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¿La acción de repetición gravita única y exclusivamente sobre una condena que implique una afectación patrimonial del Estado y se ejerce con el propósito de reintegrar el valor correspondiente a esa condena efectivamente pagada como consecuencia del daño antijurídico causado con la conducta del servidor público demandado? Sí
La acción de repetición se ejerce únicamente sobre una condena que implique una afectación patrimonial del Estado, con el propósito de reintegrar el valor de esa condena efectivamente pagada como consecuencia del daño antijurídico causado por la conducta del servidor. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 90 de la Constitución dispone que el Estado debe repetir contra su agente cuando la condena resulte de una conducta dolosa o gravemente culposa. Segunda, el artículo 2 de la Ley 678 de 2001 define la acción como una acción civil de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor que dio lugar a un reconocimiento indemnizatorio, proveniente de condena, conciliación u otra forma de terminación del conflicto. Tercera, esta acción cumple una función resarcitoria, una preventiva y una retributiva. En el caso, la providencia revoca la decisión de primera instancia. Además, el documento aclara que el objeto de la acción no es una condena distinta, sino el valor de la condena efectivamente pagada por la entidad. El documento no indica si cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La Sala está impedida para emitir un pronunciamiento de fondo en el presente asunto, ante la indebida escogencia de la acción, la cual constituye presupuesto necesario de la sentencia de mérito?
¿La acción de controversias contractuales fue debidamente escogida para dirimir el presente asunto? Sí
El contratista debe escoger adecuadamente la acción de controversias contractuales conforme al Código Contencioso Administrativo, ya que esta acción procede específicamente para declarar la existencia, nulidad o incumplimiento de un contrato estatal, así como para solicitar declaraciones y condenas relacionadas con él. No procede para reclamar derechos subjetivos en otras relaciones jurídico-administrativas distintas al contrato estatal. La Sala confirma que la acción de controversias contractuales no es la adecuada para tratar asuntos que no se relacionan directamente con un contrato estatal, lo que lleva a la inhibición del fallo sobre el mérito de las pretensiones. Esto implica que los contratistas deben identificar correctamente la naturaleza del contrato y las relaciones jurídicas involucradas para escoger la acción procesal adecuada, evitando así la improcedencia del juicio.síntesis automática
¿Se configura la ineptitud sustantiva de la demanda ante la omisión de la parte demandante de solicitar en las pretensiones de la demanda la nulidad del acto administrativo de liquidación unilateral del contrato? Sí
El contratista no puede formular pretensiones en una demanda de controversias contractuales sin solicitar la nulidad del acto administrativo de liquidación unilateral del contrato, ya que este acto es el que determina que no existen deudas entre las partes. La entidad estatal profirió el acto administrativo en cuestión en virtud de la cláusula que le permite liquidar el contrato unilateralmente si no se llega a un acuerdo sobre su contenido. Por lo tanto, la omisión de solicitar la nulidad de este acto en las pretensiones de la demanda configura la ineptitud sustantiva de la misma, lo que lleva a la improcedencia de la acción de controversias contractuales. Este fallo reitera la importancia de cumplir con los requisitos de la demanda en lo contencioso administrativo, en especial cuando se trata de actos administrativos que tienen un impacto directo en las pretensiones del demandante.síntesis automática
¿La potestad de adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando la parte actora ha señalado una vía procesal inadecuada, resulta aplicable al caso concreto? No
El contratista no puede adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando ha señalado una vía procesal inadecuada, ya que la reforma del CPACA que otorga dicha potestad no es aplicable en este caso, dado que la acción de controversias contractuales es indebida y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es extemporánea. La entidad estatal revoca la sentencia de primera instancia para declarar la indebida escogencia de la acción de controversias contractuales, lo que implica que no se puede adecuar el medio de control sin cumplir los requisitos que permitan un análisis juicioso y completo de la legalidad del acto administrativo, evitando así una violación del debido proceso y del principio de congruencia.síntesis automática
También resuelve:¿En consonancia con la hipótesis general que fijó la Corte Constitucional, se pueden proferir de manera excepcional decisiones inhibitorias?¿No cabe duda sobre los reproches que hizo la demandante a la legalidad de la decisión que rechazó el pago por falsa motivación del acto?¿El medio de control dispuesto por el ordenamiento para procurar el restablecimiento o reparación del daño causado por un acto administrativo ilegal…
¿Procede la acción de controversias contractuales para solicitar los perjuicios derivados del acto de adjudicación cuando el contrato ya se celebró al momento de presentar la demanda, por lo cual, se configuró ineptitud sustantiva de la demanda al interponer en el caso bajo análisis la acción de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
Conforme al parágrafo primero del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, el acto de adjudicación no tiene recursos en la vía gubernativa y puede impugnarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas del CCA.
