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¿La parte demandante cumplió con la carga probatoria de aportar los documentos necesarios para demostrar que la entidad accionada modificó el pliego de condiciones? No
Quien demanda la nulidad de la adjudicación de una licitación debe aportar la prueba de los hechos en que funda sus pretensiones, pues incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen, según el artículo 167 del Código General del Proceso. En el caso analizado, las pretensiones se sustentaban en que el presupuesto oficial definitivo no modificaba el pliego de condiciones, pero el expediente solo contenía una parte de ese documento, lo que impedía verificar si la entidad expresó su intención de modificar el pliego. La Sala confirmó la sentencia desestimatoria por motivos distintos a los del tribunal, porque la demandante tenía la mínima carga de aportar el documento completo. La consecuencia práctica es que la omisión de esa prueba básica conduce a negar las pretensiones. La providencia reitera la regla de la carga de la prueba aplicable al caso, sin cambiar el criterio sobre la modificación de pliegos.síntesis automática
¿Teniendo en cuenta las estipulaciones contractuales, los contratistas estaban obligados a restituirle a EPM las sumas que obtuvieran por la devolución de un IVA pagado en la adquisición de sus insumos, cuando se observa que tal exención estaba vigente cuando se inició el proceso licitatorio? No
El contratista no está obligado a restituir a la entidad estatal las sumas obtenidas por la devolución del IVA pagado en la adquisición de insumos, cuando la exención del impuesto estaba vigente al inicio del proceso licitatorio. Esta regla se sostiene en que la estipulación contractual redactada por la entidad estatal establece que el valor de los precios unitarios del contrato se ajustará en función de las disposiciones sobre impuestos expedidas después de la presentación de la oferta. Además, la entidad estatal no puede alegar inducción al error por parte del contratista, ya que el conflicto planteado en la demanda se limita al análisis de la estipulación contractual y no a la estrategia de cálculo de precios unitarios. La Sala confirma la sentencia de primera instancia, reiterando que la vigencia de la exención del IVA al inicio del proceso licitatorio no implica la obligación del contratista de restituir las sumas devueltas por la entidad tributaria.síntesis automática
¿Cuál es la pauta del conteo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales relacionadas con contrato de concesión? Sí
El contratista no pierde la acción de controversias contractuales por caducidad si la demanda se presenta conforme al criterio de conteo del término que ha acogido la Sala, incluso si la norma aplicable al momento de celebrar el contrato ha sido derogada o modificada posteriormente. La entidad estatal no puede negar la acción de controversias contractuales basándose en normas posteriores a la celebración del contrato que restrinjan o prohíban la actividad objeto del contrato, siempre y cuando al momento de la celebración no se contravinieran las normas vigentes. Además, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte vencida cuando en el proceso se ventile un interés público, de acuerdo con lo previsto en el artículo 188 del CPACA. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, proporcionando mayor claridad sobre el cómputo del término de caducidad y la condena en costas en procesos de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es la normativa que debe regir para un contrato estatal cuando con posterioridad a su celebración se expide una que restringe o prohíbe la actividad?¿Cuál es el criterio de procedencia de la condena en costas en asunto regido por el CPACA cuando se ventila interés público?
¿La contraprestación económica proveniente de los contratos que se suscriban con el objeto de explotación de recursos naturales no renovables, se gobierna por las normas vigentes sobre la materia, consideración que atañe a los contratos para la producción de hidrocarburos? Sí
El contratista no puede establecer mediante acuerdo contractual un sistema diferente para la liquidación y pago de las regalías en contratos para la explotación de recursos naturales no renovables, incluyendo hidrocarburos, ya que la Constitución en su artículo 360 establece que las condiciones para la explotación de estos recursos deben ser fijadas por la ley. Además, la modificación del régimen de regalías por la Ley 508 de 1999, que estableció un porcentaje entre el 5% y el 25% de la producción del campo, fue reconocida por las partes en un otrosí, lo que no constituye causa de nulidad y se ajusta a la normatividad vigente. Esta regla reitera y confirma la importancia de la reserva legal en la materia, impidiendo que las partes pacten condiciones que contravengan la ley, y garantiza que las regalías se liquiden conforme a la normativa aplicable en el momento de la explotación.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la declaratoria de nulidad de una cláusula contractual que acuerda ajustar las regalías del contrato a la normatividad vigente sobre la explotación de hidrocarburos?
