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¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes a la liquidación unilateral del contrato de obra? Sí
El término de caducidad de la acción contractual contra la liquidación unilateral de un contrato de obra se cuenta dentro de los dos años siguientes a esa liquidación, y que la conciliación prejudicial suspende el término mientras se surte. Además, el contratista que cede a un tercero a título oneroso los derechos económicos del contrato, sin ceder la posición contractual, carece de legitimación en la causa por activa para reclamar esas prestaciones, porque solo el cesionario tiene interés en ellas. Una razón es que la liquidación unilateral de la entidad se produjo en agosto de 2016 y la demanda en abril de 2018, dentro de los dos años, descontado el tiempo de la conciliación prejudicial, por lo que no operó la caducidad. Otra razón es que la cesión de los derechos económicos fue hecha a un tercero, de modo que las pretensiones de contenido económico debían reclamarse por el cesionario. En el caso, la Sala modificó la sentencia apelada y declaró probada de oficio la falta de legitimación en la causa por activa del contratista respecto de las pretensiones económicas. Su consecuencia práctica es que la cesión de derechos económicos transfiere la legitimación para reclamarlos.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente declarar de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de la sociedad Constructora de Obras de Ingeniería COI Ltda en relación con las pretensiones económicas…¿La contratista está legitimada para controvertir la legalidad de los actos contractuales diferentes a los reconocimientos económicos derivados de la ejecución del contrato?¿El incumplimiento del demandante tuvo como causa el correlativo incumplimiento del municipio de Medellín en su deber de definir las zonas y elementos estructurales a intervenir en la estructura…
¿El juez institucional debe declarar de oficio la falta de jurisdicción, en razón de la existencia de un pacto compromisorio en el contrato estatal y consecuencialmente, decretar la nulidad de todo lo actuado en consideración a lo preceptuado por los artículos 140.1 y 144 (inciso final) del Código de Procedimiento Civil? Sí
El juez institucional debe declarar de oficio la falta de jurisdicción cuando exista un pacto compromisorio en el contrato estatal, y consecuentemente, decretar la nulidad de todo lo actuado, en virtud de lo dispuesto por los artículos 140.1 y 144 del Código de Procedimiento Civil. Esta regla se sostiene en que la voluntad de las partes, sobre la que no opera una renuncia tácita concurrente, está orientada a someter las controversias al arbitraje, lo que implica la derogación de la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y la habilitación de la jurisdicción arbitral para resolver las disputas. La Sala reitera su posición sobre la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, estableciendo que para que esta surta efectos, debe haber una decisión de una de las partes de instaurar la demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa y que la otra parte no propusiera excepciones basadas en el pacto arbitral dentro del término legal para contestar la demanda. Esta regla implica que los jueces deben actuar de oficio para garantizar la aplicación correcta de los pactos compromisórios en los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La inclusión de cláusulas compromisorias en los contratos estatales regidos por la Ley 80 de 1993 tiene como efecto la derogación de la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa para…
¿La acción de repetición se presentó por fuera del término previsto en la ley y por ello se debe declarar probada la excepción de caducidad de la acción de manera oficiosa? Sí
Si el vencimiento del plazo de dieciocho meses para pagar la condena ocurre antes del pago, el término de caducidad de la acción de repetición de dos años se cuenta desde el día siguiente a ese vencimiento, y el juez de segunda instancia puede declarar de oficio la caducidad. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que el hecho que ocurre primero en el tiempo, el vencimiento del plazo, determina el momento a partir del cual se cuentan los dos años. La segunda es que, en el caso concreto, la acción caducaba el 9 de septiembre de 2000 y la demanda se presentó el 15 de septiembre de 2000, por fuera del término legal. La tercera es que la caducidad es un presupuesto procesal que no se entiende saneado por las omisiones del proceso, de modo que el juez de segunda instancia puede pronunciarse oficiosamente sobre ella. En consecuencia, la Sala revoca la sentencia de primera instancia y declara de oficio probada la excepción de caducidad. La nota de relatoría remite a una sentencia de unificación de 8 de abril de 2018, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
¿Se configuró la caducidad del medio de control de repetición? Sí
En la acción de repetición derivada de un acuerdo conciliatorio, cuando el pago se realiza después del plazo convenido, la caducidad se cuenta desde el día siguiente al vencimiento de ese plazo y no desde la fecha del pago. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 cuenta el término de dos años desde el día siguiente al pago total efectuado por la entidad, o desde el último pago cuando el pago se hace por cuotas. Segunda, el pago se realizó después del plazo fijado en el acuerdo, por lo que esa fecha no puede servir para el cómputo, y debe evaluarse la caducidad desde el día siguiente al vencimiento convenido. Tercera, la demanda se radicó después del término, por lo que la acción es extemporánea y no es posible decidir el fondo. En consecuencia, la Sala declara probada de oficio la excepción de caducidad. El documento reitera el criterio sobre la forma de computar este término.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia del medio de control de repetición en contra del rector de una universidad pública del orden nacional?¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en los procesos en que se ventilan intereses públicos?
