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Sentencia — Sentencia que niega las pretensiones2026-02-26SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)BEATRIZ TERESA GALVIS BUSTOSRad. 25000233600020190012100ACCION CONTRACTUAL
¿El acto administrativo de adjudicación de la licitación pública No. FDLE-LP-230-2018 está viciado de nulidad? No
El pliego de condiciones vincula a la administración y a los proponentes, y el análisis económico de la propuesta debe ajustarse a los criterios y al método reglado que el pliego establece, sin que la adjudicación sea nula si la entidad observó esos criterios. La regla se sostiene en tres razones: el pliego fija el objeto del procedimiento, el cauce del trámite y las reglas de evaluación objetiva y técnica; los estudios previos y el pliego diseñaron un método reglado y secuencial de evaluación económica, en el que la propuesta debía presentarse integralmente con los anexos exigidos y estar sujeta a verificación y corrección aritmética; y ese análisis debía cubrir los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el contrato. Por ello, la entidad debe evaluar la propuesta conforme a esos criterios, y no con otros que el pliego no contempla. En el caso, la adjudicación se ajustó a esos criterios, por lo que no está viciada de nulidad.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2024-09-16Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020150013000LEY 1437 REPETICION
¿Las medidas cautelares de embargo y secuestro solicitadas son improcedentes en esta etapa del proceso, por ausencia del requisito de apariencia de buen derecho de la demanda, ante el incumplimiento de la carga de la prueba de las presunciones legales de culpa grave o dolo? Sí
En un proceso declarativo de responsabilidad fiscal, el embargo y el secuestro de bienes del demandado no pueden decretarse de plano, porque no existe una obligación clara, expresa y exigible como en un proceso ejecutivo. Su procedencia exige verificar los requisitos generales de las medidas cautelares, entre ellos la apariencia de buen derecho de la demanda, aunque el artículo 23 de la Ley 678 de 2001 prevea esas medidas. Esta regla se apoya en la naturaleza declarativa del proceso, que obliga a examinar si la demanda ofrece un fundamento plausible antes de afectar patrimonio del demandado. Cuando la parte no sustenta la apariencia de buen derecho, en particular la prueba de las presunciones legales de culpa grave o dolo, la medida no procede. En el caso concreto el despacho confirmó la negativa de las medidas en el recurso de súplica. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la medida de embargo en el declarativo requiere demostrar la apariencia de buen derecho de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el recurso de reposición y en subsidio el de súplica contra el auto que resuelve la solicitud de medidas cautelares dentro del proceso de repetición?¿Procede el reconocimiento de personería jurídica al abogado del demandante toda vez que el poder allegado reúne los requisitos legales?
¿Si se encuentra afectada de nulidad, la Resolución No. 01392 de 15 de junio 2021 que adjudicó el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. UARIV-SA-004-2021 a la Unión Temporal Sotavento Group S.A.S., al configurarse las causales de i) Falsa Motivación y ii) Desviación de Poder? No
El contratista no puede declarar nula la resolución que adjudica un contrato estatal mediante selección abreviada de menor cuantía, cuando no se acredita que el pliego de condiciones contenga falsa motivación o desviación de poder, siempre y cuando el pliego distinga adecuadamente entre la experiencia general habilitante y los factores de evaluación, estableciendo reglas previas, claras y objetivas para todos los proponentes. Además, la entidad no desconoce el principio de selección objetiva ni permite la subsanación indevida de la oferta, pues la adjudicataria aporta desde el inicio la certificación del contrato que respalda su cobertura territorial, y la revisión de información ya existente en la administración no constituye la incorporación de un requisito puntuable después del cierre. La Sala reitera que la presunción de legalidad del acto administrativo persiste mientras no se demuestre la inexistencia, falsedad o apreciación equivocada de los motivos del acto de adjudicación, y que la desviación de poder no prospera sin identificar una finalidad distinta a la prevista por el ordenamiento.síntesis automática
¿La repetición solo opera en la medida en que se pueda imputar culpa grave o dolo al agente o ex agente estatal? Sí
La repetición solo opera en la medida en que pueda imputarse al agente o exservidor estatal culpa grave o dolo, pues no cualquier equivocación, error de juicio o actuación contraria al ordenamiento permite deducir responsabilidad patrimonial. La regla se apoya en el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución, que condiciona el reembolso a esa imputación subjetiva, y en que la calificación de la conducta debe analizarse conforme a la normativa vigente al momento de la actuación u omisión que determinó el pago cuya recuperación se pretende. Este criterio ofrece garantías en el ejercicio de la función pública, porque reconoce que no cualquier error del servidor puede ser fuente suficiente de responsabilidad patrimonial. En el asunto, la Sala confirmó la decisión de primera instancia que resolvió la acción de repetición. En la práctica, la entidad que pretende recuperar un pago debe demostrar la gravedad de la falla del servidor y no solo la existencia de un error.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandante probó el dolo consistente en la desviación de poder de la ex Gerente de Empresas Públicas de Medellín E.S.P en la adopción de la decisión que declaró insubsistente un…¿No procede la condena en costas en aquellos procesos en los que se ventila un interés público porque se busca la protección del patrimonio público?
