Titulación de la relatoría 34.861 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
DEMANDA DE RECONVENCIÓN / NATURALEZA DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN / REQUISITOS DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO PARA INTERPONER LA DEMANDA / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / FALTA DE SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El término para presentar la demanda de reconvención transcurre de forma independiente al del libelo del accionante principal y no se beneficia de la suspensión que haya efectuado este último en el trámite conciliatorio?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 177 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 – CPACA), el demandado cuenta con la alternativa de formular, dentro del término del traslado de la admisión de la demanda, sus propias pretensiones en contra de quien o quienes fungen como demandantes principales, siempre y cuando el juez de la causa principal tenga competencia para tramitar igualmente sus reclamos y éstos no estén sometidos a un trámite especial. (...) Mediante esta posibilidad, la parte pasiva del proceso ejerce su propio derecho de acción de forma independiente respecto de quien obra como promotor principal, razón por la cual representa una controversia diferente de la original. En ese sentido, la demanda de reconvención debe satisfacer todos los requisitos exigibles a este acto procesal, entre los cuales se encuentra la formulación dentro del término de caducidad de la acción. (...) Ahora, si bien es cierto que, por las características mismas de la demanda de reconvención, la jurisprudencia no exige el agotamiento previo de la conciliación extrajudicial para su presentación, no lo es menos que el cómputo del plazo para acudir a la jurisdicción es autónomo, razón por la cual la presentación de la demanda principal no incide en su contrapuesta. (...) Así, al ser independiente el cumplimiento de este presupuesto, el término para la presentación oportuna de la demanda de reconvención puede transcurrir de manera paralela, pero no común, al de la reclamación principal. En tal sentido, si el trámite conciliatorio sobre esta no tuvo como objeto el debate de las pretensiones planteadas por el contrademandante en sede judicial, no podría extenderse la pausa en el conteo en beneficio del actor principal al extremo que promueve la reconvención.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los requisitos de la demanda de reconvención, consultar providencia de 28 de febrero de 2019, Exp. 61011, C.P. María Adriana Marín. Acerca de la conciliación prejudicial como un requisito de procedibilidad que no resulta exigible a la demanda de reconvención, consultar providencia de 25 de octubre de 2019, Exp. 62581, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la imposibilidad de tener en cuenta el término de suspensión por presentación de la conciliación prejudicial de la demanda principal, en el cómputo de la caducidad de la acción de la demanda de reconvención, consultar providencias de 14 de agosto de 2013, Exp. 45191, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 5 de mayo de 2020, Exp. 64281, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 177
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El contrato interadministrativo en contraste con el convenio, se caracteriza por ser un acuerdo de voluntades suscrito entre entidades públicas en el que persiguen intereses contrapuestos y existe un intercambio económico de bienes o servicios a cambio de una contraprestación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala encuentra que el acuerdo de voluntades examinado comenzó el 12 de junio de 2007 (según acta de inicio). Conforme a la cláusula quinta, modificada por última vez mediante “CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO No. 5”, el plazo de ejecución era de 38 meses, el cual se suspendió entre el 8 de abril y el 9 de julio de 2010, con lo cual culminó el 13 de noviembre de 2010. La cláusula décima segunda previó que la liquidación bilateral se efectuaría dentro de los “cuatro meses siguientes al vencimiento del término del presente convenio”, de manera que la última fecha señalada debe tomarse como hito para ello. (...) Por sus características, el negocio analizado es uno de aquellos que, según el artículo 60 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), debe ser objeto de liquidación. Contrario a lo concluido por el a quo, el acuerdo de voluntades no corresponde a un convenio interadministrativo en los términos del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, sino que se trata de un verdadero contrato suscrito entre dos entidades públicas, en síntesis, porque (i) con su objeto no se persiguió satisfacer una necesidad común a ambas, sino que la Universidad prestó su colaboración para efectuar la interventoría de unas obras de saneamiento propias del municipio; (ii) los compromisos asumidos por las partes no dan cuenta de actividades conjuntas en procura de un proyecto común, sino de obligaciones recíprocas en las que existía una remuneración a cargo de la entidad y en favor de la USCO, actuando así bajo intereses disímiles (las partes, inclusive, pactaron un anticipo); y (iii) la suma que se afirma aportada por el ente universitario no es contradictoria con la naturaleza contractual del negocio, y atañía a gastos propios de dicha institución, más otros conceptos no relacionados directamente con la ejecución del objeto, además de ser un valor desproporcionado en comparación con el que debía desembolsar la entidad territorial.
