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52001233300020220004402 de 20252025-04-03Rad. 52001233300020220004402
Precisadas las cosas, dado que la pretensión de los procesos acumulados se encamina a que se declare el incumplimiento del Departamento respecto de los pagos que por concepto de honorarios se habrían causado a favor del demandante y, en atención a que las partes acordaron que el contrato sería objeto de liquidación, se concluye que la regla de caducidad aplicable al caso es la prevista en el ordinal v) del literal j) de numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con la cual el término empieza a contar a partir del vencimiento de la etapa establecida para realizar el balance final de cuentas. La interpretación antes indicada comparte las mismas bases conceptuales de aquellas que en otros momentos de la legislación enseñaban que la caducidad se definía como excepción y en cualquier momento procesal.
También resuelve:Medio de control de controversias contractualesContrato de prestación de servicios profesionales: ejecución del contrato, plazo, término del contrato, vencimiento del plazo para ejecutar contrato estatalInexistencia de caducidad del medio de control: inoperancia de la caducidad del medio de control, sentencia anticipada, improcedencia de la sentencia anticipada en lo contencioso administrativo, trámite de la sentencia anticipada en lo contencioso administrativo
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2025-07-14Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 66001233300020160067204LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente decretar como pruebas las sentencias judiciales y los laudos arbitrales aportadas por la parte demandante, cuando dichos documentos no constituyen medios probatorios? No
El despacho niega la solicitud de la parte demandante para decretar como pruebas las sentencias judiciales y los laudos arbitrales aportados, ya que estos documentos no constituyen medios probatorios y no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 212 del CPACA. Las providencias judiciales son criterios auxiliares de interpretación y no pruebas, mientras que los laudos arbitrales no se ajustan a las causales previstas en la norma para su decreto en segunda instancia. Además, la solicitud de pruebas documentales presentada en los numerales 5 y 6 no se adecua a ninguna de las hipótesis contempladas en el artículo 212, por lo que también es negada. Por último, se ordena corregir la anotación sobre la fecha de ingreso del proceso al despacho para fallo, ya que la solicitud probatoria pendiente afecta el turno para proferir sentencia.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente decretar como pruebas los documentos aportados por la parte demandante, cuando estos no cumplen con los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 212 del CPACA?¿Resulta procedente ordenar la corrección de la anotación sobre la fecha en que ingresó el proceso al despacho para fallo…
Dado que el régimen del convenio de asociación que se analiza corresponde al derecho privado, y en este escenario no se ejercen prerrogativas de poder público, ¿resulta indispensable su cuestionamiento en sede judicial para avanzar en el examen de incumplimiento, pues tal exigencia está referida exclusivamente a los actos administrativos? No
En un convenio de asociación regido por el derecho privado, en el que no se ejercen prerrogativas de poder público, el examen del incumplimiento no exige cuestionar judicialmente actos administrativos, pues esa exigencia se refiere exclusivamente a los actos de esa naturaleza. La regla se apoya en que el régimen privado del negocio determina las obligaciones y el análisis de su cumplimiento, sin que la impugnación de actos administrativos sea presupuesto para estudiarlo. Por ello, la discusión sobre el incumplimiento puede avanzar con el análisis de las obligaciones pactadas y de las pruebas aportadas al proceso. En el asunto, la Sala examinó primero las generalidades del negocio jurídico que originó el litigio y luego los supuestos específicos del incumplimiento alegado, y confirmó la decisión de la primera instancia. En la práctica, en los convenios de derecho privado el incumplimiento se examina con las cláusulas pactadas y no con la impugnación de actos administrativos.síntesis automática
¿Los razonamientos del fallo recurrido son coherentes con la causa petendi invocada, con el concepto de violación expuesto y con las pretensiones propuestas? Sí
