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¿El incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio son dos instituciones diferentes, pues la primera de ellas se deriva de desatender una obligación con fuente en el contrato, mientras que la segunda supone la existencia de una situación que altere la equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar, dentro de lo que no resulta dable incluir las modificaciones y prórrogas contractuales, ya que no dan lugar a la configuración de la teoría de la imprevisión, del hecho del príncipe, ni constituyen ejercicio de ius variandi? Sí
El contratista no puede confundir el incumplimiento del contrato con la ruptura del equilibrio económico, ya que la primera se origina en el desatender una obligación contractual, mientras que la segunda implica una alteración de la equivalencia entre derechos y obligaciones existentes al momento de la contratación, excluyendo modificaciones y prórrogas contractuales que no generan la teoría de la imprevisión, hecho del príncipe o ejercicio de ius variandi. La entidad estatal no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato si se eligió la modalidad de pago llave en mano, debido al carácter solemne de los contratos estatales y el respeto a la autonomía de la voluntad. Además, si las partes acuerdan una suspensión o prórroga del contrato sin salvedades, están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones, lo que resultaría contrario al principio de buena fe y la doctrina de los actos propios. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, reafirmando la importancia de distinguir claramente entre estas instituciones y principios en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La elección de la modalidad de pago del contrato lleva implícita una asunción de deberes de conducta que es relevante, pues el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del…¿Si las partes acuerdan una suspensión o una prórroga del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones…
¿Cuándo se trata de contratos que se han liquidado en forma bilateral, el estudio de las pretensiones de la acción contractual está hilado, de forma ineludible, a la existencia de salvedades o vicios del consentimiento, sin las cuales no es posible desatender el contenido obligacional incorporado en el documento, en virtud de la fuerza obligatoria de los contratos, la aplicación del principio según el cual nadie puede alegar su propia culpa para fundar una pretensión, la teoría del acto propio y el principio de la buena fe, que deben inspirar el comportamiento de los contratantes? Sí
En los casos de liquidación bilateral de contratos estatales, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha establecido que el estudio de las pretensiones de la acción contractual está intrínsecamente ligado a la existencia de salvedades o vicios del consentimiento, excluyendo cualquier pretensión que no se base en estos elementos. Esta regla implica que, en la liquidación bilateral, solo pueden ser controvertidos aspectos que hayan sido objeto de salvedad expresa o que puedan probarse un vicio del consentimiento, como errores, fuerza mayor o dolo. La fuerza obligatoria de los contratos, el principio de que nadie puede alegar su propia culpa, la teoría del acto propio y el principio de buena fe, son fundamentales para respaldar esta posición, ya que garantizan la integridad del proceso y la confianza entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿La liquidación del contrato, más que una convención es un pacto jurídico, por cuanto su propósito o finalidad está encaminado a extinguir¿Con los fundamentos invocados en la¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿En los contratos estatales que requieran de liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, la contabilización del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la fecha en que las partes liquidaron el contrato? Sí
