Titulación de la relatoría 62.051 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / VALIDEZ DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / ENTIDAD ESTATAL / INVÍAS / CUANTÍA DE LA DEMANDA / CUANTÍA DEL PROCESO / VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las controversias sobre contratos del Estado, dada la naturaleza del asunto y en consideración a la cuantía del proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, en tanto guardián de la constitucionalidad y legalidad administrativa, conoce de las controversias sobre contratos del Estado. A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial. El presente litigio versa sobre legalidad de la Resolución No. 833 del 1º de marzo de 2005, por medio de la cual el INVIAS liquidó unilateralmente el Contrato No. 0884 del 21 de diciembre de 2001, así como el desequilibrio económico, el incumplimiento y la validez del contrato y sus acuerdos modificatorios, a propósito de lo cual conviene resaltar que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias en las que dicha entidad sea parte, comoquiera que ostenta la calidad de entidad estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2171 de 1992, en concordancia con el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 11 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la cuantía para el año 2006 supera los 500 SMLMV, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 132-5 y 181 del CCA., vigentes a la fecha de presentación de la demanda.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 181, DECRETO 2171 DE 1992 - ARTÍCULO 52, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONCEPTO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, por lo que resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para perseguir la nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato, la declaratoria del desequilibrio económico, la nulidad absoluta del contrato, y la liquidación judicial del mismo?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, la acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos proferidos dentro del desarrollo de éste. Así, puede cualquiera de las partes solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras declaraciones y condenas. Bajo el anterior contexto, en el presente caso la acción contractual ejercida por la parte demandante es adecuada, por cuanto en el líbelo introductorio se pretende: (i) que se declare la nulidad de la Resolución No. 833 del 1º de marzo de 2005, mediante la cual se liquidó unilateralmente el contrato; (ii) que se declare que existió un rompimiento del equilibrio económico por causas ajenas al contratista, originadas en la mayor permanencia en obra y, como consecuencia, solicita que se condene a la entidad al reconocimiento y pago de mayores costos administrativos y de “stand by” de equipo y maquinaria; (iii) que se declare el incumplimiento del Contrato No. 0884 del 21 de diciembre de 2001 por el pago inoportuno de las actas de obra parcial y por la omisión en el pago del Acta No 20A; (iv) que se declare la nulidad absoluta o se estimen ineficaces algunas cláusulas y apartes de determinadas prórrogas y suspensiones al contrato; y (v) que se liquide en sede judicial el contrato.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / PARTES DEL CONTRATO / CONSORCIO / CAPACIDAD PARA SER PARTE DEL CONSORCIO / INVÍAS
Problema jurídico:
¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, según el cual la legitimación en la causa por activa en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato, la Sala concluye que el Consorcio Vías y Desarrollo y el Instituto Nacional de Vías -INVIAS-, poseen el interés jurídico que se debate en el sub examine y están legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, toda vez que son los extremos del negocio jurídico -Contrato No. 0884 del 21 de diciembre de 2001- que suscita la controversia objeto de examen en sede judicial (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la capacidad para ser parte de las uniones temporales y consorcios, consultar providencia del 25 de septiembre de 2013, Exp. 19933, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32
LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DE LA DEMANDA / REQUISITOS DE LA DEMANDA EN FORMA / REQUISITOS DE LA DEMANDA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA / ARGUMENTO EN LA DEMANDA / PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN SUFICIENTE / INDICACIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LA NORMA / DECLARACIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / EXCEPCIONES PROCESALES / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / JUSTICIA ROGADA / ALCANCE DE LA JUSTICIA ROGADA / PRINCIPIO DE JUSTICIA ROGADA / CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEMANDA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / FALLO INHIBITORIO / FALLO INHIBITORIO POR INEPTITUD DE LA DEMANDA / SENTENCIA INHIBITORIA
Problema jurídico:
¿Dado el demandante no señaló ninguna norma violada con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, y que tampoco formuló un cargo concreto o mencionó razón alguna por la que considera que aquel es ilegal, debe declararse de oficio la excepción de inepta demanda y proferirse un fallo inhibitorio al respecto?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según lo previsto en el numeral 4 del artículo 137 del CCA, aplicable al caso concreto, toda demanda que se dirija ante la jurisdicción administrativa, a través de la cual se pretenda la impugnación de un acto administrativo, debe contener las normas violadas y explicar el contenido de la violación, pues le corresponde a la parte actora la carga desvirtuar su presunción de legalidad. Al efecto, conviene recordar que no basta con pretender la nulidad de un acto administrativo ni con identificar las disposiciones normativas que se consideran vulneradas con su expedición, sino que es menester la formulación del concepto de violación, para lo cual se debe explicar en qué consiste dicha transgresión, es decir, por qué se considera que el acto administrativo adolece de nulidad, presupuesto que encuentra su fundamento en que los actos administrativos que se atacan ante la jurisdicción contencioso administrativa se presumen ajustados a la Constitución y a la ley, por lo que corresponde a quien acude con el fin de obtener su anulación la carga de desvirtuar la presunción de legalidad, exponiendo las razones por las cuales considera que el acto acusado vulnera las disposiciones señaladas como violadas e incurre en el cargo planteado. Precisamente, la jurisprudencia ha señalado en forma reiterada y uniforme que este planteamiento de los cargos constituye el contorno de la decisión del juez administrativo, quien