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2023-12-11Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 25000233600020130067102LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción contencioso administrativa carece de competencia para resolver el fondo de la controversia? Sí
Cuando el asunto escapa al ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa, esta carece de competencia para resolver el fondo de la controversia, y la falta de jurisdicción debe declararse de oficio. Así sucede con los contratos celebrados por una aseguradora en el giro ordinario de sus negocios, que son de derecho privado y corresponden a la jurisdicción ordinaria, conforme a los artículos 104 y 105 numeral 1 del CPACA. La razón es que la entidad aseguradora está vigilada por el organismo estatal de control financiero y su objeto social es propio de la actividad aseguradora, de modo que el contrato de seguro controvertido se inscribe en su giro ordinario. Además, cuando se declara de oficio la falta de jurisdicción, el artículo 16 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, dispone que lo actuado conserva validez, salvo la sentencia, que es nula, y que el proceso debe enviarse de inmediato al juez competente. Su consecuencia práctica es que la nulidad de la sentencia debe declararse cuando el juez carece de jurisdicción y el expediente debe remitirse de inmediato.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato objeto de la controversia corresponde al giro ordinario de los negocios de la aseguradora demandada?¿Esta jurisdicción es competente para conocer de las controversias que se susciten en relación con los contratos que la demandada suscriba en desarrollo de su objeto social?
¿La empresa de servicios públicos demandada tenía competencia para liquidar de manera unilateral el contrato, hacer efectiva la póliza de seguro de cumplimiento y la cláusula penal? Sí
El contratista puede demandar la nulidad de los actos administrativos que liquidan unilateralmente un contrato estatal regido por el derecho privado, hacen efectiva la póliza de seguro de cumplimiento y cobran la cláusula penal, siempre y cuando se demuestre que la entidad estatal no tenía competencia para expedir dichos actos y que estos obstaculizaron el cumplimiento del contrato. La Sala revocará la sentencia de primera instancia y declarará la nulidad de los actos administrativos impugnados, ordenando la restitución de las sumas pagadas por el contratista y el pago del daño emergente, pero denegará el cobro de la utilidad dejada de percibir como comisión de éxito. Además, se determina que el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se contabiliza desde la ejecutoria del acto administrativo que liquidó unilateralmente el contrato, según el literal d) del inciso 2 del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Se presenta caducidad de la acción de controversias contractuales?¿Procede de oficio declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio demandado, al evidenciarse que éste no hizo parte de la relación contractual?
¿Los contratos celebrados por la entidad contratante, esto es, Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? No
La entidad contratante –Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP– es una empresa de servicios públicos y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 los contratos celebrados por esta no están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
También resuelve:¿Caducó el medio de control de controversias contractuales en el caso sub lite, considerando que, el contrato requería ser liquidado…¿En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, resulta procedente la condena en costas, considerando que ninguno de los recursos de apelación presentados prosperó?
