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PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA

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Consejo de Estado Providencia

Debe revocarse parcialmente la sentencia apelada

Sentencia — Sentencia 2022-10-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 47001233300020190000301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe revocarse parcialmente la sentencia apelada, considerando que en la demanda no se formuló ninguna pretensión condenatoria en contra de la compañía de seguros, por lo que la decisión adoptada por el Tribunal con respecto a la aseguradora, resulta violatoria del principio de congruencia de las sentencias? Sí
Cuando la demanda no formula pretensión condenatoria contra una aseguradora, el juez no puede condenarla, pues hacerlo viola el principio de congruencia de la sentencia. La regla se apoya en tres razones. Primera, el principio de congruencia, consagrado en el artículo 281 del Código General del Proceso y aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, obliga a que la sentencia guarde consonancia con las pretensiones de la demanda. Segunda, en la demanda no se formuló ninguna pretensión condenatoria contra la compañía de seguros. Tercera, la condena impuesta a la aseguradora desconoció esa limitación. Por ello la Sala revoca parcialmente la sentencia apelada, solo en lo relativo a la condena contra la aseguradora. Como el recurso de apelación de la aseguradora prosperó, no hay lugar a condena en costas, conforme al artículo 188 del CPACA y al numeral 1 del artículo 365 del CGP. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿Hay lugar a condena en costas, teniendo en cuenta que el recurso de apelación interpuesto por la aseguradora prosperó?
Consejo de Estado Providencia

Procede el rechazo de plano de la solicitud de nulidad procesal.

Sentencia — Sentencia 2022-03-30 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 19001233300020140004801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede el rechazo de plano de la solicitud de nulidad procesal? Sí
Una solicitud de nulidad procesal fundada en una causal distinta de las previstas en la ley se rechaza de plano, conforme al inciso final del artículo 135 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del CPACA. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el apelante invocó una nulidad por la supuesta exclusión de un documento y por la valoración de facturas, que no encajan en las causales previstas. La segunda es que los argumentos de nulidad del acto y del incumplimiento de la entidad solo se plantearon en el recurso de apelación, de modo que pronunciarse sobre ellos vulneraría el principio de congruencia del artículo 281 del Código General del Proceso. En consecuencia, la Sala no se pronuncia sobre esos cargos y confirma la decisión del tribunal, con condena en costas en esta instancia y agencias en derecho fijadas conforme al Acuerdo 1887 de 2003. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿Se vulnera el principio de congruencia de la sentencia si se valoran los argumentos que el recurrente únicamente planteó en el recurso de apelación?
Consejo de Estado Providencia

Vulnera el contrato la imposición de un descuento por parte de la interventoría sin contar con la autorización expresa del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual.

Sentencia — Sentencia 2025-06-03 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020170238901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Vulnera el contrato la imposición de un descuento por parte de la interventoría sin contar con la autorización expresa del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual? Sí
El contratista no puede ser objeto de un descuento impuesto por la interventoría sin su autorización expresa, conforme a lo pactado en la cláusula contractual, ya que esto viola el principio de pacta sunt servanda y la buena fe objetiva en la relación contractual. La interventoría no puede alterar unilateralmente el contenido y alcance de las cláusulas del contrato, especialmente cuando se trata de deducciones que no cuentan con sustento normativo, jurídico ni contractual. La Sala modifica la interpretación anterior, reforzando la necesidad de que cualquier actuación que requiera autorización previa sea respetada para evitar violaciones al contrato y a los principios de buena fe y pacta sunt servanda, lo que implica que las entidades estatales deben cumplir rigurosamente con los términos acordados en los contratos.síntesis automática
También resuelve: ¿Vulnera el contrato y la buena fe objetiva la actuación de la interventoría que impone un descuento sin aceptación del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual? ¿Constituye una obligación legal ejecutar los contratos conforme a lo pactado y de buena fe, incluyendo lo que emane de la naturaleza de la obligación? ¿Vulnera el principio de congruencia una sentencia de primera instancia que omite pronunciarse sobre una pretensión expresamente solicitada en la demanda?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La liquidación del contrato es el corte de cuentas o balance final de la ejecución del mismo

