuradores encargados del ejercicio del poder sancionador del Estado, en punto de la determinación del aspecto volitivo en la imposición de una sanción disciplinaria.
¿Procede la condena en sede de repetición a los demandados, a título de culpa grave, por haber incurrido en una inobservancia plena de los deberes que le asistían como procuradores encargados del ejercicio del poder sancionador del Estado, en punto de la determinación del aspecto volitivo en la imposición de una sanción disciplinaria? Sí
La omisión plena en el cumplimiento del deber establecido en el artículo 14 de la Ley 200 de 1995 en que incurrieron los demandados, en punto de la determinación de la vinculación subjetiva en virtud de la cual se atribuyó responsabilidad al [sancionado], comporta una palmaria y grave inobservancia de los requisitos esenciales establecidos por el ordenamiento jurídico para imponer la sanción disciplinaria y deriva en el incumplimiento grave de los deberes funcionales de quienes ejercen el poder punitivo del Estado, en tanto profirieron decisiones sin respetar los mínimos legales que la justifican y legitiman, con… la consecuente imposición de una condena contra la entidad demandante.
También resuelve:
¿Los demandados explicaron con detalle cómo es que el sujeto disciplinado tenía conocimiento y voluntad de realizar el ilícito por el que fue sancionado?
¿Para imponer una sanción se deben explicar razonadamente sus fundamentos, con inclusión de todos los elementos que la hacen procedente?
¿El fundamento de la sanción se refirió exclusivamente al hecho de haberse percibido la prima técnica sin efectuar un análisis explícito de la vinculación subjetiva, a título de dolo…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas
¿Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas y no se demostraron los incumplimientos endilgados? Sí
Cuando la entidad contratante acepta una parte del objeto pactado, la sanción pecuniaria debe reducirse en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato, porque la aceptación y el pago de los elementos recibidos muestran que la prestación fue cumplida en esa proporción. Por otra parte, la sanción pecuniaria por incumplimiento parcial se fundamenta en las razones de incumplimiento que se acrediten en el proceso, y su nulidad no procede cuando las decisiones se sustentan en las normas aplicables, se expidieron con competencia y siguieron el procedimiento legal. Cuando la imposición de la pena no configura la prestación de un servicio ni la venta de bienes, el IVA no debe incluirse en la base de la sanción, por lo que debe descontarse del precio del contrato. En el caso concreto, la entidad recibió, aprobó y pagó los elementos del primer desembolso del precio, lo cual fue ratificado por la autorización del supervisor y la factura, y la providencia apelada se revocó en lo relativo a la reducción de la sanción. Como consecuencia práctica, el contratista que acredite la ejecución parcial del objeto puede obtener la reducción proporcional de la sanción pecuniaria en ese mismo porcentaje.síntesis automática
También resuelve:
¿Teniendo en cuenta la aceptación del contratante de parte del objeto pactado, resulta procedente la reducción de la sanción pecuniaria en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato?
¿No se acreditó la falta de acatamiento de las funciones a cargo del Ministerio, o que no hubiera ejecutado acciones para garantizar la observancia del contrato?