¿El medio de control de repetición se presentó de manera extemporánea? Sí
El término de caducidad de la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente al vencimiento del plazo de diez meses que tiene la administración para pagar la condena, cuando el pago se realiza después de ese plazo, y no desde la fecha efectiva del pago, de acuerdo con los artículos 164 numeral 2 literal l, 187 y 192 del CPACA. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la condena quedó ejecutoriada en julio de 2012, de modo que el plazo de diez meses venció en mayo de 2013, y el pago de enero de 2017 ocurrió por fuera de ese plazo. La segunda es que la demanda se presentó el 22 de noviembre de 2017, cuando ya había precluido el plazo de caducidad de dos años. Aunque la condena fue proferida por la jurisdicción laboral, la Subsección reitera que se aplica el término de la Ley 1437 de 2011, para no someter a los demandados a una acción en cualquier tiempo. Con ello la Sala revoca la sentencia de primera instancia y declara la caducidad. El documento no indica que cambie un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en el medio de control de repetición, a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de…
¿Es procedente revocar la sentencia apelada para declarar probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control y la de ineptitud sustantiva? Sí
El contratista no puede revocar una sentencia para declarar de oficio la caducidad del medio de control y la ineptitud sustantiva de la demanda cuando ha desatendido la carga procesal de cuestionar a tiempo la liquidación unilateral del contrato, lo cual implica que el juez debe inhibirse de pronunciarse sobre las pretensiones. La entidad estatal regida por normas de derecho privado no tiene competencia para liquidar unilateralmente el contrato sin que se cuestione dicha competencia, y el juez no puede decidir oficiosamente sobre este punto. Además, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se computa desde el momento en que el actor fue enterado del acta de liquidación, y su incumplimiento lleva a declarar la caducidad del medio de control. Finalmente, la condena en costas en segunda instancia es procedente cuando se resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, incluyendo las agencias en derecho según el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, regida en términos generales por normas de derecho privado, tiene competencia para liquidar de manera unilateral el contrato?¿Se presenta caducidad del medio de control de controversias contractuales?¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en los eventos en los cuales se resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Las resoluciones acusadas incurrían en violación de las normas en que debían fundarse, en particular, los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 58 y 83 de la Constitución Política, en cuanto desconocían el deber de obrar conforme a la buena fe y quebrantaban derechos como la igualdad, el trabajo, la propiedad privada y el debido proceso? Sí
El 22 de junio de 1994, la sociedad de economía mixta Mineralco S.A. celebró con el señor Pedro Vicente Cano Ramírez un contrato minero provisional para la exploración y explotación de esmeraldas en una zona delimitada, ubicada en el municipio de Chivor, Boyacá. En el acuerdo de voluntades, las partes se obligaron a suscribir un “contrato minero definitivo” dentro de los 30 días siguientes al cumplimiento de la condición establecida en las mismas cláusulas, lo cual se concretó en el mismo año 1994, pese a lo cual, vencido el plazo indicado, las partes no celebraron el negocio prometido.
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia el proceso en consideración a que las pretensiones de la demanda se relacionan con la declaración de incumplimiento de un…¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales respecto a las pretensiones relativas a la declaratoria de incumplimiento del contrato provisional por la no suscripción del…¿Está configurada la caducidad de la acción de controversias contractuales en relación con la pretensión de declaración de inexistencia del contrato…
¿Se presenta nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato de obra cuando se realiza fuera de término? Sí
El contratista no puede promover la acción de controversias contractuales fuera del término legal establecido, lo que implica que la liquidación unilateral del contrato de obra pública realizada por la entidad estatal fuera de plazo es nula y la acción de controversias contra dicha liquidación caduca si se presenta después del término legal de dos años desde la ejecutoria del acto. La Sala sostiene que, a pesar de que el contratista puede cuestionar la legalidad de la liquidación unilateral hasta dos años después de su notificación, el término de caducidad no se extiende más allá de ese plazo, independientemente de la existencia de un desequilibrio financiero en el contrato. Esta posición reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la competencia temporal para liquidar unilateralmente contratos regidos por el Decreto 222 de 1983, lo que implica que las entidades estatales pierden la competencia para liquidar el contrato después de dos años desde el incumplimiento de la obligación de liquidar a cargo de las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Existe caducidad de la acción de controversias contractuales en eventos en los cuales la demanda ha sido presentada por fuera de los términos establecidos en la ley?
