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SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL

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Consejo de Estado Providencia

El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto

Sentencia — Sentencia 2024-08-02 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000232600020200002101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro del término legal? Sí
La demanda en ejercicio del medio de control jurisdiccional de controversias contractuales fue formulada dentro de la oportunidad que tenía para ello, ya que mediante acto administrativo emitido el 9 de marzo de 2018 la ATNV confirmó la liquidación unilateral del contrato de concesión no. 012 de 1987 y la demanda fue radicada ante la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 20 de enero de 2020.
También resuelve: ¿Los actos administrativos mediante los cuales la ANTV no concedió la prórroga del plazo del contrato de concesión no. 012 de 1987 y liquidó unilateralmente dicho negocio jurídico… ¿Procede la condena en costas contra la parte demandante por cuanto el recurso de apelación interpuesto no prosperó?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Las uniones temporales como figuras de asociación entre personas naturales o jurídicas se encuentran en capacidad para celebrar contratos con el Estado.

Sentencia — Sentencia 2024-08-02 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020140060203 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las uniones temporales como figuras de asociación entre personas naturales o jurídicas se encuentran en capacidad para celebrar contratos con el Estado? Sí
El contratista puede celebrar contratos con el Estado a través de uniones temporales, figuras de asociación entre personas naturales o jurídicas que la Ley 80 de 1993 les confiere capacidad para presentar ofertas y contratar con entidades estatales, aunque los miembros responden hasta por el monto de su participación. La Sala confirma que la ampliación del plazo del contrato no puede realizarse respecto de un solo miembro de la unión temporal, ya que el contrato fue suscrito por la asociación de las personas jurídicas y no individualmente. Además, las actas demandadas no se expidieron en ejercicio de facultades exorbitantes, pues estas se refieren a la interpretación, modificación, terminación y caducidad de los contratos, no a la prórroga. Finalmente, no hubo violación al debido proceso por falta de competencia en las decisiones del director de la ANTV, ya que estas no requerían seguir el procedimiento para el ejercicio de facultades exorbitantes. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la capacidad contractual de uniones temporales y la aplicación de facultades exorbitantes en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿La ampliación del plazo del contrato podía hacerse respecto de uno de los miembros de la unión temporal contratista? ¿Las actas demandadas se expidieron en ejercicio de facultades exorbitantes? ¿Existió violación al debido proceso por falta de competencia en las decisiones adoptadas por parte del director de la Agencia Nacional de Televisión?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Invías: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 23001233300020120001302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuándo en el contrato no se pacta un plazo perentorio para la orden de inicio de la obra por parte de la entidad estatal, en este caso INVIAS, puede considerarse como incumplimiento de la entidad que lo hiciera en marzo, lo que evito que el contratista adelantara la obra en la época seca del año y fuera afectado por el fenómeno de la niña, lo cual conllevo a mayores costos? No
El contratista no puede alegar incumplimiento por parte de la entidad estatal cuando no se pacta un plazo perentorio para la orden de inicio de la obra, ya que la falta de esta no implica que la entidad haya incumplido su obligación contractual, especialmente si no se demuestran mayores costos o afectaciones por fenómenos climáticos. Además, la entidad no está obligada a suscribir una prórroga del contrato basándose únicamente en el visto bueno de la interventoría, ya que la entidad puede evaluar la viabilidad de la prórroga considerando los incumplimientos del contratista. Asimismo, el valor del anticipo no amortizado debe ser devuelto a la entidad contratante, no como indemnización por incumplimiento, sino como consecuencia de la falta de amortización pactada en el contrato. Estas reglas reiteran y matizan precedentes sobre la interpretación de plazos y prórrogas en contratos estatales, y establecen claramente que la devolución del anticipo no es una indemnización por incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿La existencia de un visto bueno de la interventoría implica el deber de la entidad de suscribir una prórroga de un contrato de obra? ¿El valor del anticipo que fue dejado de amortizar por el contratista debe ser restituido a la entidad contratante y no corresponde a una indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual ? ¿El uso de las potestades excepcionales, que le permiten a la entidad ejercerlas sin acudir al juez del contrato no es obligatorio…
Consejo de Estado Providencia

En el recorrido de entrega únicamente se identificó un aspecto pendiente de ser corregido por el contratista de obra

