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Consejo de Estado
Providencia
La cesión de crédito no altera el contrato estatal, sino que constituye un negocio jurídico entre cedente y cesionario sobre los derechos de crédito que tienen origen en el contrato.
Sentencia — Sentencia
2025-02-07
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 13001233300020090044501
ACCION CONTRACTUAL
¿El cesionario de un crédito es parte del contrato y puede hacerse parte de un proceso de controversias contractuales? No
El cesionario de un crédito no es parte del contrato y, por lo tanto, no puede hacerse parte de un proceso de controversias contractuales, ya que la cesión de crédito no altera el contrato estatal sino que constituye un negocio jurídico entre cedente y cesionario sobre los derechos de crédito que tienen origen en el contrato. La sola comunicación del cesionario sin la aprobación del cedente y la entidad no basta para entender que se ha notificado de la cesión del crédito a la entidad, y ser cesionario de un derecho de crédito derivado del contrato no es suficiente para reconocer la legitimación pasiva en la causa. La Sala declara la falta de legitimación pasiva en la causa del cesionario, pues no fue parte del contrato y no se encuentra en ninguna situación que le hubiera permitido hacerse parte del proceso de controversias contractuales, lo que implica que la determinación de los extremos procesales de un litigio contractual no puede quedar a la voluntad exclusiva de una de las partes del negocio jurídico, garantizando así el principio de igualdad de armas en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:
¿La sola comunicación del cesionario sin comunicación por parte del cedente, no basta para entender que se ha notificado de la cesión del crédito a la entidad?
¿Se discute la legitimación pasiva para hacerse parte de un proceso en el cual la contratante pretendió la nulidad absoluta del contrato?
¿Se declara la falta de legitimación pasiva en la causa del cesionario, pues no fue parte del contrato y no se encuentra en ninguna situación que le hubiera permitido hacerse parte del proceso de…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
No procede el reconocimiento al contratista de los costos por mayor permanencia en obra derivados de las prórrogas del contrato.
Sentencia — Sentencia
2022-06-10
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 50001233100020060031102
ACCION CONTRACTUAL
¿Procede el reconocimiento al contratista de los costos por mayor permanencia en obra derivados de las prórrogas del contrato? No
El contratista no puede reclamar por mayor permanencia en obra derivada de las prórrogas del contrato cuando ha renunciado expresamente a presentar reclamaciones por este motivo, ya que tal renuncia es un acto propio que debe respetarse en virtud del principio de buena fe y lealtad contractual. Además, la jurisprudencia establece que las salvedades en el acta de liquidación del contrato no reviven la oportunidad de protestar las modificaciones, adiciones, prórrogas o suspensiones del contrato, por lo que el silencio del contratista sobre los efectos económicos de estas prórrogas impide que ahora reclame por ellos. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los acuerdos y manifestaciones durante la ejecución del contrato y limita las posibilidades de reclamar aspectos no objeto de salvedades en la liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿En virtud de la teoría del respeto por los actos propios, el contratista no puede desconocer la renuncia expresa a presentar reclamaciones por mayor permanencia en obra ante la Administración…
¿Pueden reclamarse por vía judicial situaciones jurídicas o económicas que no fueron objeto de salvedades?
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-08-16
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 52001233300020150075801
ACCION CONTRACTUAL
¿El contrato de interventoría de obra pública al haber sido suscrito para atender la emergencia generada por el fenómeno invernal de la Niña, estaba sujeto a las reglas del derecho privado y a las disposiciones aplicables a la contratación del Fondo Nacional de Calamidades? Sí
El contratista no puede reclamar sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en un contrato de interventoría celebrado para atender emergencias generadas por fenómenos naturales, como el fenómeno de La Niña, debido a que el contrato se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La Sala establece que el contrato de interventoría celebrado en estas circunstancias se somete a las disposiciones del Código de Comercio y no a las del Estatuto General de Contratación, por lo que la onerosidad sobrevenida debe afectar una prestación futura, no una ya cumplida. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la aplicación del derecho privado en contratos de emergencia, limitando la posibilidad de reclamar sobrecostos basados en prestaciones ya ejecutadas.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede el reconocimiento de los sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de interventoría, que tienen su origen en prestaciones ya cumplidas por las partes durante su…
¿La condena en costas procede contra la parte a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación tramitado bajo el criterio objetivo previsto en el CPACA?
