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Consejo de Estado
Providencia
El decreto de pruebas en segunda instancia ante la jurisdicción contencioso-administrativa se rige exclusivamente por el artículo 212 del CPACA.
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 76001233300420170053301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El presente asunto se tramita ante la jurisdicción contencioso-administrativa, razón por la cual le resulta aplicable la normatividad aplicable que gobierna este tipo de actuaciones contenidas en el CPACA? Sí
El juez contencioso administrativo aplica el marco normativo del CPACA en los asuntos tramitados ante su jurisdicción. En este proceso, ante la solicitud probatoria del extremo pasivo fundamentada en el Código General del Proceso, se concluye que el decreto de pruebas en segunda instancia procede únicamente en los eventos previstos en el artículo 212 del CPACA, modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021. Al no configurarse tales supuestos ni acreditarse la relación contractual o los presupuestos fácticos de las pretensiones con los documentos aportados, se niega la solicitud de pruebas.síntesis automática
También resuelve:
¿De la revisión efectuada a los documentos allegados por el apoderado de la entidad demandada, se advierte que estos no constituyen medios de convicción idóneos para acreditar los hechos que sirven…
¿Los documentos aportados contienen información carente de valor probatorio para los supuestos fácticos discutidos al interior del plenario?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
No es posible valorar los documentos aportados en idioma inglés
Sentencia — Sentencia
2025-12-01
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 23001233300020150031201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿No es posible valorar los documentos aportados en idioma inglés, sin la traducción oficial, en concordancia con las normas procesales? Sí
El contratista no puede valorar documentos aportados en idioma inglés sin la traducción oficial, en concordancia con el artículo 251 del Código General del Proceso, lo que implica que la entidad estatal no puede considerar estos documentos en su evaluación técnica sin cumplir con este requisito. Además, la Sala establece que la simple confrontación de los documentos de la propuesta del adjudicatario con el pliego de condiciones no es suficiente para probar la indebida adjudicación del proceso, y que la carga de la prueba en cabeza del demandante debe ser respaldada con pruebas idóneas, especialmente en aspectos técnicos. Asimismo, el tribunal puede restar valor probatorio a un dictamen pericial por no cumplir con los requisitos normativos, y este criterio no puede ser revisado en apelación si no se formulan reparos específicos. Por último, la Sala confirma la sentencia de primera instancia si el demandante incumple con su carga probatoria, lo que implica que la entidad estatal puede subsanar los ofrecimientos hasta la adjudicación en ciertas circunstancias.síntesis automática
También resuelve:
¿La simple confrontación de los documentos de la propuesta del adjudicatario con el pliego de condiciones, no permite a la Sala llegar al convencimiento de la indebida adjudicación del proceso de…
¿El tribunal le restó valor probatorio al dictamen pericial por no cumplir los requisitos normativos, a lo cual no se formuló reparo alguno en el recurso de apelación?
¿Dado que el demandante incumplió con su carga probatoria, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No puede prosperar la acción de repetición contra los ex servidores públicos
Sentencia — Sentencia
2025-11-25
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000233600020150077901
LEY 1437 REPETICION
¿Puede prosperar la acción de repetición contra los ex servidores públicos cuando la entidad demandante no logra demostrar, con pruebas idóneas, la existencia de una conducta personal, directa y gravemente culposa que haya generado la condena impuesta al Estado? No
El contratista no puede prosperar en una acción de repetición contra ex servidores públicos si no demuestra, con pruebas idóneas, la existencia de una conducta personal, directa y gravemente culposa que haya generado la condena impuesta al Estado, ya que la ley establece que la responsabilidad subjetiva requiere la identificación clara y precisa de dicha conducta, y no basta con afirmaciones generales. Además, las actas de conciliación extrajudicial no tienen valor probatorio para acreditar la ocurrencia de los hechos que sustentan las pretensiones, según reiterada jurisprudencia. Por lo tanto, la Sala modifica la decisión al confirmar que la entidad demandante no logró demostrar la culpa grave que le endilgó a los demandados, lo que implica que en casos futuros será necesario presentar pruebas documentales sólidas para establecer la responsabilidad personal.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede imponer condena en costas en el proceso de repetición, cuando este se adelanta para proteger el patrimonio público y, por tanto, se considera que ventila un interés público…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Debe concluirse que no es procedente el reajuste del equilibrio de la ecuación prestacional pretendido por la sociedad accionante
Sentencia — Sentencia
2024-10-28
