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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de las controversias contractuales derivadas de contrato

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Fecha
2025-09-01
Radicado
25000232600020110079102
Número interno
60332
Ponente
MARÍA ADRIANA MARÍN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
PATRICIA MOLINA FONSECA Y OTROS
Demandado
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA EN LIQUIDACION

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de las controversias contractuales derivadas de contrato

Relevancia Matiza la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

El Consejo de Estado es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en los términos del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998 –en vigor para la fecha de interposición de la demanda-. En efecto, en esta oportunidad se somete a consideración de la Sala la procedencia del reajuste del precio del contrato de obra n° 2230 del 21 de diciembre de 2006, en el que fungió como contratante el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, creado como cuenta especial mediante Acuerdo Distrital n° 9 de 1980 y luego transformado en establecimiento público con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, en virtud del Acuerdo n° 18 de 1983, todo lo cual hace palmaria la naturaleza pública de la entidad demandada y habilita, por consiguiente, a esta jurisdicción para resolver el presente asunto.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de controversias contractuales derivadas de contratos de obra celebrados por establecimientos públicos distritales, como el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, en virtud del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 446 de 1998. La acción de controversias contractuales debe presentarse dentro de los dos años siguientes a la firma del acta de liquidación bilateral del contrato, tal como ocurrió en este caso, donde la demanda fue interpuesta antes de que venciera el término de caducidad. Sin embargo, el reajuste de precios no es procedente si no se ha pactado una fórmula de ajuste en el contrato y no se ha demostrado la ruptura del equilibrio económico del contrato, lo que implica que la Sala revocará la sentencia del a quo en cuanto a este punto, matizando la jurisprudencia existente sobre la procedencia del reajuste en contratos de obra pública.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de las controversias contractuales derivadas de contrato de obra celebrado por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, en su calidad de establecimiento público distrital?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto Ley 01 de 1984, art. 82
  • Ley 446 de 1998

