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¿Procede confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda cuando el recurso de apelación no controvierte de forma íntegra las razones del fallo, introduce argumentos nuevos y no acredita el cumplimiento del Convenio ni el derecho a los desembolsos reclamados? Sí
En segunda instancia el recurso de apelación debe controvertir las razones que sirvieron de fundamento a la sentencia, y los argumentos nuevos que se formulan por primera vez en el recurso no pueden ser estudiados para revocarla. Cuando la apelación no combate de manera íntegra las razones del fallo, la decisión de primera instancia se confirma. Para reclamar desembolsos o prestaciones derivadas de un convenio, la demandante debe acreditar que cumplió las obligaciones a su cargo y que, por ello, tiene derecho al pago, pues la mera afirmación no basta. La condena en costas en primera instancia sí era procedente. En el caso concreto, el tribunal concluyó que la universidad incumplió el convenio en la caracterización, en el informe final y en la entrega del documento publicable, y la apelación no controvirtió esas razones de manera integral y formuló argumentos nuevos. Como consecuencia práctica, la parte que apela debe combatir cada una de las razones del fallo y acreditar en el proceso el cumplimiento de sus obligaciones, porque los argumentos nuevos y la falta de prueba del cumplimiento llevan a la confirmación de la decisión.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas y agencias en derecho cuando los sujetos procesales corresponden a entidades públicas, el litigio no versa sobre interés público y el recurso de apelación no prospera…
El contratista presenta una demanda de controversias contractuales dentro del término establecido, que se suspende durante la conciliación extrajudicial, permitiendo que la demanda sea radicada oportunamente el 12 de marzo de 2020. La Sala confirma la sentencia de primera instancia que rechaza las pretensiones del contratista, dado que en el recurso de apelación no se formulan reparos concretos y se introducen argumentos nuevos no presentados en la demanda, conforme a los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso. Además, la Sala condena al contratista en costas y agencias de derecho, de acuerdo con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y las costas serán tasadas y liquidadas por el tribunal de primera instancia, en virtud de los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentra debidamente acreditado el incumplimiento contractual del demandado en el contrato de consultoría suscrito con la Administración Municipal de Armenia?¿Es procedente la condena en costas?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2024-06-24Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 25000233600020130202801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se encuentra configurada la excepción de falta de competencia de la jurisdicción contenciosa para conocer de la controversia contractual, al estar involucrada una institución financiera vigilada por la Superfinanciera, cuya disputa está originada en los negocios celebrados conforme al giro ordinario de las funciones de FONADE? Sí
El contratista no puede presentar nuevos motivos de inconformidad fuera del plazo legal establecido para impugnar, ya que la oportunidad del recurso de reposición se rige por el Código General del Proceso, y su trámite debe cumplir con los términos y formalidades previstas en la ley. La Sala reitera que el recurso de reposición contra el auto que declaró la falta de jurisdicción es procedente y oportuno cuando se presenta dentro del plazo legal y se sustenta en los motivos que dieron origen a la decisión impugnada, sin admitir argumentos nuevos. En este caso, la controversia contractual involucra a FONADE, una entidad financiera vigilada por la Superfinanciera, y la disputa se origina en los negocios jurídicos relacionados con su giro ordinario, lo que configura la excepción de falta de competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, según el artículo 105-1 del CPACA, reiterando que el conocimiento del asunto corresponde a la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve:¿Al trámite del recurso de reposición contra providencia judicial, le son aplicables las disposiciones vigentes al momento de su interposición?¿El recurso de reposición procede contra el auto que declaró la falta de jurisdicción y fue interpuesto y sustentado en debida forma?¿La parte recurrente puede presentar nuevos motivos de inconformidad fuera del plazo legal establecido para impugnar?