Sentencia — Sentencia 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 76001233100020100063201 ACCION CONTRACTUAL
¿La liquidación del contrato representa el corte de cuentas o balance final de la ejecución del mismo, por lo que, más que una convención constituye un pacto jurídico, por cuanto su propósito o finalidad está encaminado a extinguir obligaciones y no a crearlas? Sí
El contratista no puede introducir una nueva argumentación en el recurso de apelación que modifique la causa petendi planteada en la demanda original, ya que esto viola el principio de congruencia, que garantiza que el juez no pueda decidir sobre asuntos no debatidos en la primera instancia. En el caso de la liquidación del contrato, esta es un acto final que pone término a las obligaciones del contrato, no una convención que genere nuevas obligaciones, por lo que las partes deben declararse a paz y salvo o dejar salvedades para futuras reclamaciones. Si las partes se declaran a paz y salvo en la liquidación, no pueden posteriormente reclamar por obras adicionales o eventos no contemplados en el contrato, como en el caso del vendaval en Santiago de Cali, salvo que se hayan dejado constancia de salvedades específicas en el acta de liquidación. Esto implica que cualquier modificación en la argumentación o en las pretensiones en el recurso de apelación debe ser congruente con lo planteado en la demanda original, de lo contrario, el juez debe abstenerse de analizar dichas modificaciones.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta viable el análisis y eventual reconocimiento de las obras ejecutadas por la demandante con ocasión del vendaval ocurrido en la ciudad de Santiago de Cali… ¿En procura de garantizar la congruencia de la sentencia, debe el juez abstenerse de analizar la controversia desde la perspectiva de una nueva argumentación introducida con el escrito de…
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-05-04 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 66001233300020140041902 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sala tiene competencia para estudiar en sede de apelación, la decisión del Tribunal que consistió en no declarar el incumplimiento de las dos obligaciones contractuales señaladas en la demanda, cuando se observa que no constituye un punto incluido en el recurso? No
El contratista no puede apelar ante la Sala una decisión del Tribunal que no declare el incumplimiento de obligaciones contractuales señaladas en la demanda, cuando dicha decisión no es objeto del recurso presentado, lo que implica que la Sala no tiene competencia para revisar ese aspecto. La Sala establece que el juez de segunda instancia debe respetar el principio de congruencia, limitándose a revisar únicamente los puntos específicamente apelados, y no puede examinar asuntos que no fueron objeto del recurso. Además, dado que se negaron todas las pretensiones de la demanda, la Sala revoca la condena en costas de primera instancia y condena al demandante a pagar 3.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en conformidad con el artículo 188 del Código Procesal Administrativo y el artículo 365 del Código General del Proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿El juez de primera instancia vulneró el principio de congruencia al declarar un incumplimiento contractual que no había sido alegado en la demanda? ¿Resulta procedente la condena en costas en segunda instancia de conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 6 del artículo 365 del CGP…
Consejo de Estado Providencia

Con la suscripción de dicho contrato se transgredió sin justificación ni autorización alguna el artículo 34 de la Ley 685 de 2001

Sentencia — Sentencia 2022-05-04 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020130158101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato suscrito para la exploración y explotación minera, adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito, al entregar en concesión un área que superpone casi en su totalidad con la reserva forestal protectora pantano Redondo y nacimiento del río Susaguá, declarada con anterioridad a la firma del mentado contrato? Sí
El contratista no puede celebrar un contrato de concesión minera que entregue en concesión un área que ha sido declarada previamente como zona de reserva forestal, ya que tal acción transgrede la normativa ambiental imperativa y adolece de objeto ilícito, lo que implica la nulidad absoluta del contrato. Esta regla se sostiene en que el artículo 1º del Acuerdo 17 de 1992 de la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Bogotá, Ubaté y Suárez declaró como área de reserva forestal protectora los terrenos que conforman la cuenca de la laguna de pantano Redondo y el nacimiento del río Susaguá, y el contrato en cuestión superpone casi en su totalidad dicha reserva forestal sin obtener la autorización ambiental correspondiente. La regla reitera la jurisprudencia existente sobre la nulidad absoluta de contratos estatales que violan normas imperativas, lo que implica que cualquier contrato que entregue en concesión áreas declaradas como reservas forestales sin la debida autorización será nulo de pleno derecho.síntesis automática
También resuelve: ¿La decisión de primera instancia vulneró el principio de congruencia de la sentencia? ¿La Agencia Nacional de Minería cuenta con legitimación en la causa por pasiva en el asunto sublite, teniendo en cuenta que asumió las funciones que correspondían al extinto Ingeominas…
Consejo de Estado Providencia