El contratista no puede interponer un medio de control de controversias contractuales para reclamar sobre un desequilibrio económico en un contrato estatal terminado y liquidado, ya que la excesiva onerosidad sobrevenida solo aplica a prestaciones futuras y no a situaciones pasadas, y el principio de no ir contra los actos propios prohíbe que las partes reviertan acuerdos ya cumplidos. La Sala reitera que la caducidad del medio de control inicia el día siguiente a la firma del acta de liquidación bilateral, lo que permite que la demanda sea presentada oportunamente si se ajusta a este plazo. En contratos financiados por entidades internacionales, como el Banco Mundial, las disposiciones sobre equilibrio económico no son aplicables debido al régimen especial del contrato, por lo que reclamaciones basadas en desequilibrio financiero deben ser rechazadas.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta aplicable la figura del desequilibrio económico dado el régimen especial del contrato al haber sido celebrado por una empresa de servicios públicos y financiado por el Banco Mundial?¿La excesiva onerosidad sobrevenida pretende remover a futuro las dificultades que se le presenten a una de las partes de un contrato durante su ejecución…¿Si las partes acuerdan una suspensión o una prórroga del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones…
¿Se encuentra acreditado que la entidad estatal ante la entrega de la obra pública decidió revocar la resolución que declaró el incumplimiento del contrato? Sí
La entidad contratante puede revocar la declaratoria de incumplimiento cuando, tras el vencimiento del plazo, el contratista ejecuta las obras faltantes y la entidad las recibe a satisfacción, de modo que la revocatoria se sustenta en el recibo de la totalidad del objeto contratado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, al vencer el plazo la obra no estaba ejecutada en su totalidad, lo que habilitaba la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal y el cobro de la garantía. Segunda, después del vencimiento el contratista completó las actividades faltantes y la entidad las recibió con concepto técnico favorable de un perito, mediante acta de entrega y recibo definitivo. Tercera, al resolver el recurso de reposición, la entidad revocó el acto sancionatorio con base en ese recibo, lo que se ajusta a la buena fe contractual. La providencia revoca la sentencia de primera instancia en lo que corresponde. La consecuencia práctica es que la recepción de la obra completa después del plazo, seguida de la revocatoria del acto sancionatorio, reconoce el cumplimiento sustancial del contrato y limita el alcance de la sanción.síntesis automática
También resuelve:¿La buena fe contractual es un parámetro de conducta para valorar el cumplimiento del contrato estatal?¿La entrega de la obra pública por fuera del plazo del vencimiento del contrato es justificación para que la entidad contratante no realice el pago de esta?¿Procede la liquidación del contrato por vía judicial ante la ausencia de esta?
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El contratista está legitimado en la causa por activa para demandar la nulidad del acto de adjudicación y del contrato estatal, en virtud de su participación como proponente en el proceso de selección, lo que le confiere interés para formular las pretensiones oportunamente en el proceso de controversias contractuales. La entidad estatal y el contratista están legitimados en la causa por pasiva, ya que la entidad emitió el acto de adjudicación y suscribió el contrato en cuestión, mientras que el contratista es coadyuvante en el proceso. Además, el Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía, dado que el monto de las pretensiones indemnizatorias supera el umbral establecido en el artículo 132.5 del Código Contencioso Administrativo. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre la competencia del Consejo de Estado en casos de cuantía elevada, lo que implica que los procesos similares podrán ser conocidos en segunda instancia por esta corporación siempre que cumplan con los requisitos de cuantía establecidos en la normativa vigente.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura la caducidad de la acción frente a las pretensiones de restablecimiento del derecho?¿La demandante como proponente en el proceso de selección del contratista esta legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del acto de adjudicación que finalizó dicho proceso?¿La entidad contratante y el contratista están legitimados en la causa por pasiva?
¿Resulta aplicable la tesis acerca del deber de las partes de ejercer la renuncia a la cláusula o pacto arbitral de manera expresa, esto es, la irrenunciabilidad tácita de la misma, teniendo en cuenta que la demanda como su contestación tuvieron ocurrencia con anterioridad al cambio jurisprudencial adoptado sobre ese específico aspecto por la Sección Tercera del Consejo de Estado, sin que se hiciera manifiesta oposición a la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa? No