También resuelve:¿Debe aplicarse el artículo 32 de la Ley la Ley 446 de 1998 como norma procesal al caso concreto, dado que la misma se encontraba vigente cuando se adelantó el proceso de licitación pública y se…¿Debe el juez administrativo decidir en la sentencia judicial sobre las excepciones propuestas en el proceso y las que encuentre probadas?
Auto interlocutorio — Auto que revoca o corrige la decisión2024-05-24Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 13001233300020150034301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En los procesos iniciados en vigencia de la Ley 1563 de 2012, procede la renuncia tácita al pacto arbitral, la cual se hace efectiva cuando no se alega la existencia de la cláusula compromisoria como excepción en el proceso que se adelante ante la jurisdicción que por regla general es competente, como en este caso, la jurisdicción de lo contencioso administrativo? Sí
Por regla general, las controversias contractuales en las que se encuentra involucrada una entidad de naturaleza pública se resuelven en la jurisdicción de lo contencioso administrativo; sin embargo, las partes del contrato pueden someter los conflictos que se derivan de este, a un tribunal de arbitramento, por medio de una cláusula compromisoria. Sobre este aspecto, de tiempo atrás la Sección Tercera del Consejo de Estado, aceptó la posibilidad de la renuncia tácita de las partes de un contrato estatal a la aplicación de la cláusula compromisoria, cuando quiera que, a pesar de haber acordado llevar las diferencias al conocimiento de la justicia arbitral, una de tales partes decidía formular su demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la otra parte no proponía la excepción de falta de jurisdicción.
También resuelve:¿Puede aplicarse el Decreto 2279 de 1989 y la Ley 23 de 1991 al caso concreto, ya que las partes procesales así lo estipularon en la cláusula compromisoria?¿Resulta improcedente proferir fallo inhibitorio, ya que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas del contrato de arrendamiento que…¿La excepción de falta de jurisdicción por la existencia de cláusula compromisoria puede decidirse en sentencia y declararse de oficio?
¿Se configuró la excepción de inepta demanda por haberse ejercido el medio de control de controversias contractuales? Sí
Cuando el daño que se reclama en una demanda de controversias contractuales tiene origen en actos administrativos expedidos por el agente liquidador de una entidad en liquidación que rechazaron una reclamación, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de controversias contractuales. La regla se sostiene en tres razones: los actos del agente liquidador que deciden sobre acreencias son actos administrativos que exteriorizan la voluntad de la administración de manera particular y concreta; esos actos gozan de presunción de legalidad, que debe desvirtuarse a través del medio de control correspondiente; y el daño reclamado proviene de la decisión que rechazó la reclamación y no del incumplimiento del contrato. En el caso, la demanda no cuestionó esos actos, por lo que se configuró la ineptitud de la demanda y se confirmó la decisión que la declaró. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la reclamación contra el rechazo de una acreencia en un proceso liquidatorio debe demandarse mediante nulidad y restablecimiento dentro de su término.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de controversias que giran en torno a la actividad de una entidad pública?¿Cuando lo que se persigue es la nulidad de un acto administrativo de carácter particular y concreto que se considera ilegal…¿Procede la valoración de los documentos aportados en copia simple que no fueron tachados de falsedad por alguna de las partes en la oportunidad procesal pertinente?
¿Se configura una ineptitud de la demanda pues se advierte que aun cuando el medio de control de controversias contractuales, en efecto, es el adecuado para solicitar la nulidad de los actos administrativos contractuales, como el que se analiza en esta oportunidad, lo cierto es que, en el presente asunto, el actor no incluyó dentro de sus pretensiones la de nulidad del acto administrativo contenido en el acta 76 de 2011, ni desarrollo el concepto de violación, como lo indica el artículo 162.4 del CPACA? Sí
Manuel Eduardo Lequerica Vergara presentó denuncia de vocación hereditaria, ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante, ICBF), sobre unos bienes que pertenecían al causante Francisco Rubén Rodríguez Emiliani. Con fundamento en lo anterior, ambas partes celebraron un contrato de participación, cuyo objeto era “adelantar las gestiones judiciales y extrajudiciales necesarias para que los bienes objeto de la denuncia le sean adjudicados y entregados real y materialmente al ICBF”.
