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Consejo de Estado
Providencia
El decreto de pruebas en segunda instancia ante la jurisdicción contencioso-administrativa se rige exclusivamente por el artículo 212 del CPACA.
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 76001233300420170053301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El presente asunto se tramita ante la jurisdicción contencioso-administrativa, razón por la cual le resulta aplicable la normatividad aplicable que gobierna este tipo de actuaciones contenidas en el CPACA? Sí
El juez contencioso administrativo aplica el marco normativo del CPACA en los asuntos tramitados ante su jurisdicción. En este proceso, ante la solicitud probatoria del extremo pasivo fundamentada en el Código General del Proceso, se concluye que el decreto de pruebas en segunda instancia procede únicamente en los eventos previstos en el artículo 212 del CPACA, modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021. Al no configurarse tales supuestos ni acreditarse la relación contractual o los presupuestos fácticos de las pretensiones con los documentos aportados, se niega la solicitud de pruebas.síntesis automática
También resuelve:
¿De la revisión efectuada a los documentos allegados por el apoderado de la entidad demandada, se advierte que estos no constituyen medios de convicción idóneos para acreditar los hechos que sirven…
¿Los documentos aportados contienen información carente de valor probatorio para los supuestos fácticos discutidos al interior del plenario?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Se sustentó en debida forma el recurso de apelación
Sentencia — Sentencia
2022-05-20
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 68001233300020180039201
LEY 1437 REPETICION
¿Se sustentó en debida forma el recurso de apelación? Sí
El apelante debe confrontar los argumentos del juez de primera instancia con sus propias reflexiones para cuestionar la decisión impugnada, de lo contrario, la sentencia apelada será confirmada. En este caso, la entidad demandante no presentó argumentos específicos para rebatir la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, limitándose a solicitar pruebas de oficio sin fundamentar adecuadamente su posición. La Sala, siguiendo su jurisprudencia, concluye que la apelación no se sustentó debidamente y, por tanto, confirma la providencia impugnada. Además, la corporación reitera que la facultad de decretar pruebas de oficio es del juez, no de las partes, y que en procesos de repetición no procede la condena en costas debido a que se persigue un interés público.síntesis automática
También resuelve:
¿La facultad de decretar pruebas de oficio se ejerce a iniciativa del juez?
¿La sustentación deficiente del recurso de apelación conlleva la confirmación del proveído apelado?
¿Procede la condena en costas en los procesos de repetición?
Consejo de Estado
Providencia
Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público.
Sentencia — Sentencia
2023-07-19
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 50001233100020120009201
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público? Sí
El contratista no puede cometer los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ya que estos son delitos de sujeto activo calificado y solo pueden ser cometidos por servidores públicos, según el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, que equipara a los contratistas con la calidad de servidor público en el ámbito de la responsabilidad penal. La Fiscalía encontró indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos mediante el cobro de facturas de un contrato de suministro celebrado sin cumplir los requisitos legales, lo que configuraba las conductas punibles por las que fue vinculada. Sin embargo, la medida restrictiva de privación de la libertad no fue desproporcionada, ya que la demandante permaneció bajo privación de la libertad durante un año y tres meses, y fue absuelta por el Juzgado Penal del Circuito de Acacias, lo que implica que no existe responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:
¿La Fiscalía encontró que existían indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos?
¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad de la que fue objeto la demandante consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario…
¿La interpretación que acogió la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento encuadraba dentro de la tipificación endilgada?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas
Sentencia Conflicto Armado — Sentencia
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 05001233300020150003301
LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, conforme al artículo 150 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso. Esta competencia se fundamenta en la cuantía de la pretensión y en la naturaleza del medio de control de repetición, que es el adecuado para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando un agente público ha originado una condena por culpa grave o dolo. Además, la demanda se interpuso en tiempo, ya que el término de caducidad corre desde la fecha del pago de la condena, según la exequibilidad condicionada dictada por la Corte Constitucional en sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002. La entidad que pagó la condena, en este caso la Policía Nacional, está legitimada para ejercer la acción de repetición contra los servidores públicos responsables, conforme al artículo 8 de la Ley 678 de 2001.síntesis automática
También resuelve:
¿La demanda se interpuso en tiempo porque la sentencia condenatoria se notificó a las partes oportunamente y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al pago de la condena?
¿La entidad que pagó la condena por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público está legitimada para el ejercicio…
¿Las providencias judiciales aportadas al proceso son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y los hechos procesales?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas
Sentencia — Sentencia
2025-02-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020150102401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas y no se demostraron los incumplimientos endilgados? Sí
Cuando la entidad contratante acepta una parte del objeto pactado, la sanción pecuniaria debe reducirse en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato, porque la aceptación y el pago de los elementos recibidos muestran que la prestación fue cumplida en esa proporción. Por otra parte, la sanción pecuniaria por incumplimiento parcial se fundamenta en las razones de incumplimiento que se acrediten en el proceso, y su nulidad no procede cuando las decisiones se sustentan en las normas aplicables, se expidieron con competencia y siguieron el procedimiento legal. Cuando la imposición de la pena no configura la prestación de un servicio ni la venta de bienes, el IVA no debe incluirse en la base de la sanción, por lo que debe descontarse del precio del contrato. En el caso concreto, la entidad recibió, aprobó y pagó los elementos del primer desembolso del precio, lo cual fue ratificado por la autorización del supervisor y la factura, y la providencia apelada se revocó en lo relativo a la reducción de la sanción. Como consecuencia práctica, el contratista que acredite la ejecución parcial del objeto puede obtener la reducción proporcional de la sanción pecuniaria en ese mismo porcentaje.síntesis automática
También resuelve:
¿Teniendo en cuenta la aceptación del contratante de parte del objeto pactado, resulta procedente la reducción de la sanción pecuniaria en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato?
¿No se acreditó la falta de acatamiento de las funciones a cargo del Ministerio, o que no hubiera ejecutado acciones para garantizar la observancia del contrato?
¿Las resoluciones fueron expedidas con competencia, en virtud de la atribución legal conferida al contratante?
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