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CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA

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Consejo de Estado Providencia

Todas las pretensiones del contratista deben ser negadas.

Sentencia — Sentencia 2022-10-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 68001233100020110009702 ACCION CONTRACTUAL
¿Las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato son aplicables a los contratos celebrados por Ecopetrol cuyo régimen es el derecho privado por tratarse de una sociedad de economía mixta? No
El contratista no puede aplicar las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato a los contratos celebrados por Ecopetrol bajo el régimen del derecho privado, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que estos contratos se rigen exclusivamente por las reglas del derecho privado, excluyendo así la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus normas específicas sobre equilibrio económico. Además, la Sala rechaza las pretensiones del contratista basadas en la excesiva onerosidad sobrevenida, ya que el contrato fue terminado y liquidado por mutuo acuerdo, lo que impide la revisión de prestaciones futuras. Asimismo, el contratista no cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación, y el dictamen pericial no constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el presunto incumplimiento de Ecopetrol. Estas decisiones reafirman que los contratos de Ecopetrol regidos por el derecho privado no están sujetos a las normas del derecho público y limitan las posibilidades de revisión y reclamación por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditó una excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de derecho privado que fue objeto de liquidación por mutuo acuerdo entre Ecopetrol y la Sociedad demandante ? ¿El recurrente cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación frente las inconformidades por las presuntas obligaciones que había incumplido Ecopetrol? ¿El dictamen pericial constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el contratista por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales de Ecopetrol?
Consejo de Estado Providencia

La acción de tutela ejercida cumple con el requisito de relevancia constitucional

Sentencia — Sentencia 2025-10-23 Sección Segunda (Subsección A) JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Rad. 11001031500020250355101 ACCIONES DE TUTELA
¿La acción de tutela ejercida cumple con el requisito de relevancia constitucional, habida cuenta que el actor no argumentó los reparos respecto de la sentencia del 19 de mayo de 2025, que confirmó la decisión de primera instancia de acceder a las pretensiones del medio de control de controversias contractuales Nº 63001-23-33- 000-2022-00125-00/01, en el que Axia Energía S.A.S. fue condenada a pagar la cláusula penal estipulada en el contrato EDEQ CT-002-2019, suscrito con la Empresa de Energía del Quindío (EDEQ) SA E.S.P.? Sí
La acción de tutela contra una providencia judicial solo es procedente cuando la demanda supera el requisito general de relevancia constitucional, lo que exige una carga argumentativa mínima que permita al juez identificar la violación de derechos fundamentales, pues no basta relatar hechos y etapas del proceso. La regla se sostiene en dos razones. Por un lado, la tutela no es una tercera instancia para reabrir debates ya resueltos por el juez ordinario. Por otro, cuando la irregularidad alegada es procesal, el ordenamiento ofrece mecanismos idóneos dentro del mismo proceso, como el incidente de nulidad. En el caso, el accionante reiteró que no se tuvieron en cuenta sus alegatos de conclusión sin desarrollar ese reproche, y el asunto ya había sido debatido en la apelación contra la sentencia de primera instancia. Por eso se confirmó la improcedencia declarada en primera instancia. La providencia reitera la exigencia de carga argumentativa en tutelas contra decisiones judiciales.síntesis automática
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Consejo de Estado Providencia

La sentencia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento no estructura

Sentencia — Sentencia 2024-03-04 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 17001233300020150038201 LEY 1437 REPETICION
¿No podría considerarse que el demandado, al omitir la motivación del acto administrativo de insubsistencia de un empleado en provisionalidad actuó, entonces, con la intención positiva de inferir un perjuicio a la persona que fue objeto de la declaratoria de insubsistencia? No
Se declaró la insubsistencia de un trabajador de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, quien posteriormente interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho y obtuvo sentencia favorable. Esta fue objeto del pago que se repite. Sobre la base de que, en la expedición del acto, se actuó con culpa grave o dolo, se demandó en acción de repetición al empleado que profirió la resolución de insubsistencia.… Como, además, están satisfechos los 3 elementos objetivos de la acción de repetición: existencia de un reconocimiento indemnizatorio (para el caso por medio de una sentencia judicial), el pago de la indemnización y calidad de agente estatal de Gonzalo Humberto Villegas Henao, el análisis de la Sala se centrará en la prueba del elemento subjetivo de la acción de repetición.
También resuelve: ¿La carga argumentativa de la demanda es insustituible, de manera que a la Sala le está vedado hacer interpretaciones tales como qué específicos supuestos de las presunciones corresponderían a los… ¿La muerte del demandado en la acción de repetición, puede ocasionar una violación insuperable al debido proceso por la ausencia real y material de defensa… ¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Confirmará la decisión de negar las pretensiones

