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COBRO DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

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Consejo de Estado Providencia

La posibilidad de presentar recursos o de atacar judicialmente los actos no subsana la transgresión del debido proceso

Sentencia — Sentencia 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 73001233100020110035601 ACCION CONTRACTUAL
¿Se presenta violación al debido proceso en la expedición del acto administrativo que declaró el siniestro en la relación contractual y por ello es procedente la nulidad de dichos actos? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad del acto administrativo que declara el siniestro en la relación contractual si este se expide sin garantizar el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción, como ocurrió en este caso donde la entidad estatal no realizó un procedimiento previo ni notificó a la garante del contrato para que presentara descargos, lo que constituye una violación al debido proceso contractual. Aunque la entidad cuantificó el perjuicio en términos del artículo 1077 del Código de Comercio, la falta de garantía del debido proceso es suficiente para anular el acto administrativo, lo que releva a la Sala de analizar otros cargos de la demanda. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los procedimientos legales antes de declarar un siniestro y hacer efectivas las garantías del contrato, y subraya que la posibilidad de recurrir judicialmente no subsana la falta de garantía del debido proceso en la expedición del acto administrativo.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

La compañía aseguradora presentó la “demanda adhesiva” cuando ya había vencido el término legal de dos años para emprender el medio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233300020160024301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La compañía aseguradora presentó la “demanda adhesiva” cuando ya había vencido el término legal de dos años para emprender el medio de control de controversias contractuales? Sí
La presentación oportuna de la demanda por uno de los sujetos procesales no interrumpe el término de caducidad para que otro formule una demanda adhesiva, de modo que, si la intervención se presenta después del vencimiento del término bienal del medio de control de controversias contractuales, opera la caducidad y la intervención debe rechazarse. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el término de dos años es un plazo objetivo que se cuenta desde la notificación del acto y se extiende al día hábil siguiente cuando el último día no es hábil, sin depender de la actuación de otra parte. Segundo, la demanda oportuna de la parte principal no equivale a la presentación de la demanda adhesiva ni suspende la caducidad, conforme a la línea jurisprudencial citada en la nota de relatoría sobre el litisconsorte cuasinecesario. La providencia confirma el auto que rechazó la intervención; en la práctica, quien pretenda intervenir como litisconsorte debe presentar su demanda dentro del término de caducidad contado desde su propia oportunidad, sin acogerse a la demanda oportuna de otro sujeto procesal.síntesis automática
También resuelve: ¿El término para presentar la demanda de controversias contractuales es de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de… ¿La caducidad para demandar se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces?
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Consejo de Estado Providencia

No es admisible estimar que se trata de una simple decisión declarativa de la efectividad del seguro que puede adoptarse de plano, interpretación contraria a la Constitución y a la ley.

