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¿La liquidación del contrato representa el corte de cuentas o balance final de la ejecución del mismo, por lo que, más que una convención constituye un pacto jurídico, por cuanto su propósito o finalidad está encaminado a extinguir obligaciones y no a crearlas? Sí
El contratista no puede introducir una nueva argumentación en el recurso de apelación que modifique la causa petendi planteada en la demanda original, ya que esto viola el principio de congruencia, que garantiza que el juez no pueda decidir sobre asuntos no debatidos en la primera instancia. En el caso de la liquidación del contrato, esta es un acto final que pone término a las obligaciones del contrato, no una convención que genere nuevas obligaciones, por lo que las partes deben declararse a paz y salvo o dejar salvedades para futuras reclamaciones. Si las partes se declaran a paz y salvo en la liquidación, no pueden posteriormente reclamar por obras adicionales o eventos no contemplados en el contrato, como en el caso del vendaval en Santiago de Cali, salvo que se hayan dejado constancia de salvedades específicas en el acta de liquidación. Esto implica que cualquier modificación en la argumentación o en las pretensiones en el recurso de apelación debe ser congruente con lo planteado en la demanda original, de lo contrario, el juez debe abstenerse de analizar dichas modificaciones.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta viable el análisis y eventual reconocimiento de las obras ejecutadas por la demandante con ocasión del vendaval ocurrido en la ciudad de Santiago de Cali…¿En procura de garantizar la congruencia de la sentencia, debe el juez abstenerse de analizar la controversia desde la perspectiva de una nueva argumentación introducida con el escrito de…
¿La Sala tiene competencia para estudiar en sede de apelación, la decisión del Tribunal que consistió en no declarar el incumplimiento de las dos obligaciones contractuales señaladas en la demanda, cuando se observa que no constituye un punto incluido en el recurso? No
El contratista no puede apelar ante la Sala una decisión del Tribunal que no declare el incumplimiento de obligaciones contractuales señaladas en la demanda, cuando dicha decisión no es objeto del recurso presentado, lo que implica que la Sala no tiene competencia para revisar ese aspecto. La Sala establece que el juez de segunda instancia debe respetar el principio de congruencia, limitándose a revisar únicamente los puntos específicamente apelados, y no puede examinar asuntos que no fueron objeto del recurso. Además, dado que se negaron todas las pretensiones de la demanda, la Sala revoca la condena en costas de primera instancia y condena al demandante a pagar 3.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en conformidad con el artículo 188 del Código Procesal Administrativo y el artículo 365 del Código General del Proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El juez de primera instancia vulneró el principio de congruencia al declarar un incumplimiento contractual que no había sido alegado en la demanda?¿Resulta procedente la condena en costas en segunda instancia de conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 6 del artículo 365 del CGP…
¿Es procede la revocatoria de la sentencia de primera instancia por haber fallado hechos distintos a los planteados en el fundamento fáctico y jurídico de la demanda, vulnerándose el principio de congruencia de la sentencia y los derechos de defensa y debido proceso del demandado? Sí
El juez de segunda instancia, cuando conoce de la apelación de un único apelante, está limitado a los reparos concretos que este formula contra la decisión que le resultó desfavorable, salvo que se trate de circunstancias que pueda declarar de oficio, y que la sentencia que condena por un hecho distinto del planteado en la demanda vulnera la congruencia y el derecho de defensa del demandado. Una razón es que en la demanda se imputó al demandado la expedición de unos decretos de reorganización administrativa, mientras que la sentencia lo condenó por no evitar una irregularidad en el trámite de un acuerdo municipal que nunca fue mencionada en el libelo. Otra razón es que el tribunal analizó escenarios que la parte no había planteado, con lo que desconoció la defensa del demandado. En el caso, la Sala revocó los ordinales de la sentencia que declararon la responsabilidad y el plazo para su cumplimiento, y no se pronunció sobre los demás demandados ni sobre los honorarios del curador ad litem. Su consecuencia práctica es que el fallo de repetición debe limitarse al hecho invocado en la demanda y a los reparos del apelante.síntesis automática
También resuelve:¿El pronunciamiento del juez de segunda instancia está limitado por las razones de apelación expuestas por el apelante único?¿Conforme al principio de congruencia, el pronunciamiento del juez debe guardar consonancia con las pretensiones de la demanda?¿La procedencia de la sentencia complementaria, está condicionada a que la parte perjudicada con la decisión, sea quien interponga el recurso de apelación?