Sentencia — Sentencia 2024-05-31 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020170216401 LEY 1437 REPETICION
¿En caso de no ser aplicables las presunciones en materia de repetición, el laudo arbitral por sí solo es prueba suficiente para demostrar la culpa grave de los demandados? No
Cuando la acción de repetición no puede apoyarse en las presunciones de dolo o culpa grave, el laudo arbitral ejecutoriado no basta por sí solo para demostrar la culpa grave del agente, y la entidad debe probar una conducta gravemente culposa o dolosa. La regla se sostiene en tres razones: la existencia del laudo, la calidad de agente y el pago pueden acreditarse, pero el elemento subjetivo exige analizar la conducta del demandado; cuando la demanda se limita a citar las presunciones legales sin la carga de argumentación mínima para aplicarlas, el juez debe analizar el elemento subjetivo desde el régimen común; y del laudo no se desprende un juicio de reproche contra el agente. En el caso, no se demostró que la conducta de los demandados fuera gravemente culposa ni dolosa, por lo que se confirmó la negativa de las pretensiones. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la demanda de repetición debe identificar y argumentar la presunción legal que invoca.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra una Sentencia proferida por un Tribunal Administrativo? ¿Procede la condena en costas a la parte vencida en el proceso?
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Consejo de Estado Providencia

No puede el juez de segunda instancia decidir de fondo si la apelación no plantea reparos concretos contra la ratio decidendi del fallo.

Sentencia — Sentencia 2025-11-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 27001233300020140021101 LEY 1437 REPETICION
¿Puede el juez de segunda instancia decidir de fondo si la apelación no plantea reparos concretos contra la ratio decidendi del fallo? No
El juez de segunda instancia no puede decidir de fondo si la apelación no plantea reparos concretos contra la ratio decidendi del fallo, ya que su competencia se circunscribe a los argumentos expuestos en la apelación que confronten la decisión de primer grado. La carga de sustentación del recurso de apelación requiere que el apelante exprese de manera clara y concreta las razones de su inconformidad, de lo contrario, el juez de segunda instancia debe confirmar el fallo sin evaluar el fondo del asunto, evitando así la vulneración del principio de imparcialidad y el derecho al debido proceso de la contraparte. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, reforzando la necesidad de una sustentación adecuada del recurso de apelación para que el juez de segunda instancia pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede el juez de segunda instancia indexar la condena cuando hay apelante único, sin violar la prohibición de reformatio in pejus… ¿Puede imponerse condena en costas en el proceso de repetición, cuando el artículo 188 del CPACA excluye las costas en procesos donde se ventila un interés público y la acción de repetición tiene…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Los instrumentos expedidos por el Fondo de Adaptación no tienen la connotación de actos administrativos