También resuelve:¿Es procedente un fallo inhibitorio cuando hay una indebida integración de la pretensión de nulidad del acto administrativo…¿Existen formalidades para la conformación y existencia de un acto administrativo?¿Se debe aplicar el Estatuto General de Contratación al contrato de participación suscrito por el ICBF?
¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales incoada para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales el demandado hizo efectiva la garantía de estabilidad de la obra objeto del contrato de obra? Sí
Cuando se demanda la nulidad de los actos mediante los cuales la entidad hace efectiva la garantía de estabilidad de la obra, el término de caducidad es el de la acción de controversias contractuales, contado desde la ejecutoria de las resoluciones demandadas y no desde la liquidación del contrato. La regla se sostiene en tres razones: el acto que hace efectiva la garantía es de naturaleza contractual, pues se refiere a una consecuencia de la ejecución del negocio; la garantía decenal que impone responsabilidad al contratista durante diez años desde la entrega carecería de sentido si la caducidad se contara solo desde la liquidación; y la misma regla se extiende a la estabilidad garantizada mediante contrato de seguro. En el caso, los actos cobraron ejecutoria el día siguiente a su notificación, la demanda se presentó dentro del término y se revocó la decisión que había declarado la caducidad. El documento reitera el criterio de la justicia arbitral sobre el punto; la consecuencia práctica es que el término para demandar la efectividad de la garantía de estabilidad no vence con la liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Cuenta con legitimación en la causa por pasiva el IDU, en atención a que profirió las resoluciones que se demandan; y el contratista lo está por activa…¿La falta de agotamiento de la conciliación extrajudicial, como requisito de procedibilidad, imposibilita el pronunciamiento judicial de fondo, lo que, en otras palabras…
Como en el presente asunto funge como parte la Comisión Nacional de Televisión, hoy Autoridad Nacional de Televisión, su conocimiento corresponde a esta jurisdicción, siendo esta Corporación la competente, toda vez que el numeral 1 del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo le asigna el conocimiento en única instancia de los procesos de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional.
También resuelve:Nulidad simple: controversia de actos precontractuales, apertura del proceso de selección, procedencia de la acciónControl judicial de los actos administrativos precontractuales: actos definitivos, actos preparatoriosFallo inhibitorio: control judicial de los actos administrativos en materia contractual, acto apertura carece de control judicial por ser de mero trámite, control judicial recae sobre los actos definitivos
COPIAS SIMPLES,TÍTULO DE RECAUDO EJECUTIVO,COSTAS PROCESALES,FALLO INHIBITORIO,COSTAS,Proceso ejecutivo – Presunción de autenticidad,Copias simples,Valor probatorio,Mérito probatorio,procesos declarativos,Procesos especiales,Integración de títulos,Documentos originales,Trámite,CPC,CCA,Concepción por el legislador,Sanción,Defi – Mes: abril – Año: 2018…
También resuelve:Copias simples: valor probatorio, mérito probatorio, procesos declarativos, procesos especialesTítulo de recaudo ejecutivo: documentos originales, presunción de autenticidad, copias simples, valor probatorioFallos inhibitorios: definición
¿El incumplimiento de presupuestos procesales no es un aspecto que pueda sanearse, por lo que el juez lo puede constatar permanentemente y, de encontrarse acreditado, llevará a un fallo inhibitorio? Sí
El contratista no puede omitir el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad antes de radicar la demanda, ya que el juez puede constatar permanentemente el incumplimiento de este presupuesto procesal y declarar la inhibición del proceso si no se ha cumplido adecuadamente, sin que pueda sanearse en etapas posteriores del trámite. Además, la medida cautelar solicitada no versaba sobre un aspecto patrimonial, por lo que debía cumplirse el requisito de procedibilidad estudiado, lo que releva al juez de poder resolver la controversia y obliga a inhibirse para analizar de fondo la litis. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia, en virtud de la competencia funcional del juez de segunda instancia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La medida cautelar solicitada no versaba sobre un aspecto patrimonial y, por lo tanto, se debía agotar el requisito de procedibilidad estudiado, sin que se haya procedido de esa manera?¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia?¿El medio de control procedente es el de controversias contractuales, ya que se pretende el retiro del ordenamiento jurídico de actos administrativos contractuales?
