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APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA

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Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: procede negar la petición de aclaración de la sentencia

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias 2024-09-11 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 11001032600020180009100 LEY 1437 REPETICION
¿Procede negar la petición de aclaración de la sentencia, toda vez que no existen conceptos o frases oscuras en la parte resolutiva o que influyan en ella que permitan activar la figura de aclaración? Sí
La aclaración de una sentencia solo procede cuando contiene conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén en la parte resolutiva o influyan en ella, según los artículos 285 a 287 del Código General del Proceso. Las providencias no son revocables ni reformables por el juez que las profirió, en salvaguarda del principio de seguridad jurídica, y la aclaración constituye una excepción a esa regla. En el caso, la parte demandante pidió modificar el fallo y revocar la condena en costas, pero la Sala no encontró en la parte resolutiva conceptos o frases oscuras que influyeran en ella. Por ello, negó la petición de aclaración. La consecuencia práctica es que una solicitud cuyo propósito es modificar la sentencia no constituye aclaración y se niega por esa vía.síntesis automática
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Puede el juez corregir de oficio o a solicitud de parte los errores puramente formales o materiales de la parte resolutiva

Auto interlocutorio — Auto que revoca o corrige la decisión 2025-12-01 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020220008600 LEY 1437 REPETICION
¿Puede el juez, en virtud del artículo 286 del Código General del Proceso, corregir de oficio o a solicitud de parte los errores puramente formales o materiales de la parte resolutiva de la sentencia proferida en única instanci, en especial, la asignación errónea de la autoridad competente para la liquidación de costas y la orden improcedente de devolver el expediente al “tribunal de origen”, cuando tales yerros no afectan el sentido de la decisión ni implican modificación sustancial del fallo? Sí
El juez puede corregir de oficio o a solicitud de parte los errores puramente formales o materiales en la parte resolutiva de la sentencia proferida en única instancia, siempre y cuando estos errores no afecten el sentido de la decisión ni impliquen una modificación sustancial del fallo. En el presente caso, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado corrigió la sentencia en única instancia al notar que la liquidación de costas debía ser realizada por la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, no por el tribunal de primera instancia, debido a que la decisión fue proferida en única instancia. Además, se eliminó la disposición que ordenaba la devolución del expediente al tribunal de origen, ya que dicha medida resultaba improcedente en un proceso de única instancia. Esta corrección reitera la aplicación del principio de corrección material y la interpretación del artículo 286 del Código General del Proceso, garantizando la seguridad jurídica y la instrumentalidad de las formas en el proceso judicial.síntesis automática
CORRIGE LA PROVIDENCIA
Consejo de Estado Providencia

Es procedente la corrección de la sentencia conforme al artículo 286 de la Ley 1564 de 2012.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de corrección de providencias 2024-04-08 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 73001233300520140034601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente la corrección de la sentencia conforme al artículo 286 de la Ley 1564 de 2012? Sí
En garantía del principio de seguridad jurídica, el artículo 285 del Código General del Proceso, dispone que las sentencias son irreformables o inmutables por el juez que las profiere; sin embargo, de manera excepcional y para casos expresamente establecidos, el mismo código otorga al funcionario judicial la facultad de aclararlas, corregirlas o adicionarlas. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 286 ibidem, las providencias judiciales en las que se hubiese incurrido en un error puramente aritmético, por omisión, cambio de palabras o de alteración de éstas, son corregibles por el juez que las dictó de oficio o a petición de parte, en cualquier tiempo, siempre que la falencia se encuentre en la parte resolutiva o influya en esta.
CORRIGE LA PROVIDENCIA
Consejo de Estado Providencia

