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¿La facultad convencional de Ecopetrol S.A. para liquidar unilateralmente el contrato le permitía materializar dicha liquidación mediante la expedición de un acto administrativo? No
El contratista no puede solicitar que el juez revise o modifique una fórmula de reajuste de precios pactada en el contrato estatal, argumentando que resulta insuficiente, ya que la fórmula es un acuerdo entre las partes y tiene fuerza obligatoria. La Sala rechaza la pretensión del Tribunal de restar efecto vinculante a la fórmula de reajuste, al considerar que no existe un enriquecimiento sin causa en la aplicación correcta de dicha fórmula. Esta decisión matiza la interpretación de que el juez puede modificar unilateralmente cláusulas contractuales basándose en criterios de equidad, reafirmando la autonomía de la voluntad privada en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aplicarse el principio pro actione para considerar oportuna la demanda de controversias contractuales, ante la incertidumbre sobre la fecha en que la Unión Temporal conoció la Resolución No. 2…¿Puede el juez revisar o modificar una fórmula de reajuste pactada solo porque resulte “insuficiente”, como sostuvo el Tribunal?¿Podía la Unión Temporal desconocer la forma de reajuste que había acordado en el Acta No. 1 de febrero de 2005?
¿Ser probó la existencia de un vicio redhibitorio habilitante para reclamar perjuicios? Sí
El contratista puede reclamar perjuicios por la existencia de un vicio redhibitorio si demuestra que el defecto era oculto y no evidente a partir de la inspección del bien y su documentación, y que la entidad estatal, por su especialidad y experticia, debía conocerlo pero no lo hizo constar en el pliego de condiciones. La regla establece que el tradente debe manifestar todo vicio que conozca o deba conocer del bien en razón de su profesión u oficio, lo que implica que la entidad estatal incumplió su deber de buena fe al no advertir el defecto presente en el bien al momento de la celebración del contrato. Esta decisión reitera y matiza la responsabilidad del tradente en la identificación y manifestación de vicios ocultos, lo que implica que las entidades estatales deben ser más diligentes en la verificación y documentación de las características del bien antes de la adjudicación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Es deber de conducta del tradente manifestar todo vicio que conozca o deba conocer del bien en razón de su profesión u oficio?¿Los vicios redhibitorios son aquellos existentes pero ocultos para el adquirente, quien sin negligencia grave no tuvo como advertirlos?¿La demandada discute su responsabilidad frente a los vicios encontrados posteriormente en el bien y su saneamiento, en tanto afirma que este se entregó en las mismas condiciones en que fue conocido…
68001233300020150119301 de 20252025-07-14Rad. 68001233300020150119301
De acuerdo con lo anterior, los elementos de la oferta se categorizan entre: (i) los que no son necesarios para la comparación y que pueden ser subsanados hasta la adjudicación y (ii) aquellos que se requieren para la evaluación de los ofrecimientos y que otorgan puntaje para determinar el orden de elegibilidad de los proponentes, los cuales no se pueden subsanar. Se ha señalado que una previsión en ese sentido comporta un desarrollo del principio de buena fe que impone a los interesados en contratar con el Estado actuar con rectitud, lealtad y honestidad durante todas las etapas contractuales. Puntualmente, las disposiciones de la Ley 80 de 1993 invocadas por el actor, contenidas en sus artículos 24 (principio de transparencia), 26 (responsabilidad), al igual que el parámetro contenido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (selección objetiva, en el que se insistió en el recurso de apelación), en los términos antes referidos.
También resuelve:Contrato estatal: proceso de selección del contratista, reglas de la licitación pública, régimen de contratación administrativa, estatuto general de contratación de la administración públicaPrincipio de selección objetiva: procedimiento de la selección objetiva del contratista, evaluación de propuestas, factores de evaluación, valoración de la propuesta del proponenteAplicación del precedente judicial: causales de rechazo de la oferta, ineficacia de la oferta, aplicación de la buena fe contractual, obligaciones del contratante
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en razón de la cuantía? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, incluidas las universidades públicas, y el Consejo de Estado conoce de la apelación cuando el asunto tiene vocación de doble instancia por razón de la cuantía. Esta regla se apoya en el régimen contractual de la universidad pública, que puede estar sujeto al derecho privado en ciertos aspectos, sin que ello excluya la competencia de la jurisdicción. Por ello el carácter público de la entidad determina la jurisdicción, y la cuantía de la pretensión determina la segunda instancia. En el caso concreto la corporación conoció de la apelación interpuesta contra la sentencia del tribunal, y la sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la competencia del Consejo de Estado en apelación depende de la cuantía y del carácter público de la entidad.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos emitidos por la Universidad Militar Nueva Granada en las fases precontractual y contractual, no son actos administrativos?¿El medio de control de controversias contractuales es procedente cuando el negocio jurídico fue perfeccionado con independencia de si la causa dañosa deviene de una actuación adelantada en la etapa…¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato?