¿El cesionario de un crédito es parte del contrato y puede hacerse parte de un proceso de controversias contractuales? No
El cesionario de un crédito no es parte del contrato y, por lo tanto, no puede hacerse parte de un proceso de controversias contractuales, ya que la cesión de crédito no altera el contrato estatal sino que constituye un negocio jurídico entre cedente y cesionario sobre los derechos de crédito que tienen origen en el contrato. La sola comunicación del cesionario sin la aprobación del cedente y la entidad no basta para entender que se ha notificado de la cesión del crédito a la entidad, y ser cesionario de un derecho de crédito derivado del contrato no es suficiente para reconocer la legitimación pasiva en la causa. La Sala declara la falta de legitimación pasiva en la causa del cesionario, pues no fue parte del contrato y no se encuentra en ninguna situación que le hubiera permitido hacerse parte del proceso de controversias contractuales, lo que implica que la determinación de los extremos procesales de un litigio contractual no puede quedar a la voluntad exclusiva de una de las partes del negocio jurídico, garantizando así el principio de igualdad de armas en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La sola comunicación del cesionario sin comunicación por parte del cedente, no basta para entender que se ha notificado de la cesión del crédito a la entidad?¿Se discute la legitimación pasiva para hacerse parte de un proceso en el cual la contratante pretendió la nulidad absoluta del contrato?¿Se declara la falta de legitimación pasiva en la causa del cesionario, pues no fue parte del contrato y no se encuentra en ninguna situación que le hubiera permitido hacerse parte del proceso de…
¿Se acreditaron los requisitos de procedencia del medio de control de repetición, entre ellos la presunción de culpa grave del agente estatal? No
El contratista no acredita los requisitos de procedencia del medio de control de repetición, entre ellos la presunción de culpa grave del agente estatal, debido a la falta de evidencia de la omisión de las formas sustanciales por error inexcusable y la ausencia de un cargo claro que identifique la parcialidad y desviación de poder del servidor público, lo que implica que la entidad demandante no demostró la culpabilidad del demandado. Además, el término de caducidad del medio de control de repetición no se configuró, ya que el plazo estuvo suspendido por el estado de emergencia declarado en 2020, permitiendo la presentación oportuna de la demanda. La tacha por parcialidad contra un testigo es procedente cuando existe una estrecha relación de amistad con el demandado, pero la prueba no es excluida y se valora en el momento de fallar. Las disposiciones de la Ley 678 de 2001 son aplicables al trámite por los hechos imputados al demandado ocurrieron después de su entrada en vigencia. Finalmente, la condena en costas es procedente para la parte vencida, y la fijación de las agencias en derecho se realiza considerando la labor jurídica desarrollada por el apoderado, tasándose en seis salarios mínimos legales mensuales vigentes.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la caducidad del medio de control de repetición?¿Procede la tacha por parcialidad formulada por la entidad demandante contra el testigo por existir una estrecha relación de amistad con el demandado?¿En el presente asunto son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001, relativas al medio de control de repetición?
¿Está demostrado que el demandado, entonces director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al expedir el acto administrativo de insubsistencia, incurrió en una conducta dolosa, específicamente, por obrar con desviación de poder? No
La desviación de poder que sustenta una conducta dolosa en la acción de repetición debe estar probada y no se presume a partir de la sola expedición de un acto de insubsistencia. Esta regla se apoya en el análisis conjunto del material probatorio, que debe demostrar que el agente tuvo una finalidad distinta al mejoramiento del servicio público. Cuando el acto fue proyectado y revisado por los funcionarios competentes, quienes dieron visto bueno en los aspectos jurídicos y fácticos, y cuando contiene las razones de la desvinculación y las funciones que estaban siendo inobservadas, la intención distinta no queda acreditada. En el caso concreto la subsección no halló probado que el demandado obrara con propósito distinto al de mejorar el servicio, y negó la pretensión. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la repetición por desviación de poder exige prueba directa o suficiente de la intención del agente y no basta con el carácter insubsistente del acto.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa por pasiva, recae sobre el funcionario al que se le imputa el daño que dio lugar a la condena contra el Estado?¿En casos de repetición regidos por la Ley 678 de 2001, la carga de la prueba corresponde al demandante, quien tiene el deber de acreditar la presunción prevista en la Ley?¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado demuestra, automáticamente, el dolo o la culpa grave del funcionario?