deberá resolver sobre la validez del acto demandado dentro de los límites establecidos en la demanda, es decir, con fundamento en los motivos de violación alegados por la parte actora en el libelo introductorio y las normas que hayan sido invocadas como vulneradas. Dicho en otras palabras, el control de legalidad que el juez contencioso administrativo realiza no es general sino particular y concreto, de modo que el análisis que realiza el operador jurídico sólo puede circunscribirse a los motivos de violación que se alegan en la demanda, los cuales constituyen la causa petendi en el proceso. En suma, en atención al carácter de justicia rogada que reviste a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el control de legalidad se contrae a los cargos esgrimidos en la demanda y a las normas indicadas por el demandante, por ser el escrito de demanda el marco de referencia para que el operador jurídico emita su pronunciamiento judicial, de manera que se respete el principio de congruencia y, además, el derecho de defensa del demandado. Ahora bien, también ha señalado la Jurisprudencia en punto a este presupuesto que el mismo se satisface al consignarse la invocación normativa y la sustentación de los cargos planteados, sin que pueda entenderse sujeto al seguimiento de un modelo estricto de técnica jurídica, debiendo, además, darse prevalencia al derecho sustancial en el evento en que el concepto de la violación formulado no fuere suficiente, pero cuando menos sí comprensible para el operador judicial. (…) En suma, esta carga procesal se cumple cuando se enuncian las normas concretas que se estiman transgredidas y se formula la sustentación de los cargos, sin exigencia de técnica jurídica, al paso que, por el contrario, no es satisfecha ante ausencia total de invocación normativa y de exposición de los cargos, o en el evento en que se indiquen las normas vulneradas, pero no se incluya concepto de su violación. Descendiendo al caso concreto, a partir del examen del líbelo introductorio y puntualmente de las pretensiones y hechos relativos a la nulidad de la Resolución No. 833 del 1º de marzo de 2005, se advierte que la parte demandante además de que no señaló ninguna norma violada con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, tampoco formuló un cargo concreto o mencionó razón alguna por la que considera que aquel es ilegal, es decir, no planteó el concepto de violación, presupuesto que tratándose de la impugnación de actos administrativos, como en efecto resulta ser el que liquida unilateralmente un contrato regido por el Estatuto General de la Contratación Pública, se torna indispensable, en la medida en que opera en este caso el principio de justicia rogada, imponiéndose a la parte actora la carga de indicar no solamente las normas violadas, sino además la explicación del concepto de su violación. En tan sentido, se observa que la parte actora sustentó las pretensiones del líbelo introductorio sobre la base de afirmar que se configuró un desequilibrio económico del contrato por mayor permanencia obra, sin que a partir de dicho argumento, a diferencia de lo considerado por el a quo, pueda entenderse estructurado un cargo de falsa motivación a través del cual se pretenda desvirtuar la presunción de legalidad de la Resolución No. 833 del 1º de marzo de 2005, pues lo cierto es que el demandante no controvirtió las motivaciones expuestas por la entidad en el acto administrativo ni manifestó las razones por las cuales aquellas serían inexistentes o contrarias a la realidad, sin que tenga cabida la posibilidad de inferir o suponer lo que no fue ni siquiera mínimamente alegado. Justamente debe recordarse que este vicio de nulidad del acto administrativo, tal como lo ha señalado esta Corporación, se abre paso cuando las razones expuestas por la administración para adoptar la decisión de que se trate sean contrarias a la realidad, lo que supone que el demandante atienda la carga argumentativa de precisar aquellos aspectos de hecho y de derecho que considera no pueden ser el soporte de la decisión, sustentando en forma precisa y clara la discrepancia entre los supuestos fácticos y jurídicos que fundamentaron el acto impugnado y aquellos que han debido ser tenidos en cuenta y fueron omitidos o distorsionados, lo que no ocurrió en el presente caso. Por lo anterior, en lo que corresponde a la pretensión encaminada a la nulidad de la Resolución No. 833 del 1º de marzo de 2005, se declarará de oficio la excepción de inepta demanda y se proferirá un fallo inhibitorio al respecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 164 del CCA.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la carga argumentativa de la demanda de nulidad contra un acto administrativo, consultar providencias de 6 de abril de 2011, Exp. 19483, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; de 3 de noviembre de 2011, Exp. 0999-09, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; de 9 de diciembre de 2011, Exp. 20410, C.P. Danilo Rojas Betancourth; de 22 de octubre de 2012, Exp. 20738, C.P. Enrique Gil Botero; de 27 de marzo de 2014, Exp. 19050, C.P. Martha Teresa Briceño De Valencia; de 18 de septiembre de 2014, Exp.1091-2009, C.P. Gerardo Arenas Monsalve; de 5 de mayo de 2016, Exp. 2010-00260, C.P. Guillermo Vargas Ayala; y de la Corte Constitucional, C-197 de 1999.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 137 NUMERAL 4, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 164
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO ESTATAL / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / INTERÉS GENERAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de controversias contractuales, respecto de las pretensiones subsidiarias de la demanda, pero no respecto de aquellas relativas al desequilibrio económico y al incumplimiento del contrato, considerando que para el cómputo del término respectivo no es dable tener en cuenta las prórrogas contractuales suscritas luego de vencido el término del negocio jurídico?