¿Los actos administrativos demandados dieron por terminado unilateralmente el contrato, por lo que debe entenderse que la entidad estatal ejerció la facultad de terminación unilateral prevista en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993? No
El contratista no puede impugnar la terminación del contrato por vencimiento del plazo pactado, ya que los actos administrativos de Corpoguarjira indican que el contrato finalizó por el vencimiento del plazo de ejecución, no por una terminación unilateral, y el plazo inicial de 16 meses, prorrogado por nueve meses más, había expirado antes de la fecha de expedición de dichos actos. Además, el contrato celebrado entre Corpoguarjira y Acuavalle, a pesar de ser denominado convenio interadministrativo, es en realidad un contrato interadministrativo de obra sometido al estatuto general de contratación estatal, por lo que Corpoguarjira tiene competencia para declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal mediante actos administrativos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que permite a las entidades declarar el incumplimiento del contrato luego de su terminación y hacer efectiva la cláusula penal, siempre y cuando dicha facultad haya sido pactada en el contrato, como en este caso. Esto implica que la entidad estatal puede adoptar decisiones contractuales en conformidad con el régimen jurídico aplicable a los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato administrativo suscrito entre las partes, al ser un contrato cuyo régimen jurídico no era el derecho privado sino el contemplado en el estatuto general de la contratación estatal…
¿La liquidación del contrato representa el corte de cuentas o balance final de la ejecución del mismo, por lo que, más que una convención constituye un pacto jurídico, por cuanto su propósito o finalidad está encaminado a extinguir obligaciones y no a crearlas? Sí
El contratista no puede introducir una nueva argumentación en el recurso de apelación que modifique la causa petendi planteada en la demanda original, ya que esto viola el principio de congruencia, que garantiza que el juez no pueda decidir sobre asuntos no debatidos en la primera instancia. En el caso de la liquidación del contrato, esta es un acto final que pone término a las obligaciones del contrato, no una convención que genere nuevas obligaciones, por lo que las partes deben declararse a paz y salvo o dejar salvedades para futuras reclamaciones. Si las partes se declaran a paz y salvo en la liquidación, no pueden posteriormente reclamar por obras adicionales o eventos no contemplados en el contrato, como en el caso del vendaval en Santiago de Cali, salvo que se hayan dejado constancia de salvedades específicas en el acta de liquidación. Esto implica que cualquier modificación en la argumentación o en las pretensiones en el recurso de apelación debe ser congruente con lo planteado en la demanda original, de lo contrario, el juez debe abstenerse de analizar dichas modificaciones.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta viable el análisis y eventual reconocimiento de las obras ejecutadas por la demandante con ocasión del vendaval ocurrido en la ciudad de Santiago de Cali…¿En procura de garantizar la congruencia de la sentencia, debe el juez abstenerse de analizar la controversia desde la perspectiva de una nueva argumentación introducida con el escrito de…
¿Pese a que el interventor del contrato solicitó un cambio de especificaciones técnicas en el desarrollo del proyecto, los mayores costos resultantes de dicha modificación debían ser autorizados por la entidad para que le fueran reconocidos a la contratista, y como las demandantes no acreditaron esta circunstancia, eso es, que hubiesen informado a FONADE sobre el mayor valor que suponía la obra y que esta ultima hubiera aprobado tales modificaciones, los mayores costos no resultan imputables a la entidad contratante demandada? Sí
El contratista no puede obtener el reconocimiento de mayores costos resultantes de modificaciones solicitadas por el interventor sin la previa autorización por escrito de la entidad contratante, conforme a lo establecido en el contrato, y en ausencia de dicha aprobación, los mayores costos no son imputables a la entidad. La Sala establece que, aunque el interventor puede sugerir cambios en las especificaciones técnicas, estas modificaciones deben ser autorizadas por la entidad para que los sobrecostos sean reconocidos, y en este caso, las contratistas no acreditaron que hubieran informado a FONADE sobre el mayor valor que suponía la obra ni que esta entidad hubiera aprobado tales modificaciones. Además, la Sala reitera que en los contratos de obra por precio global, el contratista asume el deber de terminar la obra con la suma fija pactada, sin reconocimiento de obras adicionales no previstas, a menos que demuestre la ocurrencia de un desequilibrio económico. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir rigurosamente con los procedimientos de modificación establecidos en el contrato para evitar la negación de sus pretensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos de obra por precio global son aquellos en los que el contratista, a cambio de las prestaciones a que se compromete…
¿Se encuentra probado que al contratista no se le hubiesen cancelado obras o labores adicionales? No
El contratista no logra demostrar que la entidad estatal no le haya cancelado obras o labores adicionales, ni que haya sufrido perjuicios por el mayor valor pagado para construir las obras o por la mayor permanencia en obra, ni que se le hubiera cobrado el impuesto de guerra en relación con las obras adicionales, debido a la insuficiencia y falta de pruebas periciales que no acreditan adecuadamente los perjuicios y costos reales asumidos durante la ejecución del contrato. La Sala reitera que para establecer la existencia de perjuicios y sobrecostos, es necesario contar con pruebas que demuestren los costos reales y no solo con cálculos basados en índices generales, lo que implica que en casos similares, el contratista debe presentar evidencias concretas y detalladas para acreditar sus reclamaciones.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentran demostrados los perjuicios sufridos por el contratista por el mayor valor pagado para construir las obras o por la mayor permanencia en obra?¿Se encuentra acreditado que se hubiera cobrado a la entidad contratista el impuesto de guerra en relación con las obras adicionales?
