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Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2024-11-18Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 68001233300020180073901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resultan procedentes las solicitudes de aclaración y de adición de la sentencia de segunda instancia, cuando se observa que mediante las mismas se pretende cuestionar la valoración probatoria y lo decidido sobre las pretensiones de la demanda? No
Las solicitudes de aclaración y de adición de una sentencia no proceden cuando su finalidad es cuestionar la valoración probatoria o volver a discutir lo decidido sobre las pretensiones de la demanda. La aclaración solo cabe para conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda y que estén contenidos en la parte resolutiva o influyan en ella, conforme al artículo 285 del Código General del Proceso. La adición procede únicamente para resolver omisiones sobre los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que debía ser objeto de pronunciamiento, según el artículo 287 del mismo estatuto. La discrepancia sobre la apreciación de un medio de prueba, como una tacha de falsedad ya resuelta, o sobre una pretensión ya decidida expresamente en la sentencia no encaja en ninguna de esas figuras. En consecuencia, las solicitudes presentadas oportunamente fueron negadas y la sentencia de segunda instancia quedó en los términos proferidos. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el recurso no reabre el debate probatorio.síntesis automática
¿Si el a quo incurrió en una indebida valoración probatoria, al concluir que la parte demandada había incurrido en incumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato de interventoría 1832 de 2013? No
El contratista no puede descontar del valor adeudado por la entidad estatal en la liquidación judicial del contrato de interventoría, la suma correspondiente a los perjuicios causados a la entidad demandante, ya que no se ha acreditado que la entidad haya asumido la contratación del personal requerido para establecer las cantidades finales reales ejecutadas, el balance del contrato y el acta de recibo final. A pesar de que la entidad demandante ha iniciado las actuaciones previas para la contratación del personal, no se ha probado que esta contratación se haya materializado. Sin embargo, la Sala considera que es procedente descontar del valor adeudado la suma en disputa, ya que la entidad no está obligada a pagar por actividades del interventor que no fueron recibidas a satisfacción, lo que implica que la entidad estatal no debe asumir costos por servicios no aprobados. Este abstract reitera la jurisprudencia existente sobre la adecuada valoración de la prueba en contratos de interventoría y la obligación de la entidad estatal de no pagar por actividades no aprobadas, lo que tiene implicaciones significativas en la liquidación judicial de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Si en la liquidación judicial del contrato, procede descontar del valor que la entidad pública adeuda al interventor, la suma que se afirma corresponde a los perjuicios causados a la entidad…¿Si procede el reconocimiento de suma alguna de dinero a favor de la parte demandada, por concepto de labores de señalización?
¿Es posible acceder a la pretensión formulada por el apoderado de la Universidad demandada en sede de apelación adhesiva, para perseguir el reconocimiento y pago de las sumas que en su sentir no fueron remuneradas en la ejecución del contrato interadministrativo, cuando se observa que no ejerció en debida forma el mecanismo procesal de la demanda de reconvención? No
El contratista no puede acceder a la pretensión de reconocimiento y pago de sumas no remuneradas en la ejecución del contrato interadministrativo mediante un recurso de apelación adhesiva, ya que este mecanismo solo tiene por objeto enervar las pretensiones de la parte demandante y no perseguir pretensiones autónomas, como lo hace la demanda de reconvención. La Sala rechaza la apelación adhesiva por no haberse ejercido oportunamente la demanda de reconvención, lo que implica que el contratista debe presentar esta acción en tiempo y forma para perseguir sus pretensiones adicionales.síntesis automática
También resuelve:¿La primera instancia efectuó una interpretación errada del clausulado contractual al determinar que el incumplimiento del contrato interadministrativo no era atribuible a la Universidad…¿La primera instancia efectuó una indebida valoración probatoria al concluir que no se configuró un incumplimiento por parte de la Universidad demandada…¿Resulta procedente la condena en costas y agencias en derecho impuesta en primera instancia, dado que se acreditó su causación y, considerando…
¿Corresponde a la Sala determinar si se debe revocar o confirmar la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda de repetición? No