Auto interlocutorio — AUTO QUE RECHAZA2021-02-25Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000232600020050214403ACCION CONTRACTUAL
¿Es improcedente la solicitud de aclaración de la sentencia por inexistencia de motivo de duda en la parte resolutiva de la misma? Sí
La aclaración de una sentencia solo procede cuando su parte resolutiva contiene conceptos o frases que ofrezcan un verdadero motivo de duda, y no cuando el interesado discrepa de la conclusión a la que llegó la Sala. Por su parte, la adición no puede usarse para pronunciarse sobre pretensiones que la sentencia no resolvió, porque ello desconocería el principio de irreformabilidad de la sentencia. En el caso, la parte solicitante pidió aclarar un fallo que se declaró inhibitorio por ineptitud de la demanda; el despacho observó que lo planteado era una inconformidad con la conclusión y no un motivo de duda, y rechazó la aclaración. Asimismo, rechazó la adición, porque la Sala no pudo pronunciarse de fondo sobre las pretensiones al carecer estas de idoneidad, y decidirlas ahora desconocería la prohibición de reformar la sentencia. La consecuencia práctica es que el fallo inhibitorio no puede completarse con un pronunciamiento de fondo.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la adición del fallo inhibitorio?
¿El contrato de suministro aportado en copia simple puede ser incorporado como prueba dentro del proceso para acreditar la existencia del negocio jurídico? Sí
El artículo 83 del C. de P.C., aplicable al sub examine en virtud de la remisión normativa que consagra el artículo 267 del CCA, establece que, en caso de no haberse vinculado a los litisconsortes necesarios en la admisión de la demanda, el juez puede, de oficio o a petición de parte, siempre que no haya proferido sentencia de primera instancia, vincularlos en la forma y con el término de comparecencia dispuesto para el demandado. En aplicación del anterior marco normativo, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 5 de noviembre de 2013 y previo a proferir sentencia de primer grado, vinculó a la sociedad Escobar y Martínez S.A., en calidad de litisconsorte necesario por pasiva, por ser el proponente beneficiado con la adjudicación de la licitación pública 2 de 2005.
También resuelve:¿Una vez celebrado el contrato los actos precontractuales pasan a ser inseparables a este y para efectos de su control jurisdiccional solo procede la acción de controversias contractuales?¿Se configura la excepción de inepta demanda ante la indebida escogencia de la acción al no plantearse la pretensión de nulidad absoluta del contrato contra los actos precontractuales?¿En aplicación del principio iura novit curia el juez puede adecuar las pretensiones de la demanda?
¿Debe inhibirse de fallar el juez cuando para estudiar las pretensiones de la demanda [incumplimiento de la contratante] era necesario que la parte demandante pidiera la nulidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento del contrato por parte del contratista y no solo la del que lo liquidó de forma unilateral? Sí
En las controversias contractuales, cuando la pretensión de incumplimiento requiere previamente la nulidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento del contratista, el juez debe inhibirse de fallar de fondo si la demanda no solicitó esa nulidad. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el acto que declara el incumplimiento es un presupuesto para estudiar las pretensiones, de modo que su nulidad debe pedirse expresamente. Segunda, la demanda que solo pide la nulidad del acto de liquidación no permite resolver el incumplimiento, pues el acto que lo declaró queda vigente. En el caso, el instituto declaró el incumplimiento total del contrato y ordenó su liquidación, y la demanda no pidió la nulidad de ese acto, de modo que la Sala modifica la sentencia de primera instancia y se inhibe para fallar de fondo. En la práctica, el demandante debe demandar conjuntamente el acto que declara el incumplimiento y el acto de liquidación, porque de lo contrario el juez no podrá decidir las pretensiones de incumplimiento.síntesis automática
¿A través de la reparación directa es posible perseguir el cumplimiento de las prestaciones de un contrato no estatal, no suscrito por las entidades demandadas? No
El contratista no puede perseguir el cumplimiento de las prestaciones de un contrato no estatal, no suscrito por las entidades demandadas, a través de la acción de reparación directa, ya que esta vía está diseñada para remediar daños derivados de hechos, omisiones o operaciones administrativas, no para resolver controversias contractuales privadas. La fuente del daño determina la acción procedente, y las normas que regulan las condiciones para el ejercicio de cada acción son de orden público, por lo que no están al arbitrio del interesado. La Sala revoca la decisión de primera instancia para declarar probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda e inhibirse de pronunciarse sobre las pretensiones, lo que implica que los actores deben acudir a los mecanismos contractuales y judiciales privados para resolver sus controversias.síntesis automática
También resuelve:¿El actor puede escoger libremente la acción procedente para reclamar un daño, sin tener en cuenta la fuente de este?¿Hay lugar a condenar en costas cuando la conducta de las partes evidencia una actuación caprichosa, arbitraria o temeraria?