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. (…) La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. A partir de lo anterior, teniendo en cuenta que las pretensiones de la demanda que serán objeto de pronunciamiento en esta sede judicial giran en torno: (i) al desequilibrio económico del Contrato No. 0884 del 21 de diciembre de 2001 por mayor permanencia en obra; (ii) al incumplimiento del contrato y (iii) a la nulidad de algunos apartes de sus prórrogas y suspensiones, la Sala estima necesario abordar el examen de caducidad de forma independiente, teniendo en cuenta para ello los plazos preclusivos de la acción contractual, previstos en los literales d), e) y f), del numeral 10º del artículo 136 del CCA, aplicables al caso concreto. Al efecto, el numeral 10º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998, establece que la acción contractual caducará al vencimiento del término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento y en los siguientes contratos deberá contabilizarse así: (…) En el presente caso, (i) frente a las pretensiones relativas al desequilibrio económico por mayor permanencia en obra y al incumplimiento del Contrato No. 0884 del 21 de diciembre de 2001, la caducidad de la acción se contabilizará atendiendo lo dispuesto en el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del CCA, pues el contrato referido es sin duda un negocio jurídico de tracto sucesivo que requería de liquidación, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993; (ii) en lo que respecta a las pretensiones Subsidiarias A, concernientes a la nulidad de la cláusula primera del Contrato Adicional No. 2 del 7 de marzo de 2003; cláusulas segunda, tercera, quinta y sexta del Acta de Suspensión del 4 de abril de 2003; cláusulas segunda, tercera y parágrafo, quinta y sexta parcial del Acta de Ampliación de la Suspensión Temporal del 13 de junio de 2003; clausulas segunda, tercera y parágrafo, quinta y sexta parcial del Acta de Ampliación de la Suspensión Temporal del 27 de junio de 2003; y del Acta de Reanudación y Adicional No. 3 del 15 de julio de 2003, la caducidad se computará a partir de lo establecido en los literales e) y f) del numeral 10º del artículo 136 del CCA; y (iii) en cuanto a las pretensiones subsidiarias B, particularmente las correspondientes a la ineficacia en estricto sentido de las cláusulas antedichas, la caducidad se contará de acuerdo con lo establecido en la regla general contenida en el numeral 10º del artículo 136 del CCA., es decir, a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sustentan las pretensiones. (…) Ahora bien, para determinar el momento a partir del cual se debe empezar a contabilizar la caducidad de la acción, es menester comenzar por establecer, en primer lugar, la fecha de terminación del Contrato No. 0884 del 21 de diciembre de 2001. (…) Bajo el (…) contexto probatorio, la Sala advierte que el Acta de Ampliación de la Suspensión Temporal del 13 de junio de 2003, fue suscrita por las partes después de vencido el plazo del Contrato No. 0884 del 21 de diciembre de 2001, misma suerte que corrieron los acuerdos modificatorios que se celebraron con posterioridad al acta referida, esto es, el Acta de Ampliación de la Suspensión Temporal del 27 de junio de 2003, el Acta de Reanudación y Adicional del 15 de junio de 2003 y la prórroga del 30 de octubre de 2003. (…) En este orden de ideas, comoquiera que estas últimas manifestaciones, es decir, las suscritas por las partes el 13 y 27 de junio, el 15 de julio y el 15 de octubre de 2003, fueron convenidas después del vencimiento del plazo del negocio jurídico, que se itera, tuvo lugar el 8 de junio de 2003, de conformidad con lo manifestado por esta Sección y en virtud del régimen contractual aplicable al contrato (...), la Sala no tendrá en cuenta estas estipulaciones para el cómputo de la caducidad, en la medida que para la fecha de su celebración el contrato ya había finiquitado y tales acuerdos, en modo alguno, tienen la virtualidad de revivirlo y mucho menos de prorrogarlo en el tiempo. En este orden de ideas, constatado el acervo probatorio allegado al expediente, la Sala colige que el Contrato No. 0884 del 21 de diciembre de 2004, celebrado entre el Consorcio Vías y Desarrollo y el INVIAS, finalizó por vencimiento de su plazo el 8 de junio de 2003. (…) En tal sentido, frente a las pretensiones relativas al desequilibrio económico por mayor permanencia en obra y al incumplimiento del Contrato No. 0884 del 21 de diciembre de 2001, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, esto es, dentro de los dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del acto de liquidación unilateral. (…) Por otro lado, en cuanto a las pretensiones subsidiarias A concernientes a la nulidad de la cláusula primera del Contrato Adicional No. 2 del 7 de marzo de 2003; cláusulas segunda, tercera, quinta y sexta del Acta de Suspensión del 4 de abril de 2003; cláusulas segunda, tercera y parágrafo, quinta y sexta parcial del Acta de Ampliación de la Suspensión Temporal del 13 de junio de 2003; clausulas segunda, tercera y parágrafo, quinta y sexta parcial del Acta de Ampliación de la Suspensión Temporal del 27 de junio de 2003; y del Acta de Reanudación y Adicional No. 3 del 15 de julio de 2003, se advierte que la demanda fue presentada por fuera del plazo previsto en la ley, pues, aunque la parte actora no afirma si pretende la nulidad absoluta o relativa de estas disposiciones contractuales, cierto es que el líbelo introductorio fue allegado después de los (2) años contados a partir del perfeccionamiento de cada uno de los negocio jurídicos referidos, esto es, el 5 de septiembre de 2006, de tal suerte que operó la caducidad de la acción contractual respecto de estas pretensiones, de conformidad con lo previsto en los literales e) y f) del numeral 10º del artículo 136 del CCA. (…) Finalmente, en lo atinente a las pretensiones subsidiarias B, particularmente las correspondientes a la ineficacia en estricto sentido de la cláusula primera del Contrato Adicional No. 2 del 7 de marzo de 2003; cláusulas segunda, tercera, quinta y sexta del Acta de Suspensión del 4 de abril de 2003; cláusulas segunda, tercera y parágrafo, quinta y sexta parcial del Acta de Ampliación de la Suspensión Temporal del 13 de junio de 2003; clausulas segunda, tercera y parágrafo, quinta y sexta parcial del Acta de Ampliación de la Suspensión Temporal del 27 de junio de 2003; y del Acta de Reanudación y Adicional No. 3 del 15 de julio de 2003, se advierte que la demanda se presentó después de vencido el plazo preclusivo contado a partir de los motivos de hecho que sustentan las pretensiones, es decir, desde la fecha en la que se celebraron los acuerdos de voluntades que contienen las cláusulas reprochadas; en el líbelo introductorio la parte actora adujo que estas son ineficaces porque contravienen el ordenamiento jurídico, de donde se desprende que la suscripción de los negocios jurídicos es el motivo que soporta lo pretendido. Por lo anterior, comoquiera que la demanda fue allegada el 5 de septiembre de 2006, esto es, después de transcurridos más de dos (2) computados desde la celebración de cada uno de los acuerdos de voluntades que contienen las cláusulas que se estiman ineficaces, se declarará la caducidad de la acción frente dichas pretensiones, de conformidad con lo establecido en el numeral 10º del artículo 136 del CCA, sin perjuicio del examen que eventualmente se llevé a cabo frente al alcance de dicho clausulado, con ocasión del desarrollo del caso concreto.