Sentencia — Sentencia2024-06-17Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020220018100LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se configuró la causal séptima de anulación del laudo arbitral? No
Cuando el recurso extraordinario de anulación alega que el laudo es citra petita porque no decidió algunas excepciones, el cargo no prospera si el laudo se pronunció expresamente sobre ellas en la parte resolutiva y en las consideraciones. La regla se sostiene en tres razones: el recurso de anulación verifica los vicios de la decisión arbitral y no permite revisar el fondo de la controversia; el laudo que fundamenta el nexo causal y el incumplimiento con sustento probatorio y jurídico suficiente no incurre en la causal alegada; y el hecho de que la parte afirme que las excepciones no fueron motivadas implica que sí fueron decididas. En el caso, el laudo resolvió las excepciones de ausencia de nexo causal e inexistencia de incumplimiento, por lo que el recurso fue declarado infundado. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la alegación de falta de decisión debe demostrar que una pretensión o excepción quedó sin pronunciamiento, no que su motivación fue insuficiente.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal decidió sobre las excepciones planteadas como no resueltas en su recurso de anulación por el recurrente?¿El Tribunal estableció que hubo incumplimiento de UNE EPM a los requisitos de su procedimiento para asignación de líneas y lo hizo con base en dictámenes periciales obrantes en el expediente?¿Se había establecido el cumplimiento de unos límites para la celebración del contrato y su ejecución, en el trámite de pedidos de telefonía básica?
¿La recurrente no presentó ningún argumento de inconformidad dirigido a rebatir las conclusiones por las cuales el Tribunal a quo negó sus pretensiones y su impugnación se limitó a reiterar lo planteado inicialmente en la demanda? Sí
Basta con la lectura de… la apelación para concluir que el demandante no expuso razones de oposición fundamentadas en la viabilidad de analizar el asunto por la vía de la reparación directa, que en últimas fue a lo que se rehusó el a quo en su decisión. La Sala concluye que la recurrente no presentó ningún argumento de inconformidad dirigido a rebatir las conclusiones con fundamento en las cuales el Tribunal a quo negó sus pretensiones, en tanto que en la impugnación la parte actora se limitó a reiterar lo planteado inicialmente en la demanda, que fue resuelto en su integridad, y el único cargo nuevo no guarda congruencia con la base de la decisión de primera instancia, de manera que la Sala no puede efectuar ningún juicio de valor sobre la decisión objeto de apelación, ni suponer las razones de inconformidad de quien apela, por lo que confirmará la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño.
También resuelve:¿La vía procesal adecuada para tramitar las controversias entre las partes era la contractual y no la de reparación directa?¿El alegato de la parte recurrente se ciñó a ofrecer una reproducción idéntica a la plasmada en la demanda?¿Era procedente pretender el cobro de unas facturas que se dejaron de tramitar en el momento oportuno?
¿¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer del litigio derivado del convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre el municipio de San José de Uré y la IPS Promosalud & Cía. Ltda.? Sí
El contratista está legitimado para demandar la liquidación judicial del convenio de cooperación interinstitucional celebrado con el municipio, y la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer del litigio, conforme al artículo 104 del CPACA. La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia se fundamenta en el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dado que la cuantía supera los 500 SMLMV. La demanda fue presentada en tiempo, considerando el plazo de ejecución y liquidación del convenio, y sin afectar el término de caducidad por la conciliación extrajudicial. El marco de competencia del juez de segunda instancia se limita a los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación, sin que el juez pueda pronunciarse sobre aspectos no discutidos.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para demandar el incumplimiento obligacional del convenio de cooperación interinstitucional por parte del municipio y para solicitar…¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, hay que tener en cuenta el plazo de ejecución del convenio, el término para liquidarlo…¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la IPS demandante y por pasiva sobre el municipio por ser las partes que celebraron el convenio objeto de la controversia?