¿El argumento en el recurso de apelación determina materialmente la competencia del Juez de segunda instancia? Sí
El recurso de apelación determina materialmente la competencia del juez de segunda instancia, limitándolo a pronunciarse sobre los argumentos específicos presentados por el apelante, conforme al artículo 320 del Código General del Proceso. La falta de sustentación adecuada en el recurso de apelación impone al juez superior la obligación de confirmar la sentencia apelada, ya que la ley exige que el apelante confronte los fundamentos de hecho y derecho que sostienen la decisión impugnada. La Sala reitera que la entidad demandante debe probar los supuestos de hecho que estructuran la presunción de culpa grave o dolo para que el recurso de apelación tenga efectos jurídicos, y advierte que no es viable imputar concomitantemente culpa grave y dolo en una acción de repetición, salvo en casos de pretensiones subsidiarias.síntesis automática
También resuelve:¿La falta de sustentación del recurso de apelación impone en el juez superior jerárquico, la confirmación de la sentencia apelada?¿Desde el punto de vista material, se encuentra debidamente sustentado el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Puerto Colombia contra la sentencia de primera instancia?¿Procede la condena en costas en el medio de control de repetición entendiendo el interés público que se ventila en este tipo de procesos?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2024-06-17Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 25000233600020130160902LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las pruebas recaudadas en ejercicio de la facultad oficiosa son las que el juez decreta y practica porque en su criterio resultan conducentes, pertinentes y útiles? Sí
Las pruebas que el juez recauda en ejercicio de sus facultades oficiosas son aquellas que decreta y practica porque, a su criterio, resultan conducentes, pertinentes y útiles para constatar los hechos del caso, de acuerdo con el artículo 213 del C.P.A.C.A. La regla se sostiene en tres razones: la utilidad de la prueba exige decretar solo los elementos de juicio necesarios para decidir de fondo; deben desestimarse los elementos simplemente corroborantes o que no ofrezcan información relevante sobre el objeto del litigio; y las noticias que no informan directamente sobre los hechos del proceso carecen de utilidad. En el caso, los enlaces a noticias y publicaciones que aportó el demandante no permitían establecer el cumplimiento de la obligación de entregar el informe final pactado, por lo que la solicitud probatoria presentada en segunda instancia fue negada y esa decisión se confirmó en súplica. El documento cita una providencia previa sobre la prueba de oficio, pero no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la prueba que se pide debe aportar información directa sobre el objeto del litigio.síntesis automática
También resuelve:¿Se confirma la decisión mediante el cual se negó la solicitud de pruebas en segunda instancia?¿Se puede afirmar razonablemente que los medios de prueba documentales mencionados por el demandante son pertinentes?¿Las pruebas en segunda instancia deben solicitarse en la oportunidad legal correspondiente y su admisibilidad está sometida a un doble escrutinio?
¿La EPM podía hacer efectivas las deducciones por incumplimiento (multas), que fueron pactadas por las partes en el contrato, ya que la naturaleza jurídica de los actos propios de la actividad contractual de los prestadores de servicios públicos domiciliarios es privada, es decir, no constituyen actos administrativos? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad de las comunicaciones de la entidad estatal que hacen efectivas las deducciones por incumplimiento pactadas en el contrato, ya que estos actos no constituyen actos administrativos sino decisiones regidas por el derecho privado, conforme a la naturaleza del contrato celebrado por la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios. En este caso, la entidad demandada, EPM, efectuó descuentos por incumplimiento al contratista, lo cual fue pactado en el contrato y no constituye un acto administrativo, sino un acto privado regido por el derecho contractual. La Sala revocó la decisión de primera instancia, reafirmando que los actos contractuales de las entidades que se rigen por el derecho privado no son susceptibles de control judicial por la vía de la nulidad, sino que deben ser estudiados en el marco del contrato. Esta decisión reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la naturaleza privada de los actos contractuales de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, lo que implica que las controversias deben ser resueltas a través del medio de control de controversias contractuales y no por la vía de la nulidad.síntesis automática
También resuelve:¿Las “deducciones por incumplimiento”¿Debe negarse la pretensión sobre el incumplimiento del pago de facturas, ya que el recurrente pretendió variar el objeto del litigio con la inclusión de nuevas pretensiones en la apelación…
¿Se configuró la caducidad de la acción de repetición al haberse presentado la demanda dentro de los dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realice el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que la entidad contaba para pagar? No
La demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que la entidad contaba para pagar. En este caso, el pago se realizó el 26 de junio de 2013, por lo que la demanda presentada el 3 de marzo de 2014 se radicó oportunamente.síntesis automática
También resuelve:¿Puede la Sala estudiar la presunción de culpa grave invocada en el recurso de apelación, cuando dicha imputación no se hizo en la demanda, sin vulnerar el derecho a la defensa de los demandados?¿Tenían legitimación en la causa por pasiva los agentes estatales que no profirieron el oficio que negó la reliquidación de las cesantías y que fue discutido en la conciliación extrajudicial…¿Constituye un daño antijurídico el pago de las cesantías reliquidadas a un empleado público, cuando corresponden a una prestación legítima a la que el funcionario del servicio exterior tenía derecho…
¿Se varió la causa petendi consignada en el libelo introductorio con lo que se vulnera la regla de la congruencia? Sí
El juez no puede fallar sobre fundamentos distintos a los que la parte expuso en la demanda, pues la sentencia debe ser congruente con la causa petendi y con las pretensiones, según el artículo 281 del Código General del Proceso, y que los nuevos argumentos planteados en la apelación no se estudian si alteran esa causa. Una razón es que los reparos sobre violación del derecho a la igualdad y sobre las reglas de terminación de los contratos mineros no controvierten los fundamentos del fallo de primera instancia, que consideró vigente la zona de utilidad pública y la exigencia de autorización previa de la gestora del proyecto. Otra razón es que esos reproches cambian el fundamento de la demanda, lo que vulneraría la regla de congruencia. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de nulidad del acto de adjudicación. Su consecuencia práctica es que la parte no puede sustituir en la apelación el fundamento de la demanda, pues el juez de segunda instancia no lo decide.síntesis automática
También resuelve:¿A la parte actora o al juez les es dable variar el fundamento de la pretensión formulada en la demanda mediante la introducción de nuevas consideraciones?¿En la demanda se afirmó que la decisión adoptada por la administración en los actos cuestionados fue la modificación del contrato minero?¿El juez puede abordar materias que se señalan en la apelación que correspondan a nuevos cuestionamientos que no fueron planteados al inicio del proceso?
¿Debe el juez de segunda instancia evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación de la causa petendi, o que no constituye un reparo concreto frente a las razones de la decisión empleadas por el a quo en la primea instancia? No
El juez de segunda instancia solo puede decidir sobre los cargos concretos formulados contra la decisión de primera instancia, de modo que no le corresponde examinar fundamentos que varíen la causa petendi ni reparos que no confronten las razones del fallo recurrido. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el marco de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida, y la simple interposición del recurso o la manifestación general de inconformidad no bastan. Segundo, la decisión debe ser congruente con la demanda, la sentencia y el recurso, por lo que no puede abordar cuestionamientos nuevos que no fueron planteados al inicio del proceso. Tercero, admitir argumentos ajenos a la demanda o sin sustentación suficiente vulneraría el derecho fundamental al debido proceso de las partes. La providencia confirma la sentencia y reitera el criterio de la subsección sobre la carga de sustentación de la apelación; en la práctica, el apelante debe identificar los yerros concretos del fallo de primera instancia dentro de la causa petendi formulada en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente declarar la nulidad del acto administrativo que impuso una multa a los contratistas, cuando se observa que…¿Resulta procedente declarar la nulidad del acto administrativo que impuso una multa a los contratistas, por falta de aplicación del artículo 115 del Código de Minas y la transgresión del principio…¿Debe condenarse en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿Previo a la liquidación unilateral del contrato, el contratista debe haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista debe tener la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción antes de que la entidad estatal liquide unilateralmente el contrato, ya que la ley establece un procedimiento administrativo que garantiza este derecho, aunque la intención del legislador es que la liquidación se realice por mutuo acuerdo entre las partes. La Sala modificó la interpretación anterior de que la liquidación unilateral puede realizarse sin este trámite, lo que implica que las entidades estatales deben seguir un procedimiento más riguroso antes de tomar esta decisión, protegiendo así los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que las partes hubieran tenido acercamientos sobre el trámite bilateral de liquidación?¿Ni en la resolución ni en su acto confirmatorio la entidad hizo alusión a incumplimientos del consorcio respecto de las obligaciones asociadas al manejo del anticipo que le fue entregado?¿Los diversos amparos de las garantías de cumplimiento se asocian a las diferentes obligaciones de los contratistas?