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la institución jurídico procesal de la caducidad, consultar providencias de la Corte Constitucional, de 14 de octubre de 1998, Exp. C-574 de 1998, C.P. Antonio Barrera Carbonell; y de 22 de mayo de 2002, Exp. C-394, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Acerca del derecho al acceso a la administración de justicia, consultar providencia de 23 de febrero de 2006, Exp. 6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres Toro. En relación con la normativa aplicable a la caducidad de la acción, consultar providencia de 24 de abril de 2017, Exp. 50902, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la procedencia de la prórroga de los contratos, consultar providencia de 9 de julio de 2014, Exp. 26549, C.P. Hernán Andrade Rincón. Acerca de la imposibilidad de tener en cuenta las prórrogas contractuales suscritas luego de vencido el término del contrato, consultar providencias de 16 de marzo de 2015, Exp. 32797, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 23 de marzo de 2017, Exp. 49442, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Frente al cómputo de la acción de controversias contractuales, consultar providencias de 16 de marzo de 2015, Exp. 32797, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 INCISO 10, LEY 446 DE 1998, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
EQUILIBRIO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE EQUILIBRIO CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / MECANISMOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / PRINCIPIO DE REBUS SIC STANTIBUS
Problema jurídico:
¿En virtud del principio de equilibrio o equivalencia entre derechos y obligaciones de los contratos, las condiciones económicas y/o financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar oferta y de celebrar el contrato, deben mantenerse durante el cumplimiento y ejecución del mismo?
Respuesta al problema jurídico: Si
El equilibrio o la equivalencia entre derechos y obligaciones de los contratos es un instituto que propende por asegurar que durante la ejecución del contrato se mantengan las mismas condiciones económicas y/o financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar oferta y de celebrar el contrato. (…) En tal sentido, las condiciones económicas y/o financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar oferta y de celebrar el contrato, deben mantenerse durante el cumplimiento y ejecución del mismo, de tal suerte que, frente al principio “pacta sunt servanda”, que como es sabido hace referencia a la firmeza y solidez del vínculo contractual, se erige la denominada “cláusula rebus sic stantibus”, instituto en virtud del cual las estipulaciones contractuales son acordadas por las partes sobre la base de las circunstancias presentes al momento en el que son convenidas; si bien los contratos son ley para las partes, ante la alteración sustancial de la economía del contrato por la ocurrencia de circunstancias sobrevinientes e impredecibles, las partes tienen derecho a pedir el restablecimiento del equilibrio económico.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del principio de equilibrio contractual, consultar providencias de 27 de enero de 2016, Exp. 38449, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. En relación con el principio del rebus sic stantibus, consultar providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 21 de febrero de 2012. Sobre el derecho a pedir el restablecimiento del equilibrio económico, consultar providencia de 27 de enero de 2016, Exp. 38449, .P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RIESGO CONTRACTUAL / RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Cualquier variación de la ecuación financiera constituye un rompimiento del equilibrio económico o financiero del contrato, considerando que existen riesgos propios que se derivan de la actividad contractual, los cuales deben ser asumidos por las partes?
Respuesta al problema jurídico: No
[D]ebe anotarse que no cualquier variación de la ecuación financiera constituye un rompimiento del equilibrio económico o financiero del contrato, comoquiera que existen riesgos propios que se derivan de la actividad contractual, los cuales deben ser asumidos por las partes. En este sentido, se ha señalado que la equivalencia prestacional puede verse afectada: (i) por actos de la entidad contratante que modifiquen las condiciones “ius variandi”; (ii) por actos de la administración como Estado “hecho del príncipe”; y (iii) por factores externos a las partes que se enmarquen en la denominada “teoría de la imprevisión”.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del rompimiento del equilibrio económico o financiero del contrato, consultar providencia de 29 de enero de 2018, Exp. 52666, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Para que se estructure la teoría de la imprevisión se requiere que el contrato sea bilateral, conmutativo y de ejecución sucesiva, periódica o diferida; que se presenten circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato; que esas circunstancias alteren o agraven la prestación a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa; y que el acontecimiento sea ajeno a las partes y no corresponda a un riesgo asumido en el contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[P]ara que se estructure la teoría de la imprevisión se requiere: (i) que el contrato sea bilateral, conmutativo y de ejecución sucesiva, periódica o diferida; (ii) que se presenten circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato; (iii) que esas circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles alteren o agraven la prestación a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa; y (iv) que el acontecimiento sea ajeno a las partes y no corresponda a un riesgo asumido en el contrato. Para la prosperidad de las pretensiones fundadas en la teoría de la imprevisión, los anteriores presupuestos, que son concurrentes, deben encontrarse plenamente acreditados, carga probatoria que recae en el demandante, a quien le corresponde demostrar el rompimiento de la equivalencia contractual a causa de un hecho imprevisto e imprevisible, ajeno a las partes y que se produjo con posterioridad a la celebración del contrato, así como probar los sobrecostos extraordinarios derivados del mismo.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la teoría de la imprevisión, consultar providencias de 8 de septiembre de 201, Exp. 15476, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 27 de enero de 2016, Exp. 38449, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de21 de febrero de 2012, Exp. 11001-3103-040-2006-00537-01.
RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / APELANTE ÚNICO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ALTERACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INCLUSIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ARGUMENTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO / PUNTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL PUNTO NUEVO / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONCEPTO DE PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONGRUENCIA DEL JUEZ / FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / SUSTENTACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN / PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN SUFICIENTE / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿En procura de garantizar la congruencia de la sentencia, debe el juez resolver el asunto en aquello que el apelante único reprocha como desfavorable, abstenerse de analizar la controversia desde la perspectiva de una nueva argumentación introducida con el escrito de impugnación y, no pronunciarse respecto de lo que no esté debidamente sustentado en el recurso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]omoquiera que solo la parte demandante presentó recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del CPC, se resolverá el asunto sub lite en aquello que el recurrente reprocha como desfavorable. Por tanto, la Sala únicamente analizará si hay lugar a restablecer el equilibrio económico del Contrato No. 0884 del 21 de diciembre de 2001, por los sobrecostos en que incurrió el contratista por la mayor permanencia en la obra que implicó las prórrogas y suspensiones de que fue objeto el contrato durante su plazo de ejecución, originadas, a su juicio, en circunstancias ajenas a su voluntad, puntualmente en cuanto (i) a la insuficiencia de recursos de la entidad pública para continuar con la ejecución del contrato de interventoría; (ii) a las restricciones impuestas por la fuerza pública, que impidieron el transporte de materiales; (iii) a razones de orden público; (iv) a la temporada invernal; y (v) a la insuficiencia de vías de acceso al sitio de las obras, tras la “voladura del puente sobre el rio Morichito por parte de fuerzas insurgentes”. Con relación a los reparos formulados por el recurrente en lo atinente a la mayor permanencia en obra ocasionada por la demora en la orden para iniciar la ejecución del contrato y por los contratiempos con otros contratistas que se harían cargo de la construcción de los primeros kilómetros carreteables, la Sala se abstendrá de examinar estos planteamientos, pues dichos cargos no hicieron parte de los cuestionamientos expuestos en el líbelo introductorio y, por lo tanto, comportan una modificación de la causa petendi, de tal suerte que en caso de emitirse un pronunciamiento sobre aquellos se estaría desconociendo el principio de congruencia, que impide al juez sorprender a las partes con decisiones que recaigan sobre aspectos que no fueron materia de debate a lo largo del proceso, a excepción de aquellos que deben resolverse de oficio, en garantía del debido proceso y del derecho de defensa y contradicción. Al respecto, es menester anotar que de conformidad con lo establecido en el artículo 305 del CPC, hoy artículo 281 del CGP, que consagra el principio de congruencia, debe existir consonancia o coherencia correlativa entre la providencia judicial y las pretensiones y los hechos que se aducen en la demanda, así como las excepciones propuestas. De este modo, si se resuelven aspectos no pretendidos en la demanda se estaría dictando un fallo extra petita; si se condena más allá de lo pedido se trataría de una providencia ultra petita; y si no se resuelven todas las pretensiones o las excepciones, la decisión sería infra o citra petita. (…) Así las cosas, como los referidos argumentos, incluidos por primera vez en el recurso de apelación, variaron la causa petendi, la Sala no los tendrá en cuenta al delimitar el objeto de la apelación. Finalmente, en lo que corresponde al incumplimiento alegado en la demanda frente al pago inoportuno de las actas de obra mensuales y la falta de pago del acta de obra parcial No. 20A, la Sala no entrará a pronunciarse en esta instancia, comoquiera que en el recurso de alzada la parte actora no formuló reparo alguno frente a lo considerado y resuelto por el Tribunal respecto de dichas pretensiones.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia, consultar providencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 21060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Acerca del principio de congruencia de la sentencia, consultar providencias de 1° de marzo de 2006, Exp. 15898, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 31 de octubre de 2016, Exp. 56949, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 27 de noviembre de 2017, Exp. 59913, C.P. Jaime Orlando Santofimio; de 27 de septiembre de 2018, Exp. 42769, C.P. María Adriana Marín; de 14 de febrero de 2019, Exp. 58894, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 5 de marzo de 2020, Exp. 64627, C.P. María Adriana Marín; de 19 de noviembre de 2020, Exp. 65854, C.P. Nicolás Yepes Corrales; de 18 de diciembre de 2020, Exps. 62573, 64129 y 64270, C.P. Nicolás Yepes Corrales; y de 5 de marzo de 2021, Exp. 65440, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 305, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Los documentos aportados en copia simple cuentan con valor probatorio siempre que no hayan sido tachados de falsedad por alguna de las partes, o exista alguna disposición que haga exigible el requisito de las copias auténticas o de una determinada copia?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el caso concreto la Sala analizará los documentos aportados en copia simple, siempre que no hayan sido tachados de falsedad por alguna de las partes o exista alguna disposición que haga exigible el requisito de las copias auténticas o de una determinada copia, de conformidad con lo dispuesto por esta Corporación en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las copias simples, consultar providencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.