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 88001233300020180001101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se acreditaron las inversiones realizadas, pero no se cumplió la carga de probar el presupuesto consistente en la incidencia que tales erogaciones causaron a la economía del contrato? Sí
El contratista no logra restablecer el equilibrio financiero del contrato de concesión portuaria debido a su incapacidad para probar el impacto económico de las inversiones realizadas, a pesar de acreditar las causas e inversiones. La entidad estatal y el tribunal mantienen que la prueba documental presentada no cumple con los estándares de idoneidad técnica y valor probatorio necesarios para demostrar la perturbación financiera del contrato. La Sala confirma que la parte demandante debe aportar pruebas técnicas especializadas y científicas, proporcionadas por expertos en finanzas y contabilidad, para justificar la afectación de la ecuación económica del contrato. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en casos de teoría de la imprevisión, limitando la posibilidad de ajustar los términos del contrato sin evidencia adecuada.síntesis automática
También resuelve:
¿En las condiciones en las que la sociedad actora enmarcó su pedimento no es posible arribar a un pronunciamiento positivo al respecto?
¿Demostrar que un gasto extraordinario afecta objetivamente la ecuación económica en un contrato de concesión, implica análisis razonables que permitan evaluar si el impacto alegado justifica ajustar…
¿Para que se configure el desequilibrio económico del contrato es necesario demostrar, además de la alteración extraordinaria, la pérdida real, grave y anormal de la economía del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Recurso extraordinario de revisión infundado: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-06-28
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 11001032600020190000300
LEY 1437 RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION
¿El recurso extraordinario de revisión es una instancia adicional para debatir las apreciaciones jurídicas de las partes? No
El recurso extraordinario de revisión no es una instancia adicional para debatir las apreciaciones jurídicas de las partes, sino que su naturaleza es limitada a revisar la legalidad de la sentencia y las causales específicas establecidas en la ley. La Sala declaró infundado el recurso interpuesto por la sociedad demandante contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó la denegación de las pretensiones de nulidad del acto administrativo en un proceso de controversias contractuales. La Sala sostuvo que las pruebas documentales pudieron haber sido aportadas durante el proceso ordinario si la parte recurrente hubiera actuado con diligencia, y que la imposibilidad de aportarlos no obedeció a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Además, los documentos recuperados no desvirtuaron la legalidad de los actos administrativos por los cuales el IDIPRON declaró el incumplimiento parcial del contrato de interventoría. Esta decisión reitera la limitación del recurso extraordinario de revisión y subraya la importancia de la diligencia procesal en la presentación de pruebas.síntesis automática
También resuelve:
¿Las pruebas documentales pudieron ser aportados durante el curso del proceso ordinario si el recurrente hubiera ejercido diligentemente las actuaciones que llevó a cabo con posterioridad a la…
¿La imposibilidad de aportar los documentos al proceso ordinario obedeció a circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria?
¿El contenido de los documentos tiene la aptitud para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales el IDIPRON declaró el incumplimiento parcial del contrato de…
INFUNDADO
Consejo de Estado
Providencia
El oferente, señaló un 15% por concepto de AUI
Sentencia — Sentencia
2023-11-01
Sección Tercera (Subsección C)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 66001233100020100016701
ACCION CONTRACTUAL
¿La demandante en su oferta determinó un porcentaje en el que cuantificó la utilidad y los demás componentes de Administración, Imprevistos y Utilidad? Sí
Cuando el oferente discrimina en su propuesta un AIU que incluye administración, imprevistos y utilidad, el porcentaje así fijado no puede reconocerse como ganancia exclusiva, pues el AIU es un concepto que agrupa esos componentes y que no tiene porcentajes mínimos ni máximos legales. Una razón es que la propuesta distribuyó el presupuesto e identificó costos directos, luego señaló un valor por AIU lo que muestra que cuantificó expresamente sus componentes. Otra razón es que el documento complementario de la oferta indicó que el 15 por ciento incluía los costos administrativos, las pólizas, los impuestos y los riesgos del contrato, de modo que el oferente tenía claro que ese porcentaje cubría la administración y los imprevistos. En el caso, la Sala negó la pretensión que pedía reconocer el 15 por ciento como utilidad. Según la providencia, el AIU que se introduce en el valor total de la oferta es de uso frecuente en los contratos de tracto sucesivo y cada empresa fija su estructura de costos conforme a sus condiciones; su consecuencia práctica es que el proponente debe desglosar cada componente del AIU en su oferta si pretende que se le reconozca como utilidad.síntesis automática
También resuelve:
¿La demandante puede desconocer el porcentaje global para el AIU, fijado en la oferta?