El a quo se pronunció sobre aspectos no comprendidos en la demanda

Sentencia — Sentencia 2022-07-06 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 52001233100020110060902 ACCION CONTRACTUAL
¿El a quo se pronunció sobre aspectos no comprendidos en la demanda —fallo extra petita— vulnerando el principio de congruencia? Sí
El principio de congruencia, establecido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil y aplicable en el derecho contencioso administrativo por remisión, requiere que la sentencia se ajuste a los hechos y pretensiones aducidos en la demanda, evitando pronunciarse sobre aspectos no debatidos, salvo en casos específicos permitidos por la ley. En el presente caso, el Tribunal vulneró este principio al conceder una pretensión basada en un hecho futuro e incierto que no se concretó, lo que resulta en una decisión extra petita. Esta regla reitera la importancia de limitar el pronunciamiento judicial a lo planteado por las partes, protegiendo así el derecho al debido proceso y la imparcialidad del juez.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-11-23 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020170008201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuál es la pauta de conteo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede liquidar unilateralmente un contrato estatal después del término de caducidad de la acción de controversias contractuales, que se calcula desde la fecha límite para la liquidación bilateral del contrato, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones y adiciones al contrato. La entidad estatal no puede ser condenada en costas por un recurso de apelación que resulta desfavorable, y la condena en costas se determina según el criterio objetivo valorativo y las tarifas establecidas en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016, lo que implica que la entidad demandada puede ser compensada por agencias en derecho en función de la gestión del apoderado en segunda instancia. Este precedente reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los plazos establecidos en los contratos estatales y las normas procesales para evitar la caducidad de las acciones y establece un criterio claro para la condena en costas en procesos contenciosos administrativos.síntesis automática
También resuelve: ¿En el marco de la acción de controversias contractuales puede el juez de manera oficiosa ordenar la liquidación del contrato cuando no ha sido plasmada en las pretensiones de la demanda? ¿Los cambios normativos respecto del funcionamiento del Fosyga alteraron el equilibrio económico del contrato al no estar previstos en el pliego de condiciones? ¿Cuál es el criterio de procedencia para la condena en costas en asunto regido por el CPACA?
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

Es procede la revocatoria de la sentencia de primera instancia por haber fallado hechos distintos a los planteados en el fundamento fáctico y jurídico de la demanda, vulnerándose el principio de congruencia de la sentencia y los derechos de defensa y debido proceso del demandado.

Sentencia — Sentencia 2023-10-27 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 50001233100020100020701 ACCION DE REPETICION
¿Es procede la revocatoria de la sentencia de primera instancia por haber fallado hechos distintos a los planteados en el fundamento fáctico y jurídico de la demanda, vulnerándose el principio de congruencia de la sentencia y los derechos de defensa y debido proceso del demandado? Sí
El juez de segunda instancia, cuando conoce de la apelación de un único apelante, está limitado a los reparos concretos que este formula contra la decisión que le resultó desfavorable, salvo que se trate de circunstancias que pueda declarar de oficio, y que la sentencia que condena por un hecho distinto del planteado en la demanda vulnera la congruencia y el derecho de defensa del demandado. Una razón es que en la demanda se imputó al demandado la expedición de unos decretos de reorganización administrativa, mientras que la sentencia lo condenó por no evitar una irregularidad en el trámite de un acuerdo municipal que nunca fue mencionada en el libelo. Otra razón es que el tribunal analizó escenarios que la parte no había planteado, con lo que desconoció la defensa del demandado. En el caso, la Sala revocó los ordinales de la sentencia que declararon la responsabilidad y el plazo para su cumplimiento, y no se pronunció sobre los demás demandados ni sobre los honorarios del curador ad litem. Su consecuencia práctica es que el fallo de repetición debe limitarse al hecho invocado en la demanda y a los reparos del apelante.síntesis automática
También resuelve: ¿El pronunciamiento del juez de segunda instancia está limitado por las razones de apelación expuestas por el apelante único? ¿Conforme al principio de congruencia, el pronunciamiento del juez debe guardar consonancia con las pretensiones de la demanda? ¿La procedencia de la sentencia complementaria, está condicionada a que la parte perjudicada con la decisión, sea quien interponga el recurso de apelación?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-05-04 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 63001233300020190024701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En casos donde existen acuerdos de voluntades innominados y especiales que no están relacionados con una necesidad surgida del ente estatal contratante, es necesaria la suscripción de estudios previos y de la planeación precontractual? Sí
El contratista debe suscribir estudios previos y planeación precontractual en acuerdos de voluntades innominados y especiales, independientemente de que no surjan de una necesidad del ente estatal contratante, en virtud de los principios de la función administrativa y gestión fiscal consagrados en la Constitución Política. La entidad estatal no puede declarar nula la contratación por el desconocimiento del principio de planeación, ya que este no vicia de nulidad el negocio jurídico. Además, el juez de segunda instancia no puede revocar la declaratoria de nulidad del contrato si el recurso de apelación únicamente aborda una de las razones por las que el juez de primera instancia declaró la nulidad. Finalmente, la entidad estatal puede ser condenada en costas en segunda instancia si el recurso de apelación es negado y el apoderado de la parte demandada presenta alegatos de conclusión, de acuerdo con el artículo 188 del CPACA y el numeral 3 del artículo 365 del CGP.síntesis automática
También resuelve: ¿El desconocimiento del principio de planeación vicia de nulidad el negocio jurídico? ¿Resulta dable al juez de segunda instancia revocar la declaratoria de nulidad del contrato, teniendo en cuenta que para ello el juez de primera instancia tuvo en cuenta varias razones… ¿Resulta procedente la condena en costas en segunda instancia de conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 3 del artículo 365 del CGP…
Consejo de Estado Providencia