Sentencia — Sentencia2021-12-10Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020210016700LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El Tribunal de Arbitramento se pronunció sobre puntos no alegados por las partes? Sí
El Tribunal de Arbitramento no se pronuncia sobre puntos no alegados por las partes, limitándose a resolver la controversia conforme a los argumentos y pruebas presentadas en el proceso. Esta regla se sostiene en que el juez de la anulación no puede revisar el fondo de la controversia ni calificar los razonamientos del Tribunal Arbitral, sino que se encarga únicamente de verificar la existencia de errores in procedendo. En el caso específico, el Tribunal de Arbitramento no incurrió en tales errores, ya que sus decisiones estuvieron debidamente fundamentadas en las pruebas y argumentos presentados por las partes. Además, el Tribunal de Arbitramento actuó dentro de los términos procesales establecidos, y la parte recurrente no hizo valer oportunamente la circunstancia de que el plazo del proceso hubiera expirado, lo que impide la procedencia de la causal de anulación basada en este hecho. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre los límites del pronunciamiento del juez en la anulación de laudos arbitrales, lo que implica que las partes deben presentar sus alegatos de manera clara y oportuna para evitar la improcedencia de sus recursos.síntesis automática
También resuelve:¿El laudo arbitral estuvo fundado en pruebas decretadas y practicadas dentro del proceso?¿El laudo arbitral fue proferido por fuera de los términos procesales?
Sentencia — Sentencia2023-05-08Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 11001032600020220019500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Le asiste competencia a la Sala para conocer del recurso extraordinario de anulación de un laudo arbitral en el que intervenga una entidad pública? Sí
La competencia para conocer del recurso extraordinario de anulación de un laudo arbitral en el que intervenga una entidad pública, o quien desempeñe funciones administrativas, corresponde a la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, según el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012. La regla se apoya en que esa norma atribuye la competencia en razón de la presencia de una entidad pública en el trámite arbitral, de modo que la calidad de la parte determina el juez que decide el recurso. Por ello, basta con que la entidad haya intervenido como parte en el contrato que originó el laudo. En el asunto, la parte convocada y demandante en reconvención era una unidad administrativa especial del orden nacional, que intervino en el trámite arbitral como parte del contrato de aporte, por lo que la Sala asumió la competencia para resolver el recurso. En la práctica, la intervención de una entidad pública en el arbitraje define la competencia para el recurso de anulación del laudo.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso extraordinario de anulación constituye el remedio procesal previsto para garantizar el derecho al debido proceso y contrarrestar las fallas que comprometan las normas de procedimiento que…¿Constituye tarea del juez del recurso de anulación, en relación con la causal 9ª que enuncia el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, efectuar la comparación de lo decidido en el laudo arbitral…¿Se acreditó la configuración de la causal de anulación prevista en el numeral 9° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, por no haber decidido el laudo sobre cuestiones sujetas al arbitramento?