Sentencia — Sentencia 2025-12-03 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 08001233300020190080101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los instrumentos expedidos por el Fondo de Adaptación no tienen la connotación de actos administrativos, dado que el contrato se rige por el derecho privado? Sí
El contratista no puede cuestionar en sede judicial las resoluciones emitidas por el Fondo de Adaptación que declaran el incumplimiento parcial del contrato, dado que estos instrumentos no tienen la naturaleza de actos administrativos, sino que se rigen por el derecho privado, por lo que cualquier controversia debe fundamentarse en el marco obligacional del acuerdo de voluntades celebrado y no en la inexistencia de un acto administrativo. La Sala confirma que las renuncias expresas a las reclamaciones económicas dentro de un contrato estatal, acordadas por las partes, son vinculantes y obligatorias, en virtud de los principios de buena fe y rectitud contractual, y que la demandante no cumplió con justificar adecuadamente por qué las resoluciones en cuestión violan el marco legal del contrato, lo que implica que los reclamos del contratista son improcedentes. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la obligatoriedad de las renuncias expresas en contratos estatales y establece que la ausencia de fundamentos específicos en la demanda impide al juez pronunciarse sobre la legalidad de los actos contractuales en cuestión.síntesis automática
También resuelve: ¿El tribunal se equivocó al afirmar que las renuncias económicas estipuladas en las actas de suspensión del contrato debatido impedían al contratista reclamar el pago de perjuicios asociados al… ¿El juzgador de primera instancia desacertó al no pronunciarse sobre la legalidad de las resoluciones n° 303 y 334 de 2019, afirmando que la demandante no esgrimió cargos en su contra? ¿La corporación judicial de primer grado transgredió el principio de imparcialidad al abstenerse de acceder a la pretensión de liquidación en el sub lite…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Recurso extraordinario de revisión infundado: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-06-28 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 11001032600020190000300 LEY 1437 RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION
¿El recurso extraordinario de revisión es una instancia adicional para debatir las apreciaciones jurídicas de las partes? No
El recurso extraordinario de revisión no es una instancia adicional para debatir las apreciaciones jurídicas de las partes, sino que su naturaleza es limitada a revisar la legalidad de la sentencia y las causales específicas establecidas en la ley. La Sala declaró infundado el recurso interpuesto por la sociedad demandante contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó la denegación de las pretensiones de nulidad del acto administrativo en un proceso de controversias contractuales. La Sala sostuvo que las pruebas documentales pudieron haber sido aportadas durante el proceso ordinario si la parte recurrente hubiera actuado con diligencia, y que la imposibilidad de aportarlos no obedeció a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Además, los documentos recuperados no desvirtuaron la legalidad de los actos administrativos por los cuales el IDIPRON declaró el incumplimiento parcial del contrato de interventoría. Esta decisión reitera la limitación del recurso extraordinario de revisión y subraya la importancia de la diligencia procesal en la presentación de pruebas.síntesis automática
También resuelve: ¿Las pruebas documentales pudieron ser aportados durante el curso del proceso ordinario si el recurrente hubiera ejercido diligentemente las actuaciones que llevó a cabo con posterioridad a la… ¿La imposibilidad de aportar los documentos al proceso ordinario obedeció a circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria? ¿El contenido de los documentos tiene la aptitud para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales el IDIPRON declaró el incumplimiento parcial del contrato de…
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de repetición: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-10-04 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 76001233300020140067701 LEY 1437 REPETICION
PRINCIPAL / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿La consecuencia de que el juzgador de la segunda instancia constate una falta de sustentación del recurso de apelación es la confirmación de la providencia impugnada? Sí
En la apelación, la falta de sustentación del recurso, cuando es de carácter material suficiente o adecuada, conduce a confirmar la providencia impugnada, porque el juez de segunda instancia queda sin elementos para revisar la sentencia. La regla se apoya en tres razones. La primera es el principio de congruencia, que limita la revisión a lo que el apelante expone. La segunda son los fines del recurso, que exigen un mínimo de rogatividad y objetividad en su interpretación. La tercera es que esa exigencia debe aplicarse sin caer en un excesivo ritualismo, de modo que lo relevante es la falta de sustentación material y no la simple omisión formal. La providencia confirma la sentencia de primera instancia con base en esta regla, reiterando la jurisprudencia sobre la exigencia de sustentación. En la práctica, el apelante debe precisar en el escrito de apelación los argumentos concretos contra cada punto de la decisión, porque una sustentación materialmente insuficiente conduce a la confirmación del fallo, sin que el juez deba suplir las razones que el recurrente no expuso.síntesis automática
También resuelve: ¿La ley impone que en la apelación se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en aquello que se considere desfavorable? ¿La impugnación propuesta contra la sentencia proferida por el Tribunal que negó las pretensiones de la demanda estuvo debidamente sustentada? ¿Más allá de una exposición de motivos de inconformidad elaborada a partir de los argumentos planteados por el Tribunal, el recurrente se limitó a replicar los argumentos desarrollados en el escrito…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

¿El amigable componedor actuó escapaban dentro de los límites convenidos por las partes contratantes?