El contratista no puede renunciar tácitamente a la cláusula compromisoria de un contrato, ya que la renuncia a la misma debe ser expresa, según la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, pero esta regla no es aplicable retroactivamente a casos en los que la demanda y la contestación se presentaron antes de dicha jurisprudencia, permitiendo que el Tribunal Administrativo resuelva la controversia integralmente. Además, el contratista no puede posteriormente desconocer en juicio aspectos de un contrato o acta de suspensión y prórroga si no expresó salvedades o reclamaciones en el momento de su firma, pues esto sería contrario al principio de buena fe y al deber de lealtad contractual. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y garantiza la confianza legítima entre las partes en la ejecución de los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Si las partes acuerdan una suspensión o una modificación del contrato y no plantean salvedades o reclamaciones a su cumplimiento…¿La entidad contratante incumplió el contrato de obra pública, dada la tardanza en la ejecución del objeto contratado y la consecuente causación de mayor valor por obra ejecutada adicional…¿Cuándo el hecho se refiere a desequilibrio económico del contrato es por cuenta de actos de la administración, por fenómenos externos a su decisión o extraños a las partes contractuales, pero…
[D]eterminar si los actos administrativos demandados transgreden los artículos 6.°, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política, los artículos 3.°, 6.° y 137 de la Ley 1437 de 2011, y los artículos 5.° y 7.° del Acuerdo 002 de 2011, por cuanto la entidad demandante otorgó título profesional de abogado a un estudiante que incumplió los requisitos de grado “[…] esto es, sin haber presentado y/o aprobado todos los exámenes preparatorios o pruebas de suficiencia en idioma extranjero, contemplados en la ley y en los reglamentos internos de dicho ente universitario […]” Sí
El contratista no puede obtener el título de abogado si incumple los requisitos establecidos por la universidad en sus reglamentos internos, como la aprobación de exámenes preparatorios, ya que estos son vinculantes para toda la comunidad educativa y aseguran la calidad de la formación académica. La universidad debe demostrar que el estudiante no cumplió con todos los requisitos para optar por el título, y en este caso, la entidad no presentó suficiente evidencia de que el estudiante hubiera aprobado los exámenes preparatorios requeridos, lo que implica que el acto administrativo que otorgó el título es nulo. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la autonomía universitaria y la obligación de cumplir con los requisitos académicos establecidos por las universidades para la obtención de títulos profesionales.síntesis automática
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía y en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante conta la sentencia de primer grado? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de las apelaciones contra las sentencias de los tribunales administrativos corresponde al Consejo de Estado, según el artículo 150 del CPACA, y que la doble instancia ante esa corporación procede también por razón de la cuantía de la pretensión mayor, cuando supera el monto exigido para el medio de control respectivo. Una razón es que el artículo 150 expresamente atribuye a la corporación la segunda instancia de las apelaciones de sentencias y de autos apelables, sin que la naturaleza del medio de control impida esa competencia. Otra razón es que en el asunto la pretensión mayor, correspondiente a la administración dejada de percibir, superaba el umbral de doble instancia fijado para el medio de control aplicable, de modo que el recurso del demandante era conocido por la Sala. En el caso, el demandante apeló la negación de sus pretensiones, y la Sala confirmó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la cuantía de la pretensión mayor, determinada al momento de la demanda, fija la competencia para la segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es procedente cuando el daño se deriva del acto precontractual, en un contrato con una empresa de servicios públicos domiciliarios…¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad del medio de control de reparación directa?¿El acto de adjudicación en un contrato regido por el derecho privado, tiene la naturaleza de acto administrativo?