Consejo de Estado
Providencia
Cuando el contratista renuncia a presentar reclamaciones por mayor permanencia de la obra puede con posterioridad alegar el desequilibrio económico del contrato?
Sentencia — Sentencia
2022-06-10
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 50001233100020054054902
ACCION CONTRACTUAL
Cuando el contratista renuncia a presentar reclamaciones por mayor permanencia de la obra puede con posterioridad alegar el desequilibrio económico del contrato? Sí
El contratista no puede alegar desequilibrio económico del contrato después de renunciar a presentar reclamaciones por mayor permanencia de la obra, ya que las partes acordaron de buena fe que la prórroga no generaría sumas adicionales, y la caducidad de la acción impide que se cuestione la validez de las prórrogas contractuales. La Sala reitera que la renuncia a reclamaciones por extensión del plazo contractual es válida y que no hay prueba del desequilibrio financiero del contrato, lo que implica que las pretensiones económicas del contratista no prosperarán si no acredita la existencia de un desequilibrio financiero real y no pactado.síntesis automática
También resuelve:
¿Las reclamaciones por mayor permanencia de la obra durante el plazo adicional acordado no pueden prosperar porque las partes las pactaron que el acuerdo no generaría sumas adicionales en favor del…
¿Las pretensiones económicas alegadas por el contratista son improcedentes por acreditarse que renunció al pago de los costos generados por las tres primeras prórrogas del contrato y la cuarta fue…
¿Se acreditó un desequilibrio en la ecuación financiera del contrato de obra pública que diera lugar al reconocimiento del pago solicitado por el contratista?
Consejo de Estado
Providencia
No existen pruebas que demuestren defectos en la planeación por parte de la entidad
Sentencia — Sentencia
2024-09-11
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 15001233300020170007602
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sola variación del diseño durante la ejecución de un contrato es suficiente para dar por acreditados los defectos o deficiencias en la planeación y estructuración del proyecto? No
El contratista no puede alegar defectos en la planeación y estructuración del proyecto basándose únicamente en la variación del diseño durante la ejecución del contrato, ya que la Sala no encontró pruebas que demuestren dichos defectos ni incumplimiento por parte de la entidad estatal en su deber de planeación, y considera que la modificación de diseños es común en contratos de obra debido a la imposibilidad de prever todos los eventos que pueden surgir durante la ejecución. Además, la Sala confirma que el aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios no constituye un reajuste o revisión del contrato, sino un alea normal, y que la parte demandante debe demostrar un riesgo extraordinario para reclamar un desequilibrio financiero, lo que no fue evidenciado en este caso. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la necesidad de pruebas concretas para acreditar defectos en la planeación y la imposibilidad de reajustar precios basándose únicamente en el aumento de cantidades de obra.síntesis automática
También resuelve:
¿El recurrente no presentó reparos concretos en contra de los argumentos del Tribunal relacionados con la falta de pruebas sobre la configuración del desequilibrio económico?
¿El aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios es un alea normal del contrato?
¿El riesgo de variación de fuentes de material era un riesgo que había sido asignado a la contratista y había expresamente sido aceptado por esta con la suscripción del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Debe el juez de segunda instancia examinar, como cuestión previa e indispensable para resolver el recurso, la naturaleza jurídica
Sentencia — Sentencia
2026-03-13
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 05001233300020140122001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe el juez de segunda instancia examinar, como cuestión previa e indispensable para resolver el recurso, la naturaleza jurídica de los actos emitidos en el trámite contractual —con el fin de determinar si estaban o no revestidos de presunción de definitividad y si su eventual validez o eficacia condiciona la posibilidad de estudiar las pretensiones del demandante— cuando dicho análisis resulta necesario para evitar que la decisión sea incompleta, incongruente o meramente formal, y para garantizar la tutela judicial efectiva? Sí
El juez de segunda instancia, aunque su competencia se circunscribe a los reproches del apelante, debe examinar de oficio las cuestiones necesarias para resolver la controversia, como los presupuestos procesales y los asuntos imperativos cuyo desconocimiento frustraría el acceso a la administración de justicia. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 328 del CGP limita el pronunciamiento a los argumentos del apelante, de modo que los aspectos no impugnados quedan revestidos de la presunción de acierto; el examen de oficio se impone respecto de normas imperativas y de presupuestos procesales, como la jurisdicción, la competencia, la oportunidad de la demanda y la legitimación; y la naturaleza jurídica de los actos del trámite contractual, incluida su presunción de definitividad, puede ser una cuestión previa indispensable para evitar una decisión incompleta o incongruente. Por ello, el análisis de esos actos se realiza cuando condiciona el estudio de las pretensiones. La providencia se modifica en lo que resulta de ese examen.síntesis automática
También resuelve:
¿Cuándo las partes de un contrato regido por el derecho privado pactan expresamente una etapa de liquidación —incluyendo sus fases…