Sentencia — Sentencia 2025-12-01 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020210062101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe la administración, conforme a los artículos 29 de la Constitución Política, 7 y 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011, garantizar plenamente el derecho al debido proceso del contratista y de la aseguradora antes de declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la garantía única de cumplimiento, al tratarse de un acto que implica necesariamente un pronunciamiento sobre el incumplimiento contractual y que, por tanto, exige la posibilidad de ser oído, controvertir las pruebas y presentar las que se consideren pertinentes? Sí
El contratista y la aseguradora del cumplimiento del contrato estatal tienen derecho al debido proceso antes de que la administración declare la ocurrencia del siniestro y haga efectiva la garantía única de cumplimiento, conforme a los artículos 29 de la Constitución Política, 7 y 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011. Este derecho implica la posibilidad de ser oídos, controvertir las pruebas y presentar las que consideren pertinentes para defender sus intereses, ya que la declaración de siniestro implica necesariamente un pronunciamiento sobre el incumplimiento contractual. La Sala reitera la necesidad de garantizar el debido proceso en estas circunstancias, lo que implica que la administración debe permitir a las partes involucradas participar en un procedimiento reglado antes de adoptar decisiones que afecten sus intereses.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe el municipio de Soacha ser condenado en costas en la segunda instancia, conforme al numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso, dado que su recurso de apelación no prosperó?
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Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-07-14 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 13001233100020010128301 ACCION CONTRACTUAL
¿El objeto del contrato, producto de una actividad intelectual, es indivisible? Sí
El contratista debe demostrar la entrega del producto acordado con las especificaciones estipuladas en el contrato para hacerse acreedor al pago total, ya que la entidad estatal no puede considerar que se ha cumplido efectivamente con la obligación si no se presentan pruebas que respalden la entrega del estudio con las características acordadas. La Sala sostiene que el objeto del contrato, que consiste en la entrega de un estudio sobre la calidad ambiental de recursos naturales, es indivisible, por lo que la entrega de un producto con deficiencias constituye un incumplimiento del contrato. Además, la entidad estatal no empleó facultades unilaterales para declarar el incumplimiento, sino que se limitó a efectuar un cruce de cuentas ordinario para determinar el estado de las obligaciones contractuales. En otro caso, la Sala matiza la obligación de citar al contratista para intentar la liquidación bilateral del contrato antes de proceder a una liquidación unilateral, al establecer que esta condición no regía en el momento de la celebración del contrato en cuestión, ya que la norma que la establece aún no estaba en vigor.síntesis automática
También resuelve: ¿El cruce de cuentas contractual ordinario conlleva el ejercicio de potestades unilaterales? ¿Previo a la liquidación unilateral del contrato, debió citarse al contratista para intentar la liquidación bilateral? ¿El contratista debió demostrar la entrega del producto acordado con las especificaciones estipuladas en el contrato?
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Consejo de Estado Providencia

En cuanto se relaciona con estos dos incumplimientos

Sentencia — Sentencia 2025-08-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 19001233300020190017302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La apelación presentada por el demandante cuestionó de forma concreta los argumentos esgrimidos por el a quo para negar las pretensiones relacionadas con los incumplimientos relativos a la obligación de lograr que el contratista actualizara las garantías según las múltiples modificaciones que tuvo y respecto del deber de entregar el expediente contractual al Fondo después de haberse liquidado el contrato? No
El contratista no puede cuestionar de forma efectiva los argumentos del tribunal que niegan sus pretensiones de incumplimiento contractual si no presenta una carga argumentativa específica y concreta contra dichos fundamentos. La Sala determina que el recurso de apelación no discute ni cuestiona los fundamentos del fallo de primera instancia, limitándose a reproducir hechos y argumentos de la demanda sin relacionarlos directamente con los razonamientos del tribunal. Esto implica que la apelación no cumple con los requisitos para ser admitida y, por lo tanto, la Sala modifica la decisión del tribunal al negar la prosperidad del recurso de apelación, reafirmando así la necesidad de una sustentación argumentativa precisa y directa en los recursos de apelación.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de interventoría respecto de la obligación de ajustar el amparo del riesgo de calidad del servicio contratado… ¿Resulta indemnizable el perjuicio alegado por el Fondo de Adaptación, consistente en la agravación del riesgo asegurado por la no actualización del amparo de calidad del servicio contratado… ¿Resulta procedente la condena en costas cuando no se impugna la negativa del a quo sobre su imposición y en los eventos en que el recurso de apelación prospera de forma parcial?
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Consejo de Estado Providencia

Procede aplicar el régimen de derecho privado al convenio objeto de controversia.