¿El porcentaje de administración correspondía al monto total que la entidad pagaría por el contrato?
¿Es posible aplicar el criterio de equidad para disgregar en partes iguales el valor global del AIU fijado por el demandante?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado, para conocer del recurso de apelación interpuesto contra el auto
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-10-22
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 52001233300020210016701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado, en sede de segunda instancia, para conocer del recurso de apelación interpuesto contra el auto que niega el decreto o la práctica de pruebas, conforme a lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA y en armonía con el artículo 243, numeral 7, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación contra el auto que niega el decreto o la práctica de pruebas, conforme al artículo 150 del Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y al artículo 243, numeral 7, modificado por la Ley 2080 de 2021, lo que implica que el recurso debe ser decidido por el consejero ponente. Además, el juez debe rechazar mediante providencia motivada las pruebas que resulten ilícitas, notoriamente impertinentes, inconducentes o manifiestamente superfluas o inútiles, según lo dispuesto en los artículos 167 y 168 del Código General del Proceso, aplicables por remisión expresa del artículo 211 del CPACA. Asimismo, el dictamen pericial que se presente sin el correspondiente cuestionario será considerado inconducente, impertinente e inútil, en concordancia con los artículos 218 y 219 del CPACA, modificados por la Ley 2080 de 2021, y con los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad exigidos por el ordenamiento procesal.síntesis automática
También resuelve:
¿Se interpuso y sustentó oportunamente el recurso de apelación dentro de la audiencia inicial del 31 de octubre de 2023, conforme al artículo 244 del CPACA?
¿Debe el juez, conforme a lo dispuesto en los artículos 167 y 168 del Código General del Proceso (CGP), aplicables por remisión expresa del artículo 211 del CPACA…
¿Debe considerarse inconducente, impertinente e inútil el dictamen pericial que se presente sin el correspondiente cuestionario, conforme a lo dispuesto en los artículos 218 y 219 del CPACA…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas
Sentencia — Sentencia
2025-02-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020150102401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas y no se demostraron los incumplimientos endilgados? Sí
Cuando la entidad contratante acepta una parte del objeto pactado, la sanción pecuniaria debe reducirse en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato, porque la aceptación y el pago de los elementos recibidos muestran que la prestación fue cumplida en esa proporción. Por otra parte, la sanción pecuniaria por incumplimiento parcial se fundamenta en las razones de incumplimiento que se acrediten en el proceso, y su nulidad no procede cuando las decisiones se sustentan en las normas aplicables, se expidieron con competencia y siguieron el procedimiento legal. Cuando la imposición de la pena no configura la prestación de un servicio ni la venta de bienes, el IVA no debe incluirse en la base de la sanción, por lo que debe descontarse del precio del contrato. En el caso concreto, la entidad recibió, aprobó y pagó los elementos del primer desembolso del precio, lo cual fue ratificado por la autorización del supervisor y la factura, y la providencia apelada se revocó en lo relativo a la reducción de la sanción. Como consecuencia práctica, el contratista que acredite la ejecución parcial del objeto puede obtener la reducción proporcional de la sanción pecuniaria en ese mismo porcentaje.síntesis automática
También resuelve:
¿Teniendo en cuenta la aceptación del contratante de parte del objeto pactado, resulta procedente la reducción de la sanción pecuniaria en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato?
¿No se acreditó la falta de acatamiento de las funciones a cargo del Ministerio, o que no hubiera ejecutado acciones para garantizar la observancia del contrato?