No resulta procedente el decreto oficioso de nulidad procesal advertida por el Ministerio Público, relativa a la falta de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por existir cláusula compromisoria facultativa.

Sentencia — Sentencia 2022-09-14 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 05001233100020020253201 ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente el decreto oficioso de nulidad procesal advertida por el Ministerio Público, relativa a la falta de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por existir cláusula compromisoria facultativa? No
El contratista no puede obtener la nulidad procesal de oficio por parte del Ministerio Público basada en la falta de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa cuando existe una cláusula compromisoria facultativa en el contrato, ya que esta permite a las partes optar entre los mecanismos de resolución de controversias establecidos, y la Sala considera que la jurisdicción contencioso administrativa es competente para resolver la controversia. Además, el juez de segunda instancia no puede estudiar cargos de apelación que no fueron expuestos en el escrito de demanda, ya que ello violaría el principio de congruencia de la sentencia. Finalmente, la Sala reitera que si un acuerdo concordatario se somete a una condición suspensiva que nunca se cumple, la novación no se produce, y por lo tanto, la entidad que se comprometió a asumir los pasivos no queda obligada a responder por las obligaciones contractuales del deudor original.síntesis automática
También resuelve: ¿En el marco del principio de congruencia de la sentencia de segunda instancia, resulta procedente el estudio de los cargos de apelación que no fueron expuestos en el escrito de la demanda? ¿Si bien es cierto que el trámite concordatario del Ingenio desembocó en un negocio jurídico mediante el cual el Departamento de Antioquia se comprometió a asumir los pasivos de la entidad en…
Consejo de Estado Providencia