Sentencia — Sentencia2024-09-13Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020240008800LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso de anulación es un mecanismo de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario que procede contra los laudos arbitrales ejecutoriados y no constituye una instancia más dentro del correspondiente proceso arbitral, ya que está dirigido a controvertir la decisión por errores in procedendo? Sí
El recurso de anulación es un mecanismo de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario que procede contra los laudos arbitrales ejecutoriados, no constituyendo una instancia adicional dentro del proceso arbitral, sino que está dirigido a controvertir la decisión por errores in procedendo, es decir, defectos formales en la estructuración del laudo y no por cuestiones de fondo. El juez del recurso no puede revisar el mérito del asunto ni llevar a cabo un nuevo debate probatorio, limitándose a resolver sobre las causales específicas y taxativamente consagradas en la ley, como el incumplimiento del principio de congruencia, que requiere una comparación entre lo decidido por el tribunal de arbitramento y lo planteado por las partes como litigio sometido a su decisión, sin desbordar las pretensiones elevadas. Esta jurisprudencia reitera y matiza la naturaleza restrictiva del recurso de anulación, limitando el alcance de los poderes del juez en este proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La procedencia del recurso extraordinario de anulación se encuentra condicionada a que se determinen y sustenten, debidamente…¿Para verificar el respeto del principio de congruencia en el laudo arbitral en el ámbito del recurso de anulación, es necesario efectuar una comparación entre lo decidido por el tribunal de…¿Debe analizarse el recurso extraordinario de anulación a la luz de la causal primera del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, consistente en la inexistencia del pacto arbitral…
Sentencia — Sentencia2023-08-02Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020230004200LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Compete a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer de los recursos de anulación presentados contra laudos arbitrales, proferidos para dirimir un conflicto surgido con ocasión de un contrato de obra pública, en el cual una de las partes es una entidad pública? Sí
Le corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado, conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por las entidades públicas o por quienes desempeñen funciones administrativas o en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas; tal como lo establece el numeral 7° del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), en concordancia con el inciso 3° del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012. El laudo arbitral objeto del recurso extraordinario de revisión resolvió una controversia surgida en el marco de la ejecución de un contrato de obra pública en el que son partes, por un lado, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC-, y, por el otro, el CONSORCIO… y las sociedades que lo integran… .
También resuelve:¿El recurso de anulación contra laudo arbitral, es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, que tiene como finalidad cuestionar la decisión arbitral por errores in procedendo…¿La causal 9ª de anulación de laudo arbitral que enuncia el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, constituye una consecuencia a la transgresión del principio de congruencia cuando los árbitros han…¿Se configuraron los presupuestos establecidos para la procedencia de la causal de anulación prevista en el numeral 9° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es…
Sentencia — Sentencia2025-08-19Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020240004800LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Compete a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer del recurso extraordinario de anulación interpuesto contra el laudo arbitral proferido el 14 de diciembre de 2023, en el que intervino el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), considerando la naturaleza jurídica de dicha entidad y funciones? Sí
El contratista no puede utilizar el recurso extraordinario de anulación como segunda instancia para reabrir el debate sobre el fondo del proceso arbitral, ya que el juez contencioso administrativo no actúa como superior de los árbitros, sino que verifica el acatamiento de las causales precisas establecidas en la ley para anular el laudo. La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de anulación contra laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, como el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), debido a su naturaleza jurídica y vinculación con el Estado. Además, la causal de anulación del numeral 8 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 procede por la presencia de errores aritméticos, disposiciones contradictorias y omisión o cambio de palabras en el laudo, siempre que influyan en la parte resolutiva y se aleguen en la oportunidad debida. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, reafirmando la limitada intervención del juez en la revisión de laudos arbitrales y la competencia del Consejo de Estado para conocer de estos recursos.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia, en el entendido de que el juez contencioso administrativo no funge como superior de los árbitros, sino que…¿La causal de anulación contenida en el numeral 8 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, procede por la presencia de errores aritméticos, por la existencia de disposiciones contradictorias y…¿La causal de anulación contenida en el numeral 8 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, resulta procedente cuando la parte recurrente no identifica de manera precisa disposiciones contradictorias…
