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¿Se presentó de forma oportuna la demanda de controversias contractuales incoada para reclamar el incumplimiento contractual de la entidad contratante, al considerar que varias de sus decisiones unilaterales provocaron un desequilibrio contractual? Sí
La solicitud de conciliación extrajudicial suspende el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, y cuando la diligencia se suspende por inasistencia del convocado sin que se haga constar el agotamiento del trámite, este se entiende concluido al vencer el término de tres días de la suspensión, momento en que se reanuda el término restante. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el artículo 11 del Decreto 1716 de 2009 prevé la suspensión por tres días para que el convocado explique su inasistencia o para que la etapa se declare fallida, de modo que la falta de la certificación reglamentaria no impide tener por agotado el trámite. Segundo, cuando la solicitud se radica antes del vencimiento del término bienal, la demanda presentada dentro del término restante que se reanuda es oportuna. La providencia revoca la decisión de primera instancia; en la práctica, para computar la caducidad deben verificarse la fecha de radicación de la conciliación y la fecha en que culmina la suspensión de la diligencia.síntesis automática
También resuelve:¿La sociedad demandante se encuentra legitimada en la causa por activa en el presente asunto de controversias contractuales…¿Resulta procedente condenar en costas a las partes del proceso cuando la decisión adoptada da cuenta de la falta de un presupuesto procesal, esto es, de la falta de legitimación en la causa…
¿El poder otorgado por uno de los miembros de la Junta Directiva de la sociedad, y no por su representante legal, no configura la ineptitud de la demanda, sino que corresponde a la causal de nulidad prevista en el numeral 7 del artículo 140 del CPC, la cual sólo puede ser alegada por la persona afectada? Sí
El contratista no configura la ineptitud de la demanda cuando otorga poder a uno de los miembros de la Junta Directiva, sino que tal situación corresponde a la causal de nulidad prevista en el numeral 7 del artículo 140 del Código Procesal Civil, la cual solo puede ser alegada por la persona afectada. Además, la capacidad para ser parte del consorcio no impide que sus miembros puedan comparecer a los procesos judiciales si así lo deciden. La Sala rechaza que el Invías sea condenado por desequilibrio económico generado por asuntos ajenos a los diseños, ya que estos no fueron objeto de salvedad en el acta de liquidación bilateral. Por último, la Sala incrementa la condena impuesta por la primera parálisis del contrato estatal, considerando el impacto económico de la maquinaria en las bodegas del contratista durante dicha parálisis, lo que implica un reconocimiento de los sobrecostos demostrados.síntesis automática
También resuelve:¿El hecho de que los consorcios presenten directamente la demanda, es un obstáculo para que los integrantes de tales consorcios también puedan, si así lo deciden, comparecer a los procesos judiciales?¿Debe condenarse al Invías por el desequilibrio económico del Contrato generado por asuntos¿Se debe incrementar la cuantía de la condena impuesta por el tribunal, relativa a la primera parálisis del contrato estatal…
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde el día siguiente a la notificación del acto administrativo de adjudicación del contrato? Sí
La controversia planteada en término consiste en determinar, conforme a la apelación de la parte demandante, si se debe revocar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda porque, a juicio del impugnante, el acto acusado debe anularse porque exigió el cumplimiento de requisitos contables ajenos a uno de los participantes y pasó por alto la ausencia de un poder debidamente otorgado respecto de otro participante.
También resuelve:¿Uno de los requisitos habilitantes exigido en el pliego de condiciones de la licitación pública convocada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca…¿La empresa extranjera demandante debía someterse a la normativa interna aplicada al proceso de selección de contratista para acreditar la situación financiera de los proponentes?¿La descalificación de la propuesta de la sociedad extranjera estuvo justificada en el incumplimiento de uno de los requisitos habilitantes consistente en aportar el certificado de los estados…
¿El juez de segunda instancia está limitado a los fundamentos del recurso de apelación? Sí
El juez de segunda instancia está limitado a los fundamentos del recurso de apelación, conforme al artículo 357 del Código de Procedimiento Civil aplicable por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, salvo en casos de revocación de la decisión inhibitoria, donde debe proferir una decisión de mérito. Los consorcios cuentan con la capacidad contractual y procesal para ser parte en controversias contractuales que los involucran, pese a cesiones internas entre sus miembros, siempre que el consorcio no ceda sus derechos y obligaciones a terceros. En contratos de tracto sucesivo que requieren liquidación, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato puede solicitarse, a más tardar, dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar, independientemente de declaratorias posteriores de siniestro. Estas reglas reiteran y matizan precedentes sobre los límites del juez en segunda instancia, la naturaleza jurídica de los consorcios y el cómputo del término para restablecer el equilibrio económico en contratos administrativos.síntesis automática
También resuelve:¿Los consorcios cuentan con la capacidad contractual y procesal para ser parte en las controversias contractuales que los involucran?¿en los contratos de tracto sucesivo que requieren liquidación el restablecimiento del equilibrio económico del contrato puede solicitarse, a más tardar…¿El acto que declaró el siniestro se profirió por fuera del plazo de ejecución, y es desde su expedición que inicia el cómputo del término de caducidad de la acción?