¿Se acreditaron los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición, entre ellos la conducta dolosa de los servidores públicos demandados? No
El contratista no puede prosperar en un medio de control de repetición contra la administración estatal si no acredita la conducta dolosa de los servidores públicos demandados, ya que la jurisprudencia establece que para que este medio de control sea procedente, es necesario demostrar que la condena al Estado a reparar un daño fue el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal. En este caso, la Sala confirmó la sentencia impugnada debido a la falta de pruebas que demuestren la intención dolosa de los servidores públicos involucrados en el caso de falso positivo. Esto implica que el contratista debe presentar evidencias concluyentes de la conducta dolosa para que el medio de control de repetición sea admitido, lo que dificulta la posibilidad de que la administración estatal sea obligada a repetir contra sus agentes en casos similares.síntesis automática
También resuelve:¿La Constitución Política prevé que en los casos en los que el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o…¿Teniendo en cuenta que los hechos se refieren a las supuestas actuaciones de los demandados que tuvieron lugar los días 7 y 8 de agosto de 2005 en la calidad de miembros del Ejército Nacional…¿Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia…
¿Se acreditó la ilegalidad del acta de liquidación unilateral del contrato y del acto administrativo que la confirmó, por haber desconocido la obligación de pago de las facturas radicadas por parte de la contratista junto con los informes de ejecución y amortización del anticipo? No
La entidad puede liquidar unilateralmente un contrato dentro del plazo convencional y legal para hacerlo, y si lo hace después, la liquidación puede ser válida cuando ocurre antes de que venza el término de dos años para acudir a la jurisdicción, según la unificación de la Sala Plena. La regla se apoya en tres razones. Primera, la Sala Plena unificó el término de caducidad de los contratos liquidados después de los plazos de cuatro meses para la liquidación bilateral y de dos meses para la unilateral, siempre que ello ocurra dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo de la liquidación unilateral. Segunda, en el caso el contrato terminó el 31 de diciembre de 2014, el plazo para liquidar bilateralmente venció el 30 de abril de 2015 y el de la unilateral el 30 de junio de 2015. Tercera, el acta de liquidación unilateral se expidió el 2 de junio de 2015, dentro de la oportunidad para hacerlo. En consecuencia, la Sala revoca la sentencia que declaró probada la caducidad y deniega las pretensiones, porque no se acreditó que los actos fueran contrarios al ordenamiento o a la ejecución del contrato. El documento reitera la unificación citada.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad demandada estaba habilitada para realizar la liquidación unilateral del contrato?¿Como en el presente asunto se dio la liquidación unilateral del contrato, el término de caducidad de la controversia contractual comenzaba a contabilizarse a partir del día siguiente en que quedó…¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en los eventos en los cuales se resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
¿La caducidad constituye un fenómeno jurídico procesal que implica la pérdida de la facultad de accionar y así hacer efectivos los derechos, que por ser una figura de orden público, debe ser declarada de oficio por el juez? Sí
La caducidad es un presupuesto procesal de orden público, que no admite renuncia ni suspensión, y que, si se encuentra probada, debe ser declarada de oficio por el juez de segunda instancia, aunque no se haya abordado en la sentencia de primera instancia ni cuestionado en la apelación. Una razón es que el legislador fijó plazos razonables para acudir a la jurisdicción con el fin de garantizar la seguridad jurídica y evitar que las situaciones queden indefinidas, de modo que el vencimiento del término implica la pérdida de la facultad de accionar. Otra razón es que la caducidad es un presupuesto procesal sin el cual no es posible decidir el fondo del asunto, por lo que el juez debe verificarla aun de oficio. En el caso, la Sala revocó la decisión de primera instancia y examinó la oportunidad de la demanda de repetición, computando el término desde el pago de la condena o desde el vencimiento del plazo para cumplirla, lo que ocurra primero. La providencia reitera la jurisprudencia de la Sección sobre la caducidad; su consecuencia práctica es que el juez de segunda instancia debe examinar la oportunidad de la demanda aun cuando las partes no la hayan discutido.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna la demanda de repetición incoada para reclamar el reintegro de las sumas pagadas por el retiro del servicio de 8¿Resulta procedente la condena en costas en contra de la entidad demandante vencida en el proceso de repetición, considerando que con éste se persigue un interés público?