Sentencia — Sentencia 2026-08-10 Sección Tercera (Subsección A) ZORANNY CASTILLO OTÁLORA Rad. 52001233300020180020401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede aplicar el régimen de derecho privado al convenio objeto de controversia? Sí
El contratista puede aplicar el régimen de derecho privado al convenio objeto de controversia si este cumple con los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, que permite la asociación entre entidades estatales y privadas sin ánimo de lucro para desarrollar actividades vinculadas a los cometidos y funciones de la entidad estatal, y si el convenio no regula aspectos específicos que requieran del derecho público. La entidad estatal debe verificar que el convenio no se desvíe de su objeto y finalidad, y que las partes cumplan con sus obligaciones contractuales de coordinación, seguimiento y control. La Sala modificó la decisión anterior, declarando el incumplimiento del convenio tanto por parte del contratista como de la entidad asociada, debido a la falta de evidencias que acrediten el ejercicio efectivo de las labores de acompañamiento y seguimiento. Además, la entidad estatal puede amparar la garantía de cumplimiento con la cláusula penal actualizada dentro del límite asegurado en la póliza, siempre y cuando esta no amplíe la cobertura contratada ni constituya una obligación adicional a cargo del asegurador.síntesis automática
También resuelve: ¿Incumplió la ONIC los deberes contractuales de coordinación, seguimiento y control? ¿Amparó la garantía de cumplimiento la cláusula penal actualizada dentro del límite asegurado en la póliza? ¿Procede liquidar judicialmente el convenio de asociación y fijar un saldo a favor de la entidad únicamente por concepto de cláusula penal ante la falta de acreditación de recursos no ejecutados?
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Consejo de Estado Providencia

La nulidad derivada de la pretermisión íntegra de una instancia es insaneable, por lo tanto, en ningún caso los vicios derivados de esta irregularidad pueden ser subsanados.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve nulidades procesales 2025-02-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 47001233300020190067201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La nulidad derivada de la pretermisión íntegra de una instancia es insaneable, por lo tanto, en ningún caso los vicios derivados de esta irregularidad pueden ser subsanados? Sí
El Tribunal determina que la nulidad derivada de la pretermisión íntegramente de una instancia es insaneable, por lo que no admite la subsanación de los vicios generados por esta irregularidad, incluso si la parte afectada manifiesta su conformidad. Esta regla se fundamenta en la omisión del Tribunal Administrativo de efectuar el control de admisibilidad de la demanda presentada por la Aseguradora, impidiendo así el análisis de los presupuestos procesales y requisitos formales necesarios para su admisión, lo que afecta el debido proceso y el derecho de defensa de las partes. Además, la falta de traslado de la demanda a la UMAG en los términos del artículo 172 del CPACA, impide que esta pueda proponer excepciones y solicitar pruebas, configurando una causal de nulidad procesal insaneable que impide la adición de la sentencia en segunda instancia. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la imposibilidad de subsanar nulidades insaneables, lo que implica que los procesos en los que se produzca esta irregularidad quedarán anulados sin posibilidad de rectificación.síntesis automática
También resuelve: ¿La nulidad se configuró debido a que el Tribunal Administrativo no se pronunció sobre las pretensiones y cargos de nulidad formulados por la aseguradora… ¿La omisión del Tribunal configura una causal de nulidad procesal insaneable, lo que impide la adición de la sentencia en segunda instancia? ¿Las nulidades saneables el juez no puede declararlas de oficio, en cualquier estado del proceso, y de no haberse subsanado…
DECLARA NULIDAD
Consejo de Estado Providencia