¿Se encuentra probado el incumplimiento de la entidad contratante en el reconocimiento de los perjuicios, de los sobrecostos, de las mayores inversiones y cantidades de obra como fuente del rompimiento del equilibrio económico del contrato, considerando que todas las suspensiones del contrato de obra se suscribieron por las partes de mutuo acuerdo y sin que la contratista hubiera consignado su inconformidad sobre tales decisiones en dichos documentos? No
Las suspensiones de un contrato de obra pactadas de mutuo acuerdo, sin que el contratista deje constancia de su inconformidad en los documentos, no permiten atribuir a la entidad un incumplimiento que genere sobrecostos o el rompimiento del equilibrio económico. La regla se apoya en tres razones. Primera, las suspensiones se firmaron de común acuerdo y el contratista no dejó consignada su inconformidad en esos documentos, aunque las dos primeras se dieron por causa de la entidad. Segunda, el listado de obligaciones del contrato no incluye sobrecostos, perjuicios ni mayores inversiones, y el valor a pagar se fijó con la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida por la interventoría. Tercera, no existe fundamento que permita acreditar que la entidad incumplió las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato. En consecuencia, la petición de reconocimiento de sobrecostos, perjuicios y mayores inversiones no tiene vocación de prosperar. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente arribar un pronunciamiento en relación con las pretensiones de desequilibrio económico del contrato estatal, fundadas en la ejecución de actividades ya ocurridas…¿Resulta errada la posición asumida por el tribunal de primera instancia en torno a establecer que, sin existir observación sobre los contratos adicionales ni actas de suspensión y reinicio…¿La sentencia apelada resulta incongruente y debe revocarse, por cuanto la demanda no incluyó pretensión alguna en torno a la declaratoria y devolución de los supuestos mayores valores descontados…
Sentencia — Sentencia2025-07-18Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020250000300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La competencia del juez de anulación se encuentra así estrictamente delimitada por las causales, la formulación y la sustentación planteadas expresamente en el recurso, por lo que no puede realizar una interpretación extensiva o analógica de las causales o ampliar la argumentación presentada? Sí
El juez de anulación contra laudo arbitral está limitado a resolver estrictamente sobre las causales, la formulación y la sustentación presentadas en el recurso, sin poder realizar interpretaciones extensivas o analógicas ni completar la argumentación del recurrente, conforme al principio dispositivo y la naturaleza restrictiva del recurso. La Sala ha reiterado que el recurrente debe justificar adecuadamente los elementos temporales y sustanciales de la causal invocada, como la caducidad de la acción, y no puede el juez suplir deficiencias en la sustentación del recurso. Esta regla implica que el juez debe rechazar el recurso cuando no se cumplen con estos requisitos, lo que limita significativamente la posibilidad de éxito del recurso extraordinario de anulación.síntesis automática
También resuelve:¿Puede prosperar el recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral cuando el recurrente alega la causal segunda por caducidad de la acción…¿La causal de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 puede declararse cuando el Laudo se funde exclusivamente en la equidad si debía ser en derecho…¿El laudo arbitral objeto del recurso extraordinario de anulación se profirió en conciencia y no en derecho, dado que el Tribunal realizó el cálculo de la indemnización mediante una comparación de…
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las demandas de controversias contractuales originadas en contratos celebrados por entidades públicas? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de las demandas de controversias contractuales originadas en contratos celebrados por entidades públicas conforme al artículo 104 del CPACA. En el presente caso, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente pues el contrato de compraventa del 31 de enero de 2015 frente al cual se alegó una lesión enorme fue suscrito por el ICBF, establecimiento público del orden nacional. Asimismo, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, según los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA, dada la vocación de doble instancia y al superar la pretensión mayor los 500 SMLMV.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de compraventa celebrado entre los apelantes y el ICBF se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública…¿En consideración a que el contrato de compraventa de bien inmueble es un contrato de ejecución instantánea, el cómputo del término de caducidad de la acción contractual se inicia desde el momento en…¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva recae sobre las partes del contrato de compraventa que dio lugar a la controversia?