¿Las resoluciones fueron expedidas con competencia, en virtud de la atribución legal conferida al contratante?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El medio de control de controversias contractuales se presentó oportunamente
¿El medio de control de controversias contractuales se presentó oportunamente, conforme lo establece la ley? Sí
El contratista presenta oportunamente el medio de control de controversias contractuales conforme lo establece la Ley 1437 de 2011, siempre que la demanda se interponga dentro del término de dos años contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para la liquidación bilateral o unilateral del contrato. En este caso, la Resolución No. 3455 del 28 de julio de 2011, que declaró la caducidad del contrato, quedó ejecutoriada el 1 de diciembre de 2011, por lo que el plazo para la liquidación bilateral expiró el 2 de abril de 2012 y el plazo para la liquidación unilateral venció el 2 de junio de 2012. A partir del 3 de junio de 2012, comenzó a correr el término de dos años para presentar la demanda, que venció el 3 de junio de 2014. Como la demanda se presentó el 19 de diciembre de 2012, resulta oportuna, además de que la parte presentó solicitud de conciliación extrajudicial antes de interponer la demanda. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la oportunidad del medio de control de controversias contractuales y garantiza el debido proceso en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:
¿En aras de resolver el cargo de violación del debido proceso que alegó la recurrente, por no haber sido estudiado en la sentencia de primera instancia…
¿Estaba llamado a prosperar el cargo de violación del debido proceso que, como sustento de la pretensión principal de nulidad del acto…
¿Es posible que la Sala realice la liquidación judicial del contrato, toda vez que no obra en el expediente la información suficiente y necesaria para llevar a cabo el respectivo corte de cuentas del…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: los contratos no pueden estar sujetos a los vaivenes legislativos que generarían inestabilidad
¿Los contratos no pueden estar sujetos a los vaivenes legislativos que generarían inestabilidad, falta de certeza e incertidumbre frente a las obligaciones? Sí
Decidí aclarar voto, frente al alcance que la mayoría le otorgó al artículo 38.2 de la Ley 153 de 1887. El fallo concluyó que “en lo relativo a la caducidad del contrato, dado que configura una sanción para el contratista, este se rige por la normativa vigente al momento en el que ocurrió la falta, como lo prescribe el artículo 38.2 de la Ley 153 de 1887”. En cuanto a la vigencia de la ley en el tiempo,… en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Esta norma tiene como propósito oponerse al efecto inmediato de una ley posterior, porque los contratos no pueden estar sujetos a los vaivenes legislativos que generarían inestabilidad, falta de certeza e incertidumbre frente a las obligaciones que tiene su fuente en el acuerdo de voluntad de las partes.
También resuelve:
¿La pena por un incumplimiento contractual se rige por la ley vigente al momento de la infracción?
¿Una cosa es la sanción o pena y otra es la competencia de la entidad que, habilitada por la ley, puede imponerla?
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: Salvamento voto
¿Para determinar la oportunidad de cada una de las pretensiones del recurso de apelación, era necesario atender a la estructura diferenciada que el legislador estableció en materia de caducidad de las controversias contractuales? Sí
Estas reglas de oportunidad están contenidas en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, que contempla como primer supuesto una premisa general según la cual “el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”; luego, este mismo literal se refiere a la oportunidad en la que se debe formular la pretensión de nulidad del contrato y, posteriormente, desciende a una serie de reglas especiales que determinan la caducidad en función de si el contrato en el que se origina la controversia es de ejecución instantánea o sucesiva y, en este último caso, si requiere o no ser liquidado y, si ese trámite se impone, si se hizo, de forma bilateral o unilateral, o si se obvió.
También resuelve:
¿Las sanciones convencionales que se imponen a un contratista mediante actos administrativos con ocasión de la ejecución de un contrato estatal, se definen en su liquidación y de penden de ella?
¿Procedía pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento parcial del contrato y se impuso una multa…
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: se trata entonces de apartarse del tope indemnizatorio de cien salarios mínimos
¿Para conceder indemnizaciones más altas cuando la naturaleza del caso lo amerite, el criterio rector para determinar la flexibilización del tope indemnizatorio ha de estar en la intensidad e índole del daño antijurídico? Sí
En el caso sub exámine la Sala ha encontrado procedente el incremento del monto de la condena por perjuicios morales, frente a daños antijurídicos derivados [de] graves violaciones a los derechos humanos y ante el deber de la reparación integral. Se trata entonces de apartarse del tope indemnizatorio de cien salarios mínimos, y dado el límite de mil salarios, contemplado en el art. 97 del Código Penal vigente, para la reparación del daño dentro del proceso penal. En su motivación, la Sala ha sido enfática en señalar que la posibilidad de extender la aplicación de la norma en cita se limita estrictamente a aquellos casos en los que el perjuicio alegado se deriva del delito y que el tope indemnizatorio señalado no se puede entender, de ninguna manera, como una imposición de reconocer exactamente mil salarios mínimos en tales casos.
También resuelve:
¿La Constitución de 1991 claramente se alejó de la concepción punitiva o subjetiva de la responsabilidad estatal para establecer un régimen centrado en el daño antijurídico?
¿La acción penal y la acción de reparación directa, al perseguir objetivos distintos, tienen diversos baremos de certeza y exigencias de individualización?
¿El fallo parece desconocer que el daño antijurídico puede perfectamente provenir de actuaciones que no constituyen delito y que, no por ello, implican un perjuicio menor para el afectado?