¿Se encuentra probado el incumplimiento de la entidad contratante en el reconocimiento de los perjuicios, de los sobrecostos, de las mayores inversiones y cantidades de obra como fuente del rompimiento del equilibrio económico del contrato, considerando que todas las suspensiones del contrato de obra se suscribieron por las partes de mutuo acuerdo y sin que la contratista hubiera consignado su inconformidad sobre tales decisiones en dichos documentos? No
Las suspensiones de un contrato de obra pactadas de mutuo acuerdo, sin que el contratista deje constancia de su inconformidad en los documentos, no permiten atribuir a la entidad un incumplimiento que genere sobrecostos o el rompimiento del equilibrio económico. La regla se apoya en tres razones. Primera, las suspensiones se firmaron de común acuerdo y el contratista no dejó consignada su inconformidad en esos documentos, aunque las dos primeras se dieron por causa de la entidad. Segunda, el listado de obligaciones del contrato no incluye sobrecostos, perjuicios ni mayores inversiones, y el valor a pagar se fijó con la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida por la interventoría. Tercera, no existe fundamento que permita acreditar que la entidad incumplió las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato. En consecuencia, la petición de reconocimiento de sobrecostos, perjuicios y mayores inversiones no tiene vocación de prosperar. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente arribar un pronunciamiento en relación con las pretensiones de desequilibrio económico del contrato estatal, fundadas en la ejecución de actividades ya ocurridas…¿Resulta errada la posición asumida por el tribunal de primera instancia en torno a establecer que, sin existir observación sobre los contratos adicionales ni actas de suspensión y reinicio…¿La sentencia apelada resulta incongruente y debe revocarse, por cuanto la demanda no incluyó pretensión alguna en torno a la declaratoria y devolución de los supuestos mayores valores descontados…
¿Puede considerarse que la suscripción de múltiples documentos individuales entre el INVISBU y los beneficiarios de vivienda constituye la celebración de múltiples contratos independientes, distintos del contrato celebrado entre el INVISBU y Fénix? No
El contratista no puede celebrar múltiples contratos independientes con los beneficiarios de vivienda cuando ya existe un contrato único entre la entidad estatal y el constructor principal, ya que la suscripción de documentos individuales responde a necesidades operativas y no a la creación de contratos separados. La entidad estatal y el constructor principal son las partes del contrato, mientras que los beneficiarios son considerados terceros, ya que no han expresado su consentimiento directo ni han sido representados adecuadamente. Además, el contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas en respuesta a una situación de desastre se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que permite la aplicación de excepciones y facultades especiales previstas en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas, con ocasión de una situación de desastre, se encontraba sujeto al derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de…¿Debe el juez analizar las pretensiones contractuales aunque no se haya formulado reclamación expresa o reserva al suscribir actos como prórrogas, adiciones o suspensiones?¿Puede el contratista exigir el reconocimiento de mayores costos derivados de las prórrogas del contrato, cuando previamente acordó expresamente que estas no generarían gastos adicionales?
¿La fuerza obligatoria de los acuerdos celebrados por el actor y el deber de no contravenir sus alcances, mas no el deber de condicionar su consentimiento mediante salvedades, es el motivo esencial por el cual en este caso el demandante no puede exigir el pago de los perjuicios reclamados, en tanto acordó libremente la incidencia y los efectos de los hechos que los sustentan, en las actas 1, 2 y 3 de 1998, 4 de 1999 y 5 de 2000, sin que hubiese afirmado la existencia de vicio alguno en su aquiescencia? Sí
Cuando el contratista celebra acuerdos adicionales, actas de suspensión, prórroga o liquidación sin formular salvedades y sin alegar vicio en su consentimiento, no puede luego reclamar perjuicios por el desequilibrio económico que esos mismos acuerdos asumieron. La regla se sostiene en tres razones: la fuerza obligatoria de los acuerdos celebrados libremente impide contravenir sus alcances; la buena fe objetiva exige al contratista expresar oportunamente sus reclamos; y las modificaciones, adiciones y otrosíes posteriores forman parte del negocio y deben ser tenidos en cuenta por el juez. En el caso, las diferencias patrimoniales que el contratista reclamó fueron negociadas y transadas en actos adicionales al contrato de obra, por lo que se confirmó la negativa de las pretensiones. La providencia aclara que su fundamento principal no es el deber de formular salvedades, sino la existencia de esos negocios jurídicos adicionales; la consecuencia práctica es que el contratista debe revisar cada acta y otrosí antes de firmarlos.síntesis automática