El contratista no puede cuestionar la legalidad de actos administrativos que declaran su incumplimiento parcial y le imponen multas, ya que estos gozan de presunción de legalidad y son vinculantes, salvo que se demuestre su ilegalidad en el mismo juicio. La entidad estatal, al negar las pretensiones del contratista, se basó en la falta de congruencia entre las pretensiones de la demanda y las razones de hecho y derecho planteadas, además de la ausencia de una pretensión declarativa de incumplimiento que habilite al juez para juzgar el desempeño obligacional del contratista. La Sala confirma la sentencia, reiterando que el juez debe interpretar con cautela el concepto de violación para no modificar la causa petendi y respetar el debido proceso, y que la falta de una pretensión específica para declarar el incumplimiento lleva a un fallo extra petita, lo que impide la revisión del desempeño contractual del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿La presunción de legalidad que cobija los actos administrativos y, derivado de ello, su carácter vinculante y definitivo, impone estarse a ellos…¿La demandante formuló una pretensión declarativa de incumplimiento que habilite a la Sala para juzgar el desempeño obligacional de la demandada?¿La demandante estaba obligada a estructurar sus reclamos económicos sobre la base de un elemento de convicción de carácter técnico…
¿En el accidente de tránsito entre un vehículo oficial y una motocicleta, se acreditó la culpa grave del demandado en repetición? No
Cuando el demandado en repetición no contesta la demanda, los hechos susceptibles de confesión se presumen ciertos, pero solo se tienen por probados aquellos en los que pudo intervenir de manera directa. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 97 de la Ley 1564 de 2012 presume ciertos los hechos de la demanda ante la falta de contestación, salvo que la ley le atribuya otro efecto. Segunda, la confesión exige un hecho personal del demandado, de modo que los hechos en que no intervino directamente no pueden considerarse confesados. Tercera, en el caso, el accidente de tránsito entre el vehículo oficial y la motocicleta quedó probado, pero de ese hecho no se desprende la culpa grave del demandado. Como los cargos de la apelación no desvirtuaron la decisión, se confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. El documento no indica si reitera o matiza precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Sólo resulta posible concluir que se encuentran probados por confesión aquellos hechos en los que el demandado pudo intervenir de manera directa?¿La sentencia proferida en el proceso de reparación directa no surtió efectos, porque luego hubo un acuerdo conciliatorio?¿El juez de la repetición puede arribar a conclusiones disímiles a las expuestas, por ejemplo, por el juez de la reparación?
76001233100020100188102 de 20262026-05-31Sección TerceraRad. 76001233100020100188102
El contratista no puede ejercer la acción de controversias contractuales para declarar la existencia de un contrato de comodato después de que vence el término de caducidad, establecido en el Código Contencioso Administrativo y la Ley 446 de 1998, que en ausencia de disposiciones específicas para este tipo de pretensión, se rige por el plazo general de dos años a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declara de oficio la caducidad de la acción respecto a la pretensión de existencia del contrato de comodato, consolidando así la estabilidad jurídica y la seguridad de las partes, y negando las demás pretensiones de la demanda. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos procesales para evitar la pérdida de la facultad de accionar, lo que implica que los contratistas deben ser rigurosos en el cumplimiento de los términos legales para presentar sus reclamos.síntesis automática
También resuelve:Caducidad de la acción: finalidad, definición, sanción ipsoAcción de controversias contractuales: cca artículo 136 literal e) hnumeral 10, Ley 446 de 1998 artículo 44, oportunidad para demandar, pretensionesContrato de comodato: Código Civil artículo 2220, definición, naturaleza gratuita, tenencia del bien
¿Es posible acceder a la pretensión formulada por el apoderado de la Universidad demandada en sede de apelación adhesiva, para perseguir el reconocimiento y pago de las sumas que en su sentir no fueron remuneradas en la ejecución del contrato interadministrativo, cuando se observa que no ejerció en debida forma el mecanismo procesal de la demanda de reconvención? No
El contratista no puede acceder a la pretensión de reconocimiento y pago de sumas no remuneradas en la ejecución del contrato interadministrativo mediante un recurso de apelación adhesiva, ya que este mecanismo solo tiene por objeto enervar las pretensiones de la parte demandante y no perseguir pretensiones autónomas, como lo hace la demanda de reconvención. La Sala rechaza la apelación adhesiva por no haberse ejercido oportunamente la demanda de reconvención, lo que implica que el contratista debe presentar esta acción en tiempo y forma para perseguir sus pretensiones adicionales.síntesis automática