La Sala declarará infundada la causal aquí examinada

Sentencia — Sentencia 2022-10-10 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 11001032600020220016000 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación constituye una segunda instancia del proceso arbitral? No
Acuatodos S.A. E.S.P., parte recurrente, muestra su inconformidad frente a las razones que llevaron al Tribunal de Arbitramento a desestimar la pretensión de liquidación del contrato de interventoría… , tanto así que cuestiona la motivación jurídica y probatoria que realizaron los árbitros al respecto, cuestión que lleva a esta Subsección a advertir con vehemencia, tal como lo ha hecho en pronunciamientos anteriores, que el recurso extraordinario de anulación no constituye una segunda instancia del proceso arbitral y el juez de anulación, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, no puede corregir la apreciación jurídica ni la valoración de las pruebas realizadas por el panel arbitral.
También resuelve: ¿Al expediente se allegó la documentación e información suficientes para acceder a la pretensión de liquidación del contrato? ¿El recurso extraordinario de anulación se presentó oportunamente? ¿Se solicitó que se liquidara el negocio jurídico en cuestión, siendo tal petición negada en el laudo?
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de repetición: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-02-17 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 76001233300020170108901 LEY 1437 REPETICION
¿Las pruebas aportadas con la demanda acreditaron el presupuesto de procedencia del medio de control de repetición, la culpa grave del demandado? No
La sentencia dictada en un proceso contractual y el auto que aprueba una conciliación no prueban por sí solos la imputación subjetiva de culpa grave que se requiere en la acción de repetición, y las pretensiones deben negarse cuando esa prueba falta. La regla se apoya en tres razones. Primera, las consideraciones y pruebas de la sentencia contractual no acreditan la materialización de la culpa grave del demandado. Segunda, el auto aprobatorio del acuerdo conciliatorio tampoco demuestra ese elemento subjetivo. Tercera, el único argumento de la apelación no estaba llamado a prosperar. Además, la providencia precisa que en la apelación no pueden incorporarse nuevos fundamentos para estructurar la culpa grave, porque la sentencia debe guardar consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda, según el artículo 281 del Código General del Proceso. En consecuencia, se confirma la negativa de las súplicas de la demanda. El documento reitera esta exigencia de congruencia.síntesis automática
También resuelve: ¿Se pueden modificar, adicionar o incluir nuevas pretensiones de la demanda en el recurso de apelación de la sentencia? ¿El juez de la repetición debe realizar directamente los juicios de valor sobre los elementos probatorios que permiten establecer la culpabilidad del demandado? ¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en el medio de control de repetición, siendo un asunto en el que se ventila un interés público?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El ejercicio del medio de control de repetición permite buscar la integridad del patrimonio público en los casos en que el Estado ha sido condenado a la reparación patrimonial de los daños antijurídicos originados en las conductas dolosas o gravemente culposas de sus agentes.

Sentencia — Sentencia 2023-05-23 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 68001233300020180091801 LEY 1437 REPETICION
¿El ejercicio del medio de control de repetición permite buscar la integridad del patrimonio público en los casos en que el Estado ha sido condenado a la reparación patrimonial de los daños antijurídicos originados en las conductas dolosas o gravemente culposas de sus agentes? Sí
El ejercicio del medio de control de repetición busca la integridad del patrimonio público cuando el Estado es condenado a reparar daños causados por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes, pero la caducidad es un presupuesto procesal que el juez debe declarar de oficio. La regla se apoya en que la caducidad garantiza la seguridad jurídica de los sujetos procesales y en que la carga de promover el litigio dentro del plazo corresponde a los interesados. Por ello, si la acción no se promueve en ese término, precluye la posibilidad de accionar. En el asunto, la Sala declaró de oficio la excepción de caducidad del medio de control de repetición y revocó la sentencia del tribunal. En la práctica, la entidad que pretende recuperar el pago debe verificar el término de caducidad antes de ejercer la acción, aunque la finalidad de proteger el patrimonio público sea legítima.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la declaración oficiosa de la excepción de caducidad del medio de control de repetición? ¿Se configuró la caducidad de la acción? ¿Los 18 meses que tenía la entidad para pagar se vencieron el 20 de mayo de 2016; sin embargo, ello apenas ocurrió hasta el 23 de marzo de 2018?
REVOCA
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

No desconoce la Sala que en esta etapa se obtuvo el recibo a satisfacción de varios informes ambientales

Sentencia — Sentencia 2026-06-25 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A) JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ Rad. 11001333603720180017402 ACCION CONTRACTUAL
¿Si el a quo incurrió en una indebida valoración probatoria, al concluir que la parte demandada había incurrido en incumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato de interventoría 1832 de 2013? No
El contratista no puede descontar del valor adeudado por la entidad estatal en la liquidación judicial del contrato de interventoría, la suma correspondiente a los perjuicios causados a la entidad demandante, ya que no se ha acreditado que la entidad haya asumido la contratación del personal requerido para establecer las cantidades finales reales ejecutadas, el balance del contrato y el acta de recibo final. A pesar de que la entidad demandante ha iniciado las actuaciones previas para la contratación del personal, no se ha probado que esta contratación se haya materializado. Sin embargo, la Sala considera que es procedente descontar del valor adeudado la suma en disputa, ya que la entidad no está obligada a pagar por actividades del interventor que no fueron recibidas a satisfacción, lo que implica que la entidad estatal no debe asumir costos por servicios no aprobados. Este abstract reitera la jurisprudencia existente sobre la adecuada valoración de la prueba en contratos de interventoría y la obligación de la entidad estatal de no pagar por actividades no aprobadas, lo que tiene implicaciones significativas en la liquidación judicial de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿Si en la liquidación judicial del contrato, procede descontar del valor que la entidad pública adeuda al interventor, la suma que se afirma corresponde a los perjuicios causados a la entidad… ¿Si procede el reconocimiento de suma alguna de dinero a favor de la parte demandada, por concepto de labores de señalización?
Consejo de Estado Providencia