¿Resulta dable para las partes del contrato, invocar las causales de nulidad previstas para acusar la legalidad de los actos administrativos, en orden a atacar la validez de un negocio jurídico que ha sido suscrito de manera coordinada y de común acuerdo? No
El contratista no puede invocar las causales de nulidad previstas para acusar la legalidad de los actos administrativos para atacar la validez de un negocio jurídico suscrito de mutuo acuerdo, ya que la liquidación bilateral del contrato es un acto jurídico que las partes produjeron coordinadamente y cuya nulidad debe controvertirse por causales específicas del contrato. Además, el juez debe abstenerse de analizar nuevas argumentaciones introducidas en el recurso de apelación cuando estas modifican lo planteado en la demanda original, ya que esto viola el principio de congruencia y el debido proceso, limitando así las facultades del juez para variar la causa petendi que se plantea en la demanda. Esto implica que las partes no pueden modificar el petitum y el contexto fáctico de la demanda fuera de las etapas procesales previstas para ello, asegurando que la contraparte no sea sorprendida con cargos nuevos.síntesis automática
También resuelve:¿En procura de garantizar la congruencia de la sentencia, debe el juez abstenerse de analizar la controversia desde la perspectiva de una nueva argumentación introducida con el escrito de…¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida…¿Para la procedencia de las costas procesales, lo determinante es perder el proceso o que la actuación promovida sea resuelta de manera desfavorable…
Sentencia — Sentencia2023-10-27Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020230014000LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Compete al Consejo de Estado conocer de los recursos de anulación interpuestos contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública? Sí
La competencia para conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudos proferidos en conflictos originados en contratos en los que una de las partes es una entidad pública corresponde al Consejo de Estado, conforme al artículo 46 de la Ley 1563 de 2012. Los laudos de esos contratos deben proferirse en derecho y ser institucionales, según los artículos 1 y 2 de la misma ley. La razón es que el arbitraje quedó regulado en su integridad por esa ley, y en los tribunales en que interviene una entidad pública los conflictos sobre celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato se resuelven en derecho bajo administración de un centro de arbitraje. Además, el recurso de anulación procede solo por las causales del artículo 41, de modo que no puede usarse como segunda instancia ni para replantear el debate de fondo, como lo dispone el inciso final del artículo 42. En el caso, el laudo resolvió un conflicto con una entidad pública del orden nacional y el recurso se declaró infundado. Su consecuencia práctica es que el recurso de anulación contra laudos de contratos estatales debe limitarse a las causales legales y no reabrir el litigio.síntesis automática
También resuelve:¿En casos de controversias relativas a la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales…¿El recurso extraordinario de anulación procede solo por las causales reguladas en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, por lo que no puede utilizarse como si se tratara de una segunda instancia…¿La causal del fallo en conciencia o en equidad opera cuando el tribunal de arbitramento profiere el laudo apartándose del sistema jurídico, normativo o probatorio?
¿La sociedad demandante cumplió con la carga de probar las circunstancias graves que le atribuye a la entidad pública como generadoras del incumplimiento del contrato? No
Quien alega como causa del incumplimiento contractual unas circunstancias graves atribuibles a la entidad pública tiene la carga de probarlas, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, pues sin esa prueba la excepción de contrato no cumplido no puede prosperar. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que la omisión que se atribuye a la entidad como causa del incumplimiento no quedó demostrada, porque el contrato no evidenció que la sociedad hubiera presentado planes de inversión o solicitudes de aprobación de inversiones ante el municipio, como le correspondía. Otra razón es que la actora no aportó las pruebas que sustentaran las circunstancias graves que invocó, de modo que no pudo declararse la inejecución atribuida a la entidad. En el caso, la sociedad concesionaria pretendió la nulidad de los actos administrativos sancionatorios por la terminación unilateral del contrato de concesión del matadero municipal. La decisión de primera instancia se revocó y las pretensiones fueron negadas. Su consecuencia práctica es que el contratista debe probar los hechos que atribuye a la entidad antes de excusar su propio incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio autorizó la realización de obras para adecuar el matadero así como la realización del plan gradual de cumplimiento?¿Obran elementos de prueba que conduzcan a determinar que con ocasión de la expedición del decreto la comercializadora hubiese presentado al Municipio algún plan de inversión?¿Se revoca el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo recurrido por comportar una decisión extra petita?