¿Resulta procedente el decreto oficioso de nulidad procesal advertida por el Ministerio Público, relativa a la falta de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por existir cláusula compromisoria facultativa? No
El contratista no puede obtener la nulidad procesal de oficio por parte del Ministerio Público basada en la falta de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa cuando existe una cláusula compromisoria facultativa en el contrato, ya que esta permite a las partes optar entre los mecanismos de resolución de controversias establecidos, y la Sala considera que la jurisdicción contencioso administrativa es competente para resolver la controversia. Además, el juez de segunda instancia no puede estudiar cargos de apelación que no fueron expuestos en el escrito de demanda, ya que ello violaría el principio de congruencia de la sentencia. Finalmente, la Sala reitera que si un acuerdo concordatario se somete a una condición suspensiva que nunca se cumple, la novación no se produce, y por lo tanto, la entidad que se comprometió a asumir los pasivos no queda obligada a responder por las obligaciones contractuales del deudor original.síntesis automática
También resuelve:¿En el marco del principio de congruencia de la sentencia de segunda instancia, resulta procedente el estudio de los cargos de apelación que no fueron expuestos en el escrito de la demanda?¿Si bien es cierto que el trámite concordatario del Ingenio desembocó en un negocio jurídico mediante el cual el Departamento de Antioquia se comprometió a asumir los pasivos de la entidad en…
¿Se presentó oportunamente la acción de controversias contractuales incoada para demandar la nulidad absoluta del contrato estatal con fundamento en la supuesta ilegalidad del acto de adjudicación? Sí
La solicitud de conciliación extrajudicial suspende el término de caducidad mientras dura el trámite, hasta por un máximo de tres meses, según el artículo 21 de la Ley 640 de 2001. La regla se apoya en que la acción de nulidad absoluta del contrato, cuando se funda en la ilegalidad de la adjudicación, puede ejercerse dentro de los dos años siguientes al perfeccionamiento del contrato, conforme al numeral 10 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984. Por ello, la conciliación presentada dentro del término suspende el cómputo sin que la suspensión exceda los tres meses. En el asunto, el demandante presentó la solicitud de conciliación dentro del término, que se prolongó hasta el mes siguiente, por lo que la Sala revocó la decisión de primera instancia y concluyó que la acción se presentó oportunamente. En la práctica, la solicitud de conciliación oportuna permite ejercer la acción de nulidad absoluta del contrato después del vencimiento del plazo original.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad del acto de adjudicación proferido por el Departamento del Tolima y la consecuencial nulidad absoluta del contrato suscrito con fundamento en este…
¿Si las partes acuerdan una suspensión o una prórroga del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones, pues resultaría contrario al deber de lealtad de las partes, permitir que una parte prevalezca en juicio desconociendo que prestó su voluntad en la celebración de un negocio jurídico, sin advertir a su contraparte que aceptaba con reserva lo que estaba firmando? Sí
En el presente asunto, el contratista apelante insiste en que no es procedente negar las súplicas dirigidas al reconocimiento del desequilibrio económico en su contra por cuenta de las suspensiones realizadas al contrato de consultoría… , porque el proceso da cuenta precisamente de tales hechos.… La Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación… reiteró la prevalencia del deber de lealtad de las partes frente a las reclamaciones que surjan por cuenta de la ejecución de los negocios.… En esa perspectiva, es claro que el comportamiento de las partes durante la ejecución de sus negocios es determinante para la prosperidad de sus pedimentos en el escenario judicial.… En la hipótesis del consorcio contratista y ahora apelante…
También resuelve:¿La expedición del Decreto 563 de 2007 constituyó causa del hecho del príncipe, que afectara gravemente la ecuación financiera del contrato estatal?