También resuelve:¿La primera instancia efectuó una interpretación errada del clausulado contractual al determinar que el incumplimiento del contrato interadministrativo no era atribuible a la Universidad…¿La primera instancia efectuó una indebida valoración probatoria al concluir que no se configuró un incumplimiento por parte de la Universidad demandada…¿Resulta procedente la condena en costas y agencias en derecho impuesta en primera instancia, dado que se acreditó su causación y, considerando…
¿Debe el juez de segunda instancia evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación de la causa petendi, o que no constituye un reparo concreto frente a las razones de la decisión empleadas por el a quo en la primea instancia? No
El juez de segunda instancia solo puede decidir sobre los cargos concretos formulados contra la decisión de primera instancia, de modo que no le corresponde examinar fundamentos que varíen la causa petendi ni reparos que no confronten las razones del fallo recurrido. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el marco de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida, y la simple interposición del recurso o la manifestación general de inconformidad no bastan. Segundo, la decisión debe ser congruente con la demanda, la sentencia y el recurso, por lo que no puede abordar cuestionamientos nuevos que no fueron planteados al inicio del proceso. Tercero, admitir argumentos ajenos a la demanda o sin sustentación suficiente vulneraría el derecho fundamental al debido proceso de las partes. La providencia confirma la sentencia y reitera el criterio de la subsección sobre la carga de sustentación de la apelación; en la práctica, el apelante debe identificar los yerros concretos del fallo de primera instancia dentro de la causa petendi formulada en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente declarar la nulidad del acto administrativo que impuso una multa a los contratistas, cuando se observa que…¿Resulta procedente declarar la nulidad del acto administrativo que impuso una multa a los contratistas, por falta de aplicación del artículo 115 del Código de Minas y la transgresión del principio…¿Debe condenarse en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
PRINCIPAL / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿La consecuencia de que el juzgador de la segunda instancia constate una falta de sustentación del recurso de apelación es la confirmación de la providencia impugnada? Sí
En la apelación, la falta de sustentación del recurso, cuando es de carácter material suficiente o adecuada, conduce a confirmar la providencia impugnada, porque el juez de segunda instancia queda sin elementos para revisar la sentencia. La regla se apoya en tres razones. La primera es el principio de congruencia, que limita la revisión a lo que el apelante expone. La segunda son los fines del recurso, que exigen un mínimo de rogatividad y objetividad en su interpretación. La tercera es que esa exigencia debe aplicarse sin caer en un excesivo ritualismo, de modo que lo relevante es la falta de sustentación material y no la simple omisión formal. La providencia confirma la sentencia de primera instancia con base en esta regla, reiterando la jurisprudencia sobre la exigencia de sustentación. En la práctica, el apelante debe precisar en el escrito de apelación los argumentos concretos contra cada punto de la decisión, porque una sustentación materialmente insuficiente conduce a la confirmación del fallo, sin que el juez deba suplir las razones que el recurrente no expuso.síntesis automática
También resuelve:¿La ley impone que en la apelación se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en aquello que se considere desfavorable?¿La impugnación propuesta contra la sentencia proferida por el Tribunal que negó las pretensiones de la demanda estuvo debidamente sustentada?¿Más allá de una exposición de motivos de inconformidad elaborada a partir de los argumentos planteados por el Tribunal, el recurrente se limitó a replicar los argumentos desarrollados en el escrito…
¿La parte demandada desvirtuó las presunciones de dolo y culpa grave ? Sí
En este proceso, el demandado desvirtuó la presunción de dolo y culpa grave (arts. 5.4 y 6.1 Ley 678 de 2001). Sólo se probó que un juzgado impuso medida de aseguramiento contra el demandado, pero no se acreditó que fue declarado penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por el daño que sirvió de fundamento para la condena a la entidad demandante. No se acreditaron… las circunstancias de modo en que ocurrió el disparo, ni que el daño fue consecuencia de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. El Tribunal estimó que la conducta de la víctima incidió en la ocurrencia del accidente y no fue posible establecer cómo ocurrió el disparo, conforme a las pruebas técnicas de este proceso.
También resuelve:¿Se valora si la desatención del deber funcional del servidor público fue de tal magnitud que lo obliga a restituir al Estado la condena en su contra?¿El demandado tiene la posibilidad de desvirtuar la presunción legal?¿El término para formular la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad?