¿La parte demandante incumplió con su carga probatoria toda vez que no demostró el daño? Sí
En la acción de nulidad y restablecimiento frente a un acto precontractual, el demandante debe probar el daño para obtener la indemnización, y no basta con demostrar que la entidad se apartó del deber de buena fe o de los principios de la función administrativa. Una razón es que el demandante debía acreditar los costos asociados a la etapa precontractual, que corresponden al interés negativo, y no los pidió ni los probó. Otra razón es que si se analizara el interés positivo, es decir, la utilidad esperada del contrato frustrado, tampoco se acreditó su valor. En el caso, la Sala reconoció que la entidad no actuó de buena fe durante la invitación y la adjudicación, pero concluyó que de ese comportamiento no puede predicarse un daño, porque el daño no se acreditó, y confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita precedente sobre el interés positivo; no indica si reitera, unifica o cambia precedente, y su consecuencia práctica es que la irregularidad precontractual solo genera indemnización si el proponente prueba el perjuicio con soportes concretos.síntesis automática
También resuelve:¿El demandante debía demostrar que con motivo de la elaboración y presentación de la oferta se le causaron perjuicios que debían ser indemnizados?¿En la sentencia impugnada el juez decidió no darle valor al dictamen pericial por presentar inconsistencias e imprecisiones que afectaban su credibilidad?¿Se evidencia que el Instituto de Seguros Sociales faltó al deber de buena fe en la etapa precontractual y contravino los principios de igualdad e imparcialidad?
¿La naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos se caracteriza por la unidad de causa y finalidad de las entidades participantes, orientada a la cooperación y coordinación para el cumplimiento conjunto de funciones administrativas y fines de interés general, a diferencia de los contratos estatales, sustentados en intereses contrapuestos? Sí
La naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos se caracteriza por la unidad de causa y finalidad de las entidades participantes, orientada a la cooperación y coordinación para el cumplimiento conjunto de funciones administrativas y fines de interés general, a diferencia de los contratos estatales, sustentados en intereses contrapuestos. En el caso de los convenios interadministrativos, su razón de ser se dirige a la promoción de objetivos mancomunados entre sus contrayentes, en el marco de las funciones que la ley asigna a cada una de ellas. Esta alianza genera una dinámica que potencializa el quehacer administrativo, siendo que todas ellas enlazan sus esfuerzos en una expresión única y objetiva del interés general.síntesis automática
También resuelve:¿El Municipio de Chigorodó incumplió las obligaciones asumidas en el Convenio Interadministrativo No. 282 de 2016?¿Puede el municipio exonerarse de responsabilidad alegando que el incumplimiento fue exclusivamente del contratista de la obra?¿Debe el Municipio de Chigorodó reintegrar a Prosperidad Social los recursos desembolsados para la ejecución del proyecto y sus rendimientos financieros?
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la liquidación del contrato? Sí
El contratista presenta un medio de control de controversias contractuales dentro de los dos años siguientes a la liquidación del contrato, lo que es considerado oportuno, ya que el contrato fue suspendido y ampliado en dos ocasiones, con la última prórroga suscrita el 10 de mayo de 2016, y se incorporó una cláusula de liquidación bilateral por cuatro meses. La Sala modifica la interpretación anterior sobre la caducidad del medio de control, estableciendo que la demanda presentada el 4 de mayo de 2017 no vence el término previsto en el subnumeral v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. Además, la Sala determina que el contratista asumió los riesgos derivados de la gestión y adecuación predial del inmueble, al incorporar en el contrato una etapa de estudios y diseños que incluían el diagnóstico del inmueble y la tramitación de licencias, por lo que no puede atribuirse un incumplimiento a la entidad contratante. Finalmente, la Sala no analiza la condena decretada en primera instancia derivada de la prosperidad de las súplicas de la demanda de reconvención, debido a que el recurso de apelación no formuló reparos concretos frente a este aspecto, lo que implica que el juez de segunda instancia no puede revisar aspectos no apelados por ambas partes.síntesis automática
También resuelve:¿El consorcio contratista asumió los riesgos derivados de la gestión y adecuación predial del inmueble, por el hecho de haber incorporado en el contrato una etapa de adecuación de estudios y de…¿Es procedente el análisis de la condena decretada en primera instancia derivada de la prosperidad de las súplicas de la demanda de reconvención?¿Procede la condena en costas contra la parte demandante por haber sido la vencida en el proceso?