Se configura de oficio la excepción de cosa juzgada y estarse a lo resuelto en la sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2023-06-21 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 15001233100020070047301 ACCION CONTRACTUAL
¿Se configura de oficio la excepción de cosa juzgada y estarse a lo resuelto en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el curso del proceso adelantado bajo el ejercicio de la acción popular? Sí
La cosa juzgada puede declararse de oficio cuando un proceso reúne las mismas partes, el mismo objeto y la misma causa de otro ya decidido, y en tal caso el juez debe estarse a lo resuelto en ese proceso anterior. La regla se apoya en que la cosa juzgada impide pronunciarse sobre asuntos ya conocidos, debatidos y juzgados, y protege la inmutabilidad de las decisiones judiciales y la seguridad jurídica. Para que opere, deben confluir los límites subjetivo, objetivo y causal de la figura, que en el momento de los hechos estaban regulados en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil. En el asunto, las pretensiones del proceso analizado coincidían en objeto con las de la acción popular ya decidida, por lo que la Sala declaró configurada la cosa juzgada y revocó la sentencia apelada. En la práctica, el juez no puede volver a decidir las pretensiones que ya fueron resueltas en un proceso con idénticos sujetos, objeto y causa.síntesis automática
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La parte actora no pretende que se aclaren conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias 2023-09-07 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 63001233300020160022801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se niegan las solicitudes de aclaración y adición presentadas por la parte actora dado que no se advierte motivo de duda en lo determinado en la providencia? Sí
En el proceso contencioso administrativo, las solicitudes de aclaración y adición de una sentencia solo proceden cuando la providencia contiene conceptos o frases de verdadero motivo de duda, o cuando omite pronunciarse sobre alguno de los extremos de la litis. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la aclaración no sirve para cuestionar las razones de la Sala al resolver el fondo de la controversia. Segunda, la adición solo procede para resolver puntos omitidos que debían ser objeto de pronunciamiento, y no para reabrir el debate ya resuelto. En el caso, la parte actora pretendía que se revisaran las razones de la sentencia, y la Sala niega las solicitudes de aclaración y adición. La providencia no adiciona la sentencia. En la práctica, quien pretenda aclarar o adicionar una providencia debe señalar el concepto dudoso o el extremo omitido, porque la inconformidad con el fondo se debe tramitar por los recursos que la ley prevé.síntesis automática
También resuelve: ¿La solicitud elevada por el apoderado de la parte demandante en el sentido de que se aclare y adicione la sentencia es procedente? ¿Las providencias pueden ser aclaradas cuando contengan frases o conceptos que ofrezcan duda, siempre que los mismos se encuentren contenidos en la parte resolutiva o influyan en ella?
NO ADICIONA
Consejo de Estado Providencia

La parte actora no pretende que se aclaren conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias 2023-09-07 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020140082301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se negará las peticiones de aclaración y de adición presentadas por la parte actora y la compañía aseguradora dado que no se advierte motivo de duda en lo determinado en la providencia? Sí
En el proceso contencioso administrativo, las solicitudes de aclaración y adición de una sentencia solo proceden cuando la providencia contiene conceptos o frases de verdadero motivo de duda, o cuando omite pronunciarse sobre alguno de los extremos de la litis. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la aclaración no sirve para cuestionar las razones que tuvo la Sala para resolver la controversia, porque esas razones forman parte del fondo de la decisión. Segunda, la adición solo procede para resolver puntos omitidos que debían ser objeto de pronunciamiento, y no para reabrir el debate. En el caso, la parte actora y la aseguradora pretendían controvertir las razones de la sentencia, y la Sala niega las peticiones de aclaración y adición. La providencia no adiciona la sentencia. En la práctica, las partes que pretendan aclarar o adicionar una sentencia deben identificar un punto oscuro o un extremo omitido, porque la inconformidad con el fondo debe discutirse por los recursos ordinarios.síntesis automática
También resuelve: ¿Las solicitudes elevadas por la parte actora y por la aseguradora en el sentido de que se aclare y adicione la sentencia son procedentes? ¿Las providencias pueden ser aclaradas cuando contengan frases o conceptos que ofrezcan duda, siempre que los mismos se encuentren contenidos en la parte resolutiva o influyan en ella?
NO ADICIONA
Consejo de Estado Providencia