¿Las demandas acumuladas dentro del proceso de controversias contractuales por el presunto incumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales se presentaron de forma oportuna, de conformidad con la interpretación de la cláusula novena sobre el plazo pactado para su ejecución? Sí
El contratista presenta oportunamente las demandas acumuladas dentro del proceso de controversias contractuales por el presunto incumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales, de acuerdo con la interpretación de la cláusula novena sobre el plazo pactado para su ejecución. La Sala determina que el plazo del contrato se estableció inicialmente por un término fijo de cinco años, pero en caso de que las gestiones para lograr el pago se debieran adelantar ante los estrados judiciales, el plazo se convierte en indeterminado pero determinable en función de la duración de los procesos judiciales. La Sala reitera la importancia de interpretar las cláusulas del contrato de manera sistemática y coherente con el objeto convenido y las obligaciones de las partes, lo que implica que las demandas presentadas dentro del plazo judicial son oportunas y no caducan. Esta interpretación permite que los procesos judiciales se desarrollen sin restricciones temporales adicionales, garantizando la efectividad del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El juez de segunda instancia debe devolver el expediente al Tribunal de origen ante la improcedencia de la sentencia anticipada por inoperancia de la caducidad del medio de control de controversias…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-10-28Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233300020240048601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del auto proferido por los Tribunales Administrativos que rechace la demanda? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda, conforme al artículo 150 del CPACA y el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021, que establecen su competencia para estos casos. Además, la acumulación de pretensiones en una demanda es procedente siempre que sean conexas y cumplan los requisitos legales, según el artículo 165 del CPACA. La escogencia del medio de control adecuado no depende de la discrecionalidad del demandante, sino que se determina por la fuente del daño, como reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado. En este caso, el juez debe interpretar la demanda para adecuar el trámite al medio de control correspondiente, en este caso, el de controversias contractuales, dado que las pretensiones persiguen la responsabilidad contractual derivada de diferentes contratos celebrados entre las partes, conforme al artículo 171 del CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿La acumulación de pretensiones resulta procedente siempre que sean conexas y se cumplan los requisitos previstos en la ley?¿La escogencia del medio de control idóneo no depende de la discrecionalidad del demandante, sino que se determina por la fuente del daño en que se fundamenta la causa petendi?¿La adecuación del medio de control corresponde una labor del juez al interpretar la demanda, así como un deber de ajustar el trámite al cause procesal correspondiente, en este caso…
¿La voluntad de las partes fue distinta de que se plasmó en el contrato y de la que la propia parte actora consignó en su oferta? No
El contratista no puede alegar que la voluntad de las partes fue distinta a la plasmada en el contrato y a la consignada en la oferta, ya que la intención de los signatarios quedó claramente expresada en el texto contractual, sin elementos en el proceso que permitan establecer una voluntad distinta. La Sala confirma que la cláusula de comisión de éxito solo se cumpliría si se profería una sentencia que negara la anulación de los actos administrativos que permitían al Distrito cobrar la contribución por valorización, lo cual no ocurrió. Por lo tanto, no se cumplieron los presupuestos convencionales para reconocer la comisión de éxito, rechazando así las pretensiones del contratista y confirmando la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Los impugnantes pretenden que se concluya que la cláusula sexta del contrato sí se cumplió, motivo por el cual debió accederse al pago la comisión de éxito?¿Se cumplieron los presupuestos fijados convencionalmente para que hubiese lugar a reconocer la comisión de éxito pretendida en este juicio?¿El concepto de éxito se materializaría con la sentencia que le pusiera fin al proceso y que fuera desestimatoria de la pretensión de nulidad?
Sentencia — Sentencia2022-07-19Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 11001032600020220006400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Competente al Consejo de Estado conocer del recurso de anulación interpuesto contra el laudo arbitral que dirimió un conflicto surgido con ocasión de un contrato en el cual una de las partes es una entidad estatal? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de anulación interpuesto contra un laudo arbitral que dirimió un conflicto surgido con ocasión de un contrato en el que una de las partes es una entidad estatal, conforme al artículo 104 numeral 7º de la Ley 1437 de 2011. Este recurso no entraña el estudio de los razonamientos del tribunal arbitral sobre la aplicación de la ley sustancial ni la apertura de la discusión por errores de hecho o derecho en materia de valoración probatoria, pues ello supondría desconocer la voluntad de las partes de sustraer el litigio de la justicia institucional. La causal del numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 desarrolla la regla de congruencia, por lo que el laudo debe estar en estrecha identidad con las pretensiones formuladas en la demanda, los hechos puestos en conocimiento por las partes y las excepciones alegadas o probadas. La incongruencia se configura cuando se falla ultra petita, extra petita, infra o citra petita, y el tribunal arbitral debe resolver las pretensiones del recurrente sin omitir pronunciamientos sobre puntos sometidos al litigio.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión del recurso de anulación no entraña el estudio de los razonamientos realizados por el Tribunal Arbitral, en cuanto a la aplicación de la ley sustancial…¿La causal contenida en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 desarrolla la regla de congruencia de las decisiones judiciales, por lo que…¿La incongruencia de las decisiones judiciales se configura cuando se falla ultra petita, extra petita, infra o citra petita?