¿El fallo de responsabilidad patrimonial o en sede de legalidad ata al juez de la repetición? No
El fallo de responsabilidad patrimonial del Estado o de nulidad del acto no ata al juez de la repetición, de modo que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente debe acreditarse en el proceso de repetición con prueba propia. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la sentencia condenatoria contra el Estado no es prueba suficiente de la conducta del agente, porque en repetición se realizan valoraciones distintas sobre el comportamiento del servidor y no sobre la responsabilidad del Estado. Segunda, la declaración judicial de afectación de un derecho o de antijuridicidad del daño no acredita la conducta dolosa o culposa del agente que lo propició. Tercera, la entidad que pretende repetir debe expresar la causal de la presunción de dolo o culpa grave y acreditar sus supuestos en el proceso, con oportunidad de defensa para el demandado. En el caso no se acreditó el aspecto volitivo del demandado, por lo que la providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba del dolo o de la culpa grave en la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La desviación de poder manifestada está respaldada en el acervo probatorio?¿Las atribuciones otorgadas a un funcionario público para gestionar y concretar un acto deben dirigirse principalmente al cumplimiento de los fines del Estado?¿El acto administrativo fue proferido por el demandado ostentando la calidad de servidor público?
¿Se demostró que la actuación del demandado en repetición fue negligente de forma que pueda atribuírsele responsabilidad patrimonial? No
En la acción de repetición, la sentencia que anula el acto de desvinculación no prueba por sí misma el dolo ni la culpa grave del servidor, de modo que la responsabilidad patrimonial exige demostrar su conducta. La regla se apoya en tres razones. Primera, la presunción de dolo por desviación de poder solo opera cuando se acredita el hecho que la configura, esto es, un fin particular o arbitrario perseguido por la administración. Segunda, la entidad demandante debe aportar el acto administrativo de declaratoria de insubsistencia, pues la sola sentencia de nulidad y restablecimiento no permite inferir el elemento subjetivo. Tercera, la carga de la prueba recae en el accionante, que no puede beneficiarse de presunciones cuyo supuesto de hecho no está configurado. Por ello, la providencia niega las pretensiones de la demanda. En la práctica, la repetición fracasa cuando el actor se limita a la sentencia condenatoria y no aporta los actos y las pruebas que acrediten la conducta del agente.síntesis automática
También resuelve:¿La sentencia no analizó ninguna prueba en la que se evidenciara que el demandante obró con desviación de poder?¿El acto de insubsistencia demandado no persiguió las razones del buen servicio público porque la Administración no probó que su retiro haya obedecido a tales razones?¿Se estudia si se configura el supuesto de hecho de la presunción de dolo alegada por la parte demandante?
¿Es improcedente resolver la controversia con fundamento en el enriquecimiento sin causa cuando la demanda no formuló pretensión alguna ni estructuró su causa petendi bajo dicho instituto, y lo pretendido era la nulidad de la liquidación del contrato, la declaratoria de incumplimiento y el pago de los saldos adeudados derivados de una relación contractual? Sí
El contratista no puede basar la resolución de una controversia en el enriquecimiento sin causa cuando la demanda no formuló pretensiones ni estructuró su causa petendi bajo dicho instituto, y lo pretendido era la nulidad de la liquidación del contrato, la declaratoria de incumplimiento y el pago de los saldos adeudados derivados de una relación contractual, debido a que la jurisdicción es de carácter rogado y las pretensiones de las partes resultan vinculantes. El juez no puede modificar la causa petendi ni el petitum de la demanda, ni introducir pretensiones que no fueron instauradas por las partes, y debe respetar el principio de congruencia y el derecho contractual celebrado entre las partes. Por lo tanto, es improcedente el estudio del enriquecimiento sin justa causa en esta controversia y la resolución debe basarse en el medio de controversias contractuales, atendiendo el régimen legal aplicable al negocio suscrito por las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la liquidación del contrato?¿La parte demandante desvirtuó la presunción de legalidad de la liquidación unilateral del contrato de prestación de servicios?
