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DEBER DE COLABORACIÓN

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Consejo de Estado Providencia

Y atendiendo a que en virtud de la ley procesal, se impone a las partes el deber de colaboración con lo requerido por los peritos para materializar el objeto de la prueba.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud 2024-10-29 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 70001233100019980074801 ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente que el perito designado acceda a la información digitalizada en el aplicativo SAMAI para rendir el dictamen encomendado y otorgar ampliación del término para ello? Sí
El perito designado en un proceso contractual puede acceder a la información digitalizada en el aplicativo SAMAI para rendir el dictamen encomendado, ya que la auxiliar de la justicia puede consultar directamente dicha información. Además, si el perito requiere información adicional para el dictamen, la entidad estatal debe colaborar en su obtención siempre y cuando esta esté relacionada con el objeto de la prueba y sea necesaria para el análisis. En este caso, el tribunal consideró razonable otorgar un plazo adicional de 45 días hábiles para que el perito pueda completar su dictamen, lo que refuerza la importancia del deber de colaboración entre las partes y la administración de justicia en el trámite del dictamen pericial.síntesis automática
ÉSTESE A LO RESUELTO
Consejo de Estado Providencia

El juez requiere a las entidades obligadas para que alleguen la información solicitada por el perito, y ante su pronunciamiento se declara agotado el apoyo deprecado.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud 2025-08-04 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 70001233100019980074801 ACCION CONTRACTUAL
¿Las sociedades requeridas se pronunciaron sobre la información que les fue solicitada, con lo que se agotó el apoyo deprecado al despacho por la perita para facilitar el cumplimiento de su cometido, sin que esta hubiere efectuado algún pronunciamiento al respecto? Sí
El juez ejerce su deber de colaboración requiriendo a las entidades involucradas para que suministren directamente al perito la documentación necesaria para la elaboración de la experticia técnica. En este caso, tras ordenar a la fiduciaria y a la electrificadora en liquidación que allegaran la información requerida, y verificado el pronunciamiento oportuno de las sociedades requeridas, se declara agotado el apoyo deprecado al despacho judicial sin que la perita hubiere efectuado manifestación adicional, por lo que se le requiere por última vez para que allegue el dictamen pericial o indique si con los elementos existentes le es imposible cumplir su cometido.síntesis automática
También resuelve: ¿El plazo adicional que le fue concedido a la perita feneció sin que esta allegará el resultado de la labor que le fue encomendada?
ÉSTESE A LO RESUELTO
Consejo de Estado Providencia

No se encuentra el juez contencioso administrativo facultado para apartarse del criterio técnico expresado por el perito judicial

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud 2025-03-31 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 70001233100019980074801 ACCION CONTRACTUAL
¿Se encuentra el juez contencioso administrativo facultado para apartarse del criterio técnico expresado por el perito judicial, particularmente respecto de los elementos técnicos o científicos requeridos para la elaboración del dictamen? No
El juez contencioso administrativo no está facultado para apartarse del criterio técnico expresado por el perito judicial, especialmente respecto a los elementos técnicos o científicos requeridos para la elaboración del dictamen, ya que la labor de la perito comprende aspectos especializados que escapan del conocimiento del juez, quien debe limitarse a establecer las medidas que faciliten la práctica de la prueba, sin intervenir en la determinación de la información necesaria para el dictamen. Además, el juez puede conceder una prórroga del término inicialmente fijado para la práctica del dictamen pericial si la perito informa que no ha recibido la documentación o información indispensable para su elaboración, lo que implica que el plazo total para la entrega del dictamen se extienda en consecuencia. Asimismo, aunque el juez, las partes y los apoderados pueden hacer observaciones a los peritos y presenciar los exámenes y experimentos, no pueden intervenir en las deliberaciones de los peritos ni en la elaboración del dictamen, y deben realizar todas las actuaciones a través de los canales habilitados por la autoridad judicial para garantizar el principio de igualdad y el deber de lealtad procesal.síntesis automática
También resuelve: ¿Está facultado el juez para conceder una prórroga del término inicialmente fijado para la práctica del dictamen pericial… ¿Las partes y el Juez tienen permitido intervenir en la elaboración del dictamen pericial y las deliberaciones de los peritos?
ÉSTESE A LO RESUELTO
Consejo de Estado Providencia

Deben las partes y sus apoderados prestar al juez su colaboración para la práctica y recolección de las pruebas que se encuentren a su disposición.