¿Un adecuado ejercicio hermenéutico contractual empieza siempre por determinar cuál fue la verdadera voluntad regulatoria de las partes de un contrato y si estas obraron con buena fe negocial? Sí
En este sentido, las pautas de interpretación de los contratos, que son aplicables a los contratos estatales, están contenidas entre los artículos 1618 a 1624 del CC y se plasman, según la doctrina y la jurisprudencia, en dos (2) principios rectores y seis (6) reglas. Los principios rectores de interpretación se traducen en: (i) la búsqueda de la común intención de las partes —communis intentio o voluntas spectanda— y (ii) la buena fe negocial o contractual.
También resuelve:¿De la interpretación de las cláusulas del contrato de prestación de servicios profesionales, se puede afirmar que el reconocimiento y pago de la prima de éxito pactada entre las partes…¿Incumplió el Departamento de Cundinamarca el contrato de prestación de servicios No. 224 del 20 de junio de 2007, en relación con el pago de la prima de éxito pactada en el parágrafo primero de la…¿Debe condenarse en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia del proceso por razón de su cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de un proceso por razón de su cuantía, siempre que la demanda supere los 500 S.M.L.M.V., tal como establece el artículo 132, numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, el sentenciador de primera instancia declaró la nulidad del contrato de prestación de servicios suscrito por la entidad estatal, lo que fue objeto de apelación por parte del municipio. Sin embargo, la Sala no revisó la declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez, ya que esta decisión no causó perjuicio alguno al municipio, sino que benefició sus intereses. Además, el contrato en cuestión implicó que el particular contratista ejerciera actividades constitutivas de función administrativa sin cumplir con la normatividad establecida para ello, lo que llevó a la nulidad del negocio jurídico. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y limita la revisión de decisiones oficiosas que benefician a la parte apelante.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez puede ser revisada por el Juez de segunda instancia entendiendo que esta decisión fue favorable a los intereses de la…¿El objeto del contrato y las obligaciones en él pactadas a cargo del hoy demandante implicaron expresa y directamente el ejercicio, por el particular contratista…¿La forma de pago estipulada en el contrato estaba ajustada a los preceptos legales atinentes a la planeación presupuestal y destinación de los ingresos tributarios del municipio?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-19Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 85001233300020150020101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la Sala de Sección del Consejo de Estado conocer del recurso de apelación contra el auto que resuelve sobre excepciones procesales, dado que la decisión que se adopta implica la terminación parcial del proceso respecto de la demanda de reconvención? Sí
La apelación contra el auto que resuelve excepciones procesales en un proceso en el que interviene una entidad pública es de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, conforme al numeral 2 del artículo 104 del CPACA. La regla se apoya en que esa norma atribuye a la jurisdicción los procesos sujetos al derecho administrativo y los contratos en los que es parte una entidad pública, y en que el superior decide las apelaciones de autos de conformidad con el artículo 150 del mismo código. En el caso, el municipio demandado es una entidad territorial, lo que habilita la jurisdicción y la competencia de la Sala para resolver la apelación. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la decisión que pone fin parcialmente al proceso frente a una demanda de reconvención puede ser revisada por el Consejo de Estado en apelación, y la providencia que resuelve esas excepciones se confirma en la alzada.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente el recurso de apelación contra el auto que resuelve las excepciones previas y le da tal connotación a lo resuelto sobre la improcedencia del llamamiento en garantía de la…¿Debe declararse la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, dado que el municipio de Yopal debía conocer el incumplimiento desde la fecha en la que firmó el acta de terminación del…¿Debe declararse la ineptitud de la demanda de controversias contractuales, por no tener claridad en las pretensiones y no referirse al tipo de póliza que las sustentaba…
¿El contrato de arrendamiento tiene como fin principal conceder el goce de una cosa, o de ejecutar una obra o un servicio y, de la otra, de pagar, por este goce, obra o servicio, un precio determinado? Sí