No se desvirtuó la legalidad de las resoluciones acusadas

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020180035101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se desvirtuó la legalidad de las resoluciones acusadas y se estableció que las decisiones adoptadas en los actos administrativos enjuiciados son contrarias a derecho? No
Cuando el demandante no logra acreditar que las decisiones adoptadas en los actos administrativos son contrarias a derecho, la legalidad de esos actos se mantiene, porque la carga de demostrar el incumplimiento que se atribuye a la entidad recae sobre quien lo alega. La revisión de las pruebas aportadas y decretadas en el proceso debe permitir establecer que el incumplimiento estaba probado para que pueda anularse la decisión de la entidad. Además, la condena en costas tiene fundamento en el vencimiento de la parte, y no procede revocarla cuando el proceso no ventila un interés público, pues no se trata de una acción pública, de mera legalidad o de control objetivo. En el caso concreto, la entidad decidió sobre el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de interventoría, y el demandante no acreditó que tales supuestos estuvieran superados, de modo que la providencia de primera instancia que negó las súplicas fue confirmada, incluida la condena en costas. Como consecuencia práctica, quien impugne actos de incumplimiento debe demostrar con las pruebas del expediente que las obligaciones se cumplieron, pues la mera afirmación en la demanda o en la apelación no basta.síntesis automática
También resuelve: ¿La decisión de denegar las súplicas de la demanda en primera instancia fue acertada por corresponder con la realidad procesal y lo efectivamente probado? ¿Los incumplimientos objeto de investigación no fueron subsanados en modo alguno por parte de la universidad contratista? ¿El recurso de apelación trata de unos puntos que no fueron expuestos en las pretensiones, cargos de nulidad, ni en los fundamentos de hecho o de derecho?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No debe declararse la nulidad procesal de la sentencia de primera instancia, y de todos los actos del proceso hasta el auto admisorio de la demanda, porque hay un litisconsorcio necesario entre Allianz y la UT contratista.

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 85001233300020160006101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe declararse la nulidad procesal de la sentencia de primera instancia, y de todos los actos del proceso hasta el auto admisorio de la demanda, porque hay un litisconsorcio necesario entre Allianz y la UT contratista? No
El contratista no debe ser declarado en litisconsorcio necesario con la entidad aseguradora, ya que la relación entre ambas no es indispensable para que uno de ellos actúe en el proceso, configurándose así un litisconsorcio cuasinecesario. Además, las objeciones al dictamen pericial presentadas por la aseguradora no constituyen un error grave, afectando solo la credibilidad y solidez técnica de la prueba, pero no su validez. Asimismo, la UT contratista no tiene la obligación de corregir y ajustar los diseños de la obra, y el incumplimiento en la entrega de los planos no justifica hacer efectiva la garantía de cumplimiento por el 100% del valor estipulado, ya que no se demostró un nexo causal entre la deficiencia en los diseños y la inejecución de las obras. Por último, la entidad estatal rechaza la pretensión de nulidad de las resoluciones impugnadas, al no acreditarse adecuadamente la inversión del anticipo por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Los dictámenes periciales adolecen de error grave por las deficiencias técnicas y metodológicas expresadas por la parte demandante? ¿Le asistía a la UT contratista el deber de corregir y ajustar los diseños de la obra que eran objeto del contrato núm. 320 de 2011? ¿El contratista manejó e invirtió adecuadamente los recursos del anticipo pactado?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 reafirmó dicha competencia y la extendió inclusive a la posibilidad de tasar los perjuicios