¿Los demandantes probaron que los informes de interventoría cumplieran lo exigido en el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, y que los actos demandados adolecieran de falta de motivación? No
El contratista no puede demostrar la nulidad de los actos administrativos que declaran el incumplimiento del contrato de interventoría por falta de motivación o por no cumplir con el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, ya que no aporta los informes mensuales y el informe final de interventoría necesarios para verificar el cumplimiento de dichas exigencias. Además, los actos administrativos demandados se basan en razones distintas a las que motivaron la declaratoria de incumplimiento anterior, por lo que no se viola el principio del non bis in ídem. Asimismo, la entidad estatal no está obligada a probar los perjuicios sufridos para aplicar la cláusula penal pecuniaria, ya que el contrato contempla una estimación anticipada de los daños en caso de incumplimiento. Este precedente reitera la importancia de la documentación probatoria en los procesos de interventoría y refuerza la autonomía de la entidad estatal en la aplicación de las cláusulas penales contratuales.síntesis automática
También resuelve:¿Se encontró acreditado que el IDU desconoció el¿El IDU, al proferir los actos demandados, tenía que demostrar los perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento del Interventor?
¿El derecho al mantenimiento del equilibrio del contrato está previsto como una garantía a favor del contratista, para evitar que quien acude como colaborador de la administración quede desprotegido frente a situaciones adversas de naturaleza imprevisible o derivadas de la conducta de su contraparte, que alteren de manera grave la economía del contrato? Sí
El derecho al mantenimiento del equilibrio del contrato está previsto como una garantía a favor del contratista, para evitar que quien acude como colaborador de la administración quede desprotegido frente a situaciones adversas de naturaleza imprevisible o derivadas de la conducta de su contraparte, que alteren de manera grave la economía del contrato. La Ley 80 de 1993 reconoce este derecho, reconociendo que el equilibrio económico del contrato debe mantenerse cuando se vea alterado por situaciones imprevistas y no imputables a las partes. El derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato es una garantía fundamental para proteger los intereses del contratista frente a alteraciones graves en la economía del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato de obra pública a favor del contratista, por mayor permanencia fundada en ampliaciones del plazo de ejecución del…¿El pago de la contribución concebida en la Ley 1106 de 2006, puede ser considerado como imprevisto y, por tanto, otorga derecho al restablecimiento del
¿La obligación que contrajo ASOSANJORGE en el contrato respecto de las transferencias para cubrir los subsidios del servicio público de aseo, era de medios y no de resultado, y siendo que la demandante no probó que la citada asociación no hubiera realizado las gestiones necesarias para que el Municipio de Planeta Rica efectuara los pagos, no es dable tener por acreditado el incumplimiento contractual alegado en la demanda? Sí
El contratista no incurre en incumplimiento contractual cuando su obligación es de medios y no de resultado, y la entidad demandante no aporta pruebas suficientes de que no haya realizado las gestiones necesarias para que el municipio efectuara los pagos correspondientes a los subsidios del servicio público de aseo. Además, la Sala rechaza la pretensión de desequilibrio económico del contrato, al no existir pruebas técnicas que demuestren la insuficiencia de las transferencias efectuadas por el municipio. Asimismo, se declara la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio, al no haber sido parte en el contrato y no haber contraído obligaciones convencionales con la entidad demandante, lo que implica que no puede ser condenado al pago de perjuicios derivados de un supuesto incumplimiento. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la obligación de cumplir con las condiciones pactadas en el contrato y la relatividad del mismo.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el desequilibrio económico del contrato derivado de la falta de transferencias para cubrir los subsidios del servicio público de aseo?¿Debe declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Planeta Rica, al evidenciarse que no hizo parte del contrato, y que…
¿Cuál es la pauta del conteo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato fue liquidado de manera bilateral? Sí
El contratista debe presentar la acción de controversias contractuales dentro del término de caducidad que comienza a correr desde la fecha de liquidación bilateral del contrato, sin considerar la conciliación extrajudicial. La Sala confirmará la oportunidad de la demanda si se presenta dentro del plazo legal, como ocurrió en este caso donde la liquidación se efectuó el 2 de enero de 2015 y la demanda se radicó el 26 de febrero de 2016. Además, el acta de liquidación bilateral, que tiene efectos de transacción, debe ser acreditada libremente por las partes sin necesidad de requisitos formales específicos, siempre y cuando no se demuestre la existencia de vicios del consentimiento como la fuerza o coacción, que deben ser probados por quien los alega. Esta decisión reitera la importancia de la autonomía de la voluntad en la liquidación de contratos estatales regidos por el derecho privado y establece que la carga de la prueba para alegar vicios del consentimiento recae en quien los invoca, matizando la interpretación previa sobre la necesidad de acreditar estos vicios.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son las causales que pueden alegarse respecto del contenido del acta de liquidación bilateral del contrato estatal regido por el derecho privado?¿Cuál es el alcance del contenido del acta de liquidación bilateral del contrato estatal regido por el derecho privado?¿A quien le corresponde acreditar la existencia de vicios del consentimiento plasmados en las actas bilaterales para determinar su validez?