¿Se cumplen, en este caso, los tres presupuestos necesarios para declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato de obra pública, cuando también debe tenerse en cuenta que, se trata de un argumento nuevo pues no fue alegado como pretensión ni medio exceptivo? No
El contratista no puede obtener la nulidad absoluta del contrato de obra pública de oficio cuando el argumento no fue alegado como pretensión ni medio exceptivo, y no se cumplen los requisitos legales para su declaratoria oficiosa, que incluyen que el vicio sea palmario, que el contrato haya sido invocado en el litigio y que las partes hayan concurrido en el proceso. La Sala reitera que la facultad del juez de declarar la nulidad absoluta de oficio debe ejercerse bajo estrictos lineamientos legales para garantizar la seguridad jurídica, y que las causales de nulidad deben estar consagradas expresamente en la ley. En este caso, no se evidencian vicios palmarios ni se alegan violaciones a las normas imperativas que podrían configurar la nulidad absoluta, por lo que la declaratoria de nulidad es improcedente.síntesis automática
También resuelve:¿El a quo debió reconocer el valor del acta parcial de ejecución de obra 3 en la liquidación que efectuó del contrato?¿El a quo al descontar los valores de las estampillas del acta 1 en la liquidación del contrato incurrió en un error?¿El a quo debió incluir el valor de las multas y de la cláusula penal del contrato, al no existir una responsabilidad compartida por la suscripción del acta de suspensión?
¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre la existencia de una condena, el pago y la calidad de agente estatal del demandado, como presupuestos del medio de control de repetición, considerando que, respecto de las conclusiones adoptadas por el fallador de instancia, no se formuló ningún cuestionamiento en el recurso de apelación? No
La Sala estima pertinente señalar que, aunque los asuntos relativos a la existencia de una condena, el pago y la calidad de agente estatal del demandado para la época de los hechos constituyen presupuestos del medio de control de repetición, el fallador de instancia ya los analizó y respecto de sus conclusiones no se formuló ningún cuestionamiento en el recurso de apelación, por lo que se entiende que quedaron fijados con la decisión del a quo.
También resuelve:¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida…¿En procura de garantizar el derecho al debido proceso de las partes, debe el juez abstenerse de analizar la controversia desde la perspectiva de una nueva argumentación introducida con el escrito de…¿Dado que en el proceso de repetición se persigue un interés público, resulta improcedente la condena en costas en contra de la entidad demandante?
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer de la pretensión de pago de los costos ociosos que el consorcio tuvo que asumir durante la paralización del contrato, con miras a tener la disponibilidad necesaria para recibir las obras cuando los plazos se reanudaran, cuando resulta un argumento nuevo pues no fue expuesto en la demanda? No
El Consejo de Estado no tiene competencia para conocer de la pretensiones de pago de costos ociosos que el consorcio tuvo que asumir durante la paralización del contrato, ya que estos argumentos no fueron expuestos en la demanda inicial, lo que viola el principio de congruencia y el derecho al debido proceso, al no permitir que la contraparte tenga la oportunidad de debatir sobre aspectos nuevos introducidos en etapas posteriores del proceso. Además, el tribunal reitera que el contrato de interventoría y el contrato de obra pública son negocios jurídicos autónomos, por lo que las estipulaciones de uno no se trasladan automáticamente al otro, impidiendo analizar la interventoría en función de lo convenido en el contrato de obra. Esta decisión limita la posibilidad de introducir nuevos argumentos en etapas posteriores del proceso y restringe la interpretación del contrato de interventoría en función del contrato de obra pública.síntesis automática
También resuelve:¿Puede analizarse lo convenido en el contrato de interventoría en función de lo convenido en el contrato de obra?¿Se debe ordenar el reconocimiento y pago de las labores de interventoría que se habrían desarrollado durante la suspensión del contrato…¿Procede condenar en costas a la parte demandante debido a que vencida en su recurso de apelación?
¿En procesos de repetición resulta procedente una imputación en la que se alegue que el demandado incurrió en dolo y en culpa grave de manera concomitante? No
El contratista no puede imputar dolo y culpa grave de manera concomitante en un proceso de repetición, ya que no es posible que un funcionario actúe de manera consciente y voluntaria para causar un daño y, al mismo tiempo, no pretenda desmejorarlo; además, las partes no pueden modificar ni agregar aspectos a la controversia después de las oportunidades previstas para ello, como la demanda y su reforma. La entidad debe plantear las distintas imputaciones de forma separada y sustentarlas para garantizar el derecho de defensa del demandado. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y limita la posibilidad de introducir nuevos argumentos en el recurso de apelación, lo que implica que las partes deben ser precisas en sus alegaciones iniciales y no pueden sorprender a su contraparte con cargos nuevos en etapas posteriores del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Para la procedencia de la responsabilidad en procesos de repetición, se debe probar la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; el pago de la obligación reparatoria…¿La condena a una entidad estatal a través de un juicio previo y diferente al de la referencia, implica automáticamente la responsabilidad del agente o exagente estatal que eventualmente hubiere dado…¿Resulta procedente la condena en costas en contra de la entidad demandante vencida en el proceso de repetición, considerando que con éste se persigue un interés público?