¿La sociedad demandante y el litisconsorte necesario, en calidad de integrantes del consorcio, ejecutaron mayores cantidades de obra para el cumplimiento del contrato de obra? Sí
En los contratos de obra, las mayores cantidades ejecutadas por los integrantes del consorcio son exigibles cuando fueron ejecutadas con el conocimiento y el aval de la entidad contratante, aunque su valor no haya sido pagado. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad que conoce y avala la ejecución de cantidades adicionales asume la obligación de pagarlas, y su omisión configura responsabilidad contractual. Segunda, el silencio de la entidad frente a esas cantidades, habiendo tenido conocimiento de ellas, no la exime del pago. En el caso, la sociedad demandante y el litisconsorte necesario ejecutaron mayores cantidades sin que su valor fuera pagado, y la providencia confirma la declaración de responsabilidad contractual, aunque modifica la decisión impugnada en la forma de señalar la condena. En la práctica, el contratista que ejecute cantidades adicionales debe dejar constancia del conocimiento y aval de la entidad, porque esa prueba sustenta el reconocimiento del pago.síntesis automática
También resuelve:¿La condena por concepto de pago de mayores cantidades de obra debe efectuarse por la empresa demandada?¿La interventoría y Emserpa SA ESP autorizaron al contratista expresamente la realización de mayores cantidades de obra?¿El contrato de obra fue suscrito única y exclusivamente entre Emserpa SA ESP y el consorcio contratista?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-02-01Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 25000233600020190046202LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En atención a las pretensiones formuladas en la demanda y conforme a la jurisprudencia vigente sobre la materia, debió vincularse a Spacebridge Inc. como demandado o litisconsorcio necesario en el presente medio de control? No
El consorcio tiene capacidad para comparecer al proceso como extremo de la litis y que sus integrantes no son litisconsortes necesarios cuando la relación sustancial no es única e indivisible, de modo que no procede declarar la nulidad por indebida notificación de un integrante no vinculado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, aunque el consorcio no constituye persona jurídica distinta de sus integrantes, está facultado para comparecer a los procesos que se originan en procedimientos de selección y contratos estatales. Segunda, el litisconsorcio necesario se configura solo cuando la controversia versa sobre una relación jurídica material única e indivisible que debe resolverse de manera uniforme para todos los sujetos, lo que no se acreditó respecto del integrante extranjero. Tercera, la ausencia de vinculación no constituye una irregularidad en la notificación del auto admisorio que genere nulidad procesal. La providencia modifica la decisión de primera instancia en lo pertinente. La consecuencia práctica es que la vinculación de un integrante de consorcio como demandado exige que la relación sustancial sea indivisible, y no basta con su pertenencia al consorcio.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la causal de nulidad contenida en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso, por la indebida notificación del auto que admitió el llamamiento en garantía a…¿La intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al ser considerada de especial naturaleza, permite realizar cualquier actuación independientemente de la etapa en que se…
¿Tiene un consorcio la capacidad para ser parte en un proceso judicial en el que se controvierte la adjudicación de un contrato estatal, pese a que el acuerdo consorcial establece su terminación por la adjudicación del contrato a otro proponente? Sí
El consorcio tiene capacidad para ser parte en un proceso judicial que controvierte la adjudicación de un contrato estatal, incluso si el acuerdo consorcial establece su terminación por la adjudicación a otro proponente. La Sala ha determinado que, pese a la disposición del acuerdo consorcial que limita su vigencia hasta la adjudicación a otro proponente, el consorcio aún cuenta con capacidad para comparecer en el trámite, en virtud de la sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013. Esto se debe a que cada uno de los integrantes del consorcio concurrió directamente al proceso con la alegada afectación de su derecho a ser contratista del Estado, lo cual refuerza la posibilidad de adoptar una decisión de fondo en el sub lite.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura la caducidad de las pretensiones acumuladas de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo de adjudicación y de nulidad del contrato estatal…¿Se limita la competencia del juez de segunda instancia a los reparos concretos formulados en los recursos de apelación, sin que resulte viable examinar nuevamente los aspectos desfavorables de la…¿La falta de firmeza de la renovación del Registro Único de Proponentes (RUP) de uno de los integrantes de la unión temporal adjudicataria al cierre del proceso de selección constituye una causal de…
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? No