Sentencia — Sentencia 2023-01-26 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233300020190309001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La competencia de la administración para declarar el incumplimiento y hacer efectivas las garantías del contrato, está sujeta al plazo de ejecución del mismo, por lo que, los actos administrativos demandados que contienen dichas decisiones se encuentran viciados de nulidad por falta de competencia temporal? No
El contratista no puede impugnar los actos administrativos mediante los cuales la entidad estatal declara el incumplimiento del contrato y hace efectivas la garantía única y la cláusula penal pecuniaria por falta de competencia temporal o falsa motivación, ya que la ley no limita el ejercicio de dicha competencia a la vigencia del contrato y las pruebas demuestran que el contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales. La Sala reitera que la entidad estatal puede declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectivas las garantías del mismo incluso después de vencido el plazo del contrato, siempre y cuando su finalidad sea obtener el pago de la garantía y la cláusula penal. Además, la Sala confirma que la entidad estatal puede desestimar la falsa motivación del acto administrativo si las pruebas aportadas demuestran el incumplimiento del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Los actos administrativos mediante los cuales Indeportes Antioquia declaró el incumplimiento del contrato, hizo efectiva la garantía única y la cláusula penal pecuniaria… ¿Hay lugar a reducir proporcionalmente el valor de la cláusula penal pecuniaria, debido a que, según la demandante, el incumplimiento del contrato no fue total? ¿Procede la condena en costas en contra de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación en el medio de control de controversias contractuales, esto es…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se presenta falta al principio de congruencia en el fallo de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2022-05-11 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 68001233300020130040902 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se presenta falta al principio de congruencia en el fallo de primera instancia? Sí
Se configura falta al principio de congruencia cuando el juez resuelve pretensiones que no fueron formuladas en la demanda, lo que constituye una decisión extra petita. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la demanda solo pidió la efectividad del amparo de cumplimiento de la garantía única, de modo que el tribunal no podía ordenar también la efectividad de los amparos de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. La segunda es que la intención del demandante era obtener la efectividad de la garantía solamente en cuanto al amparo de cumplimiento. En consecuencia, la Sala revoca el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia y suprime la condena contra la aseguradora por los aportes de seguridad social y parafiscales. Como obiter dictum, la providencia recuerda que, en el derecho privado, el beneficiario puede reclamar la efectividad del amparo a la aseguradora y, si la reclamación es objetada, acudir al juez del contrato. La nota de relatoría remite a una sentencia de 30 de julio de 2021 sobre el principio de congruencia, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿Al momento de presentar la reclamación formal, Ecopetrol adjuntó los documentos requeridos por las condiciones generales del contrato de seguro, tales como el contrato afianzado? ¿Se presentó inejecución de obligaciones contractuales que conllevaron a la paralización total de las actividades contratadas? ¿Es responsable la entidad demandante del incumplimiento del contrato?
Consejo de Estado Providencia

No le era exigible al demandado la obligación postcontractual de mantener la vigencia de los amparos posteriores

Sentencia — Sentencia 2025-04-04 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 15001233300020150073101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Le era exigible al demandado la obligación postcontractual de mantener la vigencia de los amparos posteriores a la terminación del contrato? No
La obligación de mantener vigentes los amparos posteriores a la terminación del contrato no es exigible al contratista cuando la cobertura se extingue por la toma de posesión y liquidación de la aseguradora, si no obra constancia de que el contratista fue informado por los medios legalmente establecidos de la terminación del contrato de seguro. En ese supuesto, la insatisfacción del interés de la entidad estatal en mantener el riesgo de estabilidad y calidad de la obra no constituye un incumplimiento imputable al contratista, porque se trata de un acontecimiento extraño que impide atribuirle el desamparo a su hecho o culpa. El régimen de los contratos de seguro terminados por la toma de posesión de la aseguradora prevé la devolución al tomador del porcentaje no devengado de la prima. En el caso concreto, no obra constancia de que el consorcio constructor hubiera sido informado de la terminación del seguro y no se probó que se le devolviera la prima no devengada, de modo que la sentencia fue confirmada. Como consecuencia práctica, la entidad que pretenda imputar al contratista el desamparo de la garantía postcontractual debe acreditar que este conoció la terminación del amparo o que recibió la prima no devengada.síntesis automática
También resuelve: ¿Atendiendo que no se configuró el incumplimiento contractual reprochado al consorcio constructor, es improcedente pronunciarse sobre la indemnización de perjuicios solicitada en la demanda? ¿El esquema general del proceso de contratación estatal se desarrolla a través de las fases precontractual, contractual y postcontractual? ¿Una de las obligaciones a cargo del contratista, es el amparo de la calidad y estabilidad cuya cobertura inicia desde la entrega a satisfacción de las obras, hasta el término acordado ex post?
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Consejo de Estado Providencia

La Sala se pronunciará de fondo porque la demanda fue presentada dentro el término de caducidad