¿Puede el contratista reclamar el reconocimiento de mayores costos por mayor permanencia en obra cuando previamente renunció expresamente a presentar reclamaciones futuras relacionadas con las…
¿Debe declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio cuando éste no intervino en el contrato objeto de litigio ni existe imputación alguna en su contra?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El cargo de la apelación resulta infundado
Sentencia — Sentencia
2023-10-17
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 50001233100020070115101
ACCION CONTRACTUAL
¿El cargo de la apelación resulta infundado pues la sentencia de primera instancia acertó en cuanto no encontró demostrada la ocurrencia de sobrecostos causados durante el lapso en el cual se amplió el plazo de ejecución contractual? Sí
Los sobrecostos derivados de la ampliación del plazo de ejecución de un contrato de obra pública deben acreditarse con una certificación contable que discrimine los conceptos y permita distinguir los gastos causados por la mayor permanencia en la obra de los gastos inherentes a la ejecución, así como con un análisis de ingresos y egresos que muestre si esos costos fueron cubiertos por el precio o por el rubro de imprevistos. Una razón es que la certificación contable presentada no permitía distinguir si los gastos eran consecuencia directa de la extensión del plazo o correspondían a los inherentes al contrato, y no discriminaba los conceptos que integraban las sumas. Otra razón es que el expediente no incluía documentos que verificaran el estado contable de la ejecución, ni un análisis comparativo entre el valor del contrato y los costos que superaban ese valor. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia que no encontró demostrados los sobrecostos, y las razones por las cuales se apartó del dictamen pericial fueron compartidas. Su consecuencia práctica es que el reclamo por mayor permanencia en obra exige contabilidad discriminada del contrato y no basta con certificaciones generales.síntesis automática
También resuelve:
¿Las razones por las cuales la primera instancia se apartó del dictamen pericial son compartidas por esta instancia?
¿En los documentos de prórroga y suspensión del plazo contractual se introdujo el compromiso del contratista de mantener el índice de ajustes del programa de inversiones?
¿En la demanda se pretendió la nulidad de las cláusulas de renuncia invocando como fundamento que se vulneraron normas de orden público?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Incumplimiento del contrato: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-08-23
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 73001233300020140062301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato generan una afectación económica al contratista cuyas fuentes y consecuencias son diferentes? Sí
El contratista puede demandar a la entidad estatal por incumplimiento contractual o por la ruptura del equilibrio económico del contrato, dependiendo de la fuente y las consecuencias de la afectación económica sufrida. La primera opción implica la inobservancia de las obligaciones pactadas, mientras que la segunda se refiere a factores externos o decisiones de la administración que alteran las condiciones del contrato. En este caso, la entidad estatal no ajustó los precios de las obras ejecutadas por el contratista, a pesar de la existencia de cláusulas ambiguas en el contrato y en el pliego de condiciones que permitían el ajuste de precios. La Sala concluyó que la entidad incumplió el contrato al no aplicar el ajuste de precios según el ICCP del DANE, lo que implica que en casos similares, la entidad estatal debe cumplir con las disposiciones contractuales y legales para proteger los intereses del contratista.síntesis automática
También resuelve:
¿Incumplió el departamento del Tolima el contrato 1183 de 2009 al no ajustar los precios de las obras ejecutadas por el contratista…
¿Incumplió el departamento del Tolima el contrato 1183 de 2009 al haber calculado y pagado las actividades concernientes a la “conformación de la calzada existente” e “imprimación con asfalto…
¿Se encuentra probado que la U.T. Cesva ejecutó obras adicionales previas para la reconstrucción de un muro que colapsó como consecuencia de un deslizamiento de tierra…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 68001233300020130110802
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede considerarse que la suscripción de múltiples documentos individuales entre el INVISBU y los beneficiarios de vivienda constituye la celebración de múltiples contratos independientes, distintos del contrato celebrado entre el INVISBU y Fénix? No
El contratista no puede celebrar múltiples contratos independientes con los beneficiarios de vivienda cuando ya existe un contrato único entre la entidad estatal y el constructor principal, ya que la suscripción de documentos individuales responde a necesidades operativas y no a la creación de contratos separados. La entidad estatal y el constructor principal son las partes del contrato, mientras que los beneficiarios son considerados terceros, ya que no han expresado su consentimiento directo ni han sido representados adecuadamente. Además, el contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas en respuesta a una situación de desastre se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que permite la aplicación de excepciones y facultades especiales previstas en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:
¿El contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas, con ocasión de una situación de desastre, se encontraba sujeto al derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de…
¿Debe el juez analizar las pretensiones contractuales aunque no se haya formulado reclamación expresa o reserva al suscribir actos como prórrogas, adiciones o suspensiones?
