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¿Dado que las partes acordaron que la CAR haría unos desembolsos a la Lotería de Cundinamarca por la impresión y distribución de unos billetes de lotería que habían sido impresos y distribuidos incluso antes de la suscripción del negocio jurídico, se configura la causal de nulidad absoluta de causa ilícita? Sí
El contratista no puede reclamar el incumplimiento del convenio interadministrativo para obtener recursos públicos por actividades ya realizadas, ya que la celebración del negocio jurídico debe ajustarse a la legalidad y moralidad administrativa, y no puede financiar hechos cumplidos. La Sala declaró la nulidad absoluta del contrato estatal respecto de los billetes de lotería impresos y distribuidos antes de su celebración, por configurarse causa ilícita en virtud del artículo 1524 del Código Civil, que prohíbe financiar actividades ya ejecutadas. Además, la entidad estatal no acreditó el incumplimiento del contrato por parte de la Lotería de Cundinamarca, ya que la carga de la prueba recae sobre quien alega el incumplimiento, y no se demostró que la demandada no cumpliera con sus obligaciones. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los principios de legalidad y moralidad en la contratación estatal y la necesidad de acreditar el incumplimiento contractual para reclamar responsabilidad.síntesis automática
También resuelve:¿Respecto de los billetes de lotería que se imprimieron y distribuyeron en el marco de ejecución del negocio jurídico, se cumplen los requisitos para declarar el incumplimiento de la demandada?
¿La declaratoria de nulidad del contrato de concesión, impacta la validez del arreglo directo y de la transacción demandados en el presente proceso, en virtud de los cuales se acordó entre las partes la fórmula para financiar unas específicas obligaciones del contrato y se dispuso el pago de unas determinadas sumas de dinero? Sí
El contratista no puede mantener la validez del arreglo directo y del contrato de transacción después de que la entidad estatal anula el contrato de concesión, ya que estos acuerdos son accesorios o dependen del contrato principal para su validez. El arreglo directo carece de sustento autónomo sin el contrato de concesión, mientras que la transacción, aunque autónoma, se basa en un título nulo, lo que la hace nula en su totalidad según el artículo 2477 del Código Civil. La nulidad del contrato de concesión implica necesariamente la anulación de los acuerdos accesorios y autónomos que dependen de él, manteniendo la sentencia que declaró la nulidad y condenando a la parte vencida en costas en ambas instancias.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente condenar en costas en ambas instancias a la parte vencida en el proceso?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala determina que el contrato No. 229 de 2015 no puede ser celebrado mediante contratación directa, ya que no se ajusta a la definición legal de contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, lo que implica la procedencia de declarar su nulidad absoluta por violar el principio de selección objetiva. Además, reconoce el derecho de la demandante al pago de las prestaciones ejecutadas hasta la declaratoria de nulidad, considerando que el precio del contrato era global y que se han acreditado los actos de apertura y clausura de los juegos deportivos, aunque no se completó el pago total. Esta sentencia reitera y matiza la interpretación restrictiva de los contratos de apoyo a la gestión y refuerza la necesidad de cumplir con los principios de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato No. 229 de 2015 no podía ser celebrado mediante la modalidad de selección de contratación directa por no ser un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión?¿Es procedente declarar la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 229 del 05 de noviembre de 2015…¿La demandante tiene derecho al reconocimiento y el pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria de nulidad absoluta del contrato No. 229 de 2015?
¿La decisión adoptada en la sentencia de primera instancia de prorrogar y ampliar los efectos de la medida cautelar de suspensión del contrato de explotación minera, para garantizar el derecho a la consulta previa de la comunidad indígena U’wa, debe ser revocada por ser incongruente con los hechos y pretensiones de la demanda, y porque no guarda relación con la finalidad de la medida cautelar? Sí
Tal y como lo advirtió la ANM en el recurso de apelación, la decisión de prorrogar y ampliar los efectos de la medida cautelar de suspensión del contrato de concesión es incongruente respecto de las pretensiones y hechos expuestos en la demanda. En efecto:… La comunidad indígena U’wa no pidió en la demanda garantizar su derecho constitucional fundamental a la consulta previa, como lo entendió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al ordenar la realización de la misma. Mucho menos solicitó analizar la idoneidad del proceso de consulta previa adelantado por el titular minero ante el Ministerio del Interior.… En la demanda, la parte actora solicitó la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de concesión GKT-081 porque no le solicitaron autorización para realizar un proyecto minero en su territorio ni le permitieron participar en el proceso administrativo adelantado para firmar el contrato.
También resuelve:¿La decisión de la sentencia de primera instancia que de oficio declaró parcialmente la nulidad absoluta del contrato de concesión de explotación minera…¿Resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso, cuando se observa que en la presente litis se ventiló un interés público?
¿Es inepta la demanda presentada en ejercicio de la acción contractual si el actor formula de modo subsidiario la pretensión de anulación del acto administrativo de liquidación del contrato, sin anexar a la demanda la copia de dicho, y sin hacer desarrollo alguno de su concepto de violación de normas jurídicas que habría ocurrido con ocasión de su expedición? No
La liquidación unilateral de un convenio de asociación no constituye acto administrativo cuando la ley no confiere a la entidad estatal competencia expresa para liquidarlo unilateralmente, sino que es un acto contractual sin presunción de legalidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el régimen de los convenios de asociación lo define el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, complementado por el Decreto 777 de 1992 y, en lo no previsto, por el derecho privado. Segunda, en ese régimen no existe el deber de liquidar el negocio ni la competencia expresa para hacerlo unilateralmente, de modo que la invocación de una habilitación legal para liquidar contratos estatales no suple esa falta. Tercera, la manifestación de la entidad carece de la presunción de legalidad y del carácter ejecutivo y ejecutorio propios de los actos administrativos, y se limita a un corte de cuentas. La providencia revoca la decisión de primera instancia y resuelve el fondo del asunto sin que fuera necesario impugnar esa liquidación como acto. La consecuencia práctica es que la demanda no resulta inepta por omitir la pretensión de anulación de una liquidación que no es acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿El convenio de asociación, fuente del desacuerdo que se ha traído a conocimiento de la jurisdicción, cuenta con validez por traer los rasgos propios de este negocio…¿Como consecuencia de la declaración de nulidad absoluta del convenio de asociación, en este caso proceden las restituciones mutuas?
¿La Orden de Compra n.° 94014, expedida por el ICBF a favor de la Unión Temporal Aseo Colombia 2 para la prestación del servicio de aseo y cafetería para la región n.° 11 en virtud del Acuerdo Marco de Precios n.° CCE-972-AMP-2019, está viciada de nulidad? ¿La Orden de Compra n.° 94014 fue expedida contra expresa prohibición constitucional o legal y, por lo tanto, se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 2° del artículo 44 de la Ley 80 de 1993? Sí
El contratista no puede obtener un contrato estatal mediante una orden de compra que vulnere la prohibición de eludir los procedimientos de selección objetiva, como lo establece el numeral 8° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, ya que esto configura la causal de nulidad prevista en el numeral 2° del artículo 44 de la misma ley. Esto ocurre cuando, en la evaluación de propuestas, se cometen errores técnicos que llevan al rechazo indebido de la oferta más económica y a la adjudicación de la contratación a otra oferta, en contravención de los principios de objetividad y congruencia en la selección del contratista. La Sala reitera que la expedición de una orden de compra que no cumple con estos requisitos es nula absoluta y debe ser declarada como tal, con los efectos correspondientes en la contratación estatal.síntesis automática
13001233300020150083201 de 20252025-11-07Rad. 13001233300020150083201
A la luz lo anterior, la Sala recalca que, según la jurisprudencia de esta Corporación, recientemente reiterada por esta Subsección, la caducidad de la acción en punto de la pretensión de nulidad absoluta de un contrato es exigible únicamente a las partes o a terceros con interés que la soliciten. El Ministerio de Cultura autorizará, en casos excepcionales, la enajenación o el préstamo de bienes de interés cultural entre entidades públicas”. No obstante, en este grado jurisdiccional, se torna imperativa la modificación del fallo apelado, en el sentido de declarar oficiosamente la nulidad absoluta del contrato de manera integral, en razón a la ilicitud de su objeto. Por lo anterior, resulta improcedente el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas, sin perjuicio de la orden de restitución del inmueble proferida por el Tribunal, la cual constituye consecuencia necesaria de la declaratoria de nulidad y que habrá de confirmarse.
También resuelve:Declaratoria de nulidad absoluta del contrato estatal: facultad oficiosa del juez en su declaratoriaNulidad absoluta del contrato estatal: facultad oficiosa del juez en su declaratoria, independencia con la caducidad del medio de control, objeto ilícito, falta de capacidadNulidad del contrato estatal: bienes de interés cultural, Ley 397 de 1997 artículo 10, enajenación o préstamo, prohibición de celebrar contrato de arrendamiento
13001233300020150083201 de 20252025-10-24Rad. 13001233300020150083201
A la luz lo anterior, la Sala recalca que, según la jurisprudencia de esta Corporación, recientemente reiterada por esta Subsección, la caducidad de la acción en punto de la pretensión de nulidad absoluta de un contrato es exigible únicamente a las partes o a terceros con interés que la soliciten. El Ministerio de Cultura autorizará, en casos excepcionales, la enajenación o el préstamo de bienes de interés cultural entre entidades públicas”. No obstante, en este grado jurisdiccional, se torna imperativa la modificación del fallo apelado, en el sentido de declarar oficiosamente la nulidad absoluta del contrato de manera integral, en razón a la ilicitud de su objeto. Por lo anterior, resulta improcedente el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas, sin perjuicio de la orden de restitución del inmueble proferida por el Tribunal, la cual constituye consecuencia necesaria de la declaratoria de nulidad y que habrá de confirmarse.
También resuelve:Declaratoria de nulidad absoluta del contrato estatal: facultad oficiosa del juez en su declaratoriaNulidad absoluta del contrato estatal: facultad oficiosa del juez en su declaratoria, independencia con la caducidad del medio de control, objeto ilícito, falta de capacidadNulidad del contrato estatal: bienes de interés cultural, Ley 397 de 1997 artículo 10, enajenación o préstamo, prohibición de celebrar contrato de arrendamiento
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2022-03-18Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 54001233100020040093601ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente la solicitud de adición de la providencia, que tiene como objeto el reconocimiento de las restituciones mutuas que fueron negadas en la sentencia? No
El contratista no puede solicitar la adición de la sentencia para reconocer las restituciones mutuas que fueron negadas, ya que la Sala ya se pronunció sobre este punto y decidió negarlas dentro del concepto de restituciones mutuas. La adición de la sentencia no es procedente porque está vedado al juez modificar su propia decisión, salvo para aclararla, corregirla o adicionarla bajo los requisitos establecidos en los artículos 309 a 312 del Código de Procedimiento Civil y 285 a 288 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta decisión reitera la inmutabilidad de la sentencia y sus efectos en la resolución de controversias contractuales.síntesis automática
47001233300020170046801 de 20252026-02-03Sección TerceraRad. 47001233300020170046801
Sobre la irretroactividad de la Ley y la estabilidad jurídica en materia contractual NULIDAD ABSOLUTA POR DELEGACIÓN INDEBIDA DE POTESTADES tributarias –Contrato estatal – Ley 1386 de 2010 – Objeto ilícito – Fiscalización tributaria – Jurisprudencia del Consejo de Estado – Ley 1386 de 2010 – Potestades públicas En los contratos regidos por la Ley 80 de 1993, cuando se declara la nulidad absoluta por objeto o causa ilícita el ejecutante o prestador del objeto contractual tiene derecho a ser restituido por el valor equivalente a las prestaciones ejecutadas, siempre y cuando se encuentre demostrado que la entidad se ha beneficiado con éstas para la satisfacción de un interés público, restituciones que, no obstante, no proceden en todos los casos como lo ha indicado esta Corporación, por ejemplo, en aquellos en los que resulta materialmente imposible efectuarlas.
También resuelve:Controversias contractuales: Artículo 141 del CPACA, liquidación judicial del contrato estatal, partes del contrato estatalCaducidad del medio de control contractual: cómputo del término de caducidad, liquidación del contrato estatal, plazo de dos (2) años, inicio del término de caducidadIrretroactividad de la ley en materia contractual: Ley vigente al momento de celebración, régimen jurídico del contrato, estabilidad jurídica contractual
¿El contrato de arrendamiento tiene como fin principal conceder el goce de una cosa, o de ejecutar una obra o un servicio y, de la otra, de pagar, por este goce, obra o servicio, un precio determinado? Sí
El contratista no puede denominar un contrato con una entidad estatal sobre un bien de uso público como arrendamiento cuando combina obligaciones propias de la prestación de servicios y presenta rasgos de una concesión, ya que corresponde al juez determinar la naturaleza real del contrato más allá de la denominación formal acordada por las partes. En este caso, el contrato en cuestión no cumple con los elementos esenciales del arrendamiento, como el uso y goce exclusivo del bien, ya que el contratista fue encargado de la administración directa del bien y de la recuperación de la cartera morosa, lo cual implica una entrega total del bien y no solo su uso y goce. Además, el bien en cuestión, una plaza de mercado, está destinado al servicio público, lo que también impide la celebración de un contrato de arrendamiento. Esta decisión matiza la interpretación de la naturaleza de los contratos estatales y subraya la importancia de la función interpretativa del juez para determinar la verdadera naturaleza del contrato celebrado, independientemente de la denominación que le hayan dado las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Los elementos esenciales del contrato de arrendamiento son el otorgamiento del goce o uso de un bien, el precio que se paga por el uso o goce de ese bien y el consentimiento de las partes?¿Las plazas de mercado son de bienes de uso público que prestan un servicio público por destinación legal?¿Cuándo el contrato con una entidad estatal sobre un bien de uso público, como lo es una plaza de mercado, combina obligaciones propias de la prestación de servicios…
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que aprobó la liquidación unilateral del convenio? Sí
El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales de dos años se cuenta desde la ejecutoria del acto administrativo que aprueba la liquidación unilateral del contrato, conforme al cuarto supuesto del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, y ese término se suspende mientras se tramita la conciliación extrajudicial. La regla se sostiene en tres razones: la norma señala como punto de partida la liquidación unilateral cuando las partes no logran la liquidación de mutuo acuerdo; la liquidación unilateral del convenio se produjo en un momento que, sumado a la suspensión por la conciliación extrajudicial, permite presentar la demanda dentro del término legal; y el cómputo debe efectuarse desde la fecha de ejecutoria del acto que aprueba la liquidación, y no desde la fecha de la terminación del convenio. Por ello, la demanda presentada dentro de ese plazo es oportuna. La providencia se revoca en lo que se opone a esta regla.síntesis automática
También resuelve:¿El negocio jurídico celebrado entre el Municipio de San Vicente del Caguán y Gasdicom corresponde a un contrato estatal, y no a uno de los convenios de asociación que celebran las entidades…¿Es procedente declarar la nulidad absoluta del convenio No. 23 de 2011 por haberse celebrado contra expresa prohibición legal de eludir los procedimientos de selección objetiva consagrada en el…¿Hay lugar a ordenar restituciones mutuas cuando no está acreditada la existencia de prestaciones ejecutadas pendientes de pago hasta el momento de la declaratoria?
25000233600020170120902 de 20262026-07-28Rad. 25000233600020170120902
En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha establecido que los elementos principales de la responsabilidad contractual de la administración pública son: a) el incumplimiento de una obligación surgida del contrato, imputable a la Administración Pública. b) el daño antijurídico sufrido por el contratista o el menoscabo de su derecho a la prestación. c) [el] nexo causal entre el daño antijurídico sufrido por el contratista y el incumplimiento de la obligación imputable a la Administración Pública. En consecuencia, es evidente que al momento de formularse la demanda, esto es, el 30 de junio de 2017, demanda que por demás fue admitida el 31 de enero de 201874, ya había transcurrido el término de prescripción extraordinaria, lo que hace imposible pronunciarse de oficio sobre la eventual configuración de alguna causal de nulidad absoluta.
También resuelve:Régimen jurídico aplicable a los contratos celebrados por empresas industriales y comerciales del estado (eice): Ley 489 de 1998 artículo 93Responsabilidad civil contractual de la administración pública: presupuestos estructurales para su configuración, incumplimientoResponsabilidad contractual de la entidad: interpretación de las cláusulas, deber de pagar honorarios
¿Es procedente la declaración de nulidad absoluta parcial de contrato de concesión minera porque en el momento en que se suscribió no existían normas que prohibieran la minería en el área otorgada en concesión, ni tampoco limitantes que comprometieran la capacidad jurídica de la sociedad demandante? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, la nulidad absoluta parcial de un contrato de concesión minera no procede cuando, al momento de su celebración, no existían normas que prohibieran la actividad minera en el área otorgada ni limitaciones que comprometieran la capacidad jurídica de la sociedad contratante. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la validez del contrato se examina con el régimen jurídico vigente al momento de su suscripción, y no con normas posteriores que restrinjan la actividad. Segunda, la falta de incapacidad o de prohibición en esa fecha impide declarar la nulidad de la totalidad del contrato y, como consecuencia, la extinción de las obligaciones pactadas. La providencia confirma la negativa de las pretensiones y no accede a la nulidad total pedida en la apelación. En la práctica, quien pretenda anular un contrato minero debe demostrar la existencia de una causal de nulidad vigente al momento de la celebración, y no basta invocar restricciones sobrevinientes.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia cuando en el proceso se ventiló un interés público?
¿La nulidad absoluta por objeto ilícito del acto jurídico afecta su validez desde el mismo momento de su nacimiento y, por consiguiente, no es posible aceptar que sobrevenga el vicio con posterioridad? Sí
El contratista no puede invocar la nulidad absoluta por objeto ilícito del contrato estatal si el vicio surge después de su perfeccionamiento, ya que la nulidad absoluta afecta la validez del acto desde su nacimiento y no puede sobrevinir posteriormente; sin embargo, la Sala establece que en casos donde una norma prohibitiva se expide después del perfeccionamiento del contrato, las partes tienen la autonomía para determinar los efectos de dicha norma en el negocio jurídico, evitando la aplicación retroactiva de la norma y permitiendo que las partes adecuen las obligaciones y prestaciones para garantizar la continuidad del contrato, lo que implica que la nulidad absoluta por objeto ilícito no es aplicable en estos casos y las partes deben resolver la situación conforme a la autonomía de la voluntad.síntesis automática
También resuelve:¿Operó la nulidad absoluta sobreviniente por objeto ilícito del contrato de explotación minera, como consecuencia de la posterior expedición de la Resolución 0138 de 31 de enero de 2014 del…
¿El contrato suscrito para la exploración y explotación minera, adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito, al entregar en concesión un área que superpone casi en su totalidad con la reserva forestal protectora pantano Redondo y nacimiento del río Susaguá, declarada con anterioridad a la firma del mentado contrato? Sí
El contratista no puede celebrar un contrato de concesión minera que entregue en concesión un área que ha sido declarada previamente como zona de reserva forestal, ya que tal acción transgrede la normativa ambiental imperativa y adolece de objeto ilícito, lo que implica la nulidad absoluta del contrato. Esta regla se sostiene en que el artículo 1º del Acuerdo 17 de 1992 de la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Bogotá, Ubaté y Suárez declaró como área de reserva forestal protectora los terrenos que conforman la cuenca de la laguna de pantano Redondo y el nacimiento del río Susaguá, y el contrato en cuestión superpone casi en su totalidad dicha reserva forestal sin obtener la autorización ambiental correspondiente. La regla reitera la jurisprudencia existente sobre la nulidad absoluta de contratos estatales que violan normas imperativas, lo que implica que cualquier contrato que entregue en concesión áreas declaradas como reservas forestales sin la debida autorización será nulo de pleno derecho.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión de primera instancia vulneró el principio de congruencia de la sentencia?¿La Agencia Nacional de Minería cuenta con legitimación en la causa por pasiva en el asunto sublite, teniendo en cuenta que asumió las funciones que correspondían al extinto Ingeominas…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra sentencias proferidas por los tribunales administrativos cuando la cuantía de la pretensión supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso, la entidad estatal terminó unilateralmente un contrato de prestación de servicios, lo que generó una demanda por parte del contratista. La cuantía de la pretensión superaba el umbral legal en la fecha de presentación de la demanda, por lo que el Consejo de Estado tuvo competencia para revisar el recurso de apelación. La Sala revocó la sentencia del tribunal administrativo, confirmando la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y reafirmando la importancia de la doble instancia en la jurisdicción contenciosa administrativa.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la expedición del acta de terminación del contrato?¿El hallazgo de una causal de nulidad absoluta del contrato exime al juez de pronunciarse sobre las pretensiones de nulidad formuladas contra el acto administrativo contractual?¿La motivación del acto administrativo de terminación unilateral debe fundamentarse en alguna de las causales del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 o en uno de los eventos establecidos en el inciso…
¿Qué restricciones existen para celebrar y ejecutar contratos de prestación de servicios durante el periodo electoral, y cuáles son las implicaciones de los artículos 33 y 38 de la Ley 996 de 2005?