En el medio de control de repetición, la pretensión no prospera cuando no se acredita el requisito objetivo, esto es, que el pago efectuado por la entidad tuvo origen en una condena asumida en una conciliación extrajudicial aprobada por el juez o en otra forma de terminación de conflictos, y cuando la sanción moratoria no tiene origen legal. La regla se sostiene en tres razones: el recurso de apelación carece de sustentación adecuada cuando no formula reparo alguno frente a los fundamentos de la primera instancia sobre el requisito objetivo; la repetición exige que el pago provenga de una condena o de un mecanismo alternativo de solución de conflictos, lo que no se acreditó; y en asuntos de interés público no procede condenar en costas ni agencias en derecho. Por ello, la sentencia de primera instancia se confirma y se revoca únicamente la condena en costas. La decisión se fundamenta en la falta de los presupuestos objetivos de la repetición.síntesis automática
¿Se encuentra superado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional frente a la pretensión de amparo de los derechos fundamentales invocados por el accionante, por los presuntos defectos configurados en la providencia objeto de reproche proferida en el marco del medio de control de controversias contracuales referido en el escrito de tutela? No
El contratista no puede impugnar en sede constitucional la valoración que hizo la autoridad judicial del contrato de transacción allegado al proceso, ya que dicha valoración se realiza en el marco de la competencia del juez natural de la causa, quien establece el valor y el alcance de cada medio de prueba bajo criterios objetivos y razonables. En este caso, la Subsección B del Consejo de Estado determinó que el acuerdo transaccional sólo se refería al proceso ejecutivo y no abarcaba el proceso de controversias contractuales, lo que no puede ser cuestionado en una acción de tutela por falta de relevancia constitucional. La Sala confirmó la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que la parte accionante no presentó una carga argumentativa suficiente para desvirtuar la razonabilidad del análisis realizado por la autoridad judicial. Esto implica que en casos similares, el juez constitucional no puede revisar la valoración probatoria realizada por el juez natural, a menos que se demuestre que esta fue realizada de manera arbitraria o contraria a la ley.síntesis automática
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, conforme al artículo 150 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso. Esta competencia se fundamenta en la cuantía de la pretensión y en la naturaleza del medio de control de repetición, que es el adecuado para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando un agente público ha originado una condena por culpa grave o dolo. Además, la demanda se interpuso en tiempo, ya que el término de caducidad corre desde la fecha del pago de la condena, según la exequibilidad condicionada dictada por la Corte Constitucional en sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002. La entidad que pagó la condena, en este caso la Policía Nacional, está legitimada para ejercer la acción de repetición contra los servidores públicos responsables, conforme al artículo 8 de la Ley 678 de 2001.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda se interpuso en tiempo porque la sentencia condenatoria se notificó a las partes oportunamente y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al pago de la condena?¿La entidad que pagó la condena por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público está legitimada para el ejercicio…¿Las providencias judiciales aportadas al proceso son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y los hechos procesales?
Sentencia — Sentencia2024-06-28Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 11001032600020230013300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿En el recurso de anulación se pueden revisar los razonamientos jurídicos y probatorios del tribunal de arbitramento para dilucidar si son o no errados? No
El contratista no puede revisar en el recurso de anulación los razonamientos jurídicos y probatorios del tribunal de arbitramento para determinar si son errados, ya que este recurso no está instituido para calificar el análisis de fondo de la controversia ni para corregir la interpretación jurídica ni la valoración probatoria realizada por los árbitros. La Sala declara infundado el recurso de anulación cuando la recurrente cuestiona la valoración probatoria del tribunal, argumentando que dicha acción no se enmarca en la causal de anulación de fallo en conciencia y que no es competencia del Consejo de Estado revisar la interpretación y valoración de pruebas efectuadas por los árbitros, lo que implica que los reproches formulados por la parte recurrente no tienen vocación de prosperidad.síntesis automática
También resuelve:¿En el recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral no es posible corregir la interpretación jurídica ni la valoración probatoria realizada por los tribunales de arbitraje?¿Al Consejo de Estado no le es posible calificar la valoración probatoria ni la interpretación expuesta en el laudo arbitral?¿En los argumentos de la recurrente se evidencia un cuestionamiento a la valoración probatoria y a la interpretación que los árbitros hicieron del clausulado del contrato?