¿Puede el contratista exigir el reconocimiento de mayores costos derivados de las prórrogas del contrato, cuando previamente acordó expresamente que estas no generarían gastos adicionales?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La calidad de contratista no otorga una situación de debilidad que permita flexibilizar la carga de la prueba en controversias contractuales.
Sentencia — Sentencia
2026-06-16
Sección Tercera (Subsección A)
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Rad. 52001233300020140019002
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
"¿la calidad de contratista implica una situación de debilidad que permita flexibilizar la valoración probatoria?" No
El contratista asume las cargas probatorias ordinarias en los procesos de controversias contractuales sin que su condición contractual le confiera un tratamiento privilegiado o flexible. La improcedencia de un trato probatorio privilegiado a favor del contratista como parte débil de la relación contractual se fundamenta en que la tesis planteada por el apelante no encuentra respaldo en la ley ni en la jurisprudencia. La calidad de contratista no implica, por sí misma, una situación de debilidad o desprotección que habilite la flexibilización de la carga probatoria que le corresponde, pues el sujeto que contrata con la Administración se concibe como un colaborador experto que concurre al negocio con conocimiento de sus implicaciones y con el deber de prever los riesgos normales de su actividad comercial.síntesis automática
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Suspensión del contrato estatal: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-10-28
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 15001233300020160071301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El silencio o la ausencia de salvedades al momento de suscribirse suspensiones al plazo contractual impide que, en sede judicial, prosperen o al menos se estudien de fondo las pretensiones económicas que se aducen fueron originadas en tales pactos? No
El contratista puede presentar pretensiones económicas en sede judicial derivadas de suspensiones al plazo contractual, incluso si en el acta de suscripción no se incluyeron salvedades, siempre y cuando el juez analice el acuerdo concreto y sus implicaciones en el contrato original, aplicando las reglas de interpretación y el principio de buena fe. La Sala reitera que el silencio o la ausencia de salvedades no impide un estudio de fondo de las pretensiones económicas, siempre que estas tengan fundamento en lo pactado. Sin embargo, el juez de segunda instancia debe abstenerse de modificar la causa petendi de la demanda en el recurso de apelación, respetando el principio de congruencia y el debido proceso, lo que limita su competencia a resolver únicamente sobre los cargos que guarden consonancia con la demanda original y las pruebas presentadas.síntesis automática
También resuelve:
¿A las partes les está vedado modificar o adicionar en el recurso de apelación la causa petendi de la demanda, pues esto implicaría un desconocimiento flagrante del principio al debido proceso y el…
¿Son atribuibles a Empoduitama las causas que llevaron a la suscripción de las actas de suspensión 02, 03 y 04 al contrato C4M2052011 celebrado con la UT Américas…
¿Demostró la UT Américas los sobrecostos en que dijo haber incurrido y las afectaciones económicas que afirmó haber sufrido producto de las múltiples suspensiones al plazo del contrato C4M2052011 y…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas
Sentencia — Sentencia
2021-12-14
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 08001233300020120020901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve:
¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
Consejo de Estado
Providencia
No puede la Sala analizar el enriquecimiento sin causa alegado por el consorcio en el recurso de apelación
Sentencia — Sentencia
2026-10-05
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 76001233300020240013101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede la Sala analizar el enriquecimiento sin causa alegado por el consorcio en el recurso de apelación, con fundamento en la ejecución de mayores cantidades de obra, pese a que no formuló esa pretensión en la demanda y el municipio no tuvo oportunidad de ejercer su defensa frente a ella? No
El contratista no puede introducir en el recurso de apelación un nuevo argumento sobre enriquecimiento sin causa basado en la ejecución de mayores cantidades de obra, ya que no fue planteado en la demanda y el municipio no tuvo oportunidad de defenderse, lo que violaría el principio de congruencia y el derecho de defensa, según establece el artículo 281 del Código General del Proceso aplicado por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala reitera que el análisis de nuevos cargos en segunda instancia es improcedente, limitando así el pronunciamiento del juez a las pretensiones y argumentos presentados en la demanda original.síntesis automática
También resuelve:
¿La ocurrencia de un hecho ajeno a las partes e imprevisible al momento de contratar, que genera una afectación grave de la ecuación económica del contrato y lo torna más oneroso para una de ellas…