La liquidación judicial es el balance, finiquito o corte de cuentas que realiza el juez sobre un determinado contrato estatal dentro de un proceso judicial, que sólo resulta procedente en el evento en que no se haya realizado la liquidación bilateral o unilateral del respectivo contrato.

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 13001233300020130023002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La liquidación de los contratos celebrados por la Administración es el acto jurídico mediante el que se determina el estado de ejecución de las obligaciones de las partes, que puede realizarse de forma bilateral, unilateralmente por la administración o por el juez contencioso, a falta de estas últimas? Sí
El contratista no puede solicitar la liquidación judicial de un contrato estatal cuando ya se ha realizado una liquidación bilateral, incluso si dejó salvedades en el acta de liquidación, ya que estas salvedades no constituyen un incumplimiento contractual per se y no afectan la competencia del juez para liquidar judicialmente el contrato. La liquidación bilateral es un acto jurídico que determina el estado de ejecución de las obligaciones de las partes y que puede incluir salvedades que permiten al contratista reclamar ante autoridad judicial las obligaciones pendientes, pero no impiden que la liquidación bilateral sea válida y vinculante. En consecuencia, la entidad estatal no incumplió su obligación de liquidar el contrato al no incluir las salvedades en la liquidación, y el juez no puede proceder a una liquidación judicial en ausencia de un incumplimiento contractual evidente y previamente establecido.síntesis automática
También resuelve: ¿El ente demandado incumplió la obligación de liquidar un contrato, por no haber reconocido en la liquidación bilateral suscrita algunos rubros sobre los que el contratista demandante dejó salvedades… ¿Puede el juez realizar un análisis del incumplimiento contractual por falta de pago de la totalidad de las obras acometidas, cuando se observa que no fueron formuladas pretensiones en tal sentido… ¿Debe condenarse en costas a la parte accionante, dado que interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y este no prosperó?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No puede el juez de segunda instancia, al resolver la apelación interpuesta únicamente

Sentencia — Sentencia 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020230041301 Controversias contractuales
¿Puede el juez de segunda instancia, al resolver la apelación interpuesta únicamente por la entidad demandada, revisar la negativa al reconocimiento de las sumas reclamadas por concepto del gravamen sobre los movimientos financieros y complementar la sentencia para decidir la pretensión de liquidación del contrato, si el consorcio demandante no apeló la providencia ni solicitó su adición? No
El juez de segunda instancia no puede revisar lo decidido en primera instancia sobre una pretensión que la parte demandante no apeló ni pidió adicionar, cuando la apelación fue interpuesta únicamente por la entidad demandada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 320 del CGP limita el recurso al examen de los reparos concretos formulados por el apelante; el artículo 328 del CGP obliga a pronunciarse solo sobre los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones de oficio previstas por la ley; y el inciso segundo del artículo 287 del CGP permite complementar la sentencia en lo silenciado solo cuando la parte perjudicada apeló o solicitó su adición. Así, una negativa de primera instancia no impugnada queda con efectos de cosa juzgada y no puede reabrirse en la segunda instancia. Esta regla refleja los límites de la apelación frente a pretensiones que el apelado no controvirtió, y se aplica a los procesos de controversias contractuales en los que la sentencia guarde silencio sobre una pretensión.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para reclamar la indemnización de los perjuicios que una de las partes atribuye al incumplimiento de un contrato estatal? ¿Incurre la Agencia Nacional de Infraestructura en incumplimiento del contrato de obra pública al practicar las retenciones por concepto de la contribución especial de obra pública… ¿Debe el consorcio demandante asumir las costas de segunda instancia, incluidas las agencias en derecho, si prospera el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de Infraestructura?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Decidir lo contrario, implicaría un palmario quebranto de la norma procedimental que exige la debida sustentación del recurso de apelación.