¿Las resoluciones fueron expedidas con competencia, en virtud de la atribución legal conferida al contratante?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto
Sentencia — Sentencia
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020200031401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe entenderse que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo —y en segunda instancia el Consejo de Estado— es competente para conocer del litigio relacionado con el contrato de obra No. 338 de 2017? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios derivados de un contrato de obra suscrito por un fondo de desarrollo local, entidad pública con personería jurídica, conforme al artículo 104 del CPACA. La regla se sostiene en tres razones: el contrato tiene por objeto la ejecución de obras y actividades de conservación de la malla vial y del espacio público, que hacen parte de la actividad contractual de la entidad pública; el artículo 150 del CPACA atribuye al Consejo de Estado la apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el numeral 5 del artículo 152 del mismo código fija la competencia de esta Corporación en segunda instancia por la cuantía de la pretensión mayor, que supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de presentar la demanda. Por ello, el recurso de apelación contra la sentencia del tribunal corresponde a esta Corporación. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procedente para resolver la reclamación del contratista por los saldos derivados del presunto incumplimiento del contrato de obra…
¿Procopal S.A. y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, están legitimados en la causa, por activa y por pasiva respectivamente, al ser partes del contrato discutido?
¿La caducidad del medio de control se configura, dado que la demanda del 1.º de octubre de 2020 se presentó dentro del plazo de dos años contado desde el vencimiento del término para la liquidación…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Las partes pactaron la modalidad ‘llave en mano’
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000232600020110046301
ACCION CONTRACTUAL
¿El contrato "llave en mano" para la construcción e instalación de módulos en bastiones para la estación móvil de policía del corregimiento de Puerto Arica, Leticia – Amazonas, en el que uno de los contratantes es un establecimiento público y se celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993, es de obra y se rige por las disposiciones del citado estatuto? Sí
El contrato denominado llave en mano, en el que el contratista se obliga a diseñar, construir, instalar y entregar en funcionamiento un proyecto determinado a cambio de una remuneración que usualmente se estipula a precio global, es un contrato de obra cuando una de las partes es un establecimiento público y se celebra en vigencia de la Ley 80 de 1993, caso en el cual se rige por las disposiciones de ese estatuto. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la modalidad llave en mano, de común utilización en obras de infraestructura, consiste en que el contratista entrega un producto terminado en funcionamiento, lo que corresponde a la noción de obra. Segundo, la fecha de celebración del contrato y la naturaleza pública de una de las partes determinan la aplicación de la Ley 80 de 1993 al negocio. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el régimen aplicable se determina por la fecha de celebración, la naturaleza de la entidad contratante y el objeto de la obra entregada en funcionamiento.síntesis automática
También resuelve:
¿Tienen valor probatorio los documentos aportados en copia simple que no han sido tachados de falsos?
¿Resulta procedente la objeción por error grave presentada por la demandada contra el dictamen pericial practicado a solicitud de la actora para determinar el valor de los perjuicios?
¿Tienen valor probatorio las fotografías tomadas al río Putumayo de las que no hay certeza de quién las realizó y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Acción de repetición: Aclaración voto
Aclaración voto — Aclaración de voto
2022-06-10
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 05001233100020110104101
ACCION DE REPETICION
¿Con el fin de probar el dolo del demandado en acción de repetición, se puede dar valor probatorio como prueba documental a la la sentencia penal condenatoria, teniendo en cuenta que esta providencia hace tránsito a cosa juzgada? Sí
Estoy de acuerdo con la decisión adoptada en la providencia en el sentido de conceder las pretensiones de la demanda. Sin embargo, considero que debió precisarse que cuando existe una sentencia penal condenatoria a título de dolo contra el demandado en repetición, esta providencia no debe tratarse como una prueba documental de las valoraciones del juez penal sobre el aspecto subjetivo del servidor público demandado, adicional a las otras allegadas por la entidad. Por el contrario, considero que esta decisión del juez penal hace tránsito a cosa juzgada absoluta sobre el dolo con el que actuó el demandado y extiende sus efectos de cosa juzgada al juez de responsabilidad patrimonial.