Sentencia — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020150076204 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El amigable componedor actuó escapaban dentro de los límites convenidos por las partes contratantes? Sí
El amigable componedor actúa como delegatario de las partes y su decisión es vinculante y tiene efectos de transacción cuando se mantiene dentro de las facultades que el contrato le atribuye, sin ejercer funciones judiciales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las partes, habilitadas para pactar este mecanismo de solución de controversias, le atribuyeron esa facultad en una cláusula específica del contrato de concesión. Segunda, la forma en que se resolvieron las peticiones no implicó función jurisdiccional, sino reconocimientos económicos propios del contenido de la liquidación del contrato. Tercera, la decisión tiene efectos de transacción y, por tanto, no puede desbordar los límites convenidos por las partes. La providencia confirma la negativa de las pretensiones, al considerar que el cargo no prospera. La consecuencia práctica es que la decisión del amigable componedor puede cuestionarse en la jurisdicción solo si excede el encargo convenido, y no por el mero contenido económico de la decisión.síntesis automática
También resuelve: ¿Las entidades estatales estaban habilitadas para acudir a la amigable composición? ¿El mandatario no puede exceder los límites de su encargo, y si lo hace, los actos que así se cumplan no obligan al mandante? ¿El cuestionamiento lo fundamentó la parte actora en un exceso de competencias del amigable componedor?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La irregularidad presentada por omisión de comunicación del inicio del procedimiento de caducidad del contrato es suficiente

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 54001233100020100001801 ACCION CONTRACTUAL
¿La irregularidad presentada por omisión de comunicación del inicio del procedimiento de caducidad del contrato es suficiente para configurar una violación del procedimiento administrativo? Sí
La omisión de comunicar al contratista el inicio del procedimiento sancionatorio constituye una violación del procedimiento administrativo con consecuencias determinantes cuando impide ejercer el derecho de audiencia y defensa frente a los cargos por los que finalmente se sanciona, y da lugar a la nulidad de los actos que imponen la sanción. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el artículo 288 del Código de Minas impone a la autoridad el deber de comunicar el inicio del procedimiento sancionatorio, deber que la cláusula 25.1.1 del contrato preveía en sentido semejante. Segundo, la omisión privó al contratista de la oportunidad de subsanar la renovación y el reajuste de las garantías y de atender requerimientos de la autoridad, a diferencia de ocasiones anteriores en las que sí pudo hacerlo. Tercero, la falta de conocimiento del inicio del procedimiento impidió ejercer la defensa, lo que configura el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa como causal de nulidad. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara la nulidad de los actos demandados; en la práctica, la autoridad que sanciona debe acreditar la comunicación del inicio del procedimiento sancionatorio antes de imponer la sanción.síntesis automática
También resuelve: ¿El demandante queda habilitado para efectuar las actividades de explotación minera que le otorga el contrato cuya caducidad fue declarada con el acto administrativo declarado nulo? ¿Se niega la pretensión pecuniaria consistente en la indemnización de perjuicios materiales por no existir prueba de su causación? ¿Cuando de la actuación iniciada de oficio pudiera resultar afectado en forma directa un particular, a éste se le debía comunicar la existencia de la actuación y el objeto de la misma?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020150181301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿De acuerdo con la exigencia del contenido de la demanda respecto a los fundamentos fácticos y jurídicos de las pretensiones, la parte que alega la nulidad del contrato tiene la carga procesal de sustentar las razones por las cuales persigue la invalidez contractual? Sí
El contratista que alega la nulidad de un contrato tiene la carga procesal de sustentar las razones que fundamentan su pretensión, incluyendo la identificación de los preceptos violados y las razones para pedir la invalidez del contrato. Sin embargo, el juez debe interpretar la demanda de manera conjunta para procurar una decisión de fondo que prevalezca el derecho sustancial. En este caso, aunque la parte demandante no cumplió con su carga argumentativa respecto a la nulidad parcial del contrato por violación de principios de la contratación estatal, sí demostró suficientemente que algunas cláusulas eran abusivas al vincular la vigencia de los contratos de interventoría a la ejecución de los contratos de obra, sin reconocer adecuadamente los efectos económicos de las prórrogas. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reafirmando que las cláusulas abusivas son aquellas que causan un desequilibrio importante y violan la buena fe objetiva, y que en contratos de obra, el EGCAP prohíbe las exenciones de responsabilidad derivadas de datos, informes y documentos suministrados en el proceso de selección. Esta decisión implica que los contratistas deben presentar demandas bien fundamentadas y que los jueces deben interpretar las pretensiones de manera integral para garantizar el derecho sustancial.síntesis automática
También resuelve: ¿Las cláusulas acusadas por el demandante, contenidas en los contratos 1339/2013, 1387/2013, y 1425/2013, adolecen de nulidad absoluta o de ineficacia de pleno derecho por ser abusivas y/o contrariar… ¿Se produjo un desequilibrio económico adverso para el actor por las prórrogas de los contratos de interventoría 1339/2013, 1387/2013, y 1425/2013… ¿Hay lugar a proferir pronunciamiento acerca de la condena por agencias en derecho proferida en primera instancia, al exceder los límites previstos por el Acuerdo que las rige?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-05-20 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233100020100033901 ACCION CONTRACTUAL
¿La ejecución de labores tendientes a completar la cartografía base necesaria para el cumplimiento del objeto contractual era una obligación del contratista, cuyos costos debieron ser asumidos conforme a los términos de referencia? Sí
El contratista que ejecuta un contrato cuyos términos de referencia le exigen completar la información faltante de la cartografía suministrada por la entidad debe asumir el costo de esas labores, pues forman parte de las actividades necesarias para la cumplida ejecución del objeto contratado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, cuando los términos de referencia prevén expresamente la georreferenciación de espacios que no aparecen en la cartografía entregada, el proponente conoce desde el proceso de selección que debe presupuestar esa eventualidad. Segundo, que la cartografía cubra el total del área no elimina el deber de completar sus vacíos cuando son necesarios para ejecutar el objeto. Tercero, no existe un sobrecosto reembolsable cuando el gasto corresponde a una obligación que el contratista debía asumir y no se prueba un incumplimiento de la entidad que lo haya generado. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el contratista que alegue sobrecostos por labores de cartografía debe demostrar que, según los documentos del proceso de selección, esas labores no le correspondían.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo? ¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la firma del acta de liquidación bilateral del contrato? ¿Las salvedades plasmadas de forma clara y expresa en el acta de liquidación bilateral del contrato, habilitan al contratista afectado a acudir al juez contractual…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

Sentencia — Sentencia 2025-03-10 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020120050101 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de la controversia surgida en torno al contrato de obra y sus actos liquidatorios, suscritos entre entidades públicas? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de controversias relacionadas con contratos de obra y sus actos liquidatorios entre entidades públicas, conforme al artículo 82 del Decreto 01 de 1984, modificado por la Ley 1107 de 2006, y los artículos 129 y 132 del Decreto 01 de 1984, que establecen la doble instancia en casos donde la pretensión excede los 500 S.M.L.M.V. Además, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo aplica la ley vigente al momento de la celebración del contrato estatal, conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887, y no puede modificar el régimen jurídico del contrato por cambios en la naturaleza jurídica de la entidad contratante o por la suscripción de contratos adicionales bajo normativa posterior, lo que garantiza la estabilidad y seguridad jurídica de las obligaciones contractuales. Esta decisión reitera y matiza precedentes, reafirmando la importancia de la irretroactividad de la ley en el contexto de los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe aplicarse a los contratos estatales la ley vigente al momento de su celebración, sin que puedan afectarlos disposiciones posteriores? ¿Puede modificarse el régimen jurídico aplicable a un contrato estatal por el cambio en la naturaleza jurídica de la entidad contratante o por la suscripción de contratos adicionales bajo una… ¿Conlleva la cesión de un contrato estatal a una entidad regida por un régimen jurídico distinto la modificación del régimen aplicable al contrato originalmente suscrito?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

A este efecto, conviene reiterar que durante la ejecución del contrato estatal no todas las expresiones de la entidad pública contratante se califican como un acto administrativo no todas sus manifestaciones constituyen declaraciones unilaterales de voluntad en ejercicio de la función administrativa, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas.