Inmutabilidad de la sentencia: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias 2024-02-05 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020130039602 ACCION CONTRACTUAL
¿En garantía del principio de seguridad jurídica las sentencias son irreformables o inmutables por el juez que las profiere; sin embargo, de manera excepcional y para casos expresamente establecidos, le es válido al funcionario judicial la facultad de aclararlas, corregirlas o adicionarlas? Sí
Las sentencias son irreformables por el juez que las profiere, y que solo de manera excepcional pueden aclararse, corregirse o adicionarse en los casos que la ley prevé, de modo que la adición procede únicamente para resolver asuntos que la ley ordena decidir y que no fueron tratados. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 285 del Código General del Proceso dispone la inmutabilidad de las sentencias y la aclaración solo cuando contienen conceptos o frases que ofrecen verdadero motivo de duda en la parte resolutiva. Segunda, el artículo 287 del mismo código permite la adición cuando se omitió un pronunciamiento obligatorio, siempre que la solicitud se formule dentro del término de ejecutoria. Tercera, en el caso la sentencia no decidió sobre el fondo porque declaró la caducidad de la acción, de modo que no había un asunto omitido que completar con la nulidad por falta de competencia. La providencia niega la aclaración y la adición. La consecuencia práctica es que la solicitud de adición no puede utilizarse para reabrir un pronunciamiento sobre pretensiones que no fueron resueltas por haberse declarado la caducidad.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente aclarar o adicionar la sentencia para pronunciarse sobre el cargo de nulidad por falta de competencia de la autoridad para expedir los actos administrativos demandados… ¿Resulta procedente aclarar o adicionar la sentencia para pronunciarse sobre la condena en costas impuesta en primera instancia?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

La caducidad constituye un fenómeno jurídico procesal que implica la pérdida de la facultad de accionar y así hacer efectivos los derechos, que por ser una figura de orden público, debe ser declarada de oficio por el juez.

Sentencia — Sentencia 2024-09-13 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 05001233300020160010801 LEY 1437 REPETICION
¿La caducidad constituye un fenómeno jurídico procesal que implica la pérdida de la facultad de accionar y así hacer efectivos los derechos, que por ser una figura de orden público, debe ser declarada de oficio por el juez? Sí
El juez declara de oficio la caducidad del medio de control cuando se pierde la facultad de accionar por no ejercer el derecho dentro del plazo legal establecido, garantizando la seguridad jurídica de los sujetos procesales. En este caso, la entidad demandante intentó ejercer un medio de control de repetición para reclamar el reintegro de sumas pagadas a familiares de soldados fallecidos, pero la demanda se presentó después del término legal de dos años que comenzó a correr desde el vencimiento del plazo de la entidad para pagar la condena o acuerdo de conciliación. Como la demanda se radicó después de que venció el plazo legal, el juez declaró probada de oficio la excepción de caducidad, reafirmando que esta figura de orden público debe ser declarada de oficio por el juez, independientemente de que se haya formulado como excepción en el proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿Se presentó de forma oportuna la demanda de repetición incoada para reclamar el reintegro de las sumas pagadas en virtud de acuerdo de conciliatorio celebrado con los familiares del cabo tercero y… ¿Resulta procedente la condena en costas en contra de la entidad demandante vencida en el proceso de repetición, considerando que con éste se persigue un interés público?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede cuando de su confrontación con el ordenamiento jurídico superior se advierta una contradicción o discordancia, y de su sustentación pueda entenderse satisfecho el concepto de violación de la norma.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2026-04-17 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020240006601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede cuando de su confrontación con el ordenamiento jurídico superior se advierta una contradicción o discordancia, y de su sustentación pueda entenderse satisfecho el concepto de violación de la norma? Sí
El contratista puede solicitar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos cuando se advierta una contradicción o discordancia entre el acto demandado y el ordenamiento jurídico superior, y se cumpla con la carga argumentativa necesaria para justificar la violación de la norma, sin que sea suficiente la mera argumentación de la demanda. La Sala de Decisión del Consejo de Estado modificó su criterio anterior, estableciendo que la entidad estatal pierde competencia para declarar el incumplimiento y liquidar unilateralmente un contrato estatal a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda, siempre que las pretensiones o hechos sometidos al conocimiento judicial coincidan con los asuntos objeto del procedimiento administrativo correspondiente, lo que garantiza la seguridad jurídica de la comunidad.síntesis automática
También resuelve: ¿La entidad estatal pierde competencia para expedir actos administrativos mediante los cuales declara el incumplimiento y liquida unilateralmente un contrato estatal a partir de la notificación del… ¿Resulta procedente decretar la suspensión provisional de los actos administrativos mediante los cuales el Instituto de Desarrollo Urbano declaró el incumplimiento del contrato…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Las decisiones judiciales son inmodificables por el mismo juez que la dictó