¿El recurso extraordinario de revisión es la vía adecuada para corregir los yerros probatorios de las partes procesales, para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario? No
El recurso extraordinario de revisión no es la vía para corregir yerros probatorios de las partes, reabrir el debate, revivir términos ni reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, pues su finalidad es despojar de la cosa juzgada a una sentencia contraria al ordenamiento solo por las causales taxativamente previstas en la ley. La regla se apoya en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984, mantenido en la Ley 1437 de 2011, y en el artículo 248 del CPACA, que lo hace procedente contra sentencias ejecutoriadas de las secciones, subsecciones, tribunales administrativos y jueces administrativos. Además, la revisión es un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la sentencia, lo que impide utilizarla como una nueva instancia. En el asunto, la parte que la promovió pretendía reabrir la discusión probatoria del proceso ordinario, y la Sala declaró infundado el recurso. En la práctica, los errores probatorios cometidos en el proceso ordinario no justifican la revisión si no encajan en una causal taxativa.síntesis automática
También resuelve:¿La sentencia del 11 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso de reparación directa interpuesto por el demandante…¿Debe condenarse en costas procesales y agencias en derecho a la parte recurrente atendiendo a la naturaleza, duración y complejidad del proceso…
¿La demandante probó la existencia de valores invertidos no amortizados y cumplió el plan de inversión? No
En la liquidación de un contrato, corresponde al contratista demostrar los valores invertidos no amortizados que reclama, y el incumplimiento del plan de inversión no se corrige con afirmaciones generales de un dictamen pericial. Cuando el contrato se ejecutó durante buena parte de su plazo sin que se completara la inversión pactada, procede liquidarlo con saldos a cargo del contratista por los cánones de arrendamiento impagados hasta la devolución efectiva del inmueble, indexados con base en el IPC desde esa fecha. Además, la recesión económica invocada como causa externa que alteró la ecuación contractual no es un hecho notorio para todos los sectores de la economía, y la promoción de la ocupación de la zona franca era una obligación del arrendatario que no acreditó haber ejecutado. En el caso concreto, la sentencia revocó la decisión de primera instancia y liquidó el contrato con saldos en contra de la contratista. Como consecuencia práctica, la parte que reclame valores amortizables o causas externas debe aportar prueba específica de su existencia y de la alteración que produjo, pues las afirmaciones generales no bastan.síntesis automática
También resuelve:¿La promoción de la ocupación de la zona franca era obligación del arrendatario, quien no probó haber ejecutado lo que le correspondía para promoverla?¿Se desestiman los cargos de apelación que no fueron formulados en las demandas respecto del debido proceso por tratarse de aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso?¿Las partes estipularon que procedía la terminación anticipada del contrato por solicitud del arrendatario aceptada por el ministerio?
¿La responsabilidad para atender las pretensiones que se encuentran insatisfechas y las que aún no se han decidido y son materia de apelación corresponde a la concesionaria? Sí
Cuando el concesionario asume la gestión predial bajo un contrato de promesa de compraventa, la responsabilidad por las pretensiones insatisfechas y las que aún no se han decidido corresponde al concesionario, aun cuando existan acuerdos posteriores y pagos con cargo al fondo de contingencias. La regla se apoya en tres razones. Primera, los otrosíes suscritos después del 50% del pago sirvieron de base a la declaratoria de la contingencia predial y al desembolso del saldo, pero no alteraron la forma de satisfacer las obligaciones derivadas de la promesa. Segunda, la finalidad de esos acuerdos fue cumplir negocios atrasados por falta de pago, y no pagar los perjuicios causados por el incumplimiento del concesionario. Tercera, las partes declararon la paz y salvo por todo concepto, incluidos los perjuicios presentes y futuros de la gestión predial, de modo que esa responsabilidad quedó radicada exclusivamente en el concesionario. Por ello el recurso de apelación del concesionario se consideró infundado y la providencia modifica la sentencia de primera instancia. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó la suscripción de la escritura pública y el pago del saldo adeudado como precio del inmueble, aspectos de la condena de primera instancia?¿Según lo estipulado en el contrato de concesión la concesionaria adquirió todas las obligaciones relacionadas con la gestión de adquisición predial?¿Es posible atribuirle responsabilidad a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- por el incumplimiento del contrato de promesa de compraventa?