Auto de sustanciación notifica — Auto que ordena oficiar 2022-01-28 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 11001032600020160016300 LEY 1437 REPETICION
¿Deben las partes y sus apoderados prestar al juez su colaboración para la práctica y recolección de las pruebas que se encuentren a su disposición? Sí
El contratista debe prestar al juez su colaboración para la práctica y recolección de las pruebas que se encuentren a su disposición, incluyendo el aporte de documentos y actos administrativos que están bajo su custodia, salvo justa causa acreditada. En este caso, la entidad estatal fue requerida para aportar copias de los actos administrativos de insubsistencia y constancias de notificación y ejecutoria de sentencias que anularon decisiones administrativas. La entidad argumentó que no tenía en su poder los documentos solicitados, pero el juez precisó que los actos administrativos de insubsistencia, siendo emitidos por la misma entidad, deben estar en sus archivos y, por tanto, es su responsabilidad aportarlos. En cuanto a las constancias de notificación y ejecutoria, se les solicitó a los despachos judiciales correspondientes, dado que estos documentos están bajo la custodia de la Rama Judicial. Esta regla reitera la importancia de la colaboración de las partes en el proceso para facilitar la administración de justicia y garantizar el acceso a la prueba necesaria para resolver el caso.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico, que debe ser cierto, real, determinado o determinable e indemnizable, y su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas.

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233300020140090601 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico, que debe ser cierto, real, determinado o determinable e indemnizable, y su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas? Sí
El contratista no puede obtener la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado sin acreditar un daño antijurídico cierto, real, determinado o determinable e indemnizable, y su imputación a la acción u omisión de autoridades públicas, según establece el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. La Sala reitera que para configurar la responsabilidad patrimonial del Estado, es necesario demostrar un daño antijurídico que no esté amparado por la ley o el derecho y que no tenga una causa justificativa, y que este daño debe ser cierto y real, no eventual o hipotético. En el caso particular, la Sala confirma la falta de pruebas que acrediten el detrimento patrimonial y los daños morales y a la honra del demandante, derivados de la imposición de medidas no privativas de la libertad y la vinculación al proceso penal por delitos de peculado y falsedad ideológica, lo que impide la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿Está probado que la imposición de medidas no privativas de la libertad y la vinculación del demandante al proceso penal adelantado por los delitos de peculado por apropiación y de falsedad… ¿Está probado que la imposición de medidas no privativas de la libertad y la vinculación del demandante al proceso penal adelantado por los delitos de peculado por apropiación y de falsedad… ¿Debe condenarse en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la producción del daño ocasionado

Sentencia — Sentencia 2025-04-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 68001233300020150119202 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la producción del daño ocasionado por la denuncia penal presentada en contra de la demandante por el punible de abuso de confianza calificado? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de reparación directa para demandar la producción del daño ocasionado por la denuncia penal, siempre que la denuncia penal haya sido resuelta con firmeza dentro del término legal y la demanda se interponga dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del daño o al conocimiento del mismo. En este caso, la denuncia penal fue resuelta con firmeza el 16 de agosto de 2013, y la demanda se presentó el 21 de octubre de 2015, dentro del plazo legal. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la caducidad del medio de control de la reparación directa, asegurando que el ejercicio oportuno del derecho de acción es fundamental para evitar la pérdida del derecho a demandar.síntesis automática
También resuelve: ¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación? ¿Se acreditó un daño antijurídico susceptible de ser reparado e indemnizado como consecuencia de la denuncia penal presentada por la Previsora S.A. en contra de la demandante… ¿Resulta procedente la condena en costas en contra de la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
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Consejo de Estado Providencia

La calidad de contratista no otorga una situación de debilidad que permita flexibilizar la carga de la prueba en controversias contractuales.

Sentencia — Sentencia 2026-06-16 Sección Tercera (Subsección A) ZORANNY CASTILLO OTÁLORA Rad. 52001233300020140019002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
"¿la calidad de contratista implica una situación de debilidad que permita flexibilizar la valoración probatoria?" No
El contratista asume las cargas probatorias ordinarias en los procesos de controversias contractuales sin que su condición contractual le confiera un tratamiento privilegiado o flexible. La improcedencia de un trato probatorio privilegiado a favor del contratista como parte débil de la relación contractual se fundamenta en que la tesis planteada por el apelante no encuentra respaldo en la ley ni en la jurisprudencia. La calidad de contratista no implica, por sí misma, una situación de debilidad o desprotección que habilite la flexibilización de la carga probatoria que le corresponde, pues el sujeto que contrata con la Administración se concibe como un colaborador experto que concurre al negocio con conocimiento de sus implicaciones y con el deber de prever los riesgos normales de su actividad comercial.síntesis automática
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Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente

Sentencia — Sentencia 2025-02-03 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 66001233300020170001001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, incluyendo convenios interadministrativos, siempre que la demanda sea oportuna y se ajuste a los plazos establecidos. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de estos asuntos cuando ambos extremos procesales son entidades públicas, y el Consejo de Estado tiene vocación de segunda instancia en casos que superen la cuantía mínima legal. La caducidad del medio de control comienza a correr desde el día siguiente al vencimiento del término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades, y el recurso de apelación debe limitarse a los reparos concretos formulados por el impugnante, sin que el juez pueda reformar el fallo en perjuicio del apelante único, salvo que sea indispensable para resolver puntos íntimamente relacionados con la modificación.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del… ¿En la presente controversia el cómputo de los dos años de la caducidad empieza a correr desde el día siguiente al que se venció el término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades? ¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante?
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Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-10-10 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 13001233100019971238901 ACCION CONTRACTUAL
¿Cómo se determina la normatividad procesal aplicable al proceso? Sí
El contratista debe determinar la normatividad procesal aplicable al proceso de controversias contractuales según la fecha en que se interpuso la demanda, en este caso, la Sala estima que la demanda interpuesta el 24 de julio de 1997 debe regirse por el Código Contencioso Administrativo de 1984, dado que la Ley 1437 de 2011 entró en vigencia posteriormente. Además, la entidad estatal es competente para conocer del recurso de apelación cuando el monto de las pretensiones indemnizatorias supera la cuantía establecida en el Código Contencioso Administrativo. En cuanto al cómputo del término de caducidad, la Sala establece que este debe iniciarse desde la fecha en que debió efectuarse la liquidación del contrato, que en este caso se prolongó hasta el 11 de mayo de 1995, y que la liquidación debió realizarse dentro de los plazos establecidos por la jurisprudencia, reiterando la importancia de cumplir con los plazos legales para la liquidación del contrato y el cómputo del término de caducidad.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver asuntos de controversias contractuales? ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando se demanda, ya finalizado el término de ejecución del contrato… ¿En los contratos que se rigen por el Decreto ley 222 de 1986, La existencia de los contratos no sujetos a la formalidad de escritura pública…
Consejo de Estado Providencia

Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020150102401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas y no se demostraron los incumplimientos endilgados? Sí
Cuando la entidad contratante acepta una parte del objeto pactado, la sanción pecuniaria debe reducirse en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato, porque la aceptación y el pago de los elementos recibidos muestran que la prestación fue cumplida en esa proporción. Por otra parte, la sanción pecuniaria por incumplimiento parcial se fundamenta en las razones de incumplimiento que se acrediten en el proceso, y su nulidad no procede cuando las decisiones se sustentan en las normas aplicables, se expidieron con competencia y siguieron el procedimiento legal. Cuando la imposición de la pena no configura la prestación de un servicio ni la venta de bienes, el IVA no debe incluirse en la base de la sanción, por lo que debe descontarse del precio del contrato. En el caso concreto, la entidad recibió, aprobó y pagó los elementos del primer desembolso del precio, lo cual fue ratificado por la autorización del supervisor y la factura, y la providencia apelada se revocó en lo relativo a la reducción de la sanción. Como consecuencia práctica, el contratista que acredite la ejecución parcial del objeto puede obtener la reducción proporcional de la sanción pecuniaria en ese mismo porcentaje.síntesis automática
También resuelve: ¿Teniendo en cuenta la aceptación del contratante de parte del objeto pactado, resulta procedente la reducción de la sanción pecuniaria en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato? ¿No se acreditó la falta de acatamiento de las funciones a cargo del Ministerio, o que no hubiera ejecutado acciones para garantizar la observancia del contrato? ¿Las resoluciones fueron expedidas con competencia, en virtud de la atribución legal conferida al contratante?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: el primero de ellos se refiere a los fines que guían la contratación estatal

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-05-05 Sección Tercera (Subsección A) MARÍA ADRIANA MARÍN Rad. 76001233100020090103701 ACCION CONTRACTUAL
¿Las causas que generan la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal no se limitan a supuestos específicos como la teoría de la imprevisión, y deben identificarse con base en una lectura sistemática del Estatuto General de Contratación? Sí
Estimo pertinente precisar que las causas que pueden generar la ruptura del equilibrio financiero del contrato no se limitan a los supuestos mencionados en la providencia: teoría de la imprevisión, hecho del príncipe, ius variandi.… El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –EGCA– no contiene una lista –ni enunciativa ni taxativa– de las causas que pueden dar lugar a la alteración del equilibrio económico del contrato y la consecuente obligación de las entidades públicas contratantes de restablecerlo, sino a unos criterios generales que permiten identificarlas, establecer cuándo surge tal obligación y la medida de la recomposición del sinalgama contractual a la que se debe llevar al contratista.
También resuelve: ¿Surge la obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato estatal cuando ocurren circunstancias imprevistas no imputables al contratista, que afectan la ejecución del objeto pactado? ¿El restablecimiento del equilibrio económico del contrato procede frente a cualquier situación fáctica que cumpla con los criterios generales establecidos por la ley… ¿Puede surgir la obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato estatal por causas no previstas al momento de contratar, aunque no sean imprevisibles…