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud 2024-08-20 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 11001032600020160000800 LEY 1437 REPETICION
¿Las decisiones judiciales son inmodificables por el mismo juez que la dictó, quedando excepcionalmente revestido de la facultad de aclararlas, corregirlas y adicionarlas en los precisos términos de los artículos 285, 286 y 287 del CGP? Sí
Las decisiones judiciales son inmodificables por el mismo juez que las dictó, porque una vez proferidas agota su competencia funcional sobre el asunto. Esta regla se apoya en el principio de seguridad jurídica, que impide revocar o reformar la providencia. Solo de manera excepcional el juez puede aclarar, corregir o adicionar su decisión en los términos de los artículos 285, 286 y 287 del Código General del Proceso, aplicables por la integración normativa del artículo 306 del CPACA. La aclaración es un instrumento que la ley confiere a las partes y, excepcionalmente, al propio juez para lograr una comprensión precisa de la decisión. Por ello la solicitud que reitera lo ya resuelto no abre un nuevo debate. En el caso concreto la sala resolvió la petición ordenando que se estuviera a lo resuelto en la providencia anterior. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la solicitud que solo reitera una decisión ya tomada se resuelve remitiendo a lo previamente decidido.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente la solicitud de aclaración y adición de la parte resolutiva del auto admisorio de la demanda de repetición… ¿Debe corregirse de oficio el auto admisorio de la demanda de repetición al presentarse un error por “cambio de palabras” que están contenidas en la parte resolutiva del auto…
ÉSTESE A LO RESUELTO
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra un auto proferido en primera instancia

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 05001233300020240071601 LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra un auto proferido en primera instancia que rechazó la demanda por configuración de la caducidad del medio de control de repetición, y éste debe ser resuelto por la Sala? Sí
El auto de primera instancia que rechaza la demanda por haber operado la caducidad del medio de control de repetición es apelable ante el Consejo de Estado, y la decisión sobre la apelación corresponde a la Sala y no al magistrado ponente. La regla se apoya en los artículos 125 y 243 del CPACA, modificados por la Ley 2080 de 2021, que determinan la autoridad que resuelve la impugnación según la naturaleza de la providencia, y en el numeral 1 del artículo 243, que hace apelable el auto que rechaza la demanda, en concordancia con el artículo 244. En el caso, el tribunal rechazó la demanda por caducidad del medio de control de repetición, y el Consejo de Estado confirma esa decisión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el recurso contra el rechazo de una demanda de repetición por caducidad debe interponerse y sustentarse dentro de los términos legales, y su resolución se adopta en Sala.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción? ¿Operó el fenómeno de la caducidad del medio de control de repetición interpuesto y, en consecuencia, resulta procedente el rechazo de la demanda?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: las figuras procesales de aclaración y adición, constituyen excepciones a la regla que establece que la sentencia es inmodificable

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias 2025-05-19 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 85001233300020190014101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las figuras procesales de aclaración y adición, constituyen excepciones a la regla que establece que la sentencia es inmodificable por el juez que la profirió, el cual, una vez profiere la decisión judicial, pierde la competencia respecto del asunto por él resuelto? Sí
El juez puede aclarar o adicionar una sentencia dentro del término de ejecutoria, siempre que estas acciones no modifiquen el contenido resuelto inicialmente, pues la sentencia es inmodificable una vez proferida, conforme al principio de seguridad jurídica establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso. La aclaración se permite cuando existen conceptos o frases ambiguos o contradictorios que ofrezcan verdadero motivo de duda, mientras que la adición es procedente cuando la sentencia omite la resolución de un extremo de la litis o de otro punto que debía ser objeto de pronunciamiento. Estas excepciones a la inmutabilidad de la sentencia no permiten reformar el fallo sobre la controversia de fondo, sino que se limitan a precisar o completar lo ya resuelto, sin alterar su esencia. En este caso, la Sala reitera que la solicitud de aclaración y adición no es procedente si no se cumplen los requisitos legales específicos, y que la parte demandada no ha demostrado la existencia de un concepto o frase ambigua que justifique la aclaración, por lo que la solicitud es improcedente.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente la solicitud de aclaración y adición de la sentencia del 21 de marzo de 2025, proferida por la Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente

Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas 2025-12-18 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020240056302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente, de conformidad con los artículos 169 del CGP y 213 del CPACA (Ley 1564 de 2012)? Sí
El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente, de conformidad con los artículos 169 del Código General del Proceso y 213 del Código Procesal Administrativo y Contencioso (Ley 1564 de 2012), ya que esta facultad busca garantizar la efectividad de los derechos de las personas y la veracidad de los hechos enjuiciados. El decreto oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del juez, sino un deber legal que implica adoptar medidas necesarias para fallar con suficiente conocimiento de causa y un material probatorio completo, en la búsqueda de la justicia, la seguridad jurídica y la equidad. Sin embargo, esta potestad no debe utilizarse para suplir la negligencia o el incumplimiento de las cargas probatorias de las partes, sino para aclarar oscuridades en la controversia y evitar que la falta de actividad judicial comprometa la justicia material. Esta regla reitera y matiza precedentes, estableciendo que el juez debe decretar pruebas de oficio solo cuando surja la necesidad de aclarar hechos relevantes y existan fundadas razones para considerar que su falta de actividad puede abandonar el sendero de la justicia material.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede ampliarse la medida cautelar solicitada cuando aún no está claro el alcance del Contrato de Concesión No. 002 de 2005…
DECRETA
Consejo de Estado Providencia

Se configuró el fenómeno preclusivo de la caducidad

Sentencia — Sentencia 2023-05-12 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233300020160022701 LEY 1437 REPETICION
¿Se configuró el fenómeno preclusivo de la caducidad? Sí
El término de caducidad para la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente al vencimiento del plazo que tenía la entidad para pagar la condena, y si el pago se realiza fuera de ese plazo, el término de dos años corre desde el día siguiente a la fecha límite de pago. La regla se apoya en el término de dieciocho meses que el artículo 177 del Decreto 01 de 1984 fijaba para cumplir la condena, contado desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, y en el artículo 164 literal l de la Ley 1437 de 2011, que establece el término de dos años para demandar. Por ello, el pago tardío no prorroga el plazo para repetir sino que lo desplaza al vencimiento del plazo legal. En el asunto, la entidad realizó el último pago después del término legal y la demanda se presentó vencido el plazo de dos años, por lo que la Sala declaró configurado el fenómeno de la caducidad y negó las pretensiones. En la práctica, la entidad que paga tarde la condena debe calcular la caducidad de la repetición desde la fecha límite de pago y no desde el pago efectivo.síntesis automática
También resuelve: ¿El pago de los perjuicios fue cancelado al apoderado de los demandantes a través del despacho judicial que conoció del proceso por vía ejecutiva? ¿El mérito probatorio de los documentos públicos lo asigna el juez luego de la apreciación de las pruebas en conjunto? ¿La caducidad, dado su carácter de orden público, es indisponible y puede ser declarada de oficio por el juez?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

La caducidad constituye un fenómeno jurídico procesal que implica la pérdida de la facultad de accionar y así hacer efectivos los derechos, que por ser una figura de orden público, debe ser declarada de oficio por el juez.