¿Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo sometido al derecho privado deben resolverse con arreglo a las reglas del incumplimiento contractual? Sí
Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo con iglesias y confesiones religiosas, celebrado conforme al literal c) del artículo 4 del Decreto 2355 de 2009, se resuelven con las normas civiles y comerciales pertinentes y con la regulación especial del sector educativo, no con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 establece un régimen que excluye la aplicación de las normas de contratación pública y somete el negocio al derecho privado; la regulación especial del servicio educativo rige aspectos concretos, como la idoneidad del prestador, la planeación, la cobertura y el cálculo de la remuneración; y la mención de la Ley 80 de 1993 o de la Ley 1150 de 2007 en el encabezado o en algunas estipulaciones no cambia ese régimen. Por ello, el incumplimiento de este tipo de contratos debe analizarse conforme al derecho privado y a las reglas que regulan el incumplimiento contractual en ese ámbito. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato estatal regido por el derecho privado, la facultad de la entidad contratante para liquidar unilateralmente el contrato deriva exclusivamente del acuerdo de voluntades y no de los…¿En el contrato de administración del servicio educativo regido por el Decreto 2355 de 2009, el valor fijo por alumno determinado con fundamento en los componentes de la canasta educativa ofrecidos…¿Debe declararse el incumplimiento de la entidad territorial por no reconocer al contratista los costos derivados de la disminución de la matrícula estudiantil…
- ¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia, en tanto (i) el presente asunto no corresponde a una controversia contractual sino a una actio in rem verso, (ii) el juez de primera instancia realizó una indebida valoración probatoria; (iii) desconoció que la violación de las normas y principios de la contracción estatal tienen como consecuencia la nulidad absoluta del contrato No. 500 de 2016, conforme los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993; y (iv) desconoció los principios de la contratación estatal (transparencia, responsabilidad, economía, selección objetiva, buena fe, libre concurrencia, igualdad, planeación), en tanto los bienes cuyo pago se reclama se suministraron con anterioridad a la celebración del contrato No. 500 de 2016? Sí
El contratista no puede obtener el pago de bienes suministrados antes de la celebración del contrato, ya que el juez de primera instancia realizó una indebida valoración probatoria y desconoció la violación de los principios de la contratación estatal, lo que implica la nulidad absoluta del contrato según los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal celebró el contrato No. 500 de 2016 con un objeto ilícito, desviando el poder y contraviniendo el principio de transparencia y la selección objetiva, por lo que la Sala revoca la sentencia de primera instancia y declara de oficio la nulidad del contrato, negando las pretensiones del contratista. Esto implica que los bienes cuyo pago se reclama no están sujetos a la obligación de pago por parte de la entidad estatal, y que el juez de segunda instancia debe limitarse a resolver sobre el incumplimiento del contrato y no sobre la controversia que no se ajusta a la naturaleza del medio de control.síntesis automática
Sentencia — Sentencia2023-05-25Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 11001032600020230001400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Caducó la acción porque la reforma de la demanda contenía nuevas pretensiones, por ello se configuró la causal segunda de anulación? No
El numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2011 (en adelante, Estatuto de Arbitraje) consagra la causal de anulación por la "caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia". La sala ha indicado que esta causal se configura en dos supuestos en lo que tiene que ver con la "caducidad de la acción": el primer supuesto es cuando un tribunal estudia un asunto caducado; el segundo supuesto es cuando un panel arbitral declara indebidamente la caducidad en el laudo. En relación con el primer supuesto, es plenamente exigible agotar el requisito de procedibilidad previsto en el penúltimo inciso del artículo 41 del Estatuto de Arbitraje. Esta norma indica que la causal solo podrá ser invocada "si el recurrente hizo valer los motivos constitutivos de ellas mediante recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia".
También resuelve:¿Se configuró la causal de anulación de laudo en conciencia por la ausencia de motivación probatoria?¿Debe condenarse en costas al recurrente cuando se declare infundado el recurso de anulación de laudo arbitral?
Sentencia — Sentencia2023-10-17Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020230012500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Las causales de anulación invocadas por el recurrente se configuraron? No
El recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral solo prospera si se configura alguna de las causales taxativas del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, y que un laudo proferido en derecho no se transforma en fallo en conciencia ni es citra petita por no reconocer las pretensiones del convocante. Una razón es que el tribunal resolvió los problemas jurídicos del juicio en derecho, porque no guardó silencio sobre las pruebas necesarias para fallar ni prescindió del ordenamiento jurídico aplicable, y los yerros de esa naturaleza no aparecen de forma palmaria. Otra razón es que la no prosperidad del recurso no implica que la Sala comparta lo decidido, sino que las causales no se configuraron. En el caso, el recurso se declaró infundado y se confirmó la validez del laudo. Su consecuencia práctica es que la anulación por falta de congruencia exige demostrar una omisión del laudo sobre las pretensiones, y no basta con la inconformidad frente a su resultado.síntesis automática
También resuelve:¿Se declara infundado el recurso extraordinario de anulación?¿Habría lugar a concluir que los árbitros omitieron estudiar los hechos y fundamentos jurídicos esbozados por la convocante?¿Las razones fueron esbozadas con base en las pruebas del proceso y en la interpretación judicial del contrato?
