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clave: "consejo_estado:providencia:50001233100020060097601-63327-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: a esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-12-16"
radicado: "50001233100020060097601"
numero: "63327"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: a esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-12-16
- **Radicado:** 50001233100020060097601
- **Número interno:** 63327
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** CONSORCIO VÍAS Y DESARROLLO
- **Demandado:** INVIAS
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:50001233100020060097601-63327-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/50001233100020060097601/634AC561600924A9CEB3AA67E5BADE3F36A049A3625792CDD542ABF09E72B8DD/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=500012331000200600976011100103

## Problema jurídico

¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las controversias sobre contratos del Estado, dada la naturaleza del asunto y en consideración a la cuantía del proceso?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal…
- ¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?
- ¿Dado el demandante no señaló ninguna norma violada con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, y que tampoco formuló un cargo concreto o mencionó razón alguna por la que…

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, arts. 129, 132 núm. 5 y 181
- Decreto 2171 de 1992, art. 52
- Ley 80 de 1993, art. 2

## Extracto

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, en tanto guardián de la constitucionalidad y legalidad administrativa, conoce de las controversias sobre contratos del Estado. A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial. El presente litigio versa sobre legalidad de la Resolución No. 833 del 1º de marzo de 2005, por medio de la cual el INVIAS liquidó unilateralmente el Contrato No. 0884 del 21 de diciembre de 2001, así como el desequilibrio económico, el incumplimiento y la validez del contrato y sus acuerdos modificatorios, a propósito de lo cual conviene resaltar que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias en las que dicha entidad sea parte, comoquiera que ostenta la calidad de entidad estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2171 de 1992, en concordancia con el artículo 2 de la Ley 80 de 1993.

## Síntesis temática

La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias sobre contratos del Estado, y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias de los tribunales cuando la cuantía supera 500 salarios mínimos. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad estatal demandada es sujeto de la contratación estatal conforme al artículo 52 del Decreto 2171 de 1992 y al artículo 2 de la Ley 80 de 1993, de modo que la jurisdicción es competente para resolver las controversias en que sea parte. Segunda, la vocación de doble instancia se determina con los artículos 129, 132 numeral 5 y 181 del Código Contencioso Administrativo, vigentes al presentarse la demanda. Tercera, la cuantía del proceso para el año 2006 supera los 500 salarios mínimos exigidos. Además, la acción de controversias contractuales es la vía idónea para la nulidad de la liquidación unilateral, el desequilibrio, el incumplimiento, la validez del contrato y la liquidación judicial. En consecuencia, el Consejo de Estado es competente para decidir la apelación, y la providencia modifica la sentencia apelada. El documento no indica si reitera o cambia precedente.

## Descriptores temáticos

COMPETENCIA, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, VALIDEZ DEL CONTRATO ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, ENTIDAD ESTATAL, INVÍAS, CUANTÍA DE LA DEMANDA, CUANTÍA DEL PROCESO, VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONCEPTO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, PARTES DEL CONTRATO, CONSORCIO, CAPACIDAD PARA SER PARTE DEL CONSORCIO, SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, REQUISITOS DE LA DEMANDA, REQUISITOS DE LA DEMANDA EN FORMA, REQUISITOS DE LA DEMANDA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA, ARGUMENTO EN LA DEMANDA, PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN SUFICIENTE, INDICACIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LA NORMA, DECLARACIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES, DECLARACIÓN OFICIOSA DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES, EXCEPCIONES PROCESALES, EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA, JUSTICIA ROGADA, ALCANCE DE LA JUSTICIA ROGADA, PRINCIPIO DE JUSTICIA ROGADA, CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DEMANDA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO, IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, FALLO INHIBITORIO, FALLO INHIBITORIO POR INEPTITUD DE LA DEMANDA, SENTENCIA INHIBITORIA, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO ESTATAL, CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL, TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, PRÓRROGA DEL CONTRATO, PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL, ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, DERECHO DE ACCIÓN, EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN, CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO, OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, INTERÉS GENERAL, EQUILIBRIO DEL CONTRATO, EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL, EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, CONCEPTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE EQUILIBRIO CONTRACTUAL, PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, MECANISMOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA, PRINCIPIO DE REBUS SIC STANTIBUS, ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, RIESGO CONTRACTUAL, RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL, TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN, PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN, APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN, CARGA DE LA PRUEBA, ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA, EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA, RECURSO DE APELACIÓN, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, APELACIÓN DE LA SENTENCIA, LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN, ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN, APELANTE ÚNICO, ALTERACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA, INCLUSIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA, ARGUMENTO NUEVO, IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO, PUNTO NUEVO, IMPROCEDENCIA DEL PUNTO NUEVO, CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, CONCEPTO DE PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, CONGRUENCIA DEL JUEZ, FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ, PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ, MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN, SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN, SUSTENTACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN, FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, PRENSA, ARTÍCULOS DE PRENSA, DOCUMENTO PERIODÍSTICO, PUBLICACIÓN EN PRENSA, VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PERIODÍSTICO, PERIÓDICO, VALOR PROBATORIO DE NOTICIA EN PRENSA ESCRITA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL, SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA, AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL, MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, MUTUO CONSENTIMIENTO, ACTIVIDAD CONTRACTUAL, BUENA FE, BUENA FE CONTRACTUAL, DEBERES DEL JUEZ, INTERPRETACIÓN DEL JUEZ, FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ, INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, VALORACIÓN DEL JUEZ, ATRIBUCIONES DEL JUEZ, OBLIGACIONES DEL JUEZ, INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL, FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SUSPENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL, OLA INVERNAL, PUENTE CAÍDO, IMPREVISIBILIDAD, DICTAMEN PERICIAL, PRUEBA PERICIAL, VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL, FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL, INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL, INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL, INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL, FALTA DE PRUEBA, CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDAD, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, PRINCIPIO DE LA BUENA FE, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA

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## Texto del documento

COMPETENCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / VALIDEZ DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / ENTIDAD ESTATAL / INVÍAS / CUANTÍA DE LA DEMANDA / CUANTÍA DEL PROCESO / VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las controversias sobre contratos del Estado, dada la naturaleza del asunto y en consideración a la cuantía del proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, en tanto guardián de la constitucionalidad y legalidad administrativa, conoce de las controversias sobre contratos del Estado. A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial. El presente litigio versa sobre legalidad de la Resolución No. 833 del 1º de marzo de 2005, por medio de la cual el INVIAS liquidó unilateralmente el Contrato No. 0884 del 21 de diciembre de 2001, así como el desequilibrio económico, el incumplimiento y la validez del contrato y sus acuerdos modificatorios, a propósito de lo cual conviene resaltar que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias en las que dicha entidad sea parte, comoquiera que ostenta la calidad de entidad estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2171 de 1992, en concordancia con el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 11 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la cuantía para el año 2006 supera los 500 SMLMV, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 132-5 y 181 del CCA., vigentes a la fecha de presentación de la demanda.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 181, DECRETO 2171 DE 1992 - ARTÍCULO 52, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONCEPTO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, por lo que resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para perseguir la nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato, la declaratoria del desequilibrio económico, la nulidad absoluta del contrato, y la liquidación judicial del mismo?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, la acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos proferidos dentro del desarrollo de éste. Así, puede cualquiera de las partes solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras declaraciones y condenas. Bajo el anterior contexto, en el presente caso la acción contractual ejercida por la parte demandante es adecuada, por cuanto en el líbelo introductorio se pretende: (i) que se declare la nulidad de la Resolución No. 833 del 1º de marzo de 2005, mediante la cual se liquidó unilateralmente el contrato; (ii) que se declare que existió un rompimiento del equilibrio económico por causas ajenas al contratista, originadas en la mayor permanencia en obra y, como consecuencia, solicita que se condene a la entidad al reconocimiento y pago de mayores costos administrativos y de “stand by” de equipo y maquinaria; (iii) que se declare el incumplimiento del Contrato No. 0884 del 21 de diciembre de 2001 por el pago inoportuno de las actas de obra parcial y por la omisión en el pago del Acta No 20A; (iv) que se declare la nulidad absoluta o se estimen ineficaces algunas cláusulas y apartes de determinadas prórrogas y suspensiones al contrato; y (v) que se liquide en sede judicial el contrato.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / PARTES DEL CONTRATO / CONSORCIO / CAPACIDAD PARA SER PARTE DEL CONSORCIO / INVÍAS
Problema jurídico:
¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, según el cual la legitimación en la causa por activa en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato, la Sala concluye que el Consorcio Vías y Desarrollo y el Instituto Nacional de Vías -INVIAS-, poseen el interés jurídico que se debate en el sub examine y están legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, toda vez que son los extremos del negocio jurídico -Contrato No. 0884 del 21 de diciembre de 2001- que suscita la controversia objeto de examen en sede judicial (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la capacidad para ser parte de las uniones temporales y consorcios, consultar providencia del 25 de septiembre de 2013, Exp. 19933, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32
LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DE LA DEMANDA / REQUISITOS DE LA DEMANDA EN FORMA / REQUISITOS DE LA DEMANDA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA / ARGUMENTO EN LA DEMANDA / PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN SUFICIENTE / INDICACIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LA NORMA / DECLARACIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / EXCEPCIONES PROCESALES / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / JUSTICIA ROGADA / ALCANCE DE LA JUSTICIA ROGADA / PRINCIPIO DE JUSTICIA ROGADA / CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEMANDA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / FALLO INHIBITORIO / FALLO INHIBITORIO POR INEPTITUD DE LA DEMANDA / SENTENCIA INHIBITORIA
Problema jurídico:
¿Dado el demandante no señaló ninguna norma violada con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, y que tampoco formuló un cargo concreto o mencionó razón alguna por la que considera que aquel es ilegal, debe declararse de oficio la excepción de inepta demanda y proferirse un fallo inhibitorio al respecto?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según lo previsto en el numeral 4 del artículo 137 del CCA, aplicable al caso concreto, toda demanda que se dirija ante la jurisdicción administrativa, a través de la cual se pretenda la impugnación de un acto administrativo, debe contener las normas violadas y explicar el contenido de la violación, pues le corresponde a la parte actora la carga desvirtuar su presunción de legalidad. Al efecto, conviene recordar que no basta con pretender la nulidad de un acto administrativo ni con identificar las disposiciones normativas que se consideran vulneradas con su expedición, sino que es menester la formulación del concepto de violación, para lo cual se debe explicar en qué consiste dicha transgresión, es decir, por qué se considera que el acto administrativo adolece de nulidad, presupuesto que encuentra su fundamento en que los actos administrativos que se atacan ante la jurisdicción contencioso administrativa se presumen ajustados a la Constitución y a la ley, por lo que corresponde a quien acude con el fin de obtener su anulación la carga de desvirtuar la presunción de legalidad, exponiendo las razones por las cuales considera que el acto acusado vulnera las disposiciones señaladas como violadas e incurre en el cargo planteado. Precisamente, la jurisprudencia ha señalado en forma reiterada y uniforme que este planteamiento de los cargos constituye el contorno de la decisión del juez administrativo, quien deberá resolver sobre la validez del acto demandado dentro de los límites establecidos en la demanda, es decir, con fundamento en los motivos de violación alegados por la parte actora en el libelo introductorio y las normas que hayan sido invocadas como vulneradas. Dicho en otras palabras, el control de legalidad que el juez contencioso administrativo realiza no es general sino particular y concreto, de modo que el análisis que realiza el operador jurídico sólo puede circunscribirse a los motivos de violación que se alegan en la demanda, los cuales constituyen la causa petendi en el proceso. En suma, en atención al carácter de justicia rogada que reviste a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el control de legalidad se contrae a los cargos esgrimidos en la demanda y a las normas indicadas por el demandante, por ser el escrito de demanda el marco de referencia para que el operador jurídico emita su pronunciamiento judicial, de manera que se respete el principio de congruencia y, además, el derecho de defensa del demandado. Ahora bien, también ha señalado la Jurisprudencia en punto a este presupuesto que el mismo se satisface al consignarse la invocación normativa y la sustentación de los cargos planteados, sin que pueda entenderse sujeto al seguimiento de un modelo estricto de técnica jurídica, debiendo, además, darse prevalencia al derecho sustancial en el evento en que el concepto de la violación formulado no fuere suficiente, pero cuando menos sí comprensible para el operador judicial. (…) En suma, esta carga procesal se cumple cuando se enuncian las normas concretas que se estiman transgredidas y se formula la sustentación de los cargos, sin exigencia de técnica jurídica, al paso que, por el contrario, no es satisfecha ante ausencia total de invocación normativa y de exposición de los cargos, o en el evento en que se indiquen las normas vulneradas, pero no se incluya concepto de su violación. Descendiendo al caso concreto, a partir del examen del líbelo introductorio y puntualmente de las pretensiones y hechos relativos a la nulidad de la Resolución No. 833 del 1º de marzo de 2005, se advierte que la parte demandante además de que no señaló ninguna norma violada con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, tampoco formuló un cargo concreto o mencionó razón alguna por la que considera que aquel es ilegal, es decir, no planteó el concepto de violación, presupuesto que tratándose de la impugnación de actos administrativos, como en efecto resulta ser el que liquida unilateralmente un contrato regido por el Estatuto General de la Contratación Pública, se torna indispensable, en la medida en que opera en este caso el principio de justicia rogada, imponiéndose a la parte actora la carga de indicar no solamente las normas violadas, sino además la explicación del concepto de su violación. En tan sentido, se observa que la parte actora sustentó las pretensiones del líbelo introductorio sobre la base de afirmar que se configuró un desequilibrio económico del contrato por mayor permanencia obra, sin que a partir de dicho argumento, a diferencia de lo considerado por el a quo, pueda entenderse estructurado un cargo de falsa motivación a través del cual se pretenda desvirtuar la presunción de legalidad de la Resolución No. 833 del 1º de marzo de 2005, pues lo cierto es que el demandante no controvirtió las motivaciones expuestas por la