Como primera medida, esta Agencia quiere esclarecer que la competencia de esta Entidad se fija con límites claros, con el objeto de evitar que actúe como una instancia de validación de las actuaciones de las Entidades sujetas a la Ley 80 de 1993 o de los demás participantes de la contratación pública. Esta competencia de interpretación de normas generales, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales. En ese sentido, la solución de estos temas corresponde a la Entidad que adelanta el procedimiento de selección y, en caso de conflicto, a las autoridades judiciales, fiscales y disciplinarias.
También resuelve:Nulidad absoluta del contrato estatal: normativa, causales, celebración de contratos contra expresa prohibición legal
¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato de estabilidad jurídica No. 002 de 2012 celebrado el 31 de diciembre de 2012 entre La Nación – Ministerio de Transporte y la sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. (hoy en liquidación judicial)? Sí
El contratista no puede celebrar un contrato de estabilidad jurídica con la entidad estatal si el contrato de inversión que lo fundamenta es nulo por causa ilícita, ya que la estabilidad jurídica se basa en la existencia y validez de un contrato previo de inversión. La Sala determinó que el contrato de estabilidad jurídica No. 002 de 2012 es nulo por tener causa ilícita, ya que el contrato de concesión No. 01 de 2010, que lo fundamenta, fue declarado nulo por fraude y corrupción. La regla reitera la jurisprudencia que establece que la nulidad del contrato principal irradia sus efectos sobre el contrato de estabilidad jurídica, comprometiendo su validez y eficacia. Esto implica que cualquier contrato de estabilidad jurídica que se base en un contrato de inversión viciado por corrupción será nulo.síntesis automática
También resuelve:¿Debe reliquidarse la prima de estabilidad jurídica, liquidarse judicialmente el referido contrato de estabilidad jurídica y acceder a las restituciones mutuas?¿La DIAN tiene legitimación en la causa por activa para solicitar pretensiones diferentes a la de nulidad del contrato?
¿Es procedente declarar la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que el acto de adjudicación no fue motivado, aunque no se pidió la nulidad del acto administrativo de adjudicación? No
El contratista no puede declarar la nulidad absoluta del contrato con base en la falta de motivación del acto de adjudicación si no ha solicitado previamente la nulidad del acto administrativo de adjudicación, ya que este es un requisito previo para que proceda la nulidad del contrato según el artículo 44 numeral 4 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal debe cumplir los actos administrativos mientras no sean anulados o suspendidos por la jurisdicción, dado que estos son ejecutorios y se presumen legales. Además, el interventor debe demandar los actos proferidos antes de la celebración del contrato dentro de los treinta días siguientes a su notificación, comunicación o publicación, de acuerdo con el artículo 87 del Decreto-Ley 1 de 1984, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998. Esta regla reitera y confirma precedentes sobre la necesidad de solicitar la nulidad del acto administrativo de adjudicación para invalidar el contrato y establece las caducidades para demandar actos administrativos relacionados con contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común?¿Los ciudadanos tienen el deber de cumplir los actos administrativos mientras no hayan sido anulados o suspendidos?¿En vigencia del CCA, los actos proferidos antes de la celebración del contrato debían ser demandados dentro de los treinta días siguientes a su notificación, comunicación o publicación?