Sentencia — Sentencia 2023-03-01 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 41001233100020110033801 ACCION CONTRACTUAL
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales, presentada para solicitar la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se declaró y confirmó el siniestro de estabilidad de las obras amparadas con la Garantía Única de Cumplimiento, inicia a partir de la desfijación del edicto que notificó la decisión del recurso de reposición con el que se agotó la vía gubernativa, por lo que, dada la fecha de presentación de las demandas, se tiente que esta fue dentro del término de Ley? Sí
La entidad estatal que pretende hacer efectiva la garantía única de cumplimiento por el siniestro de estabilidad de una obra pública se somete a las reglas de caducidad de la acción de controversias contractuales y de prescripción frente a la compañía de seguros. Por un lado, el cómputo del término de caducidad previsto en el artículo 136 del CCA para demandar la nulidad de los actos que declaran y confirman el siniestro inicia desde la desfijación del edicto que notifica la resolución del recurso de reposición con el cual se agota la vía gubernativa. Por otro lado, conforme al artículo 1081 del Código de Comercio, la prescripción de dos años corre desde que la administración tuvo o razonablemente debió tener conocimiento del daño o hecho que da base a la acción, sin cualificación alguna. Dicho plazo para reclamar o expedir el acto administrativo no se posterga hasta la práctica de pruebas ni se amplía con el término concedido al contratista para reparar los imperfectos de la obra.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe declarase la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro alegada por la aseguradora, considerando que está probado que transcurrieron más de dos años entre el… ¿La contratista demostró haber cumplido su obligación de garantizar la estabilidad de la obra realizando las reparaciones acordadas, y que el valor de las mismas…
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Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

Sentencia — Sentencia 2026-07-17 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 44001233300020130013501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, dado que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia contractual, conforme al artículo 104 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA). Esta competencia se fundamenta en que la demanda se dirige contra una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios y que la pretensión supera los 500 SMLMV, lo que se ajusta a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Además, el contrato de obra celebrado por la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado, conforme al artículo 31 de la Ley 142 de 1994, y las resoluciones emitidas por la empresa se consideran actos contractuales de derecho privado. La aseguradora que expidió la póliza de garantía contractual para el contrato de obra también tiene legitimación en la causa por activa para demandar, ya que tiene un interés jurídico directo en la controversia. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para resolver recursos de apelación en casos de doble instancia y confirma la naturaleza privada de los actos contractuales de las empresas de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato de obra que tuvo por objeto la construcción del acueducto y alcantarillado se rige de modo preferente por el derecho privado? ¿A la aseguradora demandante le asiste un interés jurídico para demandar y se encuentra legitimada en la causa por activa… ¿El juez de lo contencioso administrativo en sede de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule…
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Consejo de Estado Providencia

Las manifestaciones de voluntad de la entidad demandada tienen connotaciones y efectos homólogos a los actos jurídicos

Sentencia — Sentencia 2026-03-13 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 44001234000020130013401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las manifestaciones de voluntad de la entidad demandada, tienen connotaciones y efectos homólogos a los actos jurídicos que se desarrollan en el tráfico negocial de los particulares? Sí
El contratista puede ejercer facultades unilaterales en contratos sometidos al derecho privado por disposición legal, siempre y cuando estas estén pactadas de manera clara y expresa en el acuerdo de voluntades, en virtud de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos. La entidad estatal no puede suspender unilateralmente el plazo de ejecución del contrato sin un acuerdo mutuo o en ausencia de causas de fuerza mayor o caso fortuito, y estas facultades no tienen efectos una vez vencido el plazo contractual según lo pactado. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la aplicación del derecho privado en contratos estatales, matizando que aunque las manifestaciones de voluntad de la entidad estatal tienen efectos homólogos a los actos jurídicos privados, deben respetar los principios de la función administrativa y las inhabilidades e incompatibilidades del EGCAP.síntesis automática
También resuelve: ¿El negocio jurídico se consideraría vigente una vez perfeccionado y hasta el momento de su liquidación definitiva? ¿En los contratos sometidos al derecho privado por disposición legal, pueden pactarse y ejercerse facultades unilaterales en virtud de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos? ¿El régimen jurídico de los acuerdos de voluntades suscritos entre la contratista y Acuavalle, y los actos jurídicos de esta última, eran de derecho privado?
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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-04-24 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 25000233600020180007801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La demandante y la coadyuvante gozan de legitimación para solicitar que se declare la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro, considerando que el consorcio por ellos constituido hizo parte de la relación prestacional derivada de dicho contrato de seguro, en condición de tomador? Sí
Los integrantes de un consorcio que figura como tomador de un contrato de seguro tienen legitimación para solicitar la declaratoria de prescripción ordinaria de la acción derivada de ese contrato cuando la afectación de la garantía impacta de forma inevitable sus intereses patrimoniales. La regla se sostiene en que quienes forman parte de la relación prestacional derivada del seguro, en calidad de tomadores, tienen un interés legítimo en la declaración que pretenden, aunque el fenómeno extintivo afecte directamente a la aseguradora. Por ello, el interés no se limita a la aseguradora cuando el amparo afecta el patrimonio de quien contrató el seguro. En el asunto, el tribunal había negado esa legitimación con el argumento de que la prescripción solo afectaba a la aseguradora, pero la Sala reconoció el interés de las sociedades integrantes del consorcio tomador y modificó la decisión. En la práctica, el tomador que integra un consorcio puede pedir la prescripción de la acción de seguro cuando la garantía afecta su patrimonio.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales el SENA declaró la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra pública y, consecuencialmente… ¿Dada la nulidad de los actos administrativos demandados, resultan procedentes las pretensiones de restablecimiento del derecho consecuenciales? ¿En vigencia del CPACA resulta procedente la condena en costas en contra de la parte vencida en el proceso?
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Consejo de Estado Providencia

La condena solicitada en la pretensión 3ª de la demanda no corresponde a la indemnización de perjuicios causados por la expedición de esos actos administrativos.

Sentencia — Sentencia 2026-10-19 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020180098501 Controversias contractuales
¿Opera la caducidad respecto de la pretensión tercera cuando los perjuicios reclamados corresponden a costos y gastos causados antes de la expedición de las Resoluciones 083 y 120 de 2016? Sí
El contratista no puede presentar una pretensión indemnizatoria por costos y gastos causados antes de la liquidación del contrato o antes de la expedición de resoluciones que generen perjuicios, ya que el término de caducidad para demandar comienza a correr desde la fecha de liquidación del contrato o desde la expedición de las resoluciones que causen los perjuicios. En este caso, la Unión Temporal reclamó costos y gastos que se originaron antes de la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato, el 8 de junio de 2012, y antes de la expedición de las Resoluciones 083 y 120 de 2016. La Sala determinó que el término de caducidad para la pretensión tercera venció el 9 de junio de 2014, y la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 7 de septiembre de 2018, cuando ya había operado la caducidad. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente, estableciendo que la caducidad opera respecto de la pretensión tercera cuando los perjuicios reclamados corresponden a costos y gastos causados antes de la expedición de las resoluciones mencionadas, lo que implica que el contratista debe presentar sus reclamos dentro del término legal para evitar la caducidad.síntesis automática
También resuelve: ¿Conserva la entidad estatal la facultad de reclamar al contratista los perjuicios derivados de defectos cubiertos por los amparos de calidad y correcto funcionamiento que afloran durante la vigencia… ¿Acreditó la Unión Temporal que las condiciones locativas, ambientales o eléctricas de las aulas causaron los defectos de funcionamiento posteriores del simulador? ¿Impide la liquidación bilateral sin salvedades atribuir al Ejército los defectos de funcionamiento con fundamento en el incumplimiento de obligaciones anteriores comprendidas en el balance…
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Consejo de Estado Providencia

Las partes podían liquidarlo bilateralmente entre el 1° de agosto y el 1° de diciembre de 2017 y de no hacerlo