Sentencia — Sentencia 2023-10-17 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 05001233300020170140501 LEY 1437 REPETICION
¿La caducidad constituye un fenómeno jurídico procesal que implica la pérdida de la facultad de accionar y así hacer efectivos los derechos, que por ser una figura de orden público, debe ser declarada de oficio por el juez? Sí
La caducidad es un presupuesto procesal de orden público, que no admite renuncia ni suspensión, y que, si se encuentra probada, debe ser declarada de oficio por el juez de segunda instancia, aunque no se haya abordado en la sentencia de primera instancia ni cuestionado en la apelación. Una razón es que el legislador fijó plazos razonables para acudir a la jurisdicción con el fin de garantizar la seguridad jurídica y evitar que las situaciones queden indefinidas, de modo que el vencimiento del término implica la pérdida de la facultad de accionar. Otra razón es que la caducidad es un presupuesto procesal sin el cual no es posible decidir el fondo del asunto, por lo que el juez debe verificarla aun de oficio. En el caso, la Sala revocó la decisión de primera instancia y examinó la oportunidad de la demanda de repetición, computando el término desde el pago de la condena o desde el vencimiento del plazo para cumplirla, lo que ocurra primero. La providencia reitera la jurisprudencia de la Sección sobre la caducidad; su consecuencia práctica es que el juez de segunda instancia debe examinar la oportunidad de la demanda aun cuando las partes no la hayan discutido.síntesis automática
También resuelve: ¿Se presentó de forma oportuna la demanda de repetición incoada para reclamar el reintegro de las sumas pagadas por el retiro del servicio de 8 ¿Resulta procedente la condena en costas en contra de la entidad demandante vencida en el proceso de repetición, considerando que con éste se persigue un interés público?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Caducidad de la acción: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 41001233100020120015501 ACCION CONTRACTUAL
¿La caducidad representa una figura jurídica de orden público que impone un límite máximo y perentorio dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción, que busca garantizar la seguridad jurídica y proteger el interés general, que corre indefectiblemente y no se interrumpe, ni se suspende salvo determinados eventos, y que debe ser declarado de oficio por el juez ante su observancia en el proceso? Sí
La caducidad es un fenómeno objetivo, ligado al paso del tiempo y no a la voluntad de las partes, y es de orden público, por lo que su declaratoria corresponde al juez aun de oficio. El término de caducidad corre de forma imparable desde el hecho que la ley define como punto de partida, y no se suspende ni se interrumpe sino en los eventos y con los efectos que la propia ley establece. Tres razones sostienen la regla: la caducidad fija un límite temporal razonable para acceder a la jurisdicción, evita que las situaciones jurídicas en controversia permanezcan indefinidas en el tiempo, y su carácter de orden público impide que las partes alteren el término fijado en la ley. En consecuencia, el juez debe verificar al momento de dictar sentencia si cuenta con habilitación temporal para el examen pretendido, con base en el artículo 164 del CCA, aplicable al asunto, y en la jurisprudencia vigente cuando comenzó a correr el término. El documento reitera la jurisprudencia de la corporación sobre esta materia; la consecuencia práctica es que el juez debe examinar la oportunidad de la demanda aun cuando las partes no la hayan alegado.síntesis automática
También resuelve: ¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de controversias contractuales presentada para demandar la nulidad del acto de liquidación unilateral de un contrato de concesión…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El artículo 244.3 del CPACA, modificado por el artículo 64 de la Ley 2080 de 2021, establece que el recurso de apelación deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2026-06-01 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233300020160024302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de apelación presentado por la demandante contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo, mediante el cual se puso fin al proceso, cumple los requisitos de procedencia y oportunidad, para habilitar el conocimiento del asunto en segunda instancia por parte del Consejo de Estado? Sí
El Consejo de Estado asume competencia por el factor funcional en segunda instancia conforme al artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021, al conocer de los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos, previendo el artículo 243.2 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, que el auto que ponga fin al proceso es susceptible de este recurso, el cual debe interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres días siguientes a su notificación según el artículo 244.3 del mismo estatuto.síntesis automática
También resuelve: ¿La falta de acreditación del requisito de procedibilidad consistente en agotar la conciliación extrajudicial en los asuntos conciliables constituye un defecto insubsanable que impide un… ¿Para determinar si una medida cautelar tiene carácter patrimonial y, por tanto, exime del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial… ¿Procede confirmar la terminación del proceso por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, dado que la parte demandante omitió dicho trámite…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se confirmará la providencia del 16 de noviembre de 2023