También resuelve:¿Son los elementos esenciales pactados y no sus designaciones nominativas las que esculpen la naturaleza de un contrato?¿La buena fe en materia contractual adquiere una connotación objetiva que se bifurca en distintos sentidos y que abre paso a diversas reglas de conducta cuya finalidad esencial es la ejecución por…¿Todo negocio jurídico impone el compromiso básico, esencial e irrenunciable para las partes de cumplir lo que en ellos se han prometido realizar…
Determinar si los actos administrativos demandados transgreden los artículos 6°, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política, los artículos 3°, 6° y 137 de la Ley 1437 de 2011, los artículos 5° y 7° del Acuerdo 002 de 2011, por cuanto la entidad demandante otorgó título profesional de abogado a un estudiante que incumplió los requisitos de grado “[…] esto es, sin haber presentado y/o aprobado todos los exámenes preparatorios o pruebas de suficiencia en idioma extranjero, contemplados en la ley y en los reglamentos internos de dicho ente universitario […]”. Sí
El contratista no puede obtener el título de abogado si incumple los requisitos de grado establecidos por la universidad, como la aprobación de exámenes preparatorios y pruebas de suficiencia en idioma extranjero, ya que estos son componentes obligatorios del currículo académico y la universidad tiene la facultad de exigirlos para garantizar la calidad de la formación de sus egresados. La entidad universitaria debe acreditar que el estudiante no cumplió con todos los requisitos, y el sistema de registro de notas SIMCA no es el único mecanismo para verificar la información académica, ya que existen archivos físicos y contables que sirven como soporte. La Sala anuló el acto administrativo que otorgó el título profesional, reiterando la jurisprudencia sobre la autonomía universitaria y la obligación de cumplir con los requisitos académicos establecidos.síntesis automática
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso de repetición en segunda instancia, por razón de su cuantía? Sí
En el medio de control de repetición tramitado bajo la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra sentencias de los tribunales administrativos cuando la pretensión supera la cuantía legal, de modo que la competencia se determina por el factor objetivo además del subjetivo. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los artículos 149, 152 y 155 de esa ley regularon la competencia funcional del medio de control y derogaron el criterio de conexidad del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Segunda, la cuantía se introdujo como factor objetivo para los asuntos de doble instancia, mientras el factor subjetivo subsiste para los de única instancia. Tercera, el numeral 11 del artículo 152 asigna a los tribunales la primera instancia de repeticiones que superen 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que define la vía de la apelación. Como el proceso se inició bajo esa ley, la competencia se fija por la norma vigente al momento de la demanda. La consecuencia práctica es que la pretensión que supera el umbral legal habilita la apelación ante el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿En el medio de control de repetición la contabilización del término de caducidad se determina por la fecha del pago de la condena judicial realizado por la entidad pública?¿Las pruebas trasladadas de los procesos penal y disciplinario cumplen con los requisitos para ser tenidas en cuenta?¿El Juez al momento de adoptar la decisión que corresponda, se rige por el principio iura novit curia, que le impone encontrar los fundamentos jurídicos de su decisión?
¿La competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada por lo determinado en el recurso de apelación? Sí
El juez de segunda instancia está limitado en su competencia por los reparos específicos presentados en el recurso de apelación, según establecen los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, lo que implica que no puede pronunciarse sobre aspectos no debatidos en el recurso. Además, la Sala determina que la resolución demandada tiene la naturaleza de acto administrativo consensual, caracterizado por la necesidad de un acuerdo previo entre la administración y los destinatarios, aunque la voluntad final aparezca como unilateral. En este contexto, el concesionario que demanda un acto administrativo consensual que había aceptado durante el proceso contractual actúa contrariando el principio de buena fe, ya que este principio exige que las partes cumplan con las obligaciones asumidas en el contrato y respeten las decisiones tomadas durante el procedimiento. Esta regla modifica la interpretación previa sobre los límites de la competencia del juez de segunda instancia y la naturaleza de los actos administrativos consensuales, lo que implica que los jueces deben ser más restrictivos en su análisis y que los actores deben considerar cuidadosamente las implicaciones de la buena fe contractual antes de presentar demandas.síntesis automática
También resuelve:¿La resolución demandada tiene la naturaleza de acto administrativo consensual?¿El concesionario al demandar el acto administrativo consensual que había aceptado durante el proceso contractual, actuó contrariando el principio de buena fe?¿La resolución demandada al fijar el valor de la prórroga desconoció las normas sobre las que debía fundarse?
