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¿El tribunal tenía el deber de decretar pruebas de oficio para tener como probada la culpabilidad del demandado en repetición? No
El tribunal no tiene el deber de decretar pruebas de oficio para establecer la culpabilidad del demandado en un medio de control de repetición, ya que la carga de la prueba recae sobre las partes y no sobre el juez, salvo en casos excepcionales donde existan puntos oscuros o difusos en la controversia. En este caso, el tribunal no incurrió en ningún error al negar la solicitud de pruebas de oficio, ya que la jurisprudencia es clara en señalar que dicha facultad no tiene como objetivo suplir la negligencia de las partes. Además, la Sala confirmó que no procede condenar en costas a la entidad demandante en primera y segunda instancia, ya que la condena en costas es aplicable solo a acciones que afectan el interés público, no a acciones de repetición que se relacionan con intereses patrimoniales. Esto implica que en casos similares, el tribunal debe seguir rigurosamente la carga probatoria de las partes y no puede ser forzado a decretar pruebas de oficio para demostrar la culpabilidad del demandado, y que la condena en costas no es aplicable en acciones de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Procede condenar en primera y segunda instancia en el medio de control de repetición a la entidad demandante vencida?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-01-27Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 68001233300020170087501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente la solicitud de citación del perito a la audiencia de pruebas, realizada por la parte que aportó el dictamen pericial? No
El contratista no puede solicitar la citación del perito que emitió el dictamen pericial aportado por él mismo a la audiencia de pruebas, ya que el artículo 228 del Código General del Proceso solo permite a la parte contra la cual se esgrime el dictamen la posibilidad de citar al perito para contradecirlo, no a la parte que lo presentó. Esta regla implica que la parte que aporta el dictamen no puede citar a su propio perito para que rinda explicaciones, ya que esto podría permitir que dicha parte complemente su dictamen o controle el interrogatorio. Además, la parte que aportó el dictamen no cumplió con la carga procesal de solicitar la contradicción del dictamen en el traslado de las excepciones, lo que resulta en la negación de su solicitud de citación del perito. Esta sentencia reitera la jurisprudencia existente sobre las cargas de las partes y la negación de la citación del perito por parte del juez, lo que implica que las partes deben asumir la responsabilidad de cumplir con las cargas procesales establecidas por la ley para evitar consecuencias desfavorables.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2025-03-31Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 70001233100019980074801ACCION CONTRACTUAL
¿Se encuentra el juez contencioso administrativo facultado para apartarse del criterio técnico expresado por el perito judicial, particularmente respecto de los elementos técnicos o científicos requeridos para la elaboración del dictamen? No
El juez contencioso administrativo no está facultado para apartarse del criterio técnico expresado por el perito judicial, especialmente respecto a los elementos técnicos o científicos requeridos para la elaboración del dictamen, ya que la labor de la perito comprende aspectos especializados que escapan del conocimiento del juez, quien debe limitarse a establecer las medidas que faciliten la práctica de la prueba, sin intervenir en la determinación de la información necesaria para el dictamen. Además, el juez puede conceder una prórroga del término inicialmente fijado para la práctica del dictamen pericial si la perito informa que no ha recibido la documentación o información indispensable para su elaboración, lo que implica que el plazo total para la entrega del dictamen se extienda en consecuencia. Asimismo, aunque el juez, las partes y los apoderados pueden hacer observaciones a los peritos y presenciar los exámenes y experimentos, no pueden intervenir en las deliberaciones de los peritos ni en la elaboración del dictamen, y deben realizar todas las actuaciones a través de los canales habilitados por la autoridad judicial para garantizar el principio de igualdad y el deber de lealtad procesal.síntesis automática
También resuelve:¿Está facultado el juez para conceder una prórroga del término inicialmente fijado para la práctica del dictamen pericial…¿Las partes y el Juez tienen permitido intervenir en la elaboración del dictamen pericial y las deliberaciones de los peritos?
¿La carga de sustentación que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la llana indicación de disenso frente a la providencia recurrida? Sí
La carga de sustentación que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la llana indicación de disenso frente a la providencia recurrida. La parte recurrente debe presentar razones claras y fundamentadas que ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia, en lugar de simplemente reiterar razones expuestas en la primera instancia o solicitar la revoque de la decisión para acceder a los intereses de la parte inconforme.síntesis automática
También resuelve:¿La indebida sustentación del recurso de apelación, impide resolver el asunto de fondo?¿Se evidenció temeridad o mala fe en la actuación procesal de las partes que conlleve a la imposición de la condena en costas?
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las controversias contractuales en las que, aunque las partes pactaron una cláusula compromisoria para resolver sus diferencias, guardaron silencio acerca de su existencia, entendiendo por ello que se produjo la renuncia tácita a someter la controversia a la justicia arbitral? Sí
El contratista puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver controversias contractuales en las que, a pesar de haber pactado una cláusula compromisoria, guardaron silencio sobre su existencia, lo que implica una renuncia tácita al pacto arbitral. Esto se debe a que la Sala ha reconocido que la renuncia tácita al pacto arbitral se produce cuando una de las partes presenta la demanda ante el juez contencioso administrativo y la otra parte no propone la excepción de cláusula compromisoria en su contestación, sin vulnerar el derecho de acceso a la justicia y el principio de confianza legítima. Esta regla reitera y matiza la jurisprudencia anterior que limitaba la competencia del juez contencioso administrativo en casos de cláusulas compromisorias, permitiendo que los procesos ya en curso continúen bajo la jurisdicción contenciosa administrativa.síntesis automática
También resuelve:¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida…
¿En la acreditación del pago de la condena como presupuesto necesario para la prosperidad de las pretensiones dentro de la acción de repetición, rige el principio de libertad de medios de prueba? Sí
En la acción de repetición el pago de la condena es un presupuesto necesario, aunque no suficiente, para que prosperen las pretensiones, y en su acreditación rige el principio de libertad de medios de prueba. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el certificado de pago que el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 considera prueba suficiente para iniciar el proceso no constituye una regla de conducencia que limite la prueba del pago a ese medio. Segundo, la previsión legal no excluye que el juez aprecie otros medios que acrediten el mismo hecho jurídico del pago, de modo que la carga probatoria puede satisfacerse por distintos medios. Tercero, el pago debe acreditarse como presupuesto de la pretensión, pero su prueba no basta por sí sola para que la acción prospere, pues deben concurrir los demás elementos de la responsabilidad del agente. La providencia confirma la decisión de instancia; en la práctica, la entidad que pretenda repetir puede acreditar el pago con cualquier medio idóneo, sin limitarse al certificado, pero debe demostrar también los elementos de la responsabilidad.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó en debida forma el pago de la indemnización a la que la parte actora fue condenada en un proceso de reparación directa, y que ahora es objeto de la acción de repetición?
¿La competencia del juez de segunda instancia está limitada a los puntos de discordancia señalados por el recurrente en el escrito de apelación? Sí
El juez de segunda instancia está limitado a los puntos de discordancia señalados por el recurrente en el escrito de apelación, ya que la competencia del juez de segunda instancia se circunscribe a los cargos específicos planteados en contra de la decisión recurrida, no siendo suficiente una mera manifestación de inconformidad sin argumentos concretos. La parte recurrente debe señalar los yerros o desaciertos del juez de primera instancia para que el juez de segunda instancia pueda confrontar el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad planteados. En caso de falta de sustentación, el recurso se considera no presentado o inexistente, lo que lleva a la Sala a confirmar la sentencia de primera instancia. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y subraya la importancia de la carga argumentativa en el recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿El incumplimiento de la carga argumentativa a cargo del recurrente ocasiona que el recurso se tenga como no presentado o que materialmente no existió recurso alguno?¿En virtud de las reglas del CPACA la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta de la parte vencida en el proceso…¿Para la fijación de las tarifas de agencias en derecho debe tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado…
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales respecto de las pretensiones de nulidad absoluta del contrato de concesión, por haber transcurrido más de cinco años desde su perfeccionamiento hasta la presentación de la demanda? Sí
Un contrato de concesión minera se perfecciona con su inscripción en el Registro Minero Nacional, y desde ese momento corre el término de caducidad para demandar su nulidad absoluta. Esta regla se apoya en los artículos 14 y 50 de la Ley 685 de 2001, que condicionan la existencia del negocio a la inscripción, y en la jurisprudencia de la Corporación que entiende que el acuerdo de voluntades solo se celebra cuando se agota ese trámite. Por ello el término se cuenta desde la inscripción y no desde la suscripción del contrato. Cuando la demanda se presenta después de vencido el plazo máximo para alegar la nulidad absoluta, la pretensión está caducada. En el caso concreto el contrato fue suscrito en agosto de 2008 y registrado en octubre de ese año, la demanda se presentó después de transcurrido el término legal, y la sala confirmó la declaratoria de caducidad. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la fecha de inscripción minera, y no la de la firma, fija el inicio de la caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por un Tribunal Administrativo?¿El medio de control procedente para reclamar la nulidad absoluta del contrato y el desequilibrio financiero del mismo, es el de controversias contractuales?¿La caducidad es una limitación al derecho de acción para poder ejercer de forma oportuna cada uno de los medios de control judicial y, por regla general…
¿Cuáles son los presupuestos para determinar la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia por razón de la cuantía? Sí
El contratista debe cumplir con las cargas procesales impuestas por la ley para la sustentación del recurso de apelación en un proceso de doble instancia por razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 150 del Código Procesal Contencioso Administrativo, lo que incluye atacar los fundamentos de hecho y derecho de la sentencia recurrida y no limitarse a manifestar inconformidad. La entidad estatal, por su parte, debe demostrar que el acto administrativo que declaró la caducidad del contrato estatal no viola la normativa que regula los convenios de asociación y que está debidamente motivado, a menos que la parte actora presente argumentos específicos para rebatir estas conclusiones. La Sala matiza precedentes al establecer que la omisión de cargas procesales en la apelación puede llevar a su desestimación, lo que implica que las partes deben presentar una argumentación clara y fundamentada en el recurso para evitar la pérdida de la oportunidad legal de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Cómo se debe realizar el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando el contrato requiere liquidación?¿Cuáles son las cargas procesales de lasa partes en relación con la sustentación del recurso de apelación y cuales son los presupuestos del recurso?¿Cuáles son las cargas procesales de las partes en relación con las sustentación del recurso de apelación cuando se está discute un incumplimiento contractual y la legalidad del acto administrativo…
¿La competencia del ad quem se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche invocados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia y, a los aspectos que estén íntimamente relacionados con ellos, de manera que la tarea de confrontación entre los argumentos del apelante y los aspectos de la decisión de primer grado, que son atacados por esta vía, es la que determina la competencia material del juez de segunda instancia? Sí
La competencia del juez de segunda instancia se circunscribe a las razones de inconformidad del apelante y a los aspectos íntimamente relacionados con ellas, de modo que la confrontación entre los argumentos del recurso y la decisión de primera instancia determina su competencia material. La regla se apoya en tres razones. Primera, la ley impone al apelante atacar los fundamentos de hecho o de derecho de la providencia y exponer por qué no es acertada, argumentos que delimitan el marco de la revisión. Segunda, el artículo 367 del Código de Procedimiento Civil fija ese alcance, y la carga no se satisface con el disenso, la solicitud de revocar o la reiteración de lo expuesto en primera instancia. Tercera, en el caso la parte actora no sustentó argumentos para desestimar las razones por las que se negó la nulidad del acto de liquidación unilateral, por lo que la Sala solo se pronunció sobre la pretensión de nulidad del acto que sí fue controvertida. El documento reitera la línea de la Subsección sobre la carga de sustentar la apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Aun cuando la oportunidad de la acción no fue un asunto discutido en la primera instancia, ni en el recurso, el juez está facultado para pronunciarse respecto de todos los aspectos que…¿La caducidad representa una figura jurídica de orden público que impone un límite máximo y perentorio dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción…¿En los casos en los que se demanda la nulidad relativa del acto bilateral de terminación del contrato, como la derivada del vicio del consentimiento adquirido a partir de las conductas engañosas de…
¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que prospere la acción de repetición? Sí
El contratista debe cumplir tres requisitos para que prospere la acción de repetición contra el Estado: la existencia de una condena judicial por daño antijurídico causado a un particular, el pago efectivo a la víctima del daño y la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente público como factor determinante de la condena. Estos requisitos se rigen por la Constitución Política de 1991, el Decreto 01 de 1984, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 678 de 2001, que establecen que la prueba del pago de la condena, como el certificado del pagador, es suficiente para iniciar el proceso de repetición. La entidad demandante debe expresar claramente la causal derivada de la presunción de dolo o culpa grave para permitir que el demandado ejerza su derecho de defensa y contradicción. Esta regla reitera y matiza precedentes, estableciendo un marco claro para la aplicación de la acción de repetición en casos de responsabilidad estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad demandante en la acción de repetición debe probar que los accionados obraron con dolo o culpa grave?¿Se acreditó dolo o culpa grave por parte de los miembros de la junta directiva, toda vez, que recaía sobre ellos la facultad nominadora que los habilitaba para declarar la insubsistencia del…¿En segunda instancia, se debe condenar en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre la existencia de una condena, el pago y la calidad de agente estatal del demandado, como presupuestos del medio de control de repetición, considerando que, respecto de las conclusiones adoptadas por el fallador de instancia, no se formuló ningún cuestionamiento en el recurso de apelación? No
El juez de segunda instancia no debe pronunciarse sobre los presupuestos del medio de control de repetición, relativos a la existencia de una condena, el pago y la calidad de agente estatal del demandado, cuando las conclusiones del fallador de primera instancia no fueron cuestionadas en el recurso de apelación, pues quedaron fijadas con la decisión del a quo. Para cumplir la carga de sustentación del recurso de apelación, el recurrente debe exponer las razones o fundamentos de disenso que ataquen de manera directa y concreta las consideraciones de hecho y de derecho que sustentaron la sentencia recurrida, sin limitarse a manifestaciones genéricas de desacuerdo, a pedir su revocatoria ni a reiterar automáticamente los fundamentos de la demanda, la contestación o los alegatos. Realizar un nuevo análisis sin limitaciones extralimitaría las funciones del superior jerárquico y vulneraría el derecho fundamental al debido proceso, por lo que ante una sustentación insuficiente basada en afirmaciones genéricas y vagas corresponde confirmar el proveído apelado.síntesis automática
También resuelve:¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida…¿En procura de garantizar el derecho al debido proceso de las partes, debe el juez abstenerse de analizar la controversia desde la perspectiva de una nueva argumentación introducida con el escrito de…¿Dado que en el proceso de repetición se persigue un interés público, resulta improcedente la condena en costas en contra de la entidad demandante?
¿La caducidad representa una figura jurídica de orden público que impone un límite máximo y perentorio dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción, que busca garantizar la seguridad jurídica y proteger el interés general, que corre indefectiblemente y no se interrumpe, ni se suspende salvo determinados eventos, y que debe ser declarado de oficio por el juez ante su observancia en el proceso? Sí
El contratista no puede interponer una acción de controversias contractuales una vez que ha transcurrido el plazo de dos años desde la realización de la liquidación bilateral o unilateral del contrato, o desde la expiración del término para que la entidad realice la liquidación unilateral, lo que implica que la caducidad de la acción es una figura jurídica de orden público que busca garantizar la seguridad jurídica y proteger el interés general, operando como medio extintivo del derecho de acción una vez que se ha cumplido el límite temporal establecido. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y confirma que la caducidad es invariable, irrenunciable, improrrogable e insubsanable, y que el juez debe declararla de oficio si se ha configurado, independientemente de la voluntad de las partes.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales, en los contratos que deben ser liquidados, caduca al paso de dos años contados desde el momento de haberse realizado la liquidación bilateral o unilateral…¿La liquidación del contrato estatal deberá llevarse a cabo, en principio, de común acuerdo entre las partes, dentro del plazo que ellas hayan pactado o, en su defecto…¿Debe declararse la caducidad de la acción de controversias contractuales, cuando se observa que si bien se elaboró un acta de liquidación bilateral antes de vencido el término para tal efecto…
¿Resulta dable para las partes del contrato, invocar las causales de nulidad previstas para acusar la legalidad de los actos administrativos, en orden a atacar la validez de un negocio jurídico que ha sido suscrito de manera coordinada y de común acuerdo? No
El contratista no puede invocar las causales de nulidad previstas para acusar la legalidad de los actos administrativos para atacar la validez de un negocio jurídico suscrito de mutuo acuerdo, ya que la liquidación bilateral del contrato es un acto jurídico que las partes produjeron coordinadamente y cuya nulidad debe controvertirse por causales específicas del contrato. Además, el juez debe abstenerse de analizar nuevas argumentaciones introducidas en el recurso de apelación cuando estas modifican lo planteado en la demanda original, ya que esto viola el principio de congruencia y el debido proceso, limitando así las facultades del juez para variar la causa petendi que se plantea en la demanda. Esto implica que las partes no pueden modificar el petitum y el contexto fáctico de la demanda fuera de las etapas procesales previstas para ello, asegurando que la contraparte no sea sorprendida con cargos nuevos.síntesis automática
También resuelve:¿En procura de garantizar la congruencia de la sentencia, debe el juez abstenerse de analizar la controversia desde la perspectiva de una nueva argumentación introducida con el escrito de…¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida…¿Para la procedencia de las costas procesales, lo determinante es perder el proceso o que la actuación promovida sea resuelta de manera desfavorable…
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para decidir las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para decidir las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas, como lo establece el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998. En este caso, el Ministerio de Transporte, como entidad pública, ostenta competencia para conocer del asunto. La Sala también tiene competencia para conocer de esta controversia en segunda instancia, ya que las pretensiones de contenido económico superan los 500 S.M.L.M.V., lo que implica un proceso de doble instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acción de controversias contractuales para controvertir la legalidad de la declaración de caducidad del contrato, su liquidación unilateral y la declaración del siniestro?¿La sentencia de primer grado desconoció lo consignado en el artículo 302 del Código de Procedimiento Civil por cuanto resultó desfavorable para ambos extremos procesales?¿La falta de contestación de la corrección de la demanda releva a la parte de su carga de probar los hechos en los cuales funda sus pretensiones ?
¿La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, por lo que resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para perseguir la nulidad absoluta del contrato, con fundamento en la ilegalidad del acto administrativo de adjudicación del mismo? Sí
La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de una decisión de fondo frente a controversias derivadas del negocio jurídico estatal. Resulta procedente utilizar esta herramienta para cuestionar la nulidad absoluta del contrato, fundada en la ilegalidad del acto administrativo de adjudicación. La legitimación en las acciones contractuales a través de las cuales se persigue la nulidad absoluta de un contrato se encuentra en cabeza de las partes del contrato censurado, del Ministerio Público o de cualquier tercero que acredite un interés directo. La caducidad de la acción de controversias contractuales no se aplica en este caso, ya que la demanda fue interpuesta después de la entrada en vigor de la Ley 446 de 1998, lo que permite perseguir la nulidad absoluta del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en las acciones contractuales a través de las cuales se persiga la nulidad absoluta de un contrato, se encuentra en cabeza de las partes del contrato censurado…¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de controversias contractuales, respecto de las pretensiones correspondientes al restablecimiento del derecho solicitado por el Consorcio…¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere…
¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el instrumento procesal adecuado para cuestionar la legalidad de la Resolución por medio de la cual se adjudicó la licitación pública? Sí
El contratista puede utilizar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad de la Resolución por medio de la cual se adjudicó la licitación pública, de acuerdo con el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Este mecanismo es adecuado cuando se considera que se ha lesionado un derecho por la expedición de un acto administrativo previo a la celebración del contrato. Además, el medio de control de controversias contractuales es idóneo para perseguir la nulidad absoluta del contrato estatal, según lo dispuesto en el mismo artículo 141 del CPACA. Ambos medios requieren que las partes tengan legitimación en la causa, es decir, que acrediten un interés directo en el asunto, como en el caso del Consorcio que participó en el proceso de selección y considera que sus derechos fueron afectados al no haber sido adjudicado el contrato, y la entidad estatal que adelantó el proceso de selección y profirió el acto administrativo de adjudicación. Estas reglas permiten a los contratistas y entidades estatales acceder a la justicia para resolver controversias relacionadas con la legalidad de los actos administrativos y la nulidad de los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para perseguir la nulidad absoluta del contrato estatal?¿El Consorcio demandante y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, cuentan con legitimación en la causa en relación con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho…¿El Consorcio demandante y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, cuentan con legitimación en la causa en relación con la demanda de controversias contractuales…
¿El fenómeno jurídico de la caducidad representa un límite o un plazo máximo, perentorio y preclusivo, dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción, de naturaleza objetiva, que corre indefectiblemente y no se interrumpe, ni se suspende salvo determinados eventos? Sí
El contratista debe ejercer su derecho de acción dentro del término de caducidad, un límite temporal perentorio y preclusivo que corre indefectiblemente y no se interrumpe ni suspende, salvo en casos específos como la conciliación extrajudicial. En contratos estatales que requieren liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la fecha en que las partes liquidaron el contrato. Los contratos de tracto sucesivo, cuya ejecución se prolonga en el tiempo, son objeto de liquidación que debe llevarse a cabo de común acuerdo entre las partes o, en su defecto, de forma unilateral por la entidad estatal, con el fin de determinar el estado económico final del contrato y finiquitar la relación negocial. Esta jurisprudencia reitera y matiza precedentes, estableciendo claramente los plazos y procedimientos para la liquidación y ejercicio de acciones en contratos estatales, lo que implica una mayor certeza jurídica en la administración de contratos públicos.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos estatales que requieran de liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, la contabilización del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a…¿Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación…¿Es a partir de la terminación del contrato, cuando empieza la etapa de liquidación, que deberá llevarse a cabo, en principio, de común acuerdo entre las partes…
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales en las que una entidad pública es parte? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales en las que una entidad pública es parte, siempre que la cuantía de la pretensión supera el equivalente a 500 S.M.L.M.V., lo que confiere al proceso la vocación de doble instancia. La caducidad de la acción de controversias contractuales opera frente a la declaratoria de nulidad relativa de una póliza de seguros si la entidad aseguradora no interpuso recurso de apelación contra la decisión del tribunal que la declaró caduca, y el término de caducidad para cuestionar la legalidad de los actos administrativos que afectan la póliza debe contarse a partir del acto que aprueba la liquidación del contrato, según lo dispone el Código Contencioso Administrativo. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, lo que implica que las entidades aseguradoras deben ser conscientes de los plazos y requisitos para ejercer acciones contra actos administrativos que afectan sus pólizas de cumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Frente a la pretensión consistente en la declaratoria de nulidad relativa de la póliza de seguros, operó la caducidad de la acción?¿El término de caducidad con que cuenta la aseguradora para cuestionar la legalidad de los actos administrativos que hacen efectiva la póliza de seguros…¿Pueden las partes modificar la causa petendi a través del recurso de apelación?
¿Debe el juez de segunda instancia evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación de la causa petendi? No
El juez de segunda instancia no debe evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación de la causa petendi, ya que hacerlo implicaría desconocer el principio de congruencia y violar el derecho de defensa de la contraparte. En el presente caso, la entidad estatal apeló la sentencia de primera instancia, pero algunos de los fundamentos planteados en el recurso de apelación desbordaban el marco de decisión bajo el cual fue fijado el litigio, introduciendo cuestionamientos sobre la incompetencia de la contratante para imponer multas, declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal. Estos reproches no guardaban afinidad con lo consignado en el escrito de la demanda ni en su contestación, ni con lo que se discutió en el marco de la demanda de reconvención, por lo que no era procedente su conocimiento en segunda instancia. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente, restringiendo la capacidad del juez de segunda instancia para abordar argumentos novedosos que no guardan relación con la causa petendi original, lo que implica que las partes deben ser cautelosas al presentar recursos de apelación para evitar introducir cuestionamientos que no fueron debidamente discutidos en primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos de régimen privado es procedente el pacto de la cláusula de liquidación, en virtud del ejercicio de la autonomía de la voluntad?¿El documento que se denominó «acta de liquidación bilateral» contiene un acuerdo de voluntades acerca del balance final del contrato 060 de 2009 y, por esto…¿Las causas que impidieron que el objeto del contrato de obra se cumpliera son imputables de forma exclusiva al contratista…
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