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 63001233300020190024601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La presentación de la demanda resulta oportuna tal como acertadamente lo concluyó el Tribunal a quo? Sí
La entidad contratante y los extremos procesales calculan el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir del vencimiento del plazo conferido para la liquidación bilateral y el posterior periodo de liquidación unilateral, configurándose la oportunidad procesal en la presentación de la demanda dentro de los plazos legales vigentes, mientras el juez interpreta la ocurrencia del siniestro del contrato de seguro de cumplimiento conforme al conocimiento efectivo de la inobservancia de las obligaciones contractuales pactadas, sin que resulte admisible concebir dicha póliza bajo las reglas del seguro de responsabilidad civil consagradas expresamente en el artículo 1131 del Decreto 410 de 1971 dentro de la actuación procesal adelantada por la respectiva autoridad judicial competente.síntesis automática
También resuelve: ¿El municipio de Armenia tenía dos años para acudir en forma oportuna ante la jurisdicción, sin embargo, la entidad territorial presentó la demanda cuando ya había operado la prescripción de la… ¿La Sala comparte el argumento expuesto en la providencia recurrida que concibe el seguro de cumplimiento como un seguro de responsabilidad? ¿El contrato era de aquellos que requerían liquidación pero esta no se llevó a cabo por las partes de común acuerdo ni de forma unilateral por la administración?
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El contratista incumplió sus obligaciones

Sentencia — Sentencia 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100020060012701 ACCION CONTRACTUAL
¿El contratista incumplió sus obligaciones respecto de la programación de la obra desde un inicio? Sí
El contratista incumple sus obligaciones respecto a la programación de la obra desde el inicio, lo que se evidencia por retrasos superiores al 25% mensual en la inversión y metas físicas, sin que las modificaciones en los planos por parte de la interventoría justifiquen estos atrasos. La entidad no incumple al modificar los planos, previsto en el contrato, y el contratista no acredita justificación alguna para su incumplimiento. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reforzando que el incumplimiento del contratista en la programación inicial invalida la excepción de contrato no cumplido, con implicaciones significativas para la responsabilidad contractual y la ejecución de obras públicas.síntesis automática
También resuelve: ¿La demandante aceptó que conocía los motivos que dieron lugar a declarar la caducidad del contrato antes de que se expidiera ese acto administrativo? ¿Los incumplimientos que dieron lugar a la declaratoria de caducidad estaban relacionados con la falta de ejecución de la obra? ¿Para el momento en que se ejecutaron las obras extras ordenadas por la Interventoría, el contratista ya había incumplido la programación de la obra ordinaria?
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Tampoco es suficiente dicho argumento para desvirtuar la cuantificación de los perjuicios del acto demandado

Sentencia — Sentencia 2024-02-05 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020090087102 ACCION CONTRACTUAL
¿El proceso de contratación directa para la construcción de las obras resulta suficiente para desvirtuar la existencia de los perjuicios sufridos por la entidad contratante? No
La existencia del perjuicio por la entrega deficiente del objeto de un contrato de consultoría no se desvirtúa con argumentos sobre el proceso de contratación directa posterior, sino con prueba de que el producto cumplía las exigencias contractuales de calidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la frustración del objeto pactado en la consultoría fue determinante, y el argumento sobre la contratación directa no acredita que los productos satisficieran la necesidad contratada. Segunda, la cuantificación del perjuicio se fundó en la efectividad del amparo de calidad por el valor asegurado, y esa cuantificación no fue desvirtuada por la parte actora. Tercera, conforme a la carga de la prueba, quien alega el cumplimiento de la calidad debía demostrarlo. La providencia revoca la decisión de primera instancia y mantiene la cuantificación del acto. La consecuencia práctica es que el contratista que pretende desvirtuar la indemnización por calidad deficiente debe probar la calidad del producto y no basta con la existencia de otro proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve: ¿Los productos resultantes de la consultoría satisficieron la necesidad para la cual fueron contratados? ¿El dictamen pericial carece de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que le dieron sustento al acto administrativo demandado? ¿La declaratoria del siniestro trató de ocultar la negligencia en adelantar la construcción de la obra?
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