Sentencia — Sentencia 2023-02-17 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 15001233100020060079601 ACCION DE REPETICION
¿La competencia del ad quem se contrae a revisar la decisión impugnada de cara a los motivos de censura expuestos por el apelante? Sí
La competencia del juez de segunda instancia se contrae a revisar la decisión impugnada frente a los motivos de censura que formula el apelante, y no puede pronunciarse de fondo sobre una sentencia que no fue cuestionada. La regla se apoya en tres razones. Primera, la apelación exige una debida sustentación que refute los fundamentos de la providencia, y si el recurrente plantea hechos distintos a los de la demanda, se desconecta de la razón de la decisión. Segunda, el juez de segunda instancia no puede analizar oficiosamente los argumentos del tribunal ni los del recurso, porque la instancia no es una nueva oportunidad para estudiar el asunto como si nunca hubiera sido analizado. Tercera, la sentencia de primera instancia quedó libre de censura, por lo que no procede reformarla. En consecuencia, se confirma el fallo que negó las pretensiones. El documento reitera la exigencia de debida sustentación del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve: ¿El apelante no cumplió adecuadamente la carga de sustentar el recurso, pues los argumentos que planteó no refutan los fundamentos de la sentencia? ¿El apelante nada dijo respecto de la conducta de los demandados ni argumentó que hubiese existido una destinación diferente de recursos? ¿El impugnante con la sustentación del recurso de apelación pretende variar los hechos en los que fundó su demanda inicial?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es procedente el decreto de oficio de una nueva prueba pericial para esclarecer puntos dudosos de la presente controversia

Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas 2024-04-16 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 70001233100019980074801 ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente el decreto de oficio de una nueva prueba pericial para esclarecer puntos dudosos de la presente controversia, toda vez que la ordenada en el fallo emitido por esta Corporación fue desestimada por el juez de primera instancia al liquidar la condena en abstracto? Sí
No obstante, la orden contenida en la ratio decidendi de la sentencia proferida por esta Subsección el 30 de enero de 2013, en el sentido de que la liquidación de la condena en abstracto debía apoyarse en una prueba pericial, el Tribunal Administrativo de Sucre llevó a cabo por su propia iniciativa la correspondiente liquidación… , desestimó el dictamen pericial para efectos de acreditar la cuantía de los perjuicios ocasionados a la sociedad actora… .
También resuelve: ¿En virtud del desequilibrio económico del contrato provocado por el Municipio al modificar la tasa de alumbrado público acordada al suscribir el negocio jurídico… ¿El decreto de las pruebas de oficio no es solo una facultad del juez sino también un deber legal del que emana la obligación de adoptar las medidas necesarias para poder fallar con suficiente… ¿La parte demandante debe sufragar la totalidad de los gastos que se deriven de la práctica de la prueba, pero tiene derecho a recobrar a la entidad demandada el 50% de los mismos por tratarse de una…
DECRETA
Consejo de Estado Providencia

No debe el juez de segunda instancia analizar o estudiar las cuestiones objetivas relativas a la condición de agente o ex agente estatal del demandado, la existencia de una condena de repetición y su pago efectivo, aun cuando las partes procesales no lo solicitan en el recurso de apelación.

Sentencia — Sentencia 2023-08-22 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 05001233300020130155701 LEY 1437 REPETICION
¿Debe el juez de segunda instancia analizar o estudiar las cuestiones objetivas relativas a la condición de agente o ex agente estatal del demandado, la existencia de una condena de repetición y su pago efectivo, aun cuando las partes procesales no lo solicitan en el recurso de apelación? No
La Sala no asumirá el estudio de las cuestiones objetivas relativas a la condición de agente o ex agente estatal del demandado, la existencia de una condena y su pago efectivo, porque aun cuando son presupuestos esenciales de la acción de repetición, conforme se desprende de la jurisprudencia reiterada de esta Corporación y el artículo 2 de la Ley 678 de 2001, el fallador de instancia ya los analizó y frente a sus conclusiones ninguna de las partes se alzó en apelación.
También resuelve: ¿Puede el juez administrativo modificar las pretensiones de la demanda sin que se vulnere el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de congruencia? ¿Procede el levantamiento de las medidas cautelares impuestas al demandado en el caso sub examine? ¿Procede la condena en costas procesales, en razón a que en el caso sub examine se persigue un interés público?
REVOCA