¿Es procedente proponer excepciones en la etapa de alegaciones finales? No
En el proceso no se pueden proponer excepciones en la etapa de alegaciones finales, porque la oportunidad prevista por el ordenamiento es la contestación de la demanda, para que sean resueltas en la audiencia inicial conforme al artículo 180 del CPACA. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la oportunidad de proponer excepciones se cierra con la contestación de la demanda, de modo que las alegaciones no son el momento para formularlas. La segunda es que esta limitación no se opone a la facultad oficiosa del juez, en cualquier instancia, para declarar cualquier excepción que aparezca probada. En el caso concreto, la entidad que pagó la condena estaba legitimada en la causa por activa, porque el pago se hizo por el departamento con cargo a su presupuesto, habilitado por el artículo 3 de la Ley 1416 de 2010 para el caso de una contraloría departamental condenada. La legitimación se fundó en el hecho del pago, que condiciona el inicio de la repetición al aporte de la prueba del pago. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Existe habilitación legal para que, a pesar de que una condena judicial sea emitida contra una contraloría departamental, el pago se haga con cargo al presupuesto del departamento respectivo?¿La entidad que pagó la condena judicial está legitimada por activa en el medio de control de repetición?¿Procede la aplicación de las presunciones de culpa grave y dolo establecidas en la Ley 678 de 2001?
¿Se debe revocar la decisión de primera instancia en cuanto declaró la nulidad de los actos acusados? No
El contratista no puede revocar la decisión de primera instancia que declaró la nulidad de los actos acusados si no desarrolla un sustento fáctico, normativo o lógico que contradiga los extremos del análisis del juez de primera instancia, ya que el artículo 320 del Código General del Proceso establece que el juez de segunda instancia debe examinar las razones que controvierten la decisión impugnada. En este caso, el contratista no presentó argumentos que permitan cuestionar la decisión del tribunal, por lo que la Sala confirma la nulidad de las resoluciones impugnadas. Además, la Sala rechaza la excepción de contrato no cumplido por considerar que no impide que la administración ejerza sus poderes exorbitantes, como declarar el incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. Asimismo, la entidad no aportó pruebas de que citó al contratista para liquidar el contrato de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, lo que implica que la presunción de legalidad del acto administrativo no se sostiene. Finalmente, la administración no está obligada a recibir y pagar lo ejecutado por fuera del término a menos que sea su elección, y en este caso no hay prueba de que las obras extemporáneas fueran recibidas a satisfacción.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la declaratoria de la excepción de contrato no cumplido?¿Hay prueba de que la entidad citó o convocó al contratista, en los términos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, para liquidar bilateralmente el contrato?¿La administración tiene la obligación de recibir y pagar lo ejecutado por fuera del término?
¿La competencia del ad quem se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche invocados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia y, a los aspectos que estén íntimamente relacionados con ellos, de manera que la tarea de confrontación entre los argumentos del apelante y los aspectos de la decisión de primer grado, que son atacados por esta vía, es la que determina la competencia material del juez de segunda instancia? Sí
La competencia del juez de segunda instancia se circunscribe a las razones de inconformidad del apelante y a los aspectos íntimamente relacionados con ellas, de modo que la confrontación entre los argumentos del recurso y la decisión de primera instancia determina su competencia material. La regla se apoya en tres razones. Primera, la ley impone al apelante atacar los fundamentos de hecho o de derecho de la providencia y exponer por qué no es acertada, argumentos que delimitan el marco de la revisión. Segunda, el artículo 367 del Código de Procedimiento Civil fija ese alcance, y la carga no se satisface con el disenso, la solicitud de revocar o la reiteración de lo expuesto en primera instancia. Tercera, en el caso la parte actora no sustentó argumentos para desestimar las razones por las que se negó la nulidad del acto de liquidación unilateral, por lo que la Sala solo se pronunció sobre la pretensión de nulidad del acto que sí fue controvertida. El documento reitera la línea de la Subsección sobre la carga de sustentar la apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Aun cuando la oportunidad de la acción no fue un asunto discutido en la primera instancia, ni en el recurso, el juez está facultado para pronunciarse respecto de todos los aspectos que…¿La caducidad representa una figura jurídica de orden público que impone un límite máximo y perentorio dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción…¿En los casos en los que se demanda la nulidad relativa del acto bilateral de terminación del contrato, como la derivada del vicio del consentimiento adquirido a partir de las conductas engañosas de…