FUENTE FORMAL:
LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna la demanda de reconvención de controversias contractuales formulada por la Universidad Surcolombiana, con la que pretendió el reconocimiento de los valores adicionales en los que dijo incurrir por las prórrogas en las labores de vigilancia en el marco de un contrato interadministrativo, considerando que término de caducidad de su acción no resulta suspendido con la solicitud de conciliación prejudicial que realizó la demandante principal?
Respuesta al problema jurídico: Si
Al tratarse (...) de un contrato interadministrativo, regido por el EGCAP (por ser la normativa que regula la generalidad de los contratos que celebra el municipio), el mismo debía ser liquidado conforme a las reglas del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, esto es, “de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto”, o, de no efectuarse en ese lapso, de manera unilateral por la entidad “dentro de los dos (2) meses siguientes”. Conforme a lo expuesto, el lapso de liquidación bilateral transcurrió hasta el 14 de marzo de 2011, y el de liquidación unilateral concluyó el 15 de mayo de 2011. Con ello, el bienio para la presentación oportuna de la demanda, según el apartado v) del artículo 164.2 del CPACA, concluyó el 16 de mayo de 2013. Así, la demanda de reconvención, formulada el 27 de junio de 2013, fue extemporánea. (...) Ahora bien, la anterior conclusión, se insiste, no se ve desestimada por el hecho de que la demandante principal haya suspendido el término de caducidad de su acción con la presentación de su solicitud de conciliación prejudicial, lo que ocurrió el 25 de octubre de 2012. Según el acta del 3 de diciembre del mismo año, expedida por el Procurador 153 Judicial II Administrativo de Neiva, el trámite, que fue declarado fallido, versó únicamente sobre las pretensiones que formuló la entidad territorial, esto es, la liquidación del “convenio” y el reembolso de los “valores girados y no ejecutados por parte de la Universidad”, actualizados a la fecha del pago de esas sumas. Dada la ausencia de identidad entre las pretensiones de uno y otro libelo, la suspensión predicada del acercamiento conciliatorio no puede cobijar el cómputo de la acción que ejerció la USCO como demandante en reconvención. (...) Así las cosas, a diferencia de la actora principal, para la fecha en que planteó sus propias pretensiones dentro del presente trámite, el derecho de acción del ente universitario había fenecido. De esta manera, la Sala deberá declarar la caducidad por la presentación inoportuna de la demanda de reconvención.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 PÁRRAFO 5
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / DEMOSTRACIÓN DE LA INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FALTA DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Incurrió el Tribunal en un vicio de incongruencia, al haber declarado el incumplimiento parcial por parte de la Universidad, pese a que ello no fue solicitado en la demanda del municipio?
Respuesta al problema jurídico: Si
La USCO acusó la incongruencia entre la sentencia de primera instancia y las pretensiones específicamente entabladas por la Administración, porque a pesar de no haber sido pretendida la declaración de su incumplimiento, el fallo del Tribunal determinó que aquella sí infringió los términos pactados. (...) De cara a ello, se encuentra que en el escrito de la demanda no se consignó ninguna acusación de incumplimiento de las obligaciones del negocio jurídico endilgado a la demandada principal, sino que enfiló a obtener la liquidación del negocio a partir de la omisión en la devolución de los recursos que, a su juicio, no fueron ejecutados. (...) En efecto, aunque con ese libelo el municipio reclamó intereses moratorios, que conceptualmente podrían implicar que el acreedor entiende que su deudor incurrió en incumplimiento por la tardanza en el pago de una obligación debida, la ausencia de la respectiva pretensión procesal no permite que la Judicatura deduzca súplicas que no fueron formuladas por la parte interesada en proponerlas, yendo en contravía del deber de congruencia establecido en las normas procesales. Los términos del petitum perfilado y formulado por la entidad territorial no habilitan la realización de inferencias que conduzcan a dar por sentado que exteriorizó una súplica por incumplimiento contractual. A su vez, incluso si se pudiese conjeturar la presencia de esa pretensión, ello resulta indiferente, es decir, no habría lugar al reintegro reclamado, porque -como se determinará infra- no medió una separación del negocio jurídico por parte de la USCO. (...) Por lo tanto, y dado que la demanda de reconvención, en la que sí se elevó el pedimento relativo al incumplimiento del municipio, fue -a su vez- extemporánea, la Sala encuentra procedente la impugnación del ente universitario en este punto y, por ello, revocará el numeral primero de la sentencia impugnada, dando así respuesta afirmativa al primer problema jurídico planteado.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281
INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ / CLASES DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN EFECTIVA, ÚTIL O CONSERVATORIA DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL CONTRATO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / LÍMITES A LA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La interpretación de los contratos debe auscultar la intención de los contratantes más allá de la literalidad de las palabras, e involucra un entendimiento conjunto y conveniente a la ejecución de las prestaciones pactadas?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala trae a colación los artículos 1618 a 1624 del Código Civil (CC), en los que se establecen los principios y reglas de interpretación de los contratos, aplicables íntegramente a los negocios jurídicos que celebran las entidades estatales, de las cuales predominan, de una parte, el criterio subjetivo encaminado a la búsqueda y a la preservación del querer de las partes en la celebración del negocio; y de otra, la buena fe, como fuente de parámetros éticos a lo largo de todo el desarrollo contractual desde su negociación hasta su liquidación, parámetros concordantes con aquellos previstos en el artículo 28 de la Ley 80 de 1993. Ahora, si se está en presencia de un pacto cuyo clausulado es armónico, coherente y no arroja dudas sobre el sentido y la voluntad de los contratantes, resulta inadecuada una apreciación que deforme los propósitos o fines prácticos procurados por los contratantes; sólo en esa hipótesis de congruencia entre el texto y la intención cabe la máxima “in claris non fit interpretatio”. (...) Así, siendo la finalidad convergente de las partes el objetivo primordial del intérprete, surge el mandato legal de no limitación al texto literal (CC, art. 1618), así como los cánones hermenéuticos objetivos detallados en la legislación civil, dentro de los cuales está el de conservación de los actos jurídicos, prefiriendo el sentido que pueda producir algún efecto (CC, art. 1620); y la regla de interpretación contextual (CC, art. 1622 – inciso primero) según la cual las “cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los principios y reglas de interpretación de los contratos, consultar providencias de 11 de febrero de 2009, Exp. 16100, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 21 de junio de 2018, Exp. 40353. C.P. María Adriana Marín; de 16 de diciembre de 2022, Exp. 56294, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de la Corte Constitucional, C-892 de 22 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 5 de julio de 1983, M.P. Humberto Murcia Ballén; de 1 de agosto de 2002, Rad. 6907, M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1620, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1622
FORMACIÓN DEL CONTRATO / CONTENIDO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / ALCANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / OBJETO DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Los considerandos de un contrato o de sus posteriores modificaciones tienen por finalidad dar contexto al intérprete del acuerdo sobre los motivos que antecedieron la celebración del negocio jurídico, pero no pueden confundirse ni suplantar el clausulado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]os considerandos de un contrato o de sus posteriores modificaciones permiten al intérprete conocer las finalidades, intenciones y condiciones personales de las partes, y las demás sustentaciones fácticas relevantes que rodearon la celebración del acuerdo, y su función consiste en dar sentido y contexto a lo pactado. (...) Los considerandos de un contrato o un acuerdo modificatorio no pueden confundirse ni suplantar el clausulado. Su inclusión, que no es imperativa, obedece a razones prácticas, en las que el intérprete del texto contractual puede conocer el contexto y los motivos que antecedieron y justificaron su celebración. (...) En lo que a este caso refiere, se advierte que la anotación en el encabezamiento del otrosí (pago por “obra ejecutada”) difiere de aquello que fue clara y explícitamente objeto de alteración convencional (variación de los términos) por lo que esa glosa no impactó los tres instalamentos a los que se aludió ab initio en la cláusula cuarta, la cual permaneció incólume.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FORMALIDADES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / SOLEMNIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / SOLEMNIDAD DEL CONTRATO / REQUISITOS DE EXISTENCIA DEL CONTRATO / REQUISITOS DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS LEGALES DE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO / REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / REEMBOLSO DEL CAPITAL / DEVOLUCIÓN DE DINERO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / REVOCATORIA DE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Desacertó el a quo al condenar a la Universidad a devolver la suma correspondiente a los cuatro contratos cuya interventoría fue asumida por un tercero ajeno al negocio jurídico, por considerar que se modificó la forma de pago mediante el otrosí del 24 de octubre de 2007, y se varió el alcance de las prestaciones pactadas extrayendo cuatro (4) contratos de la interventoría que ejercería el ente universitario?
Respuesta al problema jurídico: Si
En su apelación, la USCO cuestionó que el Tribunal haya entendido que, con el otrosí al negocio, se modificó la forma de pago, y arguyó, a la luz de la estructura de costos presentada con la oferta inicial, que “no es adecuado determinar el costo de la Interventoría como un valor fijo o por obra ejecutada, pues el otro si [sic] de fecha 24 de octubre no modificó las cláusulas contractuales que determinan lo aquí planteado”. También criticó la orden de reembolso porque consideró que la exclusión de los cuatro (4) contratos por la asignación de su vigilancia a un tercero supuso una modificación inadecuada al contrato. (…) Al apreciar los elementos de prueba (…), esta Subsección considera acertado el criterio expresado por la Universidad en su recurso como demandada, y no comparte la tesis del Tribunal que entendió modificada la forma de pago por medio del otrosí suscrito el 24 de octubre de 2007. Contrario a lo considerado por el a quo, esta reforma únicamente tuvo el propósito de alterar los denominados plazos de ejecución y de vigencia, y no de variar la forma de pago contenida en la cláusula cuarta del acuerdo de voluntades, pese a que en los antecedentes plasmados en el documento se haya mencionado esa materia. Esta alusión, de acuerdo con la sustentación del otrosí, se refería al pago del personal que sería contratado para adelantar las labores de interventoría y no a la estructura de remuneración económica contenida en el “convenio” (el anexo del otrosí mantuvo el mismo valor total) (…). La modificación de los contratos interadministrativos, regidos por el EGCAP, requiere de mutuo acuerdo sobre objeto, contraprestación y cumplimiento de la solemnidad por escrito para que surja a la vida jurídica. Las pretensiones de responsabilidad contractual deben partir de la existencia de obligaciones que acaten estos requisitos. Las comunicaciones de terceros, e incluso el ejercicio de interpretación de las cláusulas del contrato, no pueden pasar por alto las exigencias expresamente dictadas por el legislador. (…) Así, tomando en cuenta la naturaleza contractual y no convencional de este negocio jurídico, dicho entendimiento no puede desconocer que las partes son las encargadas de realizar las variaciones que estimen pertinentes a lo inicialmente pactado, lo cual mantiene su fuerza vinculante hasta tanto no sea modificado por voluntad de los contratantes (principio de “pacta sunt servanda”). En tal sentido, en este tipo de acuerdos no es viable que ninguno de ellos varíe lo pactado sin aquiescencia de su contraparte, máxime cuando el EGCAP es expreso en proscribir el pacto y ejercicio de cláusulas excepcionales en los contratos interadministrativos, entre ellas, la de modificación unilateral. Además de ello, el estatuto contractual prevé la exigencia de la forma escrita para el perfeccionamiento tanto del acuerdo de voluntades como el de sus variaciones, lo que implica que cualquier acuerdo separado de esta solemnidad debe reputarse inexistente. (…) En el sub lite, está demostrado que el Municipio y la USCO reformaron la cláusula quinta que regulaba el plazo en múltiples ocasiones, pero sólo en una de ellas (el “adicional” núm. 1 del 19 de diciembre de 2007) añadieron el monto contractual en doscientos setenta millones de pesos ($ 270’ 000.000), con el fin de efectuar la vigilancia sobre dos nuevos convenios y adiciones en otros seis ya previstos como objeto de interventoría por el ente universitario. El resto del clausulado permaneció intacto. (...) Con todo, en lo que atañe a una supuesta decisión unilateral de reducir el alcance de los trabajos por cuenta de la interventoría realizada por FONADE (alegado por la USCO en su recurso), fue demostrado que las Empresas informaron que cuatro convenios de obra previstos en la cláusula primera del acuerdo de voluntades ya no deberían ser objeto de esta interventoría por dicha razón. En el presente litigio, las partes afirmaron y no controvirtieron el hecho de que tales convenios no fueron materialmente objeto de las labores de supervisión y vigilancia por parte de la USCO. Sin embargo, estas circunstancias no implicaron una alteración al contrato adoptada exclusivamente por el municipio, ya que la comunicación no surgió del mutuo acuerdo de los contratantes ni satisfizo la formalidad necesaria para su perfeccionamiento. (…) Una vez establecido lo anterior, es de colegir que, pese a ser impreciso el criterio de la USCO al afirmar en su apelación que la entidad territorial había modificado unilateralmente y de forma irregular el alcance de las obras, lo cierto, desde una perspectiva sustancial y a la luz de lo probado es que, de manera similar a la forma de pago, las obras a vigilar tampoco fueron reformadas. Esto conlleva a que, en relación con estos segmentos del negocio jurídico pactado, las partes estaban obligadas a someterse a los términos estipulados que nunca fueron replanteados, circunstancia deducida de lo alegado por la demandada apelante, que está inexorablemente llamada a trascender en la liquidación y en la orden consecuencial de reembolso que adoptó el fallo recurrido, como pasa a verse. (…) [L]a ausencia de acuerdo modificatorio de las estipulaciones referidas a la forma de remuneración y al alcance de los trabajos objeto de interventoría, refleja claramente la falta de obligaciones preexistentes, surgidas del negocio jurídico, que funjan como presupuesto de la responsabilidad patrimonial por incumplimiento contractual. Esto, sumado a la incongruencia del fallo (…), le da la razón a la USCO, como apelante y contradictora de la demanda principal, en cuanto que no podía ser declarada su responsabilidad patrimonial por el desconocimiento de lo pactado y, sobre esa base, ordenarse el reintegro de las sumas que reclamó el municipio.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de las solemnidades que deben cumplir las modificaciones contractuales, consultar providencias de 18 de febrero de 2010, Exp. 15596, C.P. Mauricio Fajardo Gómez (E); de 30 de abril de 2021, Exp. 64096, C.P. Nicolás Yepes Corrales. Sobre los requisitos para declarar la responsabilidad por incumplimiento contractual, consultar providencias de 14 de marzo de 2016, Exp. 30542, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 21 de mayo de 2021, Exp. 53134, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 39, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / REEMBOLSO DEL CAPITAL / DEVOLUCIÓN DE DINERO / NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO / FALTA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Fue equívoco el cálculo realizado por el a quo frente al valor que la Universidad, según el fallo de primera instancia, debió reintegrar al municipio, dado que desconoció que el valor de las interventorías no ejecutadas debía calcularse sobre el valor real al cual ascendieron las obras que finalmente fueron excluidas?
Respuesta al problema jurídico: No
La entidad territorial enfocó sus reparos en el ejercicio de liquidación contractual realizado por el Tribunal. Bajo su criterio, allí debieron reconocerse las sumas que, junto con su demanda, expuso en un listado de los “CONTRATOS A LOS CUALES SE LES EJERCIÓ LA INTERVENTORÍA A TRAVÉS DEL CONVENIO 111-2007” en el que relaciona 64 negocios por un valor ejecutado total de “$21.891.959.766.52”, suma de la cual deduce que el “APORTE” del municipio correspondería a la suma de $1.094.597.988,33, descontando los “$1.119.333.052,52” que afirma deben ser devueltos por la USCO. La apelación sostiene que estas cifras estaban soportadas en “cada uno de los informes” de interventoría aportados por la Universidad con la contestación de la demanda. (…) Sin embargo, tales elementos dan cuenta del desarrollo periódico de la interventoría sobre los trabajos durante la vigencia del negocio, pero no así del valor pactado y ejecutado de cada uno de esos contratos de obra cuya acreditación requería documentación perteneciente a dichos procesos contractuales, que reflejen con precisión esos acuerdos (con la determinación de su valor y plazo finales), bien sea la terminación, entrega y/o liquidación, de los vínculos entre EPN y los contratistas de obra. Así las cosas, la Sala no encuentra probado un valor total de las obras contratadas, diferente al que quedó plasmado en la cláusula primera del negocio jurídico. (…) Además, si en gracia de discusión se hubiese allegado dicha prueba, lo cierto es que el precio previsto en las cláusulas tercera y cuarta del negocio (que ascendió a $ 2.466.244.000 tras el adicional no. 1), no se hizo depender de un porcentaje de los valores correspondientes a las obras vigiladas, sino que se pactó como un rubro fijo pagadero en tres instalamentos, situación que observó el Tribunal al determinar el balance final del contrato. En tal sentido, no tendría ninguna incidencia el valor total de las obras de saneamiento ejecutadas, pues ese guarismo únicamente fue tenido en cuenta para efectos de tasar la apropiación presupuestal requerida para el pago de la interventoría contratada. Ello impide a la Sala acceder al cargo de la apelación de la entidad territorial fundamentado en el cálculo del valor cuya devolución se ordenó a la USCO y que, a su juicio, fue inexacto.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / REVOCATORIA DE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿En la liquidación judicial del contrato interadministrativo debía descontarse el monto equivalente al 5% del valor total concertado y ejecutado?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a entidad reprochó la decisión de primera instancia por haber declarado el incumplimiento en el último de los pagos (correspondiente al 5% final), pues “dicho recurso no se giró por cuanto el municipio de Neiva había girado más del 95% del valor total de los aportes pactados, y por tanto, más del 100% de lo realmente ejecutado”. En cuanto este aspecto, no hay elementos de juicio que permitan darle asidero a la afirmación hecha por el Municipio en su recurso, toda vez que, más allá de menciones tangenciales sobre comprobantes de pago en un oficio creado por la propia entidad territorial, dichos recibos no fueron allegados al plenario, lo que impide dar cuenta del monto exacto de las transferencias supuestamente hechas al contratista, o de que los recursos desembolsados hayan superado el total de lo efectivamente ejecutado. (…) Sobre el descuento del 5% efectuado por el Tribunal, referido al “Pago final” dispuesto por la cláusula cuarta del acuerdo de voluntades, a la entidad territorial le asiste razón en sostener que no fueron acreditados los presupuestos convenidos para su reconocimiento y correspondiente desembolso, es decir, la firma del acta de terminación y el informe final con aval del supervisor del municipio, lo que impide incluir este rubro dentro de la liquidación del negocio.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REVOCATORIA DE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Erró el Tribunal al declarar el incumplimiento parcial del contrato interadministrativo por parte del municipio?
Respuesta al problema jurídico: Si
[N]o era viable tener en cuenta lo manifestado por la USCO en su demanda de reconvención, comoquiera que la misma fue inoportuna, lo que impone responder de forma afirmativa el último problema jurídico planteado (derivado de la apelación de la entidad territorial), en tanto no era dable acceder a la declaratoria de incumplimiento allí deprecada por esa razón.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Resulta procedente efectuar la liquidación judicial del contrato interadministrativo cuando se observa que no existen insumos suficientes para realizar tal operación
Respuesta al problema jurídico: No
[S]e torna imposible determinar si la Universidad percibió más -o menos- cantidad de dinero que la que se le debía, incluso tomando en consideración los 4 contratos sobre los que, según se afirmó, no se ejecutó la interventoría. En tal sentido, se concluye que el Tribunal sí erró en el cálculo del valor que la Universidad, según se adujo, debió reintegrar al municipio, y al ordenar a la USCO devolver la suma correspondiente a los cuatro contratos cuya interventoría fue asumida por un tercero ajeno al negocio jurídico. (...) Ante la ausencia de insumos para efectuar la liquidación judicial, es inviable acceder a la pretensión encaminada a que se realice dicho ejercicio. En este caso, aunado a que no fue solicitada explícitamente ni resultó probada la infracción contractual de la Universidad, no se allegaron los comprobantes de los pagos que se le habrían efectuado por las labores de interventoría, lo cual impide conocer el estado de honra de los compromisos dinerarios por parte del municipio. (...) En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y denegará la totalidad de las pretensiones del municipio, incluyendo la de liquidación judicial toda vez que, además de que no fue pedida ni demostrada la infracción del acuerdo de voluntades de su contraparte, la Sala no encuentra elementos probatorios para realizar el balance final de las prestaciones pactadas, en vista de que al plenario no se allegó constancia de las transferencias o desembolsos que el municipio hubiese hecho a la contratista por concepto de lo pactado en las cláusulas tercera y cuarta del negocio, lo que impide dar cuenta del estado de cumplimiento de dicha prestación.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de los presupuestos para la liquidación judicial del contrato, consultar providencia de 13 de marzo de 2024, Exp. 58666, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la condena en costas cuando se observa que no prosperaron los recursos de apelación presentados por ambas partes del proceso?
Respuesta al problema jurídico: No
El artículo 365, numeral 1, del Código General del Proceso indica que la condena en costas se efectuará “a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto”. Asimismo, el numeral 4 dispone que en caso de que “la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias”. (...) En vista de que las dos partes del proceso, igualmente recurrentes, resultaron vencidas en sus respectivos recursos de apelación -una por la denegatoria de sus pretensiones, y la otra por la declaratoria de caducidad-, no es posible identificar que una de ellas resulte condenada en costas por esa condición, ni a cuál le correspondería ser beneficiada por este concepto. Por lo tanto, la Subsección no condenará en costas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4