Sentencia — Sentencia2024-02-05Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020170138301LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Incumplió el consorcio con sus obligaciones contractuales y no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados? Sí
Considerando que las… obligaciones que se le imputaron incumplidas al consorcio fueron confirmadas por el Tribunal a quo, lo que no fue objetado por el contratista, lo cierto es que aun cuando el demandante hubiese cumplido oportunamente con la entrega del informe SST 4, la declaratoria de nulidad de los actos demandados resultaría improcedente,… por cuanto el demandante no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados.
También resuelve:¿El demandante tuvo siempre claridad acerca de cuál fue el retardo que efectivamente se le estaba imputando?¿Los argumentos del demandante en relación con el presunto desconocimiento del derecho al debido proceso carecen de fundamento fáctico y jurídico?¿La entidad demandada decidió proceder con la imposición de la cláusula penal pecuniaria pactada en vista del retraso en la ejecución de la obra informado por la interventoría?
¿La legitimación en la causa refiere a la aptitud para ser parte en un proceso judicial concreto, y, por tanto, a la vinculación funcional o material que tienen los sujetos procesales frente a la situación fáctica y jurídica alegada en el mismo? Sí
La legitimación en la causa es la aptitud para ser parte en un proceso judicial concreto y se refiere a la posición que los sujetos procesales ocupan frente a la situación fáctica y jurídica alegada, de modo que quien formula pretensiones o las controvierte debe tener un interés legítimo en la declaración pedida. La regla se sostiene en que la legitimación está relacionada con el objeto mismo de la litis, pues es un elemento sustancial vinculado con la pretensión y un presupuesto fundamental para dictar la sentencia de fondo. Por ello, las peticiones solo pueden dirigirse contra quienes cuentan con un interés legítimo frente al derecho discutido, y su ausencia impide decidir el fondo. En el asunto, la Sala confirmó la sentencia con base en esa noción de legitimación. En la práctica, la falta de legitimación en la causa se examina como un presupuesto de la sentencia de fondo y no como una simple formalidad del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio de Turbo se encuentra legitimado en la causa por pasiva en la presente acción de controversias contractuales, al ser responsable solidario como beneficiario de la obra?¿Resulta procedente el análisis de los argumentos nuevos del demandante tendientes a imputar responsabilidad al ente territorial demandado por cuenta de un supuesto enriquecimiento sin causa…¿El municipio de Turbo se encuentra legitimado en la causa por pasiva en la presente acción de controversias contractuales, al estar representado por Fundacubo en la ejecución del contrato de obra…
¿El silencio o la ausencia de salvedades al momento de suscribirse suspensiones al plazo contractual impide que, en sede judicial, prosperen o al menos se estudien de fondo las pretensiones económicas que se aducen fueron originadas en tales pactos? No
El contratista puede presentar pretensiones económicas en sede judicial derivadas de suspensiones al plazo contractual, incluso si en el acta de suscripción no se incluyeron salvedades, siempre y cuando el juez analice el acuerdo concreto y sus implicaciones en el contrato original, aplicando las reglas de interpretación y el principio de buena fe. La Sala reitera que el silencio o la ausencia de salvedades no impide un estudio de fondo de las pretensiones económicas, siempre que estas tengan fundamento en lo pactado. Sin embargo, el juez de segunda instancia debe abstenerse de modificar la causa petendi de la demanda en el recurso de apelación, respetando el principio de congruencia y el debido proceso, lo que limita su competencia a resolver únicamente sobre los cargos que guarden consonancia con la demanda original y las pruebas presentadas.síntesis automática
También resuelve:¿A las partes les está vedado modificar o adicionar en el recurso de apelación la causa petendi de la demanda, pues esto implicaría un desconocimiento flagrante del principio al debido proceso y el…¿Son atribuibles a Empoduitama las causas que llevaron a la suscripción de las actas de suspensión 02, 03 y 04 al contrato C4M2052011 celebrado con la UT Américas…¿Demostró la UT Américas los sobrecostos en que dijo haber incurrido y las afectaciones económicas que afirmó haber sufrido producto de las múltiples suspensiones al plazo del contrato C4M2052011 y…
¿Se presentó de forma oportuna la demanda de repetición en el caso sub examine, considerando que, aunque a este asunto le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, la condena objeto de recaudo del sub lite se profirió en un proceso de reparación directa que inició su trámite en vigencia del Decreto 01 de 1984? Sí