PRENSA / ARTÍCULOS DE PRENSA / DOCUMENTO PERIODÍSTICO / PUBLICACIÓN EN PRENSA / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PERIODÍSTICO / PERIÓDICO / VALOR PROBATORIO DE NOTICIA EN PRENSA ESCRITA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La información que aparece en los artículos de prensa únicamente tiene la capacidad de demostrar el registro mediático de unos hechos, sin que, por sí sola, constituya un medio idóneo que acredite la veracidad y autenticidad de su contenido, por lo que su eficacia probatoria descansa en la conexidad que se acredite con otros elementos probatorios que reposen en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A]l proceso fueron allegadas copias de recortes de prensa publicados el 30 de mayo y 15 de junio de 2002 en el diario “El Tiempo” y otro tanto de fecha 29 y 30 de mayo y 1 y 15 de junio de 2002 sin fuente, los cuales aparentemente dan cuenta de la ola invernal y de la situación de seguridad que atravesó el departamento del Guaviare para ese entonces. Al respecto, la Sala advierte que dichas publicaciones, tal y como lo ha señalado de tiempo atrás esta Corporación, tan solo demuestran la existencia de la noticia y son indicadores de la percepción del hecho y en tal sentido serán valoradas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las publicaciones periodísticas, consultar providencia de 29 de mayo de 2012, Exp. 11001-03-15-000-2011-01378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia; de 22 de febrero de 2018, Exp. 00942, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / MUTUO CONSENTIMIENTO / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ / FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / VALORACIÓN DEL JUEZ / ATRIBUCIONES DEL JUEZ / OBLIGACIONES DEL JUEZ / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La ausencia de reclamaciones o salvedades en los otrosíes, acuerdos modificatorios, prórrogas, adiciones o suspensiones del contrato, se erige en una exigencia que por sí misma torna improcedente el examen de las pretensiones de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
En el fallo de primera instancia, entre otros, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda, porque la parte actora al suscribir las prórrogas y suspensiones no plasmó salvedad alguna tendiente al pago de los sobrecostos que podrían haberse originado con ocasión de su celebración. Con relación a la ausencia de reclamaciones o salvedades en los otrosíes -acuerdos modificatorios, prórrogas, adiciones o suspensiones-, esta Subsección ha sido enfática en afirmar que la ausencia de aquellos no exime al juez del contrato de la tarea de “ […] desentrañar, en cada caso, cuál fue el acuerdo de las partes y su alcance y así establecer si las partes pretendieron, con ese acuerdo, regular los asuntos cuya reclamación ahora se le formula y los términos de esa regulación”, de tal suerte que su presentación no puede establecerse como una exigencia formal para el estudio y reconocimiento de la pretensión. En este orden, a partir de la aplicación de la buena fe contractual, expresamente consagrada en los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, le corresponde al juez del contrato, en cada caso, interpretar los acuerdos celebrados entre las partes y el comportamiento jurídicamente relevante que hubieren observado, junto con las demás particularidades del asunto sometido a su decisión, para establecer si lo pretendido en la demanda se encuentra en contradicción con el sentido que ha de atribuirse a las manifestaciones de la voluntad y a la conducta observada por las partes durante la ejecución del contrato. (…) Bajo el anterior contexto, contrario a lo afirmado por el a quo, resulta claro que el hecho de que el demandante no hubiese formulado salvedad alguna al celebrar el Contrato Adicional No. 1 del 8 de noviembre de 2002, el Contrato Adicional No. 2 del 7 de marzo de 2003 y el Acta de Suspensión Temporal del 4 de abril de 2003, no se erige en una exigencia que por sí misma torne improcedente el examen de las pretensiones de la demanda, pues en efecto, tal y como quedó visto, le corresponde al juez del contrato en cada caso analizar las reclamaciones planteadas, determinar las circunstancias que rodearon los acuerdos modificatorios y su alcance y apreciar las demás actuaciones de las partes. Por tanto, la Sala procederá a examinar el contenido de las prórrogas y suspensiones referidas, así como sus antecedentes, con el fin de establecer su alcance de cara a las reclamaciones esbozadas. Con todo, no está demás señalar que respecto del presunto rompimiento del equilibrio económico del contrato por mayor permanencia en obra con ocasión de la celebración del Acta de Suspensión Temporal del 13 de junio de 2003, del Acta de Ampliación de la Suspensión Temporal del 27 de junio de 2003, del Acta de Reanudación y Adicional del 15 de junio de 2003 y la prórroga del 30 de octubre de 2003, la Sala, de conformidad con lo manifestado por esta Sección y al amparo del régimen contractual aplicable al negocio jurídico sometido a juicio (...), considera improcedente su examen, en la medida que aquellas se suscribieron con posterioridad al vencimiento del plazo del Contrato No. 0884 del 21 de diciembre de 2001, que (...) feneció el 8 de junio de 2003.