Sentencia — Sentencia 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 47001233300020140040001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las tradicionales comunicaciones en el contexto de la ejecución contractual, como en este caso, las decisiones que negaron la solicitud de prórroga del contrato, son pasibles de control judicial? No
El contratista no puede someter a control judicial las decisiones que niegan la solicitud de prórroga del contrato, ya que estas no constituyen actos administrativos, sino simples comunicaciones en el contexto de la ejecución contractual que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas. La Sala establece que, para que una decisión sea considerada un acto administrativo, debe tener un efecto jurídico directo y alterar los derechos y obligaciones del contrato. En este caso, la negativa a la prórroga no modificó el plazo inicialmente convenido ni creó nuevas obligaciones, por lo que no es susceptible de control judicial. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y limita la competencia del juez contencioso administrativo a los actos administrativos genuinos, excluyendo las comunicaciones que no alteran el contenido del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede la Sala, emitir algun pronunciamiento respecto a los cuestionamientos de las multas, de la nulidad del contrato y de la extemporaneidad de la liquidación unilateral por hacerse dentro de los 4… ¿Cuenta con valor probatorio un dictamen pericial rendido por un perito sin las cualidades requeridas por el Tribunal a quo, esto es, contar con una especialización en gerencia de proyectos… ¿Se acreditó la nulidad de los actos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de obra, llave en mano, por parte del consorcio demandante?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial

Sentencia — Sentencia 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 50001233100020060097601 ACCION CONTRACTUAL
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las controversias sobre contratos del Estado, dada la naturaleza del asunto y en consideración a la cuantía del proceso? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias sobre contratos del Estado, y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias de los tribunales cuando la cuantía supera 500 salarios mínimos. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad estatal demandada es sujeto de la contratación estatal conforme al artículo 52 del Decreto 2171 de 1992 y al artículo 2 de la Ley 80 de 1993, de modo que la jurisdicción es competente para resolver las controversias en que sea parte. Segunda, la vocación de doble instancia se determina con los artículos 129, 132 numeral 5 y 181 del Código Contencioso Administrativo, vigentes al presentarse la demanda. Tercera, la cuantía del proceso para el año 2006 supera los 500 salarios mínimos exigidos. Además, la acción de controversias contractuales es la vía idónea para la nulidad de la liquidación unilateral, el desequilibrio, el incumplimiento, la validez del contrato y la liquidación judicial. En consecuencia, el Consejo de Estado es competente para decidir la apelación, y la providencia modifica la sentencia apelada. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal… ¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato? ¿Dado el demandante no señaló ninguna norma violada con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, y que tampoco formuló un cargo concreto o mencionó razón alguna por la que…
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Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: se desconoció el principio de congruencia de la sentencia

Aclaración voto — Aclaración de voto 2023-05-23 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 18001233300020140021401 LEY 1437 REPETICION
¿Se desconoció el principio de congruencia de la sentencia, por cuanto se dirimió el litigio con fundamento en supuestos de hecho y de derecho que no fueron planteados en este proceso? Sí
La razón de mi disenso se deriva de la forma como se abordó el análisis de la imputación… , porque, aunque la providencia es clara en señalar que la entidad no esgrimió ningún argumento tendiente a estructurar la culpa grave de los [demandados], dicha circunstancia se infirió de los hechos probados, lo cual, en mi criterio, constituye un desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia, por cuanto se dirimió el litigio con fundamento en supuestos de hecho y de derecho que no fueron planteados en este proceso. La aludida situación también comportó una vulneración a los derechos de defensa y al debido proceso… , ante la ausencia de argumentos en la demanda en torno a la atribución de responsabilidad, se revisaron todos los escenarios en los que estuvieron involucrados los demandados, para determinar si en alguno de ellos tenía cabida la culpa grave.
También resuelve: ¿La ausencia de argumentos en torno a la atribución de responsabilidad en contra de los demandados, a título de culpa grave, resultaba suficiente para negar las pretensiones?
Consejo de Estado Providencia

¿La temeridad procesal y la manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda, son aspectos a tener en cuenta para la procedencia de la condena en costas?

Salvamento voto — Salvamento de voto 2024-06-19 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 25000233600020190086702 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La temeridad procesal y la manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda, son aspectos a tener en cuenta para la procedencia de la condena en costas? Sí
No acompaña la decisión de condenar en costas, en ambas instancias, en el asunto de la referencia, ni las razones expresadas para tal efecto; por lo cual, es ineluctable salvar parcialmente el voto, al amparo del siguiente discernimiento. La posición mayoritaria de la Subsección optó por considerar, a la luz de lo dispuesto en el primer inciso del artículo 188 del CPACA, que la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta de la parte a la cual se le imponen o, lo que es equivalente, que su imposición atiende a un criterio objetivo.
También resuelve: ¿Con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, el legislador pretendió facilitar el acceso oportuno y eficiente a la administración de justicia?