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en virtud de la naturaleza FONTUR como patrimonio autónomo conformado por capital público? Sí
Cuando un patrimonio autónomo de naturaleza pública, conformado con capital público y que ejerce funciones de la misma naturaleza, adopta decisiones dentro de un procedimiento de selección, sus actuaciones pueden ser controvertidas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en razón del criterio orgánico del artículo 104 del C.P.A.C.A. La regla se sostiene en dos razones: el patrimonio carece de personería jurídica pero administra recursos públicos provenientes de una contribución parafiscal, de un impuesto y de asignaciones del presupuesto general, y está sujeto a las directrices del ministerio sectorial. En el caso, la adjudicación de una invitación abierta adoptada por ese patrimonio fue controvertida, y el Consejo de Estado asumió la competencia en segunda instancia porque la mayor cuantía de la demanda superaba los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según el numeral 3 del artículo 152 del C.P.A.C.A. El documento cita conceptos y sentencias sobre la capacidad de los patrimonios autónomos para ser parte, pero no señala que reitere o unifique precedente; la consecuencia práctica es que la competencia se determina por la naturaleza pública del capital y no por la personería jurídica del administrador.síntesis automática
También resuelve:¿El acto de adjudicación en los contratos regulados por el derecho privado tiene la naturaleza de acto administrativo?¿El medio de control de reparación directa es el idóneo para demandar la responsabilidad precontractual de las entidades sujetas a régimen exceptuado?¿FONTUR como patrimonio autónomo se encuentra legitimada en la causa por pasiva al proferir el acto del cual se deriva el daño por el que se demanda?
¿El incumplimiento contractual se refiere al proceder contrario de una o ambas partes respecto de las obligaciones contraídas al suscribir el acuerdo de voluntades, mientras que el desequilibrio económico surge ante una modificación sustancial de la simetría prestacional originalmente pactada, que es ajena y externa a las partes contratantes? Sí
El contratista no puede confundir el incumplimiento contractual, que surge del proceder contrario de una o ambas partes respecto de las obligaciones pactadas, con el desequilibrio económico, que se origina en circunstancias sobrevenidas y ajenas a la voluntad de las partes, como la teoría de la imprevisión o el ejercicio legítimo de los actos de autoridad de la Administración. La Sala ha reiterado que el incumplimiento contractual conlleva la responsabilidad patrimonial por antijuridicidad de la conducta, con reparación integral de los perjuicios, mientras que el desequilibrio económico implica el restablecimiento del sinalagma funcional pactado, llevando al contratista a un punto de no pérdida. Esta distinción es crucial para evitar confusiones en las demandas y permite al juez aplicar correctamente el derecho, en virtud del principio iura novit curia, sin vulnerar el debido proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La imprecisión en identificar indistintamente el incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato como causa de las reclamaciones de una demanda…¿La liquidación constituye la etapa que busca vestir de punto final las relaciones negociales que emergen del contrato estatal…¿Cuándo se trata de contratos que se han liquidado en forma bilateral, en virtud del principio de la buena fe que debe inspirar el comportamiento de los contratantes…
¿El régimen de contratación de EPM, se gobierna por el derecho común o privado y los actos expedidos con ocasión del negocio jurídico, son actos contractuales? Sí
El contratista no puede anular la resolución de EPM que liquida unilateralmente un contrato de obra, ya que este régimen de contratación se rige por el derecho privado y no por el derecho administrativo, por lo que los actos expedidos en el marco del contrato no son actos administrativos sino contractuales. La Sección Tercera del Consejo de Estado confirma que la liquidación unilateral es un acto contractual y no administrativo, por lo que no está sujeto a los mismos requisitos y efectos que un acto administrativo. Esta decisión reitera la jurisprudencia que establece que las empresas de servicios públicos domiciliarios como EPM se rigen por el derecho privado en sus contratos, lo que implica que las cláusulas de liquidación son pactos accesorios y no actos administrativos obligatorios.síntesis automática
También resuelve:¿Es pasible de anulación la Resolución 196502 de 2001, mediante la cual EPM liquidó unilateralmente el contrato de obra 1104308 de 1999, después de que, como aduce la parte recurrente…¿Es procedente incluir cláusulas de exoneración de responsabilidad en los contratos, en cuanto esta estipulación no implique una condonación del dolo futuro…¿Incumplió EPM su obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato 1104308 de 1999, al no reconocer, a favor de la contratista…
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado en segunda instancia por controversias contractuales cuando la cuantía de la pretensión supera el límite establecido en el artículo 132.5 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, la entidad estatal negó las pretensiones del contratista, pero el Consejo de Estado confirmó su competencia para conocer del asunto en razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. La Sala estableció que la jurisdicción administrativa es competente para resolver controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para casos de controversias contractuales de gran cuantía, lo que implica que los contratistas pueden recurrir a esta instancia para resolver disputas de alto valor económico.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato?¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos liquidados de común acuerdo caduca en dos años contados desde la firma del acta?¿Se configuró la excepción de inepta demanda?