50001233100020080002001 de 20252025-07-17Rad. 50001233100020080002001
De esta manera, aunque la génesis de la etapa precontractual consiste en una decisión administrativa, su desarrollo y la dinámica de participación de los interesados es expresión de la confluencia de voluntades que antecede y sustenta el contrato estatal. Lo anterior también se relaciona con el principio de buena fe contractual, el cual implica la responsabilidad en cabeza de los contratistas de examinar los documentos dispuestos por la entidad en el proceso de selección y, en caso de identificar ambigüedades, omisiones o inconsistencias, y en especial, alguna circunstancia que impediría ejecutar el contrato, debe manifestarlas oportunamente durante la etapa precontractual.
También resuelve:Renuncia a reclamaciones futuras: expresión autonomía de la voluntad, capacidad para disponer de derechosBuena fe del contratista: autonomía de la voluntad, exoneración de futuras reclamaciones, vínculo negocialBuena fe contractual: alcance, actuar con lealtad, manifestación de inconformidad, renuncia expresa a reclamación
¿Cuándo se trata de contratos que se han liquidado en forma bilateral, el estudio de las pretensiones de la acción contractual está hilado, de forma ineludible, a la existencia de salvedades o vicios del consentimiento, sin las cuales no es posible desatender el contenido obligacional incorporado en el documento, en virtud de la fuerza obligatoria de los contratos, la aplicación del principio según el cual nadie puede alegar su propia culpa para fundar una pretensión, la teoría del acto propio y el principio de la buena fe, que deben inspirar el comportamiento de los contratantes? Sí
En los casos de liquidación bilateral de contratos estatales, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha establecido que el estudio de las pretensiones de la acción contractual está intrínsecamente ligado a la existencia de salvedades o vicios del consentimiento, excluyendo cualquier pretensión que no se base en estos elementos. Esta regla implica que, en la liquidación bilateral, solo pueden ser controvertidos aspectos que hayan sido objeto de salvedad expresa o que puedan probarse un vicio del consentimiento, como errores, fuerza mayor o dolo. La fuerza obligatoria de los contratos, el principio de que nadie puede alegar su propia culpa, la teoría del acto propio y el principio de buena fe, son fundamentales para respaldar esta posición, ya que garantizan la integridad del proceso y la confianza entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿La liquidación del contrato, más que una convención es un pacto jurídico, por cuanto su propósito o finalidad está encaminado a extinguir¿Con los fundamentos invocados en la¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Debe declararse el incumplimiento contractual de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) de las obligaciones pactadas en las cláusulas primera, segunda del otrosí No. 1 y sexta del convenio interadministrativo No. 1292 de 2012? Sí
El contratista incumple sus obligaciones contractuales cuando no ejecuta la totalidad de las obras comprometidas, lo que lleva a la liquidación del convenio interadministrativo, considerando el valor de los segmentos viales ejecutados, el monto pendiente de pago a las interventorías, los recursos reintegrados por la entidad y el valor de los materiales en stock, que no pueden ser descontados del monto a reintegrar a las accionantes, ya que la entidad debía ejecutar la totalidad de las obras contratadas. La regla reitera la jurisprudencia que establece que la liquidación del contrato estatal debe ajustarse a la buena fe contractual y a los requisitos establecidos en la normativa vigente, lo que implica que la entidad estatal debe asumir el costo de los materiales no utilizados y no se reconocen perjuicios adicionales a menos que sean debidamente probados en el proceso.síntesis automática
¿El incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio son dos instituciones diferentes, pues la primera de ellas se deriva de desatender una obligación con fuente en el contrato, mientras que la segunda supone la existencia de una situación que altere la equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar, dentro de lo que no resulta dable incluir las modificaciones y prórrogas contractuales, ya que no dan lugar a la configuración de la teoría de la imprevisión, del hecho del príncipe, ni constituyen ejercicio de ius variandi? Sí