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-08-13 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 85001233300020230008501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se confirmará la providencia por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Casanare rechazó la demanda? Sí
El contratista no puede presentar una demanda extemporánea de controversias contractuales si la liquidación del convenio interadministrativo no se realizó dentro del plazo acordado, ya que el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que el término para demandar comienza una vez realizada la liquidación del negocio jurídico o vencido el plazo para ello. En este caso, el convenio debía liquidarse a más tardar el 16 de diciembre de 2019, y la demanda fue radicada el 17 de octubre de 2023, por lo que es extemporánea y el Tribunal Administrativo de Casanare rechazó correctamente la demanda. Además, la entidad estatal no puede liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo sin un acuerdo expreso y claro entre las partes, ya que la finalidad asociativa de estos convenios impide una aplicación automática del régimen legal de los contratos estatales. Por último, el convenio interadministrativo no constituye un contrato debido a la ausencia de remuneración entre las partes, sino que tiene como objetivo aunar esfuerzos para satisfacer una finalidad común.síntesis automática
También resuelve: ¿En los convenios interadministrativos resulta válido que una de las partes realice la liquidación unilateral, siempre y cuando ello esté expresamente acordado? ¿Puede predicarse que existió una remuneración de una de las partes hacia la otra? ¿El trámite de cada una de las demandas es independiente y debe analizarse de manera individual el cumplimiento de los presupuestos procesales?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medios de prueba: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-09-13 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 47001233300020200012101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para que un medio de convicción sea la base de una decisión judicial, debe ser objeto de contradicción por la parte contra quien se aduce, en igualdad de condiciones, de ahí que se imponga la necesidad de que las pruebas sean allegadas por las partes en los precisos términos y oportunidades definidos por la ley? Sí
El contratista no puede invocar documentos en el recurso de apelación para probar su cumplimiento del convenio interadministrativo, ya que estos no fueron aportados oportunamente en la primera instancia, conforme a los principios de contradicción, igualdad y oportunidad probatoria. La preclusividad de los términos para aportar pruebas impone que las partes presenten los medios de convicción dentro de los plazos legales, de modo que los sujetos procesales no sean sorprendidos con documentos nuevos o extemporáneos. En este caso, el municipio guardó silencio durante la primera instancia y no solicitó la práctica de las pruebas en la segunda instancia dentro del término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de apelación, por lo que los documentos aportados no fueron valorados por el tribunal. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y oportunidades para la presentación de pruebas, garantizando la seguridad jurídica y la igualdad entre las partes.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe otorgársele valor probatorio a los documentos invocados en el recurso de apelación presentado por el Municipio para probar su cumplimiento del convenio interadministrativo, por lo que… ¿Las pólizas o contratos de seguros de cumplimiento a favor de entidades públicas son negocios jurídicos bilaterales, onerosos, aleatorios y accesorios… ¿La compañía aseguradora tiene condición de litisconsorte cuasinecesario en razón al contrato de seguro de cumplimiento suscrito con el municipio demandado, por lo que…
REVOCA
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La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, por lo que resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para perseguir la nulidad absoluta del contrato, con fundamento en la ilegalidad del acto administrativo de adjudicación del mismo.

Sentencia — Sentencia 2022-09-22 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 15001233100020060296602 ACCION CONTRACTUAL
¿La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, por lo que resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para perseguir la nulidad absoluta del contrato, con fundamento en la ilegalidad del acto administrativo de adjudicación del mismo? Sí
La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de una decisión de fondo frente a controversias derivadas del negocio jurídico estatal. Resulta procedente utilizar esta herramienta para cuestionar la nulidad absoluta del contrato, fundada en la ilegalidad del acto administrativo de adjudicación. La legitimación en las acciones contractuales a través de las cuales se persigue la nulidad absoluta de un contrato se encuentra en cabeza de las partes del contrato censurado, del Ministerio Público o de cualquier tercero que acredite un interés directo. La caducidad de la acción de controversias contractuales no se aplica en este caso, ya que la demanda fue interpuesta después de la entrada en vigor de la Ley 446 de 1998, lo que permite perseguir la nulidad absoluta del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿La legitimación en las acciones contractuales a través de las cuales se persiga la nulidad absoluta de un contrato, se encuentra en cabeza de las partes del contrato censurado… ¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de controversias contractuales, respecto de las pretensiones correspondientes al restablecimiento del derecho solicitado por el Consorcio… ¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere…
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