¿Las comunicaciones del Departamento Nacional de Planeación dirigidas al PNUD, que dieron origen a que este organismo internacional anulara el proceso de selección que adelantaba, constituyen actos administrativos demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo? No
Cuando una comunicación de la administración no pone fin al procedimiento de selección ni impide que la actuación continúe, no constituye un acto administrativo demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad nacional no declaró desierto el proceso, porque no lo había iniciado ni tramitado, sino que solicitó al organismo internacional que adoptara esa decisión, y fue este quien anuló el proceso con fundamento en sus términos de referencia. Segunda, el oficio no contiene una manifestación de voluntad con aptitud de producir efectos jurídicos definitivos sobre el asunto, ni es un acto de trámite que imposibilite seguir la actuación. Tercera, la parte actora no agotó los recursos de la vía administrativa frente a lo que consideraba un acto particular y concreto. En el caso, la demanda adolecía de ineptitud sustantiva, por lo que la sentencia de primera instancia se modificó para declararse inhibida para un pronunciamiento de fondo. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2024-02-05Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020130039602ACCION CONTRACTUAL
¿En garantía del principio de seguridad jurídica las sentencias son irreformables o inmutables por el juez que las profiere; sin embargo, de manera excepcional y para casos expresamente establecidos, le es válido al funcionario judicial la facultad de aclararlas, corregirlas o adicionarlas? Sí
Las sentencias son irreformables por el juez que las profiere, y que solo de manera excepcional pueden aclararse, corregirse o adicionarse en los casos que la ley prevé, de modo que la adición procede únicamente para resolver asuntos que la ley ordena decidir y que no fueron tratados. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 285 del Código General del Proceso dispone la inmutabilidad de las sentencias y la aclaración solo cuando contienen conceptos o frases que ofrecen verdadero motivo de duda en la parte resolutiva. Segunda, el artículo 287 del mismo código permite la adición cuando se omitió un pronunciamiento obligatorio, siempre que la solicitud se formule dentro del término de ejecutoria. Tercera, en el caso la sentencia no decidió sobre el fondo porque declaró la caducidad de la acción, de modo que no había un asunto omitido que completar con la nulidad por falta de competencia. La providencia niega la aclaración y la adición. La consecuencia práctica es que la solicitud de adición no puede utilizarse para reabrir un pronunciamiento sobre pretensiones que no fueron resueltas por haberse declarado la caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente aclarar o adicionar la sentencia para pronunciarse sobre el cargo de nulidad por falta de competencia de la autoridad para expedir los actos administrativos demandados…¿Resulta procedente aclarar o adicionar la sentencia para pronunciarse sobre la condena en costas impuesta en primera instancia?
¿La carga de sustentación que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la llana indicación de disenso frente a la providencia recurrida? Sí
La carga de sustentación que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la llana indicación de disenso frente a la providencia recurrida. La parte recurrente debe presentar razones claras y fundamentadas que ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia, en lugar de simplemente reiterar razones expuestas en la primera instancia o solicitar la revoque de la decisión para acceder a los intereses de la parte inconforme.síntesis automática
También resuelve:¿La indebida sustentación del recurso de apelación, impide resolver el asunto de fondo?¿Se evidenció temeridad o mala fe en la actuación procesal de las partes que conlleve a la imposición de la condena en costas?
¿Si se persigue la nulidad del acto que declaró el incumplimiento del contrato y, como consecuencia la indemnización de perjuicios, debe igualmente demandarse el acto de liquidación unilateral, de lo contrario deberá declararse la ineptitud de la demanda y proferirse fallo inhibitorio? Sí
Como lo afirmó el recurrente, esta corporación ha sido enfática en la necesidad de reducir las decisiones inhibitorias con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia. No obstante, por razones sustanciales o procesales, en ocasiones, no resulta posible proferir una decisión de fondo.… En el caso, se demandó la nulidad de dos resoluciones que contienen la declaratoria de incumplimiento parcial en un contrato de obra. Sin embargo, no se pretendió la nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato.… A la luz de lo anterior, la Sala se encuentra frente a un caso en el cual se cuestionó la legalidad de dos actos proferidos durante la ejecución del contrato, y relacionados con su incumplimiento, pero no el acto de liquidación unilateral del contrato.
También resuelve:¿Al ser el acto de liquidación un acto principal, al igual que el acto de incumplimiento del contrato, debe demandarse la nulidad de ambos y no puede el juez declararla de oficio?¿Conforme al criterio objetivo, es procedente la condena en costas en lo contencioso administrativo cuando no prosperan las pretensiones de la entidad demandante?