El contratista no configura la caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la liquidación del contrato se realiza bilateralmente y el término para demandar es de dos años contados desde la firma del acta, suspendido por la conciliación extrajudicial y la suspensión de términos judiciales por la pandemia de COVID-19. En este caso, la entidad estatal y el contratista acordaron la liquidación del contrato el 29 de diciembre de 2017, y la solicitud de conciliación suspendió el término para demandar, que se reanudó el 18 de julio de 2020. La demanda se presentó el 21 de julio de 2020, dentro del plazo restante, evitando así la caducidad del medio de control. Además, el acta de liquidación bilateral debe incluir salvedades respecto a los aspectos no acordados, permitiendo al contratista reclamar en sede judicial sobre estos puntos, como lo hizo el consorcio en este caso, reflejando una salvedad válida que fundamenta su inconformidad.síntesis automática
También resuelve:¿En el acta de liquidación bilateral deben quedar reflejadas las salvedades respecto de aquellos asuntos en los que las partes no lograron llegar a arreglos?¿La salvedad incluida por el contratista corresponde a una expresión válida en relación con los aspectos sobre los que el consorcio fundó su inconformidad?¿El consorcio consintió la ampliación del plazo inicialmente previsto, con la expresa manifestación de que ello no suponía una variación del valor del contrato?
El reconocimiento del valor total de un contrato de interventoría solo procede cuando el interventor acredita previamente que cumplió a cabalidad el acuerdo de voluntades que sustenta la pretensión, de modo que, si solo se prueba el impago de determinadas facturas, la condena se limita a ese incumplimiento parcial. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la pretensión de pago del valor total depende de un presupuesto previo, el cumplimiento de las obligaciones del contrato, que debe acreditarse antes de estudiar la reclamación completa. Segundo, cuando el único cargo que prospera es el impago de ciertas facturas, los demás reproches quedan desestimados y el alcance de la condena se circunscribe a las sumas adeudadas. La providencia modifica la sentencia apelada, declara el incumplimiento parcial de la entidad contratante frente al pago de esas facturas, reconoce el derecho al pago con intereses de mora y deniega las demás pretensiones; en la práctica, el interventor debe probar el cumplimiento de sus obligaciones para reclamar el valor total del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El IDU actuó diligentemente respecto del interventor ante el incumplimiento del contrato de obra vigilado por aquel?¿El IDU incumplió la obligación de pago de las facturas de la fase de interventoría de estudios y diseños del contrato?¿El interventor incumplió las obligaciones de elaborar debidamente los informes de interventoría de la fase de construcción?
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia por los Tribunales Administrativos? Sí
Cuando la controversia contractual se origina en la actividad negocial de una entidad pública y la suma de las pretensiones supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver la apelación contra la sentencia de un tribunal administrativo. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006; la apelación de esas sentencias corresponde a la corporación, conforme al artículo 129 del mismo código; y la suma de las pretensiones se determina con el artículo 20, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil. En el caso, la suma de las pretensiones superó el umbral del artículo 132, numeral 5, del Código Contencioso Administrativo, por lo que la corporación asumió la competencia y resolvió el recurso. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía de la demanda, y no la instancia del tribunal, determina la competencia en la apelación.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales se interpuso dentro del término establecido por la Ley?¿La unión temporal Jerusalén Ciudad Bolívar está legitimada en la causa por activa y el IDU por pasiva?¿Tiene valor probatorio el documento aportado en copia simple?
¿Es procedente unificar la jurisprudencia con el fin de indicar la capacidad procesal de los consorcios o uniones temporales como modalidad asociativa prevista por el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, para comparecer como parte en juicios cuyo objeto está constituido por derechos o por intereses jurídicos de los cuales es o pudiere ser titular el consorcio respectivo Sí
El contratista, en calidad de consorcio o unión temporal, tiene capacidad procesal para comparecer como parte en juicios relacionados con derechos o intereses jurídicos que le conciernen, conforme al artículo 7 de la Ley 80 de 1993, lo cual implica que puede actuar en el proceso judicial por conducto de su representante legal, sin necesidad de que los integrantes actúen individualmente. Esta regla se establece para modificar la jurisprudencia anterior que limitaba la capacidad procesal de estos consorcios y uniones temporales, reconociendo ahora su legitimación ad processum en controversias contractuales y procedimientos administrativos de selección contractual. La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado cambia su posición anterior, permitiendo que los consorcios y uniones temporales puedan participar en procesos judiciales sin restricciones basadas en la falta de personalidad jurídica propia, lo que amplía sus posibilidades de defensa y acción en el marco del derecho administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato celebrado por una entidad del Estado y cuál es el régimen aplicable?¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la procedente para demandar la nulidad del acto administrativo que adjudicó el contrato de obra?¿Cómo se contabiliza el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar el acto administrativo de adjudicación?
¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva está determinada por el interés legítimo frente a un derecho discutido entre las partes que acuden como demandante y demandado, y la relación sustancial que nace de dicha controversia? Sí
El contratista y la entidad estatal están legitimados en la causa para intervenir en un proceso contractual cuando tienen un interés legítimo en el derecho discutido y una relación sustancial con la controversia, lo que implica que la legitimación en la causa por activa y por pasiva se determina en función de la relación jurídica sustancial derivada de la participación en la circunstancia fáctica o situación jurídica que origina la disputa. En el caso concreto, la entidad estatal que celebró el contrato y que incumplió sus obligaciones es la única legitimada en la causa por pasiva, mientras que la otra parte que reclama el incumplimiento tiene legitimación en la causa por activa, ya que ambos tienen un interés legítimo en la controversia contractual y están vinculados funcional o materialmente a los hechos que dan origen a la reclamación. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la legitimación en la causa en controversias contractuales, estableciendo que la relación contractual es el fundamento esencial para determinar la legitimación de las partes en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa por pasiva recayó sobre el Hospital contratante en los negocios jurídicos que originaron la controversia…¿En qué consiste la capacidad jurídica y en qué se diferencia de la capacidad procesal?¿Los establecimiento de comercio tienen capacidad jurídica para ser parte de un contrato y para comparecer a un proceso judicial iniciado en virtud de controversias surgidas de dicho contrato?
Sentencia — Sentencia2023-10-11Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 25000233600020170032201LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda contra los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra? Sí
La acción de controversias contractuales es el medio procedente para demandar los actos administrativos mediante los cuales la entidad declara el incumplimiento de un contrato de obra, y que el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de la sentencia cuando la cuantía de la pretensión supera el umbral legal, conforme a los artículos 104, 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Una razón es que el artículo 104 atribuye a la jurisdicción las controversias originadas en actos y contratos en los que interviene una entidad pública, y el acto de incumplimiento fue expedido por una entidad del orden nacional. Otra razón es que la demanda pedía la nulidad de los actos que declararon el incumplimiento y el restablecimiento del derecho, pretensiones que el juez debe estudiar con la vía contractual, así como la cuantía fijada para la doble instancia. En el caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia. Su consecuencia práctica es que las resoluciones que declaran el incumplimiento de un contrato de obra se impugnan por controversias contractuales y no por nulidad y restablecimiento.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractual resulta procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra?¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del…
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las controversias sobre contratos del Estado, dada la naturaleza del asunto y en consideración a la cuantía del proceso? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias sobre contratos del Estado, y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias de los tribunales cuando la cuantía supera 500 salarios mínimos. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad estatal demandada es sujeto de la contratación estatal conforme al artículo 52 del Decreto 2171 de 1992 y al artículo 2 de la Ley 80 de 1993, de modo que la jurisdicción es competente para resolver las controversias en que sea parte. Segunda, la vocación de doble instancia se determina con los artículos 129, 132 numeral 5 y 181 del Código Contencioso Administrativo, vigentes al presentarse la demanda. Tercera, la cuantía del proceso para el año 2006 supera los 500 salarios mínimos exigidos. Además, la acción de controversias contractuales es la vía idónea para la nulidad de la liquidación unilateral, el desequilibrio, el incumplimiento, la validez del contrato y la liquidación judicial. En consecuencia, el Consejo de Estado es competente para decidir la apelación, y la providencia modifica la sentencia apelada. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal…¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?¿Dado el demandante no señaló ninguna norma violada con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, y que tampoco formuló un cargo concreto o mencionó razón alguna por la que…
¿Los consorcios y las uniones temporales pueden ser parte dentro de un proceso judicial? Sí
Aunque comparto la decisión que declaró la caducidad de la acción, me permito aclarar que, contrario a la posición mayoritaria de la Sala, considero que los consorcios y las uniones temporales carecen de capacidad para ser parte y para comparecer al proceso. El artículo 7 de la Ley 80 de 1993 establece la capacidad contractual de los consorcios y las uniones temporales, sin que determine que la misma se extiende a la posibilidad de ser parte dentro de un proceso judicial. Esta última capacidad fue creada por la jurisprudencia en la sentencia unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 20131. La determinación de otorgar capacidad para ser parte y para comparecer a un proceso es una materia reservada al legislador, por lo cual no es posible concederla por vía jurisprudencial.