¿Se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato por la teoría de la imprevisión, debido a los mayores costos que el consorcio atribuyó a las crecientes del río Bugalagrande…
¿Debe mantenerse la condena en abstracto por el desequilibrio económico del contrato derivado de la implementación de los protocolos de bioseguridad por el COVID-19…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia de la acción
Sentencia — Sentencia
2022-07-06
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 15001233300020130038301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia de la acción de controversias contractuales en la que una entidad pública es parte? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia en una acción de controversias contractuales en la que una entidad pública es parte, siempre que la cuantía del proceso y la naturaleza jurídica de la entidad estatal cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1564 de 2012. Además, la caducidad de la acción de controversias contractuales en contratos que requieren liquidación comienza a contarse a partir de la ocurrencia de dicho suceso, ya sea una liquidación bilateral o unilateral, y puede suspenderse durante el trámite conciliatorio prejudicial. Asimismo, las salvedades consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública pueden ser objeto de estudio por el juez en lo contencioso administrativo siempre que se alegue algún vicio del consentimiento o se haya expresado una objeción concreta en relación con el corte de cuentas, lo que reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:
¿En los contratos que requieren liquidación, la caducidad de la acción de controversias contractuales empieza a contarse a partir de la ocurrencia de dicho suceso?
¿Las salvedades consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública pueden ser objeto de estudio por el juez en lo contencioso administrativo?
¿Ante situaciones imprevistas para el contratista que le generen costos adicionales, la Administración deberá restablecer el equilibrio de la ecuación contractual?
Consejo de Estado
Providencia
La acción de controversias contractuales se ejerció en el término bienal previsto por la ley
Sentencia — Sentencia
2024-11-08
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 15001233100020120006801
ACCION CONTRACTUAL
¿La acción de controversias contractuales se ejerció en el término bienal previsto por la ley? Sí
El término bienal de caducidad de la acción de controversias contractuales depende de si el contrato debe liquidarse y de cómo se liquida. Según el artículo 136, numeral 10, del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, el conteo inicia desde la firma del acta de liquidación bilateral, desde la ejecutoria del acto que aprueba la liquidación unilateral o, si ninguna se realizó, desde el vencimiento del plazo para liquidar. Los plazos supletorios de la Ley 80 de 1993 son de cuatro meses para la liquidación bilateral y de dos meses para la unilateral. Si la liquidación bilateral se firma dentro de los dos años posteriores al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, el conteo inicia desde el día siguiente a la firma del acta. En el caso concreto la acción se ejerció dentro del término bienal y la decisión de primera instancia fue revocada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el término se calcula sobre los plazos de liquidación y no sobre la fecha de terminación de la obra.síntesis automática
También resuelve:
¿El hecho de que la contratista deje de obtener las utilidades esperadas o surjan mayores costos en la ejecución del contrato, constituye un rompimiento del equilibrio económico del contrato?
¿Los reparos formulados por el INVIAS al dictamen pericial, se ajustan a los que se consideran como de error grave conforme lo dispuesto en el artículo 238 del CPC y a la jurisprudencia…
¿Probó la accionante que la interventoría empleó tiempo excesivo para aprobar definitivamente los estudios y diseños presentados oportunamente por la contratista; y que, por causa de esto…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación
Sentencia — Sentencia
2023-11-20
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233300020130051101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el cabal avance de la obra? Sí
El contratista omite adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el avance de la obra, lo que implica un incumplimiento del contrato y justifica la liquidación del mismo, según establecen los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007, 88 del Decreto 2474 de 2008 y 27 de la Ley 80 de 1993. En este caso, el consorcio no cumplió con estas obligaciones, lo que llevó a la entidad a declarar el incumplimiento y liquidar el contrato, sin que el contratista pudiera alegar que el fenómeno climático justificaba su abandono de la obra sin notificar a la administración. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las medidas de mitigación frente a eventos climáticos, evitando que el contratista pueda simplemente abandonar la obra sin consecuencias legales.síntesis automática
También resuelve:
¿Las obras extras guardaban relación con los ítems que la entidad demandada echó de menos al declarar el incumplimiento del consorcio?