¿El incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio son dos instituciones diferentes, pues la primera de ellas se deriva de desatender una obligación con fuente en el contrato, mientras que la segunda supone la existencia de una situación que altere la equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar, dentro de lo que no resulta dable incluir las modificaciones y prórrogas contractuales, ya que no dan lugar a la configuración de la teoría de la imprevisión, del hecho del príncipe, ni constituyen ejercicio de ius variandi? Sí
El contratista no puede confundir el incumplimiento del contrato con la ruptura del equilibrio económico, ya que la primera se origina en el desatender una obligación contractual, mientras que la segunda implica una alteración de la equivalencia entre derechos y obligaciones existentes al momento de la contratación, excluyendo modificaciones y prórrogas contractuales que no generan la teoría de la imprevisión, hecho del príncipe o ejercicio de ius variandi. La entidad estatal no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato si se eligió la modalidad de pago llave en mano, debido al carácter solemne de los contratos estatales y el respeto a la autonomía de la voluntad. Además, si las partes acuerdan una suspensión o prórroga del contrato sin salvedades, están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones, lo que resultaría contrario al principio de buena fe y la doctrina de los actos propios. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, reafirmando la importancia de distinguir claramente entre estas instituciones y principios en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La elección de la modalidad de pago del contrato lleva implícita una asunción de deberes de conducta que es relevante, pues el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del…¿Si las partes acuerdan una suspensión o una prórroga del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones…
¿El poder otorgado por uno de los miembros de la Junta Directiva de la sociedad, y no por su representante legal, no configura la ineptitud de la demanda, sino que corresponde a la causal de nulidad prevista en el numeral 7 del artículo 140 del CPC, la cual sólo puede ser alegada por la persona afectada? Sí
El contratista no configura la ineptitud de la demanda cuando otorga poder a uno de los miembros de la Junta Directiva, sino que tal situación corresponde a la causal de nulidad prevista en el numeral 7 del artículo 140 del Código Procesal Civil, la cual solo puede ser alegada por la persona afectada. Además, la capacidad para ser parte del consorcio no impide que sus miembros puedan comparecer a los procesos judiciales si así lo deciden. La Sala rechaza que el Invías sea condenado por desequilibrio económico generado por asuntos ajenos a los diseños, ya que estos no fueron objeto de salvedad en el acta de liquidación bilateral. Por último, la Sala incrementa la condena impuesta por la primera parálisis del contrato estatal, considerando el impacto económico de la maquinaria en las bodegas del contratista durante dicha parálisis, lo que implica un reconocimiento de los sobrecostos demostrados.síntesis automática
También resuelve:¿El hecho de que los consorcios presenten directamente la demanda, es un obstáculo para que los integrantes de tales consorcios también puedan, si así lo deciden, comparecer a los procesos judiciales?¿Debe condenarse al Invías por el desequilibrio económico del Contrato generado por asuntos¿Se debe incrementar la cuantía de la condena impuesta por el tribunal, relativa a la primera parálisis del contrato estatal…
¿La diferencia entre los contratos de seguros en la modalidad de cláusulas claims made, radica en que no solo se requiere la configuración del hecho constitutivo del siniestro sino que, adicionalmente, es indispensable la reclamación, la cual puede darse extrajudicial o judicialmente, así como la posibilidad de cubrimiento de vigencia retroactiva a la suscripción del contrato de seguro, a través de la inclusión de las cláusulas de limitación de descubrimiento? Sí
El contratista no configura el siniestro en un contrato de seguro de manejo global bancario con cláusulas claims made solo por la notificación de una demanda de reparación directa, sino que debe acreditar la pérdida resultante de actos u omisiones que den origen a un reclamo hecho durante la vigencia del contrato, incluyendo las cláusulas de limitación de descubrimiento por retroactividad. La regla establece que la pérdida debe estar probada y estar cubierta dentro de la vigencia del contrato para ser considerada evento susceptible de indemnización por la compañía de seguros, reiterando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la necesidad de la reclamación y la cobertura de vigencia retroactiva en contratos de seguros en la modalidad claims made.síntesis automática