¿Un consorcio puede comparecer como parte demandante en un medio de control de controversias contractuales cuando la controversia surge de un contrato estatal regido por el derecho privado? No
El consorcio carece de capacidad para ser parte demandante en los medios de control de controversias contractuales cuando el negocio jurídico respectivo se rige por el derecho privado. En la aclaración de voto correspondiente, el magistrado señala que, a diferencia de los contratos sometidos al Estatuto General de Contratación, en los regidos por las leyes civiles y comerciales los consorcios no poseen personería jurídica ni patrimonio propio, lo que impide reconocerles la titularidad del derecho de acción y configura la ausencia de un presupuesto procesal esencial para emitir pronunciamiento de fondo.síntesis automática
¿Los consorcios y las uniones temporales pueden comparecer a un proceso judicial de forma independiente? No
Aunque comparto la decisión que confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, aclaro el voto porque considero que la Unión Temporal Inter DJ no tenía capacidad para comparecer al proceso.… Al proceso comparecieron dos de sus integrantes, las sociedades CDM Smith Inc. e Integral Fluid Management IFM S.A.S., y además, de forma independiente, el Consorcio Inter DJ. Los consorcios y las uniones temporales no conforman una persona jurídica diferente de sus integrantes y, por lo tanto, no pueden comparecer a un proceso judicial de forma independiente; menos aún, cuando sus integrantes comparecieron por separado. En este sentido, la Unión Temporal Inter DJ, al no tener capacidad para comparecer al proceso, no podía interponer recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.
¿Se demostró que el incumplimiento por el cual fue condenada la entidad en el laudo arbitral era atribuible a las conductas imputadas en la demanda de repetición a los demandados? No
No se demostró que el incumplimiento por el cual fue condenada la entidad en el laudo arbitral era atribuible a las conductas imputadas en la demanda de repetición a los demandados… (exrepresentante legal del Fondo), [y los demandados] (en calidad de supervisores del contrato de obra pública No. 196 de 22 de diciembre de 2010).
También resuelve:¿Los consorcios y las uniones temporales no son personas jurídicas y, por lo tanto, no pueden comparecer a un proceso judicial?¿La relación entre el contratista y la entidad contratante está regulada por las normas del Estatuto General de la Contratación Pública?
¿Quien demande la nulidad de un acto administrativo debe precisar las normas vulneradas y el concepto de violación, determinando con precisión las disposiciones normativas violadas y sustentando por qué fueron vulnerados con el acto administrativo atacado? Sí
El accionante cumple con la carga procesal de indicar las disposiciones normativas infringidas y explicar las razones de su vulneración al formular una demanda de nulidad. En esta aclaración de voto, el magistrado sostiene que la demanda carecía de cargos de nulidad aptos contra los actos administrativos cuestionados, por lo que correspondía declarar la ineptitud sustantiva de la demanda en aplicación del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011. Asimismo, señala que la Sala no debió acudir a la remisión normativa del Código Civil en virtud del artículo 822 del Código de Comercio, dado que la legislación mercantil permitía resolver directamente la controversia suscitada.síntesis automática
También resuelve:¿El presente caso se regía por la normativa comercial porque el objeto del contrato constituye un acto de comercio?¿Es claro que no eran aplicables las disposiciones civiles al presente asunto porque existe una norma en el Código de Comercio que era aplicable al caso?
¿Las uniones temporales y los consorcios tienen capacidad para comparecer por sí misma al proceso, considerando que no conforman una persona jurídica distinta de sus integrantes? No
La Unión Temporal… no tenía capacidad para comparecer por sí misma al proceso porque, de acuerdo con la ley, las uniones temporales y los consorcios no conforman una persona jurídica distinta de sus integrantes.… El artículo 7 de la Ley 80 de 1993 establece la capacidad contractual de los consorcios y las uniones temporales, sin que determine que la misma se extiende a la posibilidad de ser parte dentro de un proceso judicial. Esta última capacidad ha sido creada por la jurisprudencia en la sentencia unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2013… La determinación de otorgar capacidad para ser parte y para comparecer a un proceso es una materia reservada al legislador, por lo cual no es posible concederla por vía jurisprudencial.
También resuelve:¿Sin que exista norma legal que lo sustente, no puede exigírsele al contratista que plasme una reclamación en el desarrollo del contrato como presupuesto para formular pretensiones judiciales…¿El rompimiento del equilibrio económico es incompatible con el incumplimiento contractual?