El contratista no puede confundir el incumplimiento del contrato con la ruptura del equilibrio económico, ya que la primera se origina en el desatender una obligación contractual, mientras que la segunda implica una alteración de la equivalencia entre derechos y obligaciones existentes al momento de la contratación, excluyendo modificaciones y prórrogas contractuales que no generan la teoría de la imprevisión, hecho del príncipe o ejercicio de ius variandi. La entidad estatal no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato si se eligió la modalidad de pago llave en mano, debido al carácter solemne de los contratos estatales y el respeto a la autonomía de la voluntad. Además, si las partes acuerdan una suspensión o prórroga del contrato sin salvedades, están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones, lo que resultaría contrario al principio de buena fe y la doctrina de los actos propios. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, reafirmando la importancia de distinguir claramente entre estas instituciones y principios en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La elección de la modalidad de pago del contrato lleva implícita una asunción de deberes de conducta que es relevante, pues el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del…¿Si las partes acuerdan una suspensión o una prórroga del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones…
Sentencia — Sentencia2026-02-27Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 41001233300020150065302LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿La entidad demandada incumplió el contrato, desconoció la buena fe contractual cuando en la parte resolutiva de las Resoluciones 562 y 755 de 2014, incluyó también al contratista como su destinatario, pese a que esta particular situación jurídica ya había sido definida previamente por la administración? Sí
El contratista puede prosperar parcialmente en su demanda cuando la entidad demandada desconoce la buena fe contractual al incluirlo como destinatario en resoluciones que ya fueron definidas previamente por la administración en otro acto administrativo. En este caso, la entidad demandada incluyó al contratista como destinatario en las resoluciones 562 y 755 de 2014, a pesar de que la situación jurídica ya había sido resuelta en las resoluciones 429 y 500 de 2014. Esta actuación contraviene la buena fe contractual y constituye un incumplimiento del contrato, lo que justifica la declaratoria de incumplimiento del contrato por parte de la entidad demandada. La sentencia reitera la jurisprudencia según la cual los actos contractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios no tienen la naturaleza de actos administrativos, sino que se rigen por el derecho privado, lo que implica que las controversias deben ser examinadas desde la perspectiva del cumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos expedidos por los prestadores de servicios públicos domiciliarios ostentan la naturaleza de actos administrativos?¿Resulta procedente declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada, en relación con la pretensión económica consecuencial…¿Resulta improcedente condenar en costas en primera y segunda instancia, por cuanto la demanda prosperó parcialmente y fue necesario complementar la sentencia objeto del recurso de alzada en favor…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-11-25Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000232600019990115504ACCION CONTRACTUAL
¿El ánimo de poseer del inmueble de buena fe cesaba con la notificación a la demandada del libelo en el que se solicitó la resolución de la compraventa? Sí
El contratista de buena fe pierde su ánimo de poseer el inmueble con la notificación a la entidad estatal del libelo que solicita la resolución del contrato de compraventa, según establece la Sala. Esta regla se fundamenta en que únicamente las mejoras realizadas antes de dicha notificación son reconocidas, conforme a la fecha límite de la buena fe del poseedor. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, lo que implica que en casos futuros, el cálculo de mejoras y el reconocimiento de la posesión de buena fe se ajustarán a esta nueva interpretación, afectando directamente la valoración de los derechos del contratista en relación con el bien inmueble.síntesis automática
También resuelve:¿El valor histórico de la condena en abstracto no podía ser uno indexado ya, pues ello infringe la sentencia de condena y la norma aplicable?¿La compensación de los totales aquí indicados arroja un saldo a cargo de la Fiscalía General de la Nación y a favor de la sociedad demandada?¿La posesión de buena fe deja de existir si el poseedor alega en juicio la resolución de la compraventa bajo la cual comenzó a poseer?
¿Se encuentra probado el incumplimiento de la entidad contratante en el reconocimiento de los perjuicios, de los sobrecostos, de las mayores inversiones y cantidades de obra como fuente del rompimiento del equilibrio económico del contrato, considerando que todas las suspensiones del contrato de obra se suscribieron por las partes de mutuo acuerdo y sin que la contratista hubiera consignado su inconformidad sobre tales decisiones en dichos documentos? No
Las suspensiones de un contrato de obra pactadas de mutuo acuerdo, sin que el contratista deje constancia de su inconformidad en los documentos, no permiten atribuir a la entidad un incumplimiento que genere sobrecostos o el rompimiento del equilibrio económico. La regla se apoya en tres razones. Primera, las suspensiones se firmaron de común acuerdo y el contratista no dejó consignada su inconformidad en esos documentos, aunque las dos primeras se dieron por causa de la entidad. Segunda, el listado de obligaciones del contrato no incluye sobrecostos, perjuicios ni mayores inversiones, y el valