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¿Es procedente revocar la sentencia recurrida y declarar la legalidad de los actos administrativos acusados, porque el ente territorial tiene la obligación de dar por terminado el contrato de arrendamiento por la transgresión de la facultad otorgada al alcalde para la suscripción del negocio jurídico con un límite temporal de vigencia, conforme lo dispone el Acuerdo Municipal No 041 de 2011 (Estatuto Tributario Municipal) expedido por el Concejo Municipal de El Agrado -Huila? Sí
Cuando una norma territorial fija un límite temporal a la facultad del alcalde para suscribir un contrato de arrendamiento, la transgresión de ese límite constituye una prohibición expresa, y el ente territorial debe dar por terminado el contrato. La regla se sostiene en tres razones: los servidores públicos solo pueden hacer lo que la Constitución y la ley les permiten, de modo que el límite impuesto por el acuerdo municipal genera el deber de observancia y la prohibición de ir más allá; el régimen de responsabilidad penal, disciplinaria y administrativa exige descripción típica de la conducta, pero en el análisis de la celebración del contrato y de las facultades para suscribirlo no se requiere esa tipificación; y los actos administrativos demandados expresan el vicio contractual y producen el efecto que la ley determina, esto es, la terminación del negocio. Por ello, el control de legalidad que parte del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 resulta inadecuado cuando la causal de terminación está expresamente identificada en los considerandos. La regla orienta la validez de los actos de terminación.síntesis automática
TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL,OBLIGACIONES POSTCONTRACTUALES,CONTRATACIÓN ESTATAL – Obligaciones postcontractuales,Responsabilidad postcontractual,Causal de justificación,Culpa in contrahendo,Legislación colombiana Liquidación del contrato – Mes: septiembre – Año: 2011…
¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? No
En el medio de control de controversias contractuales, la caducidad debe declararse de oficio cuando la demanda se presenta por fuera del plazo legal, contado desde la terminación o liquidación del contrato. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el término de dos años se cuenta desde el momento en que el contrato terminó su ejecución, y no desde la fecha en que el contratista incurrió en el incumplimiento. Segunda, la falta de una prueba precisa de la última fecha de ejecución no impide declarar la caducidad cuando el expediente demuestra que el contrato ya había finalizado. En el caso, la supervisión de obra que cerraba la ejecución del contrato finalizó entre 2007 y 2008, y la demanda se presentó después de vencido el plazo, por lo que la Sala revoca la sentencia y declara probada la excepción. En la práctica, el demandante debe contar el término desde el cierre efectivo de la ejecución y no desde el momento en que surgieron las objeciones al cumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas a la parte vencida en el proceso?
¿Resulta procedente el reconocimiento de perjuicios por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento, cuando se encuentra probado que mediante un acuerdo bilateral las partes decidieron dar por terminado el contrato, no se demandó la nulidad de este acuerdo y, en todo caso, no se demostró la celebración de uno nuevo negocio jurídico? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento de perjuicios por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento cuando las partes acuerdan terminarlo bilateralmente, no se demanda la nulidad de este acuerdo y no se demuestra la celebración de un nuevo contrato. La terminación del contrato por mutuo acuerdo implica la extinción de las obligaciones contractuales, por lo que no procede la responsabilidad del Estado por la ejecución de un supuesto contrato que ya fue terminado. Además, el juez no puede declarar oficiosamente la nulidad relativa del acuerdo de terminación del contrato, ya que esta facultad está reservada a la parte interesada. En contratación estatal, el contrato debe perfeccionarse por escrito, por lo que la ejecución de un supuesto contrato sin formalidad escrita no genera responsabilidad del Estado. Esta decisión reitera la importancia de la terminación contractual por mutuo acuerdo y la necesidad de cumplir con los requisitos formales de perfeccionamiento en contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse oficiosamente la nulidad relativa del acuerdo suscrito entre las partes al estar incurso en un supuesto error al momento de celebrarse?¿Resulta procedente la responsabilidad del Estado porque el contrato de arrendamiento continuó ejecutándose, a pesar de que las partes expresamente lo terminaron anticipadamente…
¿Los actos administrativos demandados dieron por terminado unilateralmente el contrato, por lo que debe entenderse que la entidad estatal ejerció la facultad de terminación unilateral prevista en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993? No
El contratista no puede impugnar la terminación del contrato por vencimiento del plazo pactado, ya que los actos administrativos de Corpoguarjira indican que el contrato finalizó por el vencimiento del plazo de ejecución, no por una terminación unilateral, y el plazo inicial de 16 meses, prorrogado por nueve meses más, había expirado antes de la fecha de expedición de dichos actos. Además, el contrato celebrado entre Corpoguarjira y Acuavalle, a pesar de ser denominado convenio interadministrativo, es en realidad un contrato interadministrativo de obra sometido al estatuto general de contratación estatal, por lo que Corpoguarjira tiene competencia para declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal mediante actos administrativos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que permite a las entidades declarar el incumplimiento del contrato luego de su terminación y hacer efectiva la cláusula penal, siempre y cuando dicha facultad haya sido pactada en el contrato, como en este caso. Esto implica que la entidad estatal puede adoptar decisiones contractuales en conformidad con el régimen jurídico aplicable a los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato administrativo suscrito entre las partes, al ser un contrato cuyo régimen jurídico no era el derecho privado sino el contemplado en el estatuto general de la contratación estatal…
¿En los casos de contratos que por su naturaleza no están sujetos a liquidación, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales empieza a correr a partir del momento de su terminación? Sí
El contratista debe presentar la demanda relativa a contratos que por su naturaleza no están sujetos a liquidación dentro del término de dos años contados a partir de la terminación del contrato, conforme al literal b) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. La entidad estatal no puede declarar la nulidad absoluta del contrato de comodato de manera oficiosa ni declarar la terminación anticipada del contrato sin acreditar la necesidad urgente e imprevista del bien comodatado, según el artículo 2205 del Código Civil. Además, la entidad demandante será condenada en costas y agencias en derecho cuando el recurso de apelación sea negado, de acuerdo con el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el cómputo del término de caducidad y la terminación anticipada del contrato de comodato, lo que implica que los contratistas deben ser cuidadosos con el plazo para presentar sus demandas y las entidades estatales deben acreditar adecuadamente las causales de terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la declaratoria de nulidad absoluta del contrato incluso de manera oficiosa por el Juez?¿Se configura la causal de terminación anticipada del contrato de comodato por aparecer al comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa?¿Procede la condena en costas respecto al recurrente ante la negación del recurso de apelación?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? No
El contratista no configura la caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la liquidación del contrato se realiza bilateralmente y el término para demandar es de dos años contados desde la firma del acta, suspendido por la conciliación extrajudicial y la suspensión de términos judiciales por la pandemia de COVID-19. En este caso, la entidad estatal y el contratista acordaron la liquidación del contrato el 29 de diciembre de 2017, y la solicitud de conciliación suspendió el término para demandar, que se reanudó el 18 de julio de 2020. La demanda se presentó el 21 de julio de 2020, dentro del plazo restante, evitando así la caducidad del medio de control. Además, el acta de liquidación bilateral debe incluir salvedades respecto a los aspectos no acordados, permitiendo al contratista reclamar en sede judicial sobre estos puntos, como lo hizo el consorcio en este caso, reflejando una salvedad válida que fundamenta su inconformidad.síntesis automática
También resuelve:¿En el acta de liquidación bilateral deben quedar reflejadas las salvedades respecto de aquellos asuntos en los que las partes no lograron llegar a arreglos?¿La salvedad incluida por el contratista corresponde a una expresión válida en relación con los aspectos sobre los que el consorcio fundó su inconformidad?¿El consorcio consintió la ampliación del plazo inicialmente previsto, con la expresa manifestación de que ello no suponía una variación del valor del contrato?
¿Los contratos de ejecución instantánea y los contratos u órdenes de prestación de servicios deben ser liquidados? No
Los contratos de ejecución instantánea y los contratos u órdenes de prestación de servicios celebrados por una universidad estatal no requieren liquidación, mientras que los de tracto sucesivo y los terminados por mutuo acuerdo sí deben liquidarse, según lo dispone el estatuto de contratación de la universidad. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el artículo 93 de la Ley 30 de 1992 somete los contratos que celebran las universidades estatales u oficiales al derecho privado, salvo las excepciones consagradas en la ley, de modo que su régimen de liquidación se fija en el estatuto de contratación de la institución. Segundo, el artículo 57 de la misma ley reconoce a estas universidades un régimen especial que comprende el régimen de contratación, por lo que la clasificación interna de los contratos según su forma de ejecución determina cuáles requieren liquidación. La providencia confirma la decisión de primera instancia que declaró la caducidad del medio de control, pues la demanda fue extemporánea con independencia de la fecha de terminación que se tome; en la práctica, la clasificación del contrato dentro del estatuto determina si debía liquidarse.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de prestación de servicios celebrado es un contrato que se rige por el derecho privado?¿La parte demandante interpuso recurso frente al auto que ordenó correr traslado a las partes para alegar?¿Se condenará en costas de esta instancia a la unión temporal contratista?
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, considerando que, en casos de controversias contractuales, cuando se trata de contratos de ejecución sucesiva en el tiempo, como el de interventoría, se entiende que a la entidad estatal le es imponible o exigible como deber legal proceder con la liquidación, por lo que, el término de caducidad se debe computar desde de la terminación del plazo contractual, teniendo en cuenta sus respectivas adiciones? Sí
La entidad estatal es imponible como deber legal para proceder con la liquidación en contratos de ejecución sucesiva en el tiempo, como el de interventoría. Por lo tanto, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales debe computarse desde la terminación del plazo contractual, considerando sus respectivas adiciones. En el caso en estudio, el contrato terminó el 18 de septiembre de 2004, y el término de caducidad comenzó a contarse a partir del 19 de marzo de 2005, con una duración de 2 años, lo que significa que la demanda fue presentada fuera del plazo legal.síntesis automática
También resuelve:¿Para el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales, resulta aplicable el término de 20 años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-05Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 13001233300020170051801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los elementos probatorios obrantes en el expediente no evidencian la fecha en la que culminó el contrato? Sí
El contratista no puede acreditar la fecha en la que culminó el contrato ni la fecha en que el interventor recibió el objeto del contrato a su entera satisfacción, lo que impide determinar el inicio del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. Ante la insuficiencia probatoria, se aplican los principios pro actione y pro damato para garantizar el acceso a la administración de justicia, revocando la decisión que rechazó la demanda y ordenando la devolución del expediente para continuar el trámite del proceso, sin perjuicio de que en etapas posteriores se declare la caducidad si se encuentran elementos que la demuestren.síntesis automática
También resuelve:¿Esta Corporación conoce en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra los autos proferidos por los tribunales administrativos?¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?¿No se cuenta con los elementos suficientes para tener por probada la fecha de terminación del negocio jurídico?
¿En los casos en los que el medio de control de controversias contractuales versa sobre un contrato de tracto sucesivo, el término de caducidad debe contabilizarse desde su terminación o liquidación, sin que esta regla pueda inaplicarse cuando el término del contrato objeto de la demanda no haya vencido? Sí
El contratista no puede interponer un medio de control de controversias contractuales sobre un contrato de tracto sucesivo fuera del término de dos años contados desde la terminación o liquidación del contrato, independientemente de si el plazo del contrato objeto de la demanda aún no ha vencido. La entidad estatal debe considerar que la caducidad del medio de control se computa desde la liquidación o terminación del contrato, no desde la fecha de vencimiento del plazo pactado, lo que implica que las demandas presentadas fuera de este plazo serán improcedentes. La Sala reitera esta posición, lo que tiene implicaciones significativas para el cómputo del término de caducidad en contratos de tracto sucesivo.síntesis automática
También resuelve:¿La Agencia Nacional de Minería incumplió el contrato de concesión minera al reducir el área de explotación como consecuencia de la delimitación del páramo del altiplano cundiboyacense mediante el…¿Debe confirmarse la decisión de negar las pretensiones de terminación y liquidación del contrato de concesión minera, dado que en el recurso de apelación no se formularon reproches concretos contra…¿Resulta procedente condenar en costas a la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Demostró la parte actora la excepcional onerosidad que abra paso a las pretensiones condenatorias contra el CSJ? No
El contratista que reclama el restablecimiento del equilibrio económico por suspensiones y mayor permanencia en la obra debe acreditar los costos adicionales en que incurrió y la utilidad dejada de percibir, pues sin esa prueba la pretensión de condena no prospera. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la carga de la prueba corresponde a quien alega el supuesto de hecho, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Segunda, en el caso no se demostraron los costos adicionales derivados de las suspensiones, de modo que el perjuicio material no quedó acreditado. Tercera, el consorcio tampoco acreditó la utilidad dejada de percibir por la mayor permanencia en la obra, por lo que no existen elementos para establecer la utilidad proyectada. La providencia confirma la sentencia que negó las pretensiones y no introduce cambio de criterio. La consecuencia práctica es que la reclamación por mayor permanencia debe respaldarse con prueba específica de costos y de utilidad, y no puede fundarse solo en la existencia de las suspensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Aportó el demandante las pruebas que permitan acreditar los costos administrativos en que incurrió y la utilidad dejada de percibir que reclama?¿La liquidación bilateral requiere que el necesario acuerdo de voluntades de las partes revista la formalidad del escrito?¿El pago de las actas mensuales de obra no quedó supeditado a un término o plazo específico sino al cumplimiento por parte del contratista de una serie de condiciones?
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para decidir las controversias contractuales originadas en la actividad de las entidades públicas con empresas industriales y comerciales del Estado? Sí
El contratista puede presentar copias simples de documentos como prueba en el proceso contencioso administrativo siempre que dichos documentos no hayan sido tachados de falsos o desvirtuados por las partes durante el curso del mismo, conforme a la jurisprudencia unificada por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de 28 de agosto de 2013. Además, el interventor o auditor que preste testimonio en el proceso, siempre que su declaración sea creíble, imparcial, clara y cierta, y no sea tachada de falsa por las partes, es susceptible de valoración probatoria. Estas reglas permiten un mayor acceso a la justicia y flexibilizan las exigencias de prueba en la jurisdicción contenciosa administrativa, facilitando la resolución de controversias contractuales entre entidades públicas y empresas industriales y comerciales del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿En las controversias sobre contratos que requieran liquidación, el término de caducidad de dos años comienza a correr desde la firma del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto…¿Es procedente el valor probatorio de las copias simples, cuando los documentos aportados han militado en el proceso sin ser tachados por las partes?¿Las pruebas testimoniales aportadas al proceso son susceptibles de valor probatorio al estar dotadas de credibilidad, imparcialidad, claridad y certeza y al no ser tachadas de falsas por las partes?
¿El objeto del contrato previó el trámite necesario para el cobro persuasivo, coactivo o judicial para recuperar los recursos adeudados al departamento del Valle del Cauca por concepto de las cuotas partes pensionales en mora de pago? Sí
El contratista, al liquidar un contrato de prestación de servicios con la entidad estatal, puede acordar en el acta de liquidación los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, así como expresar sus reparos o salvedades, siempre y cuando no asuma obligaciones ajenas a las establecidas en el contrato original. En este caso, la entidad contratante y el contratista acordaron en la cláusula vigésima sexta del contrato la obligación del contratista de brindar apoyo en la sustanciación del trámite necesario para el cobro persuasivo, coactivo o judicial de las cuotas partes pensionales en mora de pago. La Sala revocó la decisión de primera instancia, reafirmando que el acta de liquidación no configura un nuevo contrato, sino que implica el reconocimiento de las obligaciones asumidas dentro del contrato inicial, y que la demanda por incumplimiento del contrato debe interponerse dentro del plazo previsto por la normativa vigente al momento de la liquidación, en este caso, el Código Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿En el acta de liquidación las partes pueden disponer de los derechos y obligaciones derivados de la relación contractual, llegar a acuerdos sobre los ajustes…¿Según lo consignado en el acta, la demandante aceptó la liquidación y declaró a paz y salvo a la entidad contratante sin expresar salvedad alguna?¿Cómo la presentación de la demanda fue extemporánea, se impone declarar de oficio la caducidad de la acción contractual?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, la caducidad opera cuando la acción no se presenta dentro del plazo que corre desde que el acto de liquidación unilateral quedó en firme. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el plazo se cuenta desde la firmeza del acto, que consta en la constancia de desfijación del edicto, y no desde la fecha de su expedición. Segunda, el cómputo se hace conforme a la norma vigente en ese momento y no conforme a demandas que se presenten después en otro régimen. En el caso, el acto que confirmó la liquidación quedó en firme con la constancia de desfijación del edicto, y las partes presentaron sus demandas cuando el término ya había vencido, lo que llevó a declarar configurada la caducidad. La providencia confirma la sentencia apelada por esas razones. En la práctica, la parte interesada debe calcular el término desde la firmeza del acto de liquidación con las constancias de notificación y desfijación del expediente, para evitar que la demanda sea rechazada por caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Al momento en que las resoluciones que liquidaban unilateralmente el contrato y su confirmatoria cobraron firmeza, la acción contractual ya no estaba disponible para debatirlas?¿El término de dos años para demandar bajo el medio de control de controversias contractuales se extendió hasta el 3 de septiembre de 2010?¿El conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales debe iniciar a partir del día siguiente al de la firma del acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato?
¿Puede considerarse debidamente sustentado un recurso de apelación cuando el recurrente únicamente reproduce los argumentos de la demanda y no controvierte de manera concreta las razones que sustentan la sentencia de primera instancia? No
El recurso de apelación no se entiende debidamente sustentado cuando el recurrente se limita a reproducir los argumentos de la demanda y no controvierte de manera concreta las razones de la sentencia de primera instancia, porque la competencia del superior se delimita por los reparos del apelante. La regla se sostiene en tres razones: los artículos 320 y 328 del CGP delimitan la competencia del juez de segunda instancia a los argumentos que el recurrente dirige contra la decisión; la carga de sustentación no se satisface con una mera manifestación de desacuerdo, sino con la exposición clara de los motivos de censura y de las razones por las que el a quo habría errado; y la reiteración de argumentos de etapas anteriores, particularmente de la demanda, no cumple esa finalidad. Por ello, el reparo sin esa exposición concreta no permite revocar la sentencia. Esta regla se aplica a todo recurso que no identifique los errores de la providencia impugnada. La providencia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿Puede configurarse la excesiva onerosidad sobrevenida respecto de un contrato ya ejecutado y liquidado, cuando no existen prestaciones pendientes de cumplimiento?¿Procede el reconocimiento de un desequilibrio económico contractual cuando el contratista alega que la proyección de la TRM realizada por la entidad contratante resultó errónea…¿Cumple la carga de sustentación del recurso de apelación el recurrente que, para sustentar las pretensiones de incumplimiento contractual…
Sentencia — Sentencia2022-09-12Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020220013900LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, de los recursos de anulación contra laudos arbitrales que resolvieron conflictos originados en contratos estatales? Sí
La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, los recursos de anulación contra laudos arbitrales que resolvieron conflictos originados en contratos estatales, conforme a la Ley 1563 de 2012. El laudo debe proferirse en derecho si las controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales. El recurso extraordinario de anulación no puede utilizarse como si se tratara de una segunda instancia, y la causal de anulación de laudo arbitral consistente en fallo extra petita no se configuró en este caso.síntesis automática
También resuelve:¿El laudo deberá proferirse en derecho si las controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación…¿El recurso extraordinario de anulación puede utilizarse como si se tratara de una segunda instancia?¿Se configuró la causal de anulación de laudo arbitral consistente en fallo extra petita?
¿En el presente contrato de prestación de servicios de telefonía indirecta, se le debe reconocer al demandante la cesantía comercial o las participaciones correspondientes al 50% de la totalidad de lo recaudado por cargo básico mensual y del 10% por participación de telefonía automática local y de larga distancia? No
Cuando un contrato estatal regido por el derecho privado no tiene pactada cláusula de liquidación, el acta de terminación de mutuo acuerdo no puede tratarse como acta de liquidación, sino como manifestación de la voluntad de las partes de terminar el negocio y conciliar los estados de cuenta. La regla se sostiene en tres razones: la autonomía de la voluntad permite a las partes transigir las obligaciones de un periodo determinado, la declaración de paz y salvo con efectos de transacción produce cosa juzgada respecto de las prestaciones de ese periodo, y el acta de conciliación posterior extingue las obligaciones del periodo siguiente. En el caso, las partes suscribieron un acta de terminación que cubrió el periodo inicial de ejecución y un acta de conciliación que cubrió el periodo posterior, por lo que la pretensión subsidiaria de reconocer la cesantía comercial y las participaciones sobre el recaudo fue negada. El documento no señala que reitere o unifique precedente sobre este punto; la consecuencia práctica es que el paz y salvo y la transacción firmados por las partes impiden reclamar de nuevo las prestaciones del periodo cubierto.síntesis automática
También resuelve:¿Las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia del CPACA seguirán rigiéndose y culminarán conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA?¿La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas?¿La caducidad se configura cuando ha vencido el plazo establecido en la ley para instaurar algún tipo de acción?
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro del término legal? Sí
La solicitud de conciliación extrajudicial suspende el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se radica antes de que este venza, y si el juez imprueba el acuerdo conciliatorio, el término se reanuda luego de la ejecutoria de la providencia que lo imprueba, conforme al literal c del artículo 3 del Decreto 1619 de 2009. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, si la conciliación se radica cuando el término aún no ha comenzado a correr o no ha vencido, la suspensión opera sobre un plazo vigente y no lo consume. Segundo, la improbación del acuerdo no extingue la suspensión, pues el término solo vuelve a correr cuando la decisión judicial que imprueba el acuerdo queda en firme. Con esta base, la providencia concluye que la demanda fue formulada dentro de la oportunidad legal. En la práctica, el demandante que haya acudido a conciliación debe calcular el término de caducidad desde la ejecutoria de la providencia que imprueba el acuerdo, y no desde la fecha en que inició el trámite conciliatorio.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta improcedente la declaración de la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por cuanto no se pretende la declaración de ilegalidad de los actos administrativos mediante los cuales el…¿La ausencia de disponibilidad o registro presupuestal conlleva a la nulidad del contrato estatal?¿Con las pruebas que conforman el expediente, está acreditado el cumplimiento de las obligaciones a las que se comprometió la compañía demandante con la suscripción del contrato no. 026 de 2007?
¿Debe declararse la falta de jurisdicción o competencia por la existencia de una cláusula arbitral, teniendo en cuenta que la parte demandada no invocó oportunamente la respectiva excepción y, que, por ende, renunció tácitamente al pacto arbitral? No
El contratista no puede invocar la falta de jurisdicción o competencia por la existencia de una cláusula arbitral si no la presenta oportunamente en el proceso, ya que se considera que ha renunciado tácitamente al pacto arbitral, lo que permite a la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejercer su competencia. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la renuncia tácita al pacto arbitral, independientemente de los argumentos específicos utilizados por el juzgador de instancia. Además, en un contrato de derecho privado de ejecución sucesiva sin cláusula de liquidación, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se inicia desde el día siguiente a la terminación del contrato. Asimismo, el pacto y el ejercicio de facultades unilaterales en contratos de derecho privado son válidos, pero las partes pueden imponer límites al ejercicio de estas facultades, como plazos temporales para realizar descuentos, sin que esto signifique la extinción de los derechos sustantivos del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Cómo el contrato era de ejecución sucesiva, pero no requería liquidación, ya que se trató de un contrato sometido al derecho privado en el cual las partes no pactaron una cláusula de liquidación…¿El pacto y el ejercicio de una facultad unilateral en un contrato de derecho privado, como los descuentos, son válidos, así como los límites que las partes imponen al ejercicio de dichas facultades…¿Procede la declaratoria de incumplimiento del contrato de transferencia de activos como consecuencia de la práctica de unos descuentos y provisiones realizados por la demandada…