¿Existió una falta al deber de información por parte de uno de los miembros del tribunal de arbitramento y con ello la configuración de la causal de anulación de indebida conformación del tribunal? No
El incumplimiento del deber de información de un árbitro no constituye causal de anulación del laudo cuando la circunstancia ocurre después de conformado el tribunal, y la causal de laudo en conciencia exige solo verificar si el laudo expone su fundamentación, no revisar el fondo jurídico o probatorio. La regla se apoya en tres razones. Primera, la Sala ha establecido que la indebida conformación del tribunal no se estructura por deberes de información posteriores a la integración del tribunal. Segunda, el deber de información del artículo 15 de la Ley 1563 de 2012 obliga a comunicar las coincidencias con las partes en los dos años anteriores, y en el caso ninguna de las circunstancias imputadas a la árbitra ocurrió en ese período. Tercera, la causal de laudo en conciencia solo permite estudiar la ausencia de fundamentación del laudo, y el recurso de anulación no procede frente a la decisión de fondo. En consecuencia, los cargos no prosperan y el recurso se declara infundado. El documento reitera el criterio sobre la indebida integración del tribunal.síntesis automática
También resuelve:¿La causal de laudo en conciencia implica estudiar el fundamento jurídico y probatorio del mismo?¿La imposición de costas procesales en el laudo arbitral configuró la causal de anulación de fallo en conciencia?¿La sanción del juramento estimatorio, configura la causal de nulidad de fallo en conciencia?
¿Puede considerarse válida una confesión judicial emitida por una persona que no ostenta representación legal ni poder dispositivo sobre los derechos de la entidad involucrada? No
La confesión judicial solo es válida cuando el confesante tiene capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulta de lo confesado, según el artículo 191 del Código General del Proceso, de modo que quien comparece al proceso sin ser representante legal de la entidad no puede obligarla con su declaración. Además, el incumplimiento de un pliego de condiciones no puede deducirse de pruebas técnicas practicadas bajo condiciones distintas de las previstas en el pliego, porque esos resultados no son comparables entre sí. Una prueba realizada bajo parámetros diferentes no basta para probar un incumplimiento contractual, aun cuando la diferencia que se alega, como el voltaje de carga de una batería, corresponda a la realidad. En el caso concreto, la declaración de un integrante de un equipo profesional no configuró confesión, y la prueba de reemplazo se hizo en condiciones distintas de las del pliego, de modo que la providencia confirmó la decisión de primera instancia. Como consecuencia práctica, la parte que quiera demostrar un incumplimiento técnico debe practicar la prueba bajo los parámetros exigidos en el pliego de condiciones.síntesis automática
También resuelve:¿Puede afirmarse que se incurrió en un incumplimiento de los pliegos de condiciones cuando las pruebas técnicas practicadas no son equiparables por haberse realizado bajo condiciones diferentes?¿Puede considerarse suficiente una prueba técnica realizada bajo parámetros distintos para probar un incumplimiento contractual?¿Debe desestimarse un cargo de apelación cuando no se controvierte la prueba documental que acredita la idoneidad de una entidad participante en un proceso de selección?