También resuelve

  • ¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes de la firmeza del acta de liquidación bilateral del contrato de obra?
  • ¿Era procedente el reajuste de precios dispuesto por el a quo a favor del consorcio contratista, por razón del incremento en los precios de los insumos para la construcción…
  • ¿Le asistía responsabilidad patrimonial a la interventora PAYC S.A., como llamada en garantía y frente al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTROVERSIAS EN EL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CELEBRADO POR ENTIDAD DISTRITAL ESTABLECIMIENTO PUBLICO DISTRITAL COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRATO ESTATAL A PRECIO GLOBAL CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL INCREMENTO DEL PRECIO REAJUSTE DE PRECIO REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL FÓRMULA PARA EL REAJUSTE DE PRECIO IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL INTERVENTOR SUJETO LLAMADO EN GARANTÍA FUNCIÓN DEL INTERVENTOR OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR RESPONSABILIDAD DEL LLAMADO EN GARANTÍA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS INEXISTENCIA DE MALA FE INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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La sentencia de primera instancia será confirmada
Titulación de la relatoría 13.038 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS EN EL CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CELEBRADO POR ENTIDAD DISTRITAL / ESTABLECIMIENTO PUBLICO DISTRITAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de las controversias contractuales derivadas de contrato de obra celebrado por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, en su calidad de establecimiento público distrital? Respuesta al problema jurídico: Si El Consejo de Estado es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en los términos del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998 –en vigor para la fecha de interposición de la demanda-. En efecto, en esta oportunidad se somete a consideración de la Sala la procedencia del reajuste del precio del contrato de obra n° 2230 del 21 de diciembre de 2006, en el que fungió como contratante el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, creado como cuenta especial mediante Acuerdo Distrital n° 9 de 1980 y luego transformado en establecimiento público con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, en virtud del Acuerdo n° 18 de 1983, todo lo cual hace palmaria la naturaleza pública de la entidad demandada y habilita, por consiguiente, a esta jurisdicción para resolver el presente asunto. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 446 DE 1998 PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes de la firmeza del acta de liquidación bilateral del contrato de obra? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 136, numeral 10, literal c), del C.C.A., en las acciones relativas a contratos que requirieran liquidación y ésta fuera efectuada de común acuerdo por las partes, el término de caducidad de dos años establecido en esa norma comenzaba a correr “desde la firma del acta”. En el presente caso, el contrato de obra pública n° 2230 del 21 de diciembre de 2006 estaba sujeto a liquidación, de conformidad con lo establecido en su cláusula vigésima tercera (en la que se señaló que dicho balance se sujetaría a lo regulado en la Ley 80 de 1993). Tras culminar el término de ejecución el 30 de abril de 2010 -tal como se determinó en el otrosí 4 del 29 de marzo de ese año (fl. 432, c.19)-, el negocio jurídico fue liquidado de manera bilateral en acta del 14 de abril de 2011 - la que además fue también suscrita por la sociedad interventora- (fls. 84-85, c.5). En esa medida, el plazo de caducidad que operaba en el asunto sub judice iniciaba el 15 de abril de 2011 y finalizaba el 2 de noviembre de 2012. No obstante, la demanda fue presentada el 28 de julio de 2011, de suerte que su interposición se hizo en tiempo. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL C, LEY 80 DE 1993 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO ESTATAL A PRECIO GLOBAL / CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL / INCREMENTO DEL PRECIO / REAJUSTE DE PRECIO / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / FÓRMULA PARA EL REAJUSTE DE PRECIO / IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Era procedente el reajuste de precios dispuesto por el a quo a favor del consorcio contratista, por razón del incremento en los precios de los insumos para la construcción, pese a haberse establecido la ausencia de incumplimientos de la entidad contratante y la no ocurrencia de desequilibrio contractual? Respuesta al problema jurídico: No [L]o que encuentra la Sala al examinar el caso concreto es que no concurrieron los elementos para que procediera a favor de la demandante el reajuste reprochado por el censor en el recurso de apelación, de suerte que debe revocarse el reconocimiento que por ese concepto se otorgó en el fallo impugnado; pero no porque el contrato se hubiera celebrado a precio global, sino porque los presupuestos para la operabilidad del reajuste no se cumplieron en el sub judice. Así, se evidencia que no se previó ni estableció, en el pliego de condiciones ni en el contrato de obra n° 2230 de 2006, fórmula alguna de reajuste del precio, menos por la contingencia específica relativa al eventual incremento en el valor de los insumos necesarios para cumplir el objeto contractual -que fue la única base sobre la cual el a quo dispuso ese reconocimiento-. Tampoco hubo convenio de actualización de precios en los otrosíes suscritos durante la etapa constructiva, ni en ningún documento con efectos obligacionales para las partes firmantes del negocio principal. (...) Así entonces, no habiéndose previsto en el contrato n° 2230 de 2006 ni en el pliego de condiciones respectivo, fórmula alguna de ajuste de valores para ninguna de las fases del proyecto, la actualización o revisión del precio de la obra sólo resultaba procedente si se hubiera verificado y demostrado el rompimiento del equilibrio económico del contrato. No obstante, el desequilibrio contractual alegado en la demanda fue desestimado por el Tribunal de primera instancia, y esa conclusión no fue refutada ni desvirtuada por la parte interesada, de suerte que, si en el juicio quedó establecido que no se probó la ruptura de la ecuación económica del contrato, no hay lugar a reconocer reajuste al valor del contrato, menos cuando no figura en la causa soporte alguno que revele alzas en el valor de uno o más insumos necesarios para la obra pactada, que hubieran incidido en la excesiva onerosidad del contrato, en detrimento del consorcio. En esa medida, deberá revocarse la sentencia apelada en cuanto ordenó el reconocimiento de reajuste al valor del contrato, sobre la base del aumento en el precio de insumos, sin determinación de éstos, sin haberse pactado ese mecanismo en el contrato y pese a haberse establecido en el caso concreto, que no hubo ruptura del equilibrio contractual. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la procedencia del reajuste de precios, consultar sentencia de 28 de octubre de 2019, Exp. 07001-23-31-000- 2000-00448-01(29054), C.P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia de 28 de mayo de 2012, Exp. 25000-23-26-000-2000- 00792-01(23043), C.P. Danilo Rojas Betancourth y sentencia de 19 de junio de 2020, Exp. N° 25000-23-26-000-2002-01790-02(40289), C.P. María Adriana Marín. INTERVENTOR / SUJETO LLAMADO EN GARANTÍA / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / RESPONSABILIDAD DEL LLAMADO EN GARANTÍA / IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Le asistía responsabilidad patrimonial a la interventora PAYC S.A., como llamada en garantía y frente al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, por las condenas que a esta entidad se le impusieron en la sentencia de primera instancia? Respuesta al problema jurídico: No Como ya se anotó, en la presente instancia se revocará la decisión adoptada por el Tribunal de primer grado, en cuanto le impuso al FVS reconocer a la parte demandante el valor del reajuste del contrato, lo que sería suficiente para prescindir, de entrada, de analizar el cargo de apelación referente a la alegada responsabilidad de la firma interventora por esa condena, máxime cuando los argumentos de la alzada dejaron por fuera de ese debate la orden de pago de la mayor área construida, concepto que también fue reconocido por el a quo, pero sobre el cual guardó silencio la parte pasiva en su escrito impugnatorio. Sin embargo, no está de más recalcar que, ni por virtud de la ley ni por disposición contractual alguna, era función de la interventoría establecer o fijar reajustes de precios en las actas de recibo de la obra o en el instrumento en que la misma fue liquidada por PAYC S.A. y el consorcio contratista. El contrato de consultoría n° 2242 de 2006 no radicó en esa sociedad ninguna obligación orientada a establecer valores o a cuantificar ítems sobrepasando lo fijado en el pliego de condiciones del proyecto sujeto a interventoría y en el contrato de obra n° 2230 de 2006. Si en ninguno de tales documentos se previó el mecanismo de reajuste, mal podía exigírsele a la firma interventora que actualizara los precios del contrato, pues tal proceder habría constituido una extralimitación de sus funciones, dado que su papel sólo se circunscribía a inspeccionar la adecuada ejecución del proyecto y verificar la conformidad de lo entregado con las especificaciones técnicas aplicables, así como con los parámetros fijados tanto por la entidad estatal como por el propio contratista al diseñar y estructurar el proyecto. No se duda que estas actividades involucraban el estudio y aprobación previa de las obras y de las cuentas del contrato, pues la interventoría de PAYC S.A. incluía el componente financiero del proyecto, pero ello no implicaba que esa sociedad estuviera obligada, habilitada o autorizada para fijar o reconocer reajustes no establecidos en el clausulado de la interventoría ni en el contrato de diseño y obra. Distinto era que, frente a la solicitud de reconocimiento de esos reajustes, presentada por el consorcio, el FVS hubiera requerido a la interventora para que evaluara la procedencia del beneficio, pero era a las partes del contrato n° 2230 de 2006 a quienes, dado el caso, les habría correspondido acordar y aplicar ese mecanismo. Es claro que el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 establece en su inciso segundo la responsabilidad civil, fiscal, penal y disciplinaria de los interventores, tanto por el incumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría como por los hechos u omisiones derivados de la celebración y ejecución de los contratos sujetos a su fiscalización, pero la propia norma condiciona justamente esa responsabilidad a que los perjuicios que por tales circunstancias se causen a la Administración, “provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a éste le correspondan conforme al contrato de interventoría”, pero no por no haber decidido aspectos que no estaban sujetos a su vigilancia ni aprobación, y que eran de exclusiva competencia de la entidad contratante, o bien, de las partes del contrato de obra. Por ello, más allá de la improcedencia de la condena por reajuste del valor del contrato, en todo caso también resultaba desestimable la responsabilidad que el FVS pretendió endilgar a la interventora PAYC S.A., por esa causa. (...) debe desestimarse el argumento de apelación relativo a la alegada responsabilidad de la interventora PAYC S.A. por los reconocimientos económicos hechos en la sentencia apelada, a título de reajuste del precio. Ello, no sólo porque se revocará la decisión aludida, sino también porque no existía fuente jurídica legal ni contractual que estableciera responsabilidades de la firma interventora por eventuales ajustes o incrementos al valor del contrato. Con base en todo lo anterior, la sentencia apelada deberá modificarse, incluyendo la actualización de la condena impuesta en ella, y que no fue objeto de apelación, bajo lo consignado en el acápite siguiente. NOTA DE RELATORÍA: Referente a las funciones y obligaciones del interventor, consultar sentencia de 28 de febrero de 2013, Exp. 25000-23-26-000-2000-00732-01(24266), C.P. Danilo Rojas Betancourth. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE MALA FE / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 –aplicable en el sub lite-, la conducta de las partes ha de tenerse en cuenta para resolver sobre la procedencia de la condena en costas. Toda vez que en el presente caso no se evidencia que alguno de los sujetos procesales haya actuado temerariamente o que de cualquier otra forma haya atentado contra la lealtad procesal, no habrá lugar a su imposición. FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201100791021100103