¿La reclamación del reajuste de precios, como salvedad consignada en el acta de liquidación por el consorcio demandante, conlleva la reclamación de sobrecostos por inactividad de maquinaria y personal? No
Una salvedad en el acta de liquidación que solo se refiere a la reclamación de reajustes de precios no comprende la reclamación de sobrecostos por inactividad de maquinaria y personal, ni por mayor permanencia en obra. La regla se apoya en tres razones. Primera, la única observación del acta se refería a la reclamación de los reajustes de precios previstos en la cláusula del contrato, y no a otras pretensiones. Segunda, la salvedad no encaja con el desequilibrio económico por mayor permanencia en obra causado por suspensiones y prórrogas, que es lo debatido en el proceso. Tercera, el silencio administrativo positivo no se configuró porque la petición de sobrecostos no fue entregada a la entidad contratante, sino al interventor, y el contratista no protocolizó documentos que acreditaran su derecho. En consecuencia, se confirma la sentencia de primera instancia. Por ello, la salvedad del acta no se extiende a reclamaciones distintas de los reajustes de precios. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Con la omisión de dar respuesta a la solicitud del reconocimiento de sobrecostos por inactividad de maquinaria y personal presentada a la interventoría operó el silencio administrativo positivo…¿Con la suscripción de convenios modificatorios del contrato de obra celebrados, sin efectuar salvedad alguna, el contratista renunció a la reclamación del restablecimiento del equilibrio financiero?¿Cuando se pacta una fórmula de reajuste de precios se está ante una situación imprevista?
¿Se vulneró el principio de legalidad y el debido proceso en el acto sancionatorio contra el contratista y se debió terminar el procedimiento sancionatorio ante la suscripción de prórroga del contrato entre las partes? No
El acto sancionatorio contra el contratista no vulnera el principio de legalidad ni el debido proceso, y la suscripción de una prórroga no obliga a terminar el procedimiento sancionatorio cuando el contratista pacta el nuevo plazo sin formular reparos. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que los cargos sobre la legalidad del acto no prosperaron. La segunda es que la entidad estudió la solicitud de seis meses y consideró viable una extensión de tres meses, que quedó consignada en el documento de prórroga suscrito sin objeciones del contratista, por lo que ese plazo es producto de su libre autonomía de la voluntad. La tercera es que el garante no puede cuestionar esa ampliación si su asegurado no alegó su insuficiencia al momento de firmarla. Con base en ello, la Sala modificó la sentencia apelada, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad territorial demandada y negó las pretensiones de nulidad de las resoluciones sancionatorias. El documento no indica que cambie un precedente; su consecuencia práctica es la absolución de la entidad territorial.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales?¿Al ser la legitimación en la causa un presupuesto procesal de la sentencia corresponde al juez emprender su análisis de manera oficiosa…¿El juez tiene la facultad oficiosa de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del Distrito Capital – Localidad de Usme, porque no hace parte de la relación contractual?
¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia está determinado por los puntos de inconformidad manifestados en el recurso de apelación que deben estar debidamente sustentados y dirigidos a controvertir lo decidido en primera instancia? Sí
El juez de segunda instancia está limitado a resolver sobre los puntos de inconformidad debidamente sustentados y dirigidos a controvertir la decisión de primera instancia, no bastando con la simple interposición del recurso de apelación ni con afirmaciones genéricas de desacuerdo. La parte recurrente debe señalar específicamente los yerros o desaciertos del juez a quo y confrontar los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la decisión impugnada. En caso de ausencia de sustentación suficiente y adecuada, el juez de segunda instancia no puede pronunciarse de fondo y debe confirmar la sentencia apelada, lo que implica que la parte que interponga el recurso debe cumplir rigurosamente con los requisitos de sustentación para evitar la improcedencia del mismo.síntesis automática
También resuelve:¿Se evidenció una falta de sustentación del recurso de apelación por parte del ejecutado al omitir impugnar la sentencia en relación con la decisión del juez de primera instancia de negar los efectos…¿El recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia que ordenó seguir adelante con la ejecución, es improcedente para controvertir el monto de las agencias en derecho…¿La discusión relativa a la regulación o pérdida de intereses fue resuelta en primera instancia junto con las excepciones formuladas, a pesar de no ser una excepción…