¿Los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, son: (i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; (ii) el pago efectivo a la víctima del daño y, (iii) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena? Sí
El contratista no puede prosperar en una acción de repetición contra el Estado cuando la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular ha sido el resultado de una conducta del agente del Estado que no demuestra dolo o culpa grave, ya que la presunción de dolo se desvirtúa si no se prueba la desviación de poder alegada. La jurisprudencia reitera que para que proceda la acción de repetición es necesario que exista una condena al Estado, que se haya efectuado el pago a la víctima del daño y que la conducta del agente del Estado sea dolosa o gravemente culposa. En el caso concreto, la sentencia que anuló el acto administrativo no aseveró que la desvinculación del funcionario fuera el resultado de desavenencias personales, sino que se basó en el incumplimiento de funciones, lo que desvirtúa la presunción de dolo. Esto implica que la acción de repetición debe ser negada en la práctica.síntesis automática
También resuelve:¿Se desvirtuó la presunción de dolo en la elaboración del acto administrativo de insubsistencia que fue anulado, debido a que no se probó la desviación de poder alegada por la demandante y en…¿Debe condenarse en costas a la entidad demandante, Ministerio de Justicia, por ser la parte vencida en el proceso?
¿El contrato celebrado entre Hospital de Yopal E.S.E. y AAA Alliance S.A.S. es un negocio jurídico regido por las reglas y principios civiles y comerciales, en el que se pactaron facultades exorbitantes? Sí
Los contratos celebrados por una empresa social del Estado son negocios jurídicos sometidos al derecho privado, en los que pueden pactarse discrecionalmente las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de la Contratación Pública. Esta regla se apoya en los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, que dan a la empresa el carácter de entidad pública descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Por ello, la presencia de facultades exorbitantes no cambia la naturaleza privada del negocio, sino que habilita a la entidad a ejercer ciertas potestades unilaterales. En el caso concreto el contrato de prestación de servicios se rige por normas civiles y comerciales y contiene facultades de declaración de caducidad, interpretación, modificación y terminación unilaterales, que fueron pactadas por la empresa. La sala confirmó la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la empresa social del Estado puede pactar cláusulas exorbitantes en contratos regidos por el derecho privado.síntesis automática
También resuelve:¿El Hospital de Yopal desconoció las reglas procedimentales previstas en la ley para la declaratoria de caducidad contractual e imposición de multas afectando el debido proceso y la defensa del…¿El Hospital de Yopal incurrió en desviación de poder porque persiguió un interés distinto al público al expedir las Resoluciones 263 y 380 de 2019?¿Los motivos de las resoluciones demandadas, fueron falsos o alejados de la realidad contractual, teniendo en cuenta el incumplimiento mutuo justificante de la exceptio non adimpleti contractus?
¿Se acreditó el dolo en la actuación de la agente estatal demandada bajo la acción de repetición? No
El contratista no puede acreditar el dolo en la actuación de la agente estatal demandada bajo la acción de repetición, ya que no existen elementos probatorios que demuestren que la funcionaria actuó con intención de desviar el poder para fines distintos a los del buen servicio. El tribunal revoca parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva de una de las funcionarias demandadas, pero confirma que no se acreditó el dolo ni la desviación de poder, al no haberse presentado pruebas que indiquen que la conducta de las servidoras públicas fue desplegada con propósitos distintos a los del buen servicio. Este precedente reitera la necesidad de presentar pruebas idóneas y trasladadas al proceso para demostrar la conducta dolosa del agente estatal, y confirma que documentos públicos con presunción de autenticidad son suficientes para acreditar el pago de la condena en la acción de repetición.síntesis automática
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos de repetición contra funcionarios de entidades públicas del orden nacional? Sí