¿Se cumplieron los supuestos legales y procedimentales que habilitaban a la entidad estatal para imponer la cláusula penal?
¿Se configuró la situación de incumplimiento que la contratante declaró en los actos acusados y por tanto la causal de procedencia de la cláusula penal?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Es menester precisar el régimen jurídico del contrato de obra pública No. LP-OP-01- 2019
Sentencia — Sentencia
2026-10-01
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 19001233300020220028701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El régimen jurídico aplicable al contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 suscrito por el municipio de Mercaderes se enmarca en las disposiciones de la Ley 80 de 1993 y en las normas que regulan los contratos de obra pública? Sí
Los contratos de obra pública que celebran los municipios, como entidades estatales, se rigen por la Ley 80 de 1993 en cuanto a su gestión contractual, en virtud de los artículos 2 y 13 de esa ley. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define el contrato de obra como el que celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago; la naturaleza estatal de la entidad determina el régimen aplicable al negocio; y el marco normativo del contrato delimita la controversia que debe resolverse en sede judicial. Por tanto, el análisis de una obra pública celebrada por un municipio, como el mejoramiento de vías terciarias mediante placa huella, debe partir de la Ley 80 de 1993 y de las normas que regulan el contrato de obra. En cuanto al contenido, esa ley establece que las estipulaciones contractuales se fijan en el negocio, lo que obliga a verificar el clausulado frente a ese estatuto. La providencia de primera instancia se confirma en este punto.síntesis automática
También resuelve:
¿La demanda relativa al contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 fue presentada dentro del término de dos años previsto en el ordinal v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA…
¿La valoración probatoria acredita que el municipio de Mercaderes incumplió el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 por vulneración del deber de planeación derivada de la omisión en la entrega…
¿La superposición entre el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 y un contrato departamental de consultoría sobre el mismo tramo vial configura una vulneración del deber de planeación que…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial
Sentencia — Sentencia
2022-12-16
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 50001233100020060097601
ACCION CONTRACTUAL
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las controversias sobre contratos del Estado, dada la naturaleza del asunto y en consideración a la cuantía del proceso? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias sobre contratos del Estado, y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias de los tribunales cuando la cuantía supera 500 salarios mínimos. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad estatal demandada es sujeto de la contratación estatal conforme al artículo 52 del Decreto 2171 de 1992 y al artículo 2 de la Ley 80 de 1993, de modo que la jurisdicción es competente para resolver las controversias en que sea parte. Segunda, la vocación de doble instancia se determina con los artículos 129, 132 numeral 5 y 181 del Código Contencioso Administrativo, vigentes al presentarse la demanda. Tercera, la cuantía del proceso para el año 2006 supera los 500 salarios mínimos exigidos. Además, la acción de controversias contractuales es la vía idónea para la nulidad de la liquidación unilateral, el desequilibrio, el incumplimiento, la validez del contrato y la liquidación judicial. En consecuencia, el Consejo de Estado es competente para decidir la apelación, y la providencia modifica la sentencia apelada. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
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MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El restablecimiento del equilibrio económico del contrato procede por diversas causas imprevistas que alteran la equivalencia financiera pactada.
Aclaración voto — Aclaración de voto
2026-06-16
Sección Tercera (Subsección A)
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Rad. 52001233300020140019002
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede el restablecimiento del equilibrio económico del contrato estatal cuando surgen circunstancias imprevistas no atribuibles al contratista que alteran la equivalencia económica pactada, aunque no correspondan estrictamente a la teoría de la imprevisión, al hecho del príncipe o al ius variandi? Sí
El magistrado presenta aclaración de voto para sustentar que las causas generadoras del desequilibrio financiero contractual no se agotan en las clasificaciones tradicionales de la teoría de la imprevisión, el hecho del príncipe o el ius variandi. Las causas que pueden generar la ruptura del equilibrio financiero del contrato no se limitan a los supuestos mencionados en la providencia, y el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no contiene una lista taxativa de los eventos que alteran la ecuación económica. No obstante, se acompaña la decisión adoptada debido a que en el caso concreto no se demostró la alteración efectiva del sinalagma contractual ni que las partes hubieran modificado el componente de precios en los diferentes acuerdos modificatorios suscritos durante la ejecución.síntesis automática
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