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

acción; no obstante lo cual tiempo después el puente colapsó, impidiendo de esta manera el ingreso adecuado de materiales e insumos a la obra, pues aunque se habilitó una vía alterna, aquella no estaba en las mejores condiciones, lo que llevó a que para el mes de mayo de 2002 varios operarios del consorcio se retiraran de la obra ante la escasez de combustible, situación que fue remediada con la instalación de un puente provisional, el cual, según se desprende del material probatorio, entró en operación el 17 de julio de 2002. En tal sentido, la Sala considera que el derrumbe del puente morichito, que condujo en parte a la suscripción del Contrato Adicional No. 1 del 8 de noviembre de 2002, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución por 4 meses, constituyó una circunstancia sobreviniente, extraordinaria e imprevisible a la celebración del contrato. (...) Con todo, la Sala considera que en el asunto sub judice la parte actora (...) no probó la pérdida real, grave y anormal en la economía del contrato, que hubiese alterado o agravado las prestaciones a su cargo. (...) En este orden de ideas, la Sala considera que el dictamen pericial carece de eficacia probatoria, pues las conclusiones a las que llegó el perito en su informe técnico, en punto de los sobrecostos por mayor permanencia en obra no son precisas, no se encuentran debidamente fundamentadas, se refieren a puntos de derecho y desbordaron el objeto de la prueba, motivo por el cual no se le dará mérito al dictamen, pues aquella no brinda plena certeza sobre los puntos que se debaten en la presente litis. (...) En suma, para la Sala, las pruebas allegadas al plenario no resultan suficientes a efectos de demostrar la ruptura de la ecuación económica que alegó la actora, pues para este propósito no bastaba con sostener que la mayor permanencia en obra le generó sobrecostos. Por el contrario, era indispensable aportar las pruebas que soportaran la causación de los valores reclamados y el desbalance alegado, lo que comenzaba por demostrar que durante la mayor permanencia en obra por cuenta la suscripción del Contrato Adicional No. 1 del 8 de noviembre de 2002 incurrió en gastos por concepto de administración y “stand by” de equipo y maquinaria, lo cual no se encuentra acreditado en el proceso. A partir de lo anterior, la Sala estima que el consorcio demandante no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta (...) lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, (...) de donde el desequilibrio alegado por mayor permanencia en obra requiere de prueba, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal onus, impide su reconocimiento. (...) [Por otro lado,] la Sala aprecia que en el Contrato Adicional No. 2 del 7 de marzo de 2003 y en el Acta de Suspensión Temporal del 4 de abril de 2003, las partes dejaron constancia expresa que el contratista renunciaría a reclamar sobrecostos ocasionados por su celebración, manifestaciones de las que se desprende una renuncia a reclamar en contra del INVIAS. Con relación a los efectos de las renuncias expresas a las reclamaciones elevadas en el marco de un contrato estatal, la jurisprudencia de esta Sección ha considerado que estas constituyen la expresión de la autonomía de la voluntad y, por tanto, son obligatorias y vinculantes, sin perjuicio de sus limitaciones. Además, se ha estimado que, tratándose de una renuncia a los derechos económicos del contratista, la interpretación de las cláusulas de exclusión o limitación de responsabilidad debe ceñirse a los condicionamientos de la renuncia. (...) En este orden, la Sala estima improcedente la reclamación que la parte actora solicita en este proceso judicial, derivada de las razones que llevaron a suscribir el Contrato Adicional No. 2 del 7 de marzo de 2003 y el Acta de Suspensión Temporal del 4 de abril de 2003, comoquiera que en el marco de estos acuerdos de voluntades el consorcio renunció expresamente a reclamar los sobrecostos de administración y “stand-by” de equipo y maquinaria por la mayor permanencia en obra, derivados, el primero de la ola invernal y las restricciones para el ingreso de insumos a la obra, y el segundo por la insuficiencia de recursos para contratar la interventoría, todo lo cual lleva a concluir que en estos acuerdos las partes regularon los asuntos cuya reclamación ahora se pretende en esta sede judicial. A la anterior conclusión arriba la Sala partiendo de recordar que el soporte sobre el que se estructura el régimen contractual es el mutuo consentimiento de las partes que da lugar al nacimiento de obligaciones recíprocas, como expresión de la autonomía de la voluntad y del que emerge la fuerza vinculante del negocio jurídico libremente convenido y el deber de ejecutar lo acordado en los términos pactados. El principio enunciado –pacta sunt servanda, garante de la seguridad jurídica, constituye pilar esencial de las relaciones contractuales y encuentra su fundamento en la autonomía privada de la voluntad como fuente primaria de derechos y obligaciones. Tanto es así, que toda la estructura jurídica construida sobre la base del poder de la voluntad para que los sujetos puedan darse sus propias reglas de conducta descansa en la confianza de que se cumplirá aquello que se conviene libre y voluntariamente. En efecto, la fuerza obligatoria del contrato se funda en la voluntad o querer de las partes que intervienen en él, teniendo éstas la facultad de limitar su libertad para asumir un deber de conducta en razón a una determinada causa. En nuestro ordenamiento jurídico, tanto el Código Civil como el Código de Comercio, recogen este principio en los artículos 1602 y artículo 871, respectivamente, según los cuales los contratos válidamente celebrados son ley para los contratantes y no pueden ser invalidados sino por su consentimiento mutuo o por las causas legales.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las fuertes lluvias o el alto volumen pluvial como fenómeno de imprevisión en la ejecución del contrato, consultar providencias de 26 de febrero de 2004, Exp. 14043, C.P. German Rodríguez Villamizar; de 4 de febrero de 2022, Exp. 45762, C.P. María Adriana Marín. Acerca de la eficacia probatoria del dictamen pericial, consultar providencias de 21 de marzo de 2012, Exp. 24250, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 28 de febrero de 2013, Exp. 27959, C.P. Danilo Rojas Betancourth (E); de 28 de abril de 2021, Exp. 48436, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Con relación a los efectos de las renuncias expresas a las reclamaciones elevadas en el marco de un contrato estatal, consultar providencias de 14 de diciembre de 2016, Exp. 32109, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; de 8 de noviembre de 2021, Exp. 56023, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 22 de noviembre de 2021, Exp. 35993, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 236, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 241, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2022-12-16. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 50001233100020060097601. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:50001233100020060097601-63327-sentencia).