Para efectos de determinar si la demanda se presentó en la oportunidad legal prevista, la Sala estima conveniente precisar que, aunque a este asunto le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, la condena objeto de recaudo del sub lite se profirió en un proceso de reparación directa que inició su trámite en vigencia del Decreto 01 de 1984, de ahí que el municipio de Calarcá debía cumplirla en los términos del artículo 177 de ese cuerpo normativo. De este modo, la entidad tenía un plazo de 18 meses para efectuar el pago correspondiente, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria del fallo dictado por el Tribunal Administrativo del Quindío, lo cual ocurrió el 14 de febrero de 2017… , por ende, el plazo para el pago venció el 15 de agosto de 2018.… Lo que resulta determinante para contar el término de caducidad es la fecha del pago o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin, lo que ocurra primero.
También resuelve:¿Existe legitimación en la causa por activa por parte de la demandante en cuanto es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, es decir…¿El juez de primera instancia desconoció el principio de congruencia de la sentencia, al pronunciarse sobre unas actuaciones que no fueron imputadas en la demanda?¿Resulta procedente el estudio de los cargos de alzada que no hicieron parte del petitum y de la causa petendi de la demanda?
¿Resulta procedente adecuar el medio de control presentado como controversias contractuales al de reparación directa, debido a que, la compañía de seguros al no ser parte del contrato estatal no esta habilitada para ejercer dicho medio de control y lo que cuestiona es la omisión en el actuar de la administración con ocación de un acto administrativo frente al que no se cuestiona su legalidad? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de controversias contractuales cuando no es parte del contrato estatal, ya que la cesión de créditos o la subrogación no convierten al cesionario o subrogataria en parte del acuerdo de voluntades. La compañía de seguros, en su calidad de cesionaria o subrogataria, debe agotar la reclamación previa a la administración y, en caso de negativa, recurrir a la nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, si la administración responde favorablemente a la reclamación, como en este caso, el medio de control adecuado es la reparación directa, ya que la controversia no se refiere a la legalidad del contrato sino a la omisión en el actuar de la administración frente a un acto administrativo favorable. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, permitiendo que las aseguradoras que no son partes del contrato estatal puedan ejercer la reparación directa cuando la administración reconoce sus derechos pero no los cumple.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez de segunda instancia analizar cargos nuevos cuando estos modifican la causa petendi?¿La aseguradora tenía derecho al reconocimiento de los saldos derivados del contrato del cual adujo ser subrogataria de los créditos…¿Debe reconocerse a la aseguradora como indemnización de perjuicios, el pago de los saldos pendientes de pagar del contrato, actualizados con el IPC?
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del recurso de apelación presentado contra la sentencia del 23 de julio de 2020, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la cuantía del presente asunto de controversias contractuales y, considerando, que ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias contractuales en las que ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas, conforme a la cláusula general del artículo 104 del CPACA. Cuando la cuantía de la pretensión mayor supera quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda, la segunda instancia corresponde al Consejo de Estado, de acuerdo con los artículos 150, 152 numeral 5 y 243 del CPACA. La cuantía se determina por el valor de la pretensión mayor y se fija al momento de presentar la demanda. Una sociedad de economía mixta de capital mayoritariamente público y un establecimiento público del orden distrital, que integraban los extremos del contrato, son entidades públicas para estos efectos. En el caso concreto, la sentencia de primera instancia fue confirmada, con fundamento en que el litigio cumplía esas condiciones de competencia. Como consecuencia práctica, la cuantía de la pretensión mayor a la fecha de la demanda define la segunda instancia en los procesos de controversias contractuales entre entidades públicas.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales resulta procedente para reclamar la liquidación judicial del contrato interadministrativo No. 647 del 29 de octubre de 2014…¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la liquidación judicial del contrato interadministrativo de interventoría No. 647 del 29 de…