Cuando el medio de control de repetición se ejerce contra un ex representante legal de una entidad pública del orden nacional, el Consejo de Estado conoce del proceso en única instancia, según el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, vigente al presentarse la demanda. La regla se sostiene en dos razones: la jurisdicción contencioso administrativa conoce de los procesos de repetición contra agentes o ex agentes del Estado cuya conducta dolosa o gravemente culposa haya originado una condena, conforme al artículo 7 de la Ley 678 de 2001; y la calidad del demandado, en su condición de representante legal de una entidad del orden nacional, determina el factor subjetivo de competencia. En el caso, la condena se impuso a una entidad del orden nacional mediante una sentencia de la jurisdicción, y el medio de control se presentó dentro del plazo de caducidad, por lo que la corporación asumió la competencia y decidió el asunto en única instancia. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la calidad del demandado como representante legal de una entidad nacional define la competencia para repetir en única instancia.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición fue interpuesto dentro de los dieciocho meses del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo?¿Obra prueba de la preexistencia de una sentencia válida y en firme que haya servido de causa al pago cuya repetición pretende la parte demandante?¿Obró con culpa grave o dolo el señor Carlos Alberto Barragán Galindo, al expedir la Resolución 007813 del 30 de junio de 2010 por medio de la cual declaró insubsistente el nombramiento de Ana Sofía…
¿Resulta procedente la nulidad del acto administrativo mediante el cual se declaró la caducidad del contrato de suministro de alimentación escolar, por ausencia del incumplimiento grave del contratista que condujera a la parálisis del contrato? No
El contratista no puede solicitar la nulidad del acto administrativo que declaró la caducidad de un contrato de suministro de alimentación escolar, ya que la entidad estatal fundamentó su decisión en incumplimientos graves del contratista que afectaron directamente el objeto del contrato, como la entrega tardía de alimentos vencidos, falta de mantenimiento de equipos y no pago de seguridad social a las madres procesadoras. La Sala determinó que los argumentos del contratista, que incluían la acumulación de incumplimientos menores y la subsanación de estos, no eran válidos, ya que los incumplimientos fueron graves y no se demostró que hubieran sido subsanados. Además, la resolución no se basó en una norma derogada, sino en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Por último, la entidad no se basó en los mismos reparos que dieron origen a la imposición de una multa revocada, sino en nuevos incumplimientos que afectaron la ejecución del contrato. Esta decisión confirma y reitera la jurisprudencia existente sobre la procedencia de la declaratoria de caducidad en casos de incumplimiento grave.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la nulidad del acto administrativo mediante el cual se declaró la caducidad del contrato de suministro de alimentación escolar, por fundarse en una norma derogada, esto es…¿Resulta procedente la nulidad del acto administrativo mediante el cual se declaró la caducidad del contrato de suministro de alimentación escolar…¿Resulta procedente la nulidad del acto administrativo mediante el cual se declaró la caducidad del contrato de suministro de alimentación escolar, por no reducirse el valor de la cláusula penal…
¿La Resolución 147 del 27 de diciembre de 2000 que declara el incumplimiento contractual, fue proferida con posterioridad al vencimiento del plazo previsto para la liquidación y en consecuencia, con falta de competencia temporal? No
La entidad estatal que profiere un acto administrativo declarando el incumplimiento de un convenio o contrato estatal actúa dentro de los límites de su competencia temporal siempre que la decisión se adopte antes del vencimiento del plazo legal para liquidar el negocio jurídico o dentro de los plazos conferidos jurisprudencialmente, sin que se requiera necesariamente agotar la liquidación bilateral. La Corporación precisa que la actuación administrativa desplegada para sancionar el incumplimiento respeta plenamente el derecho fundamental al debido proceso cuando se otorga al contratista la oportunidad efectiva de conocer los informes de interventoría, controvertir los cargos endilgados y presentar sus descargos antes de la expedición de los actos definitivos. La falta de sustentación autónoma en el recurso de apelación impide prosperar los argumentos sobre falsa motivación planteados por la parte recurrente.síntesis automática
También resuelve:¿La Resolución 101 del 25 de septiembre de 2001 fue expedida con falta de competencia temporal, al haberse proferido después de configurado el silencio administrativo negativo?¿Los actos acusados se expidieron con violación al debido proceso?¿Los actos acusados se expidieron con falsa motivación?