Sentencia — Sentencia 2025-04-28 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020190040601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente declarar que entre el Instituto de Desarrollo Urbano y el Ejército Nacional se celebró el convenio interadministrativo No. 8 de 2012, cuyo objeto fue cumplido por parte de dicho Instituto? Sí
El contratista cumple con el objeto del convenio interadministrativo celebrado con la entidad estatal cuando ejecuta la obra civil y entrega el acta de recibo final, acreditando así el cumplimiento de las obligaciones pactadas, independientemente de los aportes económicos realizados por la entidad. En este caso, el IDU y el Ejército Nacional celebraron el convenio interadministrativo No. 8 de 2012 para la construcción de la Alameda, y el IDU cumplió con sus obligaciones al contratar y supervisar la obra, entregando la Alameda al Ejército Nacional en septiembre de 2015. A pesar de que el Ejército Nacional no aportó el capital completo estipulado en el convenio, el IDU ejecutó la obra y recibió los rendimientos financieros correspondientes, lo que demuestra el cumplimiento del convenio por parte del IDU, reiterando la importancia de la ejecución efectiva de las obras para declarar el cumplimiento del convenio interadministrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditó que el Instituto de Desarrollo Urbano incurrió en gastos adicionales para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el convenio interadministrativo No. 8 de 2012… ¿Resulta procedente declarar judicialmente liquidado el convenio interadministrativo No. 8 de 2012 con un saldo a favor del Instituto de Desarrollo Urbano… ¿Resulta procedente reconocer intereses moratorios sobre el saldo a favor del IDU, a pesar de que dicho valor corresponde al perjuicio material en la modalidad de daño emergente?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia de la acción

Sentencia — Sentencia 2022-07-06 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 15001233300020130038301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia de la acción de controversias contractuales en la que una entidad pública es parte? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia en una acción de controversias contractuales en la que una entidad pública es parte, siempre que la cuantía del proceso y la naturaleza jurídica de la entidad estatal cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1564 de 2012. Además, la caducidad de la acción de controversias contractuales en contratos que requieren liquidación comienza a contarse a partir de la ocurrencia de dicho suceso, ya sea una liquidación bilateral o unilateral, y puede suspenderse durante el trámite conciliatorio prejudicial. Asimismo, las salvedades consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública pueden ser objeto de estudio por el juez en lo contencioso administrativo siempre que se alegue algún vicio del consentimiento o se haya expresado una objeción concreta en relación con el corte de cuentas, lo que reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿En los contratos que requieren liquidación, la caducidad de la acción de controversias contractuales empieza a contarse a partir de la ocurrencia de dicho suceso? ¿Las salvedades consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública pueden ser objeto de estudio por el juez en lo contencioso administrativo? ¿Ante situaciones imprevistas para el contratista que le generen costos adicionales, la Administración deberá restablecer el equilibrio de la ecuación contractual?
Consejo de Estado Providencia

Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020150102401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas y no se demostraron los incumplimientos endilgados? Sí
Cuando la entidad contratante acepta una parte del objeto pactado, la sanción pecuniaria debe reducirse en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato, porque la aceptación y el pago de los elementos recibidos muestran que la prestación fue cumplida en esa proporción. Por otra parte, la sanción pecuniaria por incumplimiento parcial se fundamenta en las razones de incumplimiento que se acrediten en el proceso, y su nulidad no procede cuando las decisiones se sustentan en las normas aplicables, se expidieron con competencia y siguieron el procedimiento legal. Cuando la imposición de la pena no configura la prestación de un servicio ni la venta de bienes, el IVA no debe incluirse en la base de la sanción, por lo que debe descontarse del precio del contrato. En el caso concreto, la entidad recibió, aprobó y pagó los elementos del primer desembolso del precio, lo cual fue ratificado por la autorización del supervisor y la factura, y la providencia apelada se revocó en lo relativo a la reducción de la sanción. Como consecuencia práctica, el contratista que acredite la ejecución parcial del objeto puede obtener la reducción proporcional de la sanción pecuniaria en ese mismo porcentaje.síntesis automática
También resuelve: ¿Teniendo en cuenta la aceptación del contratante de parte del objeto pactado, resulta procedente la reducción de la sanción pecuniaria en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato? ¿No se acreditó la falta de acatamiento de las funciones a cargo del Ministerio, o que no hubiera ejecutado acciones para garantizar la observancia del contrato? ¿Las resoluciones fueron expedidas con competencia, en virtud de la atribución legal conferida al contratante?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Las medidas cautelares tienen por finalidad proteger y garantizar, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020240056301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las medidas cautelares tienen por finalidad proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, con el fin de lograr la efectividad del derecho sustancial? Sí
El contratista puede solicitar medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, con el fin de asegurar la tutela judicial efectiva y evitar el riesgo de inejecución del fallo. Estas medidas pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, siempre que tengan relación directa con las pretensiones formuladas en la demanda. La suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo es un instrumento cautelar temporal y accesorio que busca evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico continúen surtiendo efectos mientras se decide sobre su constitucionalidad o legalidad, siempre que se advierta una clara vulneración a las normas superiores. Esta jurisprudencia reitera y confirma la importancia de estas medidas cautelares en la protección de los derechos sustanciales y en la efectividad del proceso contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿Las medidas cautelares pueden ser de tipo preventivo, conservativo, anticipativo o de suspensión y deberán tener relación directa con las pretensiones que hayan sido formuladas en la demanda? ¿La medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos administrativos, constituye un importante instrumento de naturaleza cautelar, temporal y accesoria… ¿Las causales de pérdida de fuerza ejecutoria son situaciones posteriores al nacimiento del acto administrativo que impiden su ejecutoriedad y, su ocurrencia no afecta la validez de este?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La prueba del enervante de la responsabilidad le corresponde a quien la alega.