Sentencia — Sentencia2025-07-18Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020250000300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La competencia del juez de anulación se encuentra así estrictamente delimitada por las causales, la formulación y la sustentación planteadas expresamente en el recurso, por lo que no puede realizar una interpretación extensiva o analógica de las causales o ampliar la argumentación presentada? Sí
El juez de anulación contra laudo arbitral está limitado a resolver estrictamente sobre las causales, la formulación y la sustentación presentadas en el recurso, sin poder realizar interpretaciones extensivas o analógicas ni completar la argumentación del recurrente, conforme al principio dispositivo y la naturaleza restrictiva del recurso. La Sala ha reiterado que el recurrente debe justificar adecuadamente los elementos temporales y sustanciales de la causal invocada, como la caducidad de la acción, y no puede el juez suplir deficiencias en la sustentación del recurso. Esta regla implica que el juez debe rechazar el recurso cuando no se cumplen con estos requisitos, lo que limita significativamente la posibilidad de éxito del recurso extraordinario de anulación.síntesis automática
También resuelve:¿Puede prosperar el recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral cuando el recurrente alega la causal segunda por caducidad de la acción…¿La causal de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 puede declararse cuando el Laudo se funde exclusivamente en la equidad si debía ser en derecho…¿El laudo arbitral objeto del recurso extraordinario de anulación se profirió en conciencia y no en derecho, dado que el Tribunal realizó el cálculo de la indemnización mediante una comparación de…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2025-12-09Sección Tercera (Subsección C)ADRIANA POLIDURA CASTILLORad. 76001233300020130028301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la Sala que profirió una sentencia para resolver la solicitud de aclaración y adición presentada dentro del término de ejecutoria de la providencia? Sí
El contratista no puede solicitar a la Sala que profirió una sentencia la aclaración o adición de la misma dentro del término de ejecutoria, si esta solicitud busca reabrir el debate probatorio o jurídico ya resuelto, cuestionar la validez del procedimiento decisorio o expresar inconformidad con la valoración probatoria y las conclusiones jurídicas adoptadas, ya que la aclaración de sentencias es un mecanismo restrictivo que solo procede para precisar el sentido literal de lo decidido, sin permitir reabrir el debate ni expresar inconformidad. La Sala reitera que la aclaración debe dirigirse a conceptos o expresiones ininteligibles o ambiguas en la parte resolutiva o en los considerandos que influyen directamente en ella, y que la adición no puede reabrir el debate probatorio ya resuelto, por lo que la solicitud será improcedente si no se ajusta a estos requisitos. Esto implica que el contratista debe presentar una nueva acción legal si desea reconsiderar aspectos ya decididos en la sentencia.síntesis automática
También resuelve:¿La solicitud de aclaración de una sentencia solo procede para precisar el sentido literal de lo decidido, sin permitir reabrir el debate jurídico o probatorio ni manifestar inconformidad con el…¿Procede la solicitud de aclaración de la sentencia que pretende cuestionar la validez del procedimiento decisorio, como la supuesta falta de integración del quórum?¿La solicitud de aclaración de la sentencia es el medio judicial idóneo para el estudio de fondo de la decisión por inconformidad con la valoración probatoria hecha por el juez de segunda instancia?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2024-02-19Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 85001233300020190004601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La solicitud de pruebas en segunda instancia del demandante se adecua a algunas de las causales previstas en el artículo 212 del CPACA? No
Las pruebas solicitadas en segunda instancia solo pueden decretarse en los supuestos taxativos del artículo 212 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, y que la prueba decretada en primera instancia que no se practicó sin culpa de la parte no habilita, por sí sola, su práctica en apelación. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las causales son de carácter taxativo, de modo que la parte debe encuadrar su solicitud en una de ellas. Segunda, la causal de prueba decretada y no practicada sin culpa de quien la pidió exige demostrar que la omisión no le es imputable. Tercera, en el caso los dictámenes periciales fueron decretados oportunamente, sus autores los aportaron en los términos ordenados y los sustentaron en audiencia, de modo que no se acreditó que la práctica se hubiera frustrado sin culpa de la parte. La providencia niega la solicitud probatoria. La consecuencia práctica es que la parte que no logra la práctica de un dictamen en primera instancia debe demostrar que la falta de práctica no le es atribuible si pretende reabrirla en apelación.síntesis automática
¿Es procedente la pretensión de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual? No
El contratista no puede invocar la acción de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual, ya que la controversia debe ser resuelta bajo la óptica contractual y no mediante la compensación por enriquecimiento sin causa, salvo en casos excepcionales donde la afectación del interesado carezca de razón jurídica contractual o extracontractual. La entidad estatal, en este caso, debe tramitar el litigio bajo las reglas de la reparación directa o del contrato, según corresponda, lo que implica que las pretensiones relacionadas con el enriquecimiento sin causa resultan improcedentes. La Sala reitera la jurisprudencia en este sentido, lo que limita la posibilidad de utilizar esta acción en casos de cumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Los argumentos del recurso de apelación delimitan el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia?¿Está sometida una empresa industrial y comercial del Estado al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en los contratos celebrados para el cumplimiento de su misión?¿Constituye la ausencia de salvedades en instrumentos contractuales modificatorios una renuncia automática del contratista a formular reclamaciones por desequilibrio económico?