También resuelve:¿En el marco del contrato de seguro de manejo global bancario, en el que se incluyó el riesgo de indemnización profesional con la cláusula de reclamos hechos o claims made…¿Como el actor no acreditó los elementos requeridos para que procediera la indemnización profesional en el contrato de seguro en la póliza de seguro de manejo global bancario, esto es…
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de controversias contractuales, considerando que el término fue suspendido por la solicitud de conciliación ante el agente del Ministerio Público, y que, a pesar de que el requisito de procedibilidad no fuera obligatorio, en lo que respecta a la suspensión del término, la ley no distingue entre los procesos en los que el trámite de conciliación sea requisito de procedibilidad y aquellos en que no? No
El contratista no puede alegar la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el término de caducidad fue suspendido por la presentación de una solicitud de conciliación ante el agente del Ministerio Público, independientemente de que el trámite de conciliación no sea un requisito de procedibilidad, ya que la ley no distingue entre procesos en los que la conciliación es obligatoria y aquellos en que no lo es. La suspensión del término de caducidad opera hasta que se expida la constancia de no conciliación o hasta que se venza el plazo de tres meses, reanudándose el término una vez finalizado este periodo. En la práctica, esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la suspensión del término de caducidad, permitiendo que los contratistas puedan interponer acciones de controversias contractuales sin temor a la caducidad cuando han solicitado conciliación, incluso en casos en los que la conciliación no es un requisito de procedibilidad.síntesis automática
También resuelve:¿La existencia de inconsistencias en los estudios, diseños y planos entregados por el INVÍAS para construir la vía, afectaron la ejecución de la obra de forma tal que ocasionara que el contratista…¿Para reconocer el desequilibrio a favor del contratista se requiere la existencia de hechos imprevistos no imputables al contratista…¿Resulta procedente el restablecimiento de la ecuación financiera a favor del contratista, del contrato de obra pública pactado a precios unitarios…
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las controversias contractuales en las que, aunque las partes pactaron una cláusula compromisoria para resolver sus diferencias, guardaron silencio acerca de su existencia, entendiendo por ello que se produjo la renuncia tácita a someter la controversia a la justicia arbitral? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que declaran la caducidad del contrato estatal cuando se evidencia su incumplimiento, ya que la entidad administrativa justificó adecuadamente el incumplimiento del contratista, y la Sala considera que la entidad demandante no tiene el interés directo requerido para solicitar la nulidad absoluta del convenio interadministrativo, dado que su interés en la nulidad del convenio es indirecto y no afecta sus derechos directos en la caducidad del contrato. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la competencia del Consejo de Estado en controversias contractuales en ausencia de cláusulas compromisoriarespetando la posibilidad de renuncia tácita a la justicia arbitral, y matiza la posición respecto a la legitimación en la causa por activa para demandar la nulidad absoluta de contratos estatales, estableciendo que los terceros ajenos al contrato deben demostrar un interés directo en el acto administrativo cuestionado.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad demandante se encuentra legitimada en la causa por activa para solicitar la nulidad absoluta del convenio interadministrativo suscrito entre el municipio de Jamundí y Coopmunicipios…¿Resulta procedente la nulidad de los actos contractuales que declararon la caducidad administrativa del contrato de outsourcing…¿Se acreditó la violación al debido proceso, al derecho de defensa y contradicción, en la declaratoria de caducidad del contrato de outsourcing por el incumplimiento de las obligaciones del…
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