El contratista no puede denominar un contrato con una entidad estatal sobre un bien de uso público como arrendamiento cuando combina obligaciones propias de la prestación de servicios y presenta rasgos de una concesión, ya que corresponde al juez determinar la naturaleza real del contrato más allá de la denominación formal acordada por las partes. En este caso, el contrato en cuestión no cumple con los elementos esenciales del arrendamiento, como el uso y goce exclusivo del bien, ya que el contratista fue encargado de la administración directa del bien y de la recuperación de la cartera morosa, lo cual implica una entrega total del bien y no solo su uso y goce. Además, el bien en cuestión, una plaza de mercado, está destinado al servicio público, lo que también impide la celebración de un contrato de arrendamiento. Esta decisión matiza la interpretación de la naturaleza de los contratos estatales y subraya la importancia de la función interpretativa del juez para determinar la verdadera naturaleza del contrato celebrado, independientemente de la denominación que le hayan dado las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Los elementos esenciales del contrato de arrendamiento son el otorgamiento del goce o uso de un bien, el precio que se paga por el uso o goce de ese bien y el consentimiento de las partes?¿Las plazas de mercado son de bienes de uso público que prestan un servicio público por destinación legal?¿Cuándo el contrato con una entidad estatal sobre un bien de uso público, como lo es una plaza de mercado, combina obligaciones propias de la prestación de servicios…
¿En el sistema del precio global, la entidad contratante conviene en pagarle al contratista una suma única por la ejecución de una obra, la cual remunera todos los costos, directos e indirectos, en los que este último incurra, de manera que el contratista asume los riesgos derivados de los mayores costos que se causen por la ejecución del contrato; por lo mismo, y como contrapartida de este riesgo, el contratista también percibe los beneficios derivados de los menores costos en que incurra por la ejecución eficiente y temprana de sus obligaciones o, incluso, por circunstancias ajenas a él? Sí
El contratista asume los riesgos y beneficios inherentes a la ejecución de un contrato estatal a precio global, donde la entidad contratante conviene en pagar una suma única que remunera todos los costos, directos e indirectos, sin posibilidad de ajustes posteriores, lo que implica que el contratista debe estimar cuidadosamente los riesgos y factores que podrían incidir en la terminación de la obra. Esta modalidad no solo se aplica a contratos de obra, sino también a contratos de interventoría, donde el precio global fijo es la estimación anticipada del costo total de la supervisión y vigilancia de otro contrato estatal, con el contratista asumiendo tanto los mayores como los menores costos derivados de su eficiencia y organización. La regla reitera la jurisprudencia existente sobre la modalidad de precio global, lo que implica que en la práctica, las partes deben tener en cuenta los riesgos y beneficios inherentes a esta forma de contratación.síntesis automática
También resuelve:¿El IDU incumplió el contrato de interventoría al no pagar a la contratista el precio total pactado en el contrato, dada la terminación anticipada de dicho negocio jurídico por el cumplimiento del…¿La exigibilidad se predica de las obligaciones que no se encuentran sometidas a plazo, condición o modo, porque no se sujetaron a estas modalidades o porque ya se realizaron, mientras que la mora…¿La contratista tiene derecho a que se le reconozcan intereses moratorios sobre la obligación dineraria no reconocida por la demandada, al no haberle pagado
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
Cuando la pretensión mayor de la demanda supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de la apelación contra la sentencia de un tribunal administrativo, según el artículo 129 del CCA. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del mismo código, modificado por la Ley 1107 de 2006; la apelación de las sentencias de los tribunales se resuelve en esa instancia; y el valor de la pretensión mayor se determina según el artículo 20, numeral 2, del Decreto 1400 de 1970, con el umbral del artículo 132, numeral 5, del CCA. En el caso, la pretensión mayor superó el umbral legal y la corporación confirmó la sentencia apelada. El documento también examina la oportunidad de la demanda frente al vencimiento del plazo para liquidar, pero no fija una regla general distinta; la consecuencia práctica es que la cuantía de la pretensión mayor, a la fecha de la demanda, determina la competencia en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales fue interpuesta dentro de los dos años siguientes al del vencimiento del plazo pactado por las partes para concertar la liquidación?¿Procede la valoración de la copia simple de documento?¿El juez puede decretar pruebas de oficio para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda hasta antes de dictar sentencia?