¿La caducidad de las acciones se ha instituido como aquel fenómeno jurídico-procesal por medio del cual el legislador limita en el tiempo el derecho de acción, que opera por mandato normativo al verificarse el cumplimiento del plazo extintivo? Sí
El contratista no puede presentar una acción contractual después de que caduca el término legal, que se inicia a partir de la firma del acta de liquidación bilateral o, en su defecto, del plazo que tenía la entidad para realizarla, según lo establecido en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se fundamenta en la necesidad de brindar seguridad jurídica al conglomerado social, protegiendo los intereses colectivos y generales mediante la institución de la caducidad de la acción, que es de orden público e irrenunciable. La Sala reitera su jurisprudencia sobre la contabilización del término de caducidad en contratos que requieren liquidación, lo que implica que las partes deben cumplir rigurosamente con los plazos establecidos para evitar la caducidad de la acción contractual.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos que requieran de liquidación, como lo son los contratos de tracto sucesivo y los que señala el artículo 60 de la ley 80 de 1993…¿El acta de liquidación bilateral es un negocio jurídico que nace de la autonomía negocial de quienes suscribieron el contrato estatal y que se orienta a dar firmeza o definición a las prestaciones…¿El acta de liquidación del contrato estatal se puede realizar con posterioridad al término pactado o supletorio de 4 meses para su adopción por mutuo acuerdo y del período de 2 meses en que la…
¿El fallo de primera instancia es incongruente, porque no analiza la totalidad de las pretensiones de la demanda y de manera individualizada? Sí
El contratista puede acumular pretensiones excluyentes en un proceso contractual siempre y cuando sean planteadas como principales y subsidiarias, conforme al artículo 165.2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Sin embargo, la entidad estatal debe responder de manera individualizada a cada una de estas pretensiones para evitar la incongruencia del fallo. En este caso, el tribunal no abordó todas las pretensiones del demandante, omitiendo el análisis del abuso de la posición dominante y la actuación contraria a la buena fe, lo que configuró una incongruencia en el fallo. Además, la Sala reitera la distinción entre la responsabilidad por incumplimiento del contrato y el desequilibrio financiero del contrato estatal, estableciendo que cuando el desequilibrio es imputable al incumplimiento del ente contratante, debe restablecerse la ecuación al momento del nacimiento del contrato, mientras que si el desequilibrio es por circunstancias imprevistas no imputables al contratista, el equilibrio se restablecerá hasta un punto de no pérdida. Esta regla implica que los tribunales deben analizar cuidadosamente cada aspecto de las pretensiones y distinguir claramente entre los diferentes tipos de responsabilidad contractual para evitar incongruencias en sus fallos.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando el desequilibrio es imputable al incumplimiento del ente contratante, tendrá que restablecerse la ecuación al momento del nacimiento del contrato; mientras que…¿El principio de buena fe que orienta las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas y disciplina tanto la celebración como la ejecución de los contratos…¿El abuso de la posición dominante puede manifestarse en el texto del contrato mediante las cláusulas que una de las partes fija unilateralmente o mediante cláusulas abusivas impuestas a la…