Sentencia — Sentencia2024-09-27Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 11001032600020230016900LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Cuándo en el arbitraje una de las partes sea una entidad pública o un sujeto que desempeñe funciones públicas, el laudo debe ser en derecho, más allá de que los árbitros puedan acudir a la equidad como criterio auxiliar de la actividad judicial, por lo que en ningún caso se reconoce la procedencia de la expedición de un laudo en conciencia y en caso de darse, está llamado a ser anulado? Sí
Cuando una de las partes de un arbitraje es una entidad pública o un sujeto que desempeña funciones públicas, el laudo debe proferirse en derecho y no en conciencia, aunque los árbitros puedan acudir a la equidad como criterio auxiliar. Esta regla se apoya en el estatuto arbitral, Ley 1563 de 2012, que limita la autonomía de la voluntad de las partes en varios aspectos cuando interviene un sujeto estatal, con el fin de proteger el interés público, la realización de los fines estatales y los derechos de administrados y contratistas. Por ello, un laudo en conciencia no se admite en esos arbitrajes y, si se profiere, está llamado a ser anulado. En el ámbito de los contratos estatales la vía de control es el recurso de anulación ante la jurisdicción. En el caso concreto el recurso de anulación contra el laudo fue declarado infundado, porque el laudo se ajustó al derecho. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el laudo arbitral con parte pública debe fundarse en derecho y su desconocimiento habilita la anulación.síntesis automática
También resuelve:¿El juez de anulación tiene la facultad de encuadrar oficiosamente los motivos de anulación expresados en el recurso, según la procedencia de la causal que corresponda?¿Debe anularse el laudo arbitral con fundamento en la causal séptima del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, por haberse proferido en conciencia…¿Debe anularse el laudo arbitral con fundamento en la causal séptima del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, por haberse proferido en conciencia…
¿El Tribunal Administrativo de Risaralda omitió correr traslado a las partes para alegar de conclusión? No
El contratista no puede alegar que el tribunal omitió correr traslado para presentar alegatos de conclusión si ya se había ordenado previamente y las partes tuvieron la oportunidad de pronunciarse, como ocurrió en este caso donde el tribunal ordenó el traslado el 20 de agosto de 2019, y el demandante presentó recurso de reposición sin alegar la falta de traslado, y el tribunal confirmó la decisión. Además, el tribunal no incurrió en defectos de valoración probatoria al analizar integralmente las pruebas que demostraban la legalidad del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato, y el demandante no demostró cómo la valoración de las pruebas habría variado la decisión del tribunal, por lo que la apelación no prospera. Este precedente reitera que el tribunal debe cumplir con los trámites procesales y analizar las pruebas de manera integral, pero también establece que el demandante debe utilizar oportunamente los recursos procesales para alegar cualquier irregularidad.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal incurrió en defectos de valoración probatoria que condujeron a negar la pretensión de nulidad del acto administrativo de caducidad del contrato?¿El ad quo realizó un análisis integral de las pruebas que obran en el plenario que demuestran la legalidad del acto acusado?¿El ad quo debía pronunciarse respecto de la pretensión relativa al reconocimiento de $106’328.139,00 por concepto de mayor valor deducido sobre el saldo a su favor con base en la aplicación de la…
¿Se probó que el contrato de prestación de servicios suscrito entre la Cámara de Representantes y el señor Gustavo José Cabas Borrero se incumplió porque el agente estatal demandado, en su condición de director administrativo de la entidad, obró con culpa grave? No
En la acción de repetición, corresponde a la entidad demandante probar que el agente incurrió en dolo o culpa grave, y que el mero incumplimiento de un contrato no demuestra por sí solo esa conducta. Esta carga probatoria se explica por dos razones. Una razón es que en el caso el contrato de prestación de servicios se declaró incumplido porque no se suscribió el acta de iniciación de labores, pero esa acta no se firmó porque el servicio no era necesario, y la verificación de esa necesidad era un deber del agente; la entidad no demostró que el agente hubiera suscrito el contrato sin estudiar su necesidad. Otra razón es que el acta del comité de conciliación solo acredita la decisión de iniciar la repetición y no prueba la culpa grave o el dolo. Además, la sentencia del proceso contractual no sirve como prueba del elemento subjetivo frente a quien no fue parte, y sus pruebas no se trasladaron en su totalidad. La providencia confirma la negación de las pretensiones; no indica si reitera, unifica o cambia precedente, y su consecuencia práctica es que la prueba del elemento subjetivo debe producirse en la acción de repetición misma.síntesis automática
También resuelve:¿El acta del comité de conciliación de la entidad demandante sirve para probar la culpa grave del agente o exagente del estado demandado en acción de repatición?¿La sentencia proferida en el proceso contencioso que condenó a la entidad actora, se puede utilizar como prueba del elemento subjetivo en la acción de repetición?¿Al proceso se le deben aplicar las disposiciones sustanciales del CCA porque los hechos imputados al demandado ocurrieron el 2 de marzo de 2000 –día en el que celebró el contrato de prestación de…