¿Existe ineptitud sustantiva de la demanda cuando se demandan actos administrativos de trámite? Sí
El interventor no comete ilegalidad al emitir un informe en su calidad de director de interventoría, incluso si ha sido removido de cargos administrativos superiores, siempre que la firma del informe sea consensuada y legalmente válida, y no afecte la continuidad de la obra. En este caso, el señor, quien era director de interventoría, emitió un informe crucial para el procedimiento administrativo sancionatorio, a pesar de haber sido removido del cargo de subgerente. Su firma en el informe fue avalada por la presencia del representante legal de la sociedad interventora en las reuniones y la firma conjunta de las actas, lo que garantizó la legalidad del documento. Como resultado, la Sala considera que el informe no es ilegal y lo tiene en cuenta para estudiar el procedimiento administrativo sancionatorio, descartando la supuesta infracción del literal a del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.síntesis automática
También resuelve:¿Se demostró que el informe de interventoría tuviera las inconsistencias alegadas por el demandante?¿El contratista debe demostrar que las precipitaciones invernales superaron el grado de previsibilidad necesario para ocasionar la fractura de la ecuación contractual?¿La suspensión de mutuo acuerdo del contrato puso al contratista en un estado de incumplimiento contractual?
¿Son aplicables las presunciones legales contenidas en la Ley 678 de 2001 teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron en vigencia de dicha ley? Sí
El servidor público o exservidor público cuyas actuaciones generan condenas contra el Estado queda sujeto al régimen especial del medio de control de repetición regulado en la normativa aplicable según la vigencia temporal de los hechos ocurridos. En materia sustancial y procesal, la legislación dictada para desarrollar el artículo noventa de la Constitución Política establece los presupuestos de procedencia, destacando la obligación reparatoria a cargo de la entidad estatal mediante sentencia judicial condenatoria o acuerdo conciliatorio, así como la valoración de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal mediante la aplicación de las presunciones legales previstas en el ordenamiento jurídico, las cuales admiten prueba en contrario conforme a las reglas generales del derecho aplicables a la materia contenciosa administrativa.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa…¿El medio de control de repetición fue interpuesto dentro de los dos años siguientes a la fecha del pago efectuado por la entidad?¿Se acreditó el primer presupuesto de procedencia del medio de control de repetición consistente en la obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante?
¿Se acreditó una actuación dolosa por parte del Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca al expedir el acto administrativo de insubsistencia que fue posteriormente anulado en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? No
Cuando la nulidad de un acto de insubsistencia por desviación de poder se invoca para atribuir dolo al servidor en un proceso de repetición, la sentencia de nulidad no basta para tener por demostrado el dolo, pues no da por acreditados los supuestos de hecho de las presunciones que la entidad pretende estructurar. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad demandante no acreditó que el servidor hubiera obrado con dolo al expedir el acto. Segunda, los documentos aportados con los alegatos de conclusión no se valoraron porque se allegaron de forma extemporánea, al no cumplirse las oportunidades previstas en el artículo 212 del CPACA. Tercera, la solicitud de oficiar a la entidad para obtener esos documentos se negó, pues el solicitante podía conseguirlos directamente o por derecho de petición. En consecuencia, se negaron las pretensiones y se ordenó levantar la medida cautelar sobre las sumas depositadas, de conformidad con el numeral 1 del artículo 29 de la Ley 678 de 2001. El documento no indica si reitera o matiza precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena impuesta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿La desviación de poder que dio lugar a la declaratoria de nulidad del acto administrativo de insubsistencia, estuvo suficientemente justificada en las consideraciones de la sentencia de nulidad y…¿Se probó que el acto de insubsistencia proferido por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca estuvo dirigido a dar prevalencia a intereses diferentes del buen…
¿Es procedente la objeción por error grave en el dictamen pericial presentada por la parte demandante? No
El contratista no puede objetar por error grave el dictamen pericial presentado por el ingeniero civil, ya que este se limitó a calcular los perjuicios materiales y no evaluó la propuesta del consorcio demandante como la mejor opción según el pliego de condiciones. La Sala determina que la objeción no es procedente porque el perito consideró la totalidad de los puntos de análisis establecidos por la entidad estatal, no solo el supuesto error en la certificación de calidad. Además, la inexactitud en la información financiera suministrada por el proponente en el Registro Único de Proponentes configura una causal de rechazo de la propuesta según el pliego de condiciones, lo que implica que la propuesta del consorcio no cumplió con los requisitos exigidos. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los pliegos de condiciones y subraya que la objeción por error grave en el dictamen pericial debe estar fundamentada en errores evidentes y no en interpretaciones subjetivas.síntesis automática
También resuelve:¿La inexactitud en la información suministrada por el proponente configuró una causal de rechazo de la propuesta a la luz de lo estipulado en el pliego de condiciones?¿Se configuró la causal de nulidad del contrato por celebrarse contra expresa prohibición legal o constitucional?¿Se configuró la causal de nulidad de desviación de poder en la adjudicación del contrato estatal?
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