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020150041601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al declarar el incumplimiento parcial del contrato, la Aerocivil actuó con desviación de poder, e incurrió en violación del principio de buena fe y la obligación de cooperación estipulada en el contrato, por no acceder a las solicitudes de prórroga necesarias para que el contratista cumpliera con el objeto contractual, al considerar que no era viable exceder la vigencia fiscal para la cual estaba presupuestado el pago de ese negocio jurídico? No
Para dar respuesta al primer problema jurídico planteado, corresponde a la Sala determinar si la Aerocivil actuó con desviación de poder, vulneró el principio de buena fe y faltó a la obligación de cooperación estipulada en el contrato, al declarar el incumplimiento parcial del contrato 1000097-OK-2010, a través de las resoluciones 06260 de 2012 y 0442 de 2013, sin haber accedido a las prórrogas requeridas y necesarias para que el contratista hubiera podido cumplir con el objeto contractual, bajo el argumento de que no era posible exceder la vigencia fiscal para la cual había sido presupuestado el pago del negocio jurídico.… En relación con el vicio de desviación de poder,… el demandante se limitó a argumentar que los actos demandados habrían sido expedidos con desviación de poder, o con ausencia o falsa motivación, porque el ente contratante no habría informado el inicio de dos procedimientos sancionatorios…
También resuelve: ¿Las Resoluciones 06260 de 2012 y 0442 de 2013, con las cuales la Aerocivil declaró el incumplimiento parcial del contrato 1000097-OK-2010, impuso pena pecuniaria… ¿En el procedimiento sancionatorio iniciado por la Aerocivil fue vulnerado el debido proceso por no garantizarse el derecho de contradicción y defensa del contratista… ¿La liquidación del contrato estatal es una etapa que está destinada para que las partes acuerden los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y, si no se logra arreglo en ello…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

A este efecto, conviene reiterar que durante la ejecución del contrato estatal no todas las expresiones de la entidad pública contratante se califican como un acto administrativo no todas sus manifestaciones constituyen declaraciones unilaterales de voluntad en ejercicio de la función administrativa, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas.

Sentencia — Sentencia 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 47001233300020140040001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las tradicionales comunicaciones en el contexto de la ejecución contractual, como en este caso, las decisiones que negaron la solicitud de prórroga del contrato, son pasibles de control judicial? No
El contratista no puede someter a control judicial las decisiones que niegan la solicitud de prórroga del contrato, ya que estas no constituyen actos administrativos, sino simples comunicaciones en el contexto de la ejecución contractual que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas. La Sala establece que, para que una decisión sea considerada un acto administrativo, debe tener un efecto jurídico directo y alterar los derechos y obligaciones del contrato. En este caso, la negativa a la prórroga no modificó el plazo inicialmente convenido ni creó nuevas obligaciones, por lo que no es susceptible de control judicial. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y limita la competencia del juez contencioso administrativo a los actos administrativos genuinos, excluyendo las comunicaciones que no alteran el contenido del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede la Sala, emitir algun pronunciamiento respecto a los cuestionamientos de las multas, de la nulidad del contrato y de la extemporaneidad de la liquidación unilateral por hacerse dentro de los 4… ¿Cuenta con valor probatorio un dictamen pericial rendido por un perito sin las cualidades requeridas por el Tribunal a quo, esto es, contar con una especialización en gerencia de proyectos… ¿Se acreditó la nulidad de los actos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de obra, llave en mano, por parte del consorcio demandante?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial

Sentencia — Sentencia 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 50001233100020060097601 ACCION CONTRACTUAL
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las controversias sobre contratos del Estado, dada la naturaleza del asunto y en consideración a la cuantía del proceso? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias sobre contratos del Estado, y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias de los tribunales cuando la cuantía supera 500 salarios mínimos. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad estatal demandada es sujeto de la contratación estatal conforme al artículo 52 del Decreto 2171 de 1992 y al artículo 2 de la Ley 80 de 1993, de modo que la jurisdicción es competente para resolver las controversias en que sea parte. Segunda, la vocación de doble instancia se determina con los artículos 129, 132 numeral 5 y 181 del Código Contencioso Administrativo, vigentes al presentarse la demanda. Tercera, la cuantía del proceso para el año 2006 supera los 500 salarios mínimos exigidos. Además, la acción de controversias contractuales es la vía idónea para la nulidad de la liquidación unilateral, el desequilibrio, el incumplimiento, la validez del contrato y la liquidación judicial. En consecuencia, el Consejo de Estado es competente para decidir la apelación, y la providencia modifica la sentencia apelada. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal… ¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato? ¿Dado el demandante no señaló ninguna norma violada con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, y que tampoco formuló un cargo concreto o mencionó razón alguna por la que…
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