NOTA DE RELATORÍA:
Frente a las salvedades o reclamaciones en los acuerdos modificatorios del contrato, consultar providencias de 13 de noviembre de 2013, Exp. 23829, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 8 de mayo de 2020, Exp. 64701, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 13 de agosto de 2020, Exp. 51833, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 20 de noviembre de 2020, Exp. 38097, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 5 de febrero de 2021, Exp. 46726, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de 22 de noviembre de 2021, Exp. 52430, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 22 de noviembre de 2021, Exp. 47779, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Acerca de la imposibilidad de tener en cuenta las prórrogas contractuales suscritas luego de vencido el término del contrato, consultar providencia de 4 de diciembre de 1986, Exp. 3678, C.P. Jorge Valencia Arango; y de 4 de agosto de 2021, Exp. 45004, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, DECRETO LEY 222 DE 1983, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / OLA INVERNAL / PUENTE CAÍDO / IMPREVISIBILIDAD / DICTAMEN PERICIAL / PRUEBA PERICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL / INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / FALTA DE PRUEBA / CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD / CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDAD / MUTUO CONSENTIMIENTO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Hay lugar a declarar la ruptura del equilibrio económico del contrato originada en la mayor permanencia en obra producto de las prórrogas, adiciones y suspensiones acordadas durante la ejecución del contrato y, como consecuencia de ello, reconocer los perjuicios reclamados en la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
Procede la Sala a resolver la materia objeto de debate en esta sede judicial y que, de conformidad con lo expuesto por la parte actora en su demanda, en concordancia con lo indicado en el recurso de apelación, se concreta en determinar si la mayor permanencia en obra alegada, producto de las prórrogas y suspensiones acordadas durante la ejecución del contrato, ocasionaron la ruptura del equilibrio económico del contrato y si, en consecuencia procede el reconocimiento de los mayores costos administrativos y por “stand-by” de equipo y maquinaria. (...) Al respecto, (...) resulta necesario analizar lo ocurrido durante la ejecución del contrato y el comportamiento de las partes en la suscripción del Contrato Adicional No. 1 del 8 de noviembre de 2002, el Contrato Adicional No. 2 del 7 de marzo de 2003 y el Acta de Suspensión Temporal del 4 de abril de 2003, con el fin de establecer si existió una ruptura del equilibrio económico del contrato por mayor permanencia en obra. (...) En tal sentido, a partir de la lectura de las consideraciones plasmadas en el Contrato Adicional No. 1 del 8 de noviembre de 2002, se observa que su celebración obedeció a la solicitud elevada por el contratista, quien dio cuenta de las fuertes lluvias que se presentaron en la zona de ejecución las obras en los meses de abril, mayo, junio y julio de 2002 y de la caída del puente morichito, lo que le impidió ejecutar de forma normal el contrato. (...) De tiempo atrás la jurisprudencia de esta Sección ha manifestado que las fuertes lluvias o el alto volumen pluvial como fenómeno de imprevisión únicamente resulta admisible “[…] cuando se prueba que la intensidad, la frecuencia y la ocurrencia geográfica de las mismas, es absolutamente extraordinario, imprevisible y anormal”. Por tanto, no basta con acreditar las malas condiciones climáticas, sino que es necesario que las mismas hayan sido imprevisibles, es decir, que sobrepasen el álea normal del contrato, puesto que, en principio, las condiciones climáticas en la geografía nacional resultan previsibles y constituyen un riesgo a cargo del contratista. Sobre este particular, a partir de las condiciones establecidas en el pliego se encuentra probado que los proponentes debían inspeccionar el sitio y los alrededores de la obra, con el fin de establecer, entre otros aspectos, sus características y condiciones, lo cual, por supuesto, comprendía determinar las particularidades del clima en la zona, lo que le imprimía al demandante, al igual que a los demás oferentes, el deber de efectuar el estudio del clima y el volumen de las lluvias para efectos de precaver su comportamiento durante el plazo de ejecución del contrato y de esta manera ajustar su cronograma de trabajo a dicha circunstancia (...). Por tanto, el reconocimiento del desequilibrio económico alegado únicamente resultaría procedente si las lluvias que se presentaron en dicha zona en los meses de abril, mayo, junio y julio de 2002 hubiesen sido imprevisibles, es decir, que sobrepasaran los niveles porcentuales normales esperados. (...) En suma, la reclamación elevada por la parte actora respecto de la ola invernal como circunstancia que dio lugar a la ruptura del equilibrio económico del contrato no tiene la vocación de prosperar, en la medida que las pruebas allegadas al expediente no dan cuenta de que la intensidad y la frecuencia de las lluvias en la zona en la que se ejecutaron las labores contratadas durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2002 hubiesen sido extraordinarias o anormales, luego de lo cual se concluye que dicha circunstancia constituye un riesgo a cargo del contratista, que se sitúa en el álea normal del contrato, es decir, que era previsible. (...) Por otra parte, en lo que corresponde a los problemas aducidos por el Consorcio (...) con ocasión de la caída del puente morichito, (...) , se aprecia que en el marco de la ejecución del contrato el puente morichito fue objeto de un atentado que afectó su estructura, al punto que el paso del tráfico pesado se vio restringido con ocasión de dicha acción; no obstante lo cual tiempo después el puente colapsó, impidiendo de esta manera el ingreso adecuado de materiales e insumos a la obra, pues aunque se habilitó una vía alterna, aquella no estaba en las mejores condiciones, lo que llevó a que para el mes de mayo de 2002 varios operarios del consorcio se retiraran de la obra ante la escasez de combustible, situación que fue remediada con la instalación de un puente provisional, el cual, según se desprende del material probatorio, entró en operación el 17 de julio de 2002. En tal sentido, la Sala considera que el derrumbe del puente morichito, que condujo en parte a la suscripción del Contrato Adicional No. 1 del 8 de noviembre de 2002, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución por 4 meses, constituyó una circunstancia sobreviniente, extraordinaria e imprevisible a la celebración del contrato. (...) Con todo, la Sala considera que en el asunto sub judice la parte actora (...) no probó la pérdida real, grave y anormal en la economía del contrato, que hubiese alterado o agravado las prestaciones a su cargo. (...) En este orden de ideas, la Sala considera que el dictamen pericial carece de eficacia probatoria, pues las conclusiones a las que llegó el perito en su informe técnico, en punto de los sobrecostos por mayor permanencia en obra no son precisas, no se encuentran debidamente fundamentadas, se refieren a puntos de derecho y desbordaron el objeto de la prueba, motivo por el cual no se le dará mérito al dictamen, pues aquella no brinda plena certeza sobre los puntos que se debaten en la presente litis. (...) En suma, para la Sala, las pruebas allegadas al plenario no resultan suficientes a efectos de demostrar la ruptura de la ecuación económica que alegó la actora, pues para este propósito no bastaba con sostener que la mayor permanencia en obra le generó sobrecostos. Por el contrario, era indispensable aportar las pruebas que soportaran la causación de los valores reclamados y el desbalance alegado, lo que comenzaba por demostrar que durante la mayor permanencia en obra por cuenta la suscripción del Contrato Adicional No. 1 del 8 de noviembre de 2002 incurrió en gastos por concepto de administración y “stand by” de equipo y maquinaria, lo cual no se encuentra acreditado en el proceso. A partir de lo anterior, la Sala estima que el consorcio demandante no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta (...) lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, (...) de donde el desequilibrio alegado por mayor permanencia en obra requiere de prueba, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal onus, impide su reconocimiento. (...) [Por otro lado,] la Sala aprecia que en el Contrato Adicional No. 2 del 7 de marzo de 2003 y en el Acta de Suspensión Temporal del 4 de abril de 2003, las partes dejaron constancia expresa que el contratista renunciaría a reclamar sobrecostos ocasionados por su celebración, manifestaciones de las que se desprende una renuncia a reclamar en contra del INVIAS. Con relación a los efectos de las renuncias expresas a las reclamaciones elevadas en el marco de un contrato estatal, la jurisprudencia de esta Sección ha considerado que estas constituyen la expresión de la autonomía de la voluntad y, por tanto, son obligatorias y vinculantes, sin perjuicio de sus limitaciones. Además, se ha estimado que, tratándose de una renuncia a los derechos económicos del contratista, la interpretación de las cláusulas de exclusión o limitación de responsabilidad debe ceñirse a los condicionamientos de la renuncia. (...) En este orden, la Sala estima improcedente la reclamación que la parte actora solicita en este proceso judicial, derivada de las razones que llevaron a suscribir el Contrato Adicional No. 2 del 7 de marzo de 2003 y el Acta de Suspensión Temporal del 4 de abril de 2003, comoquiera que en el marco de estos acuerdos de voluntades el consorcio renunció expresamente a reclamar los sobrecostos de administración y “stand-by” de equipo y maquinaria por la mayor permanencia en obra, derivados, el primero de la ola invernal y las restricciones para el ingreso de insumos a la obra, y el segundo por la insuficiencia de recursos para contratar la interventoría, todo lo cual lleva a concluir que en estos acuerdos las partes regularon los asuntos cuya reclamación ahora se pretende en esta sede judicial. A la anterior conclusión arriba la Sala partiendo de recordar que el soporte sobre el que se estructura el régimen contractual es el mutuo consentimiento de las partes que da lugar al nacimiento de obligaciones recíprocas, como expresión de la autonomía de la voluntad y del que emerge la fuerza vinculante del negocio jurídico libremente convenido y el deber de ejecutar lo acordado en los términos pactados. El principio enunciado –pacta sunt servanda, garante de la seguridad jurídica, constituye pilar esencial de las relaciones contractuales y encuentra su fundamento en la autonomía privada de la voluntad como fuente primaria de derechos y obligaciones. Tanto es así, que toda la estructura jurídica construida sobre la base del poder de la voluntad para que los sujetos puedan darse sus propias reglas de conducta descansa en la confianza de que se cumplirá aquello que se conviene libre y voluntariamente. En efecto, la fuerza obligatoria del contrato se funda en la voluntad o querer de las partes que intervienen en él, teniendo éstas la facultad de limitar su libertad para asumir un deber de conducta en razón a una determinada causa. En nuestro ordenamiento jurídico, tanto el Código Civil como el Código de Comercio, recogen este principio en los artículos 1602 y artículo 871, respectivamente, según los cuales los contratos válidamente celebrados son ley para los contratantes y no pueden ser invalidados sino por su consentimiento mutuo o por las causas legales.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las fuertes lluvias o el alto volumen pluvial como fenómeno de imprevisión en la ejecución del contrato, consultar providencias de 26 de febrero de 2004, Exp. 14043, C.P. German Rodríguez Villamizar; de 4 de febrero de 2022, Exp. 45762, C.P. María Adriana Marín. Acerca de la eficacia probatoria del dictamen pericial, consultar providencias de 21 de marzo de 2012, Exp. 24250, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 28 de febrero de 2013, Exp. 27959, C.P. Danilo Rojas Betancourth (E); de 28 de abril de 2021, Exp. 48436, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Con relación a los efectos de las renuncias expresas a las reclamaciones elevadas en el marco de un contrato estatal, consultar providencias de 14 de diciembre de 2016, Exp. 32109, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; de 8 de noviembre de 2021, Exp. 56023, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 22 de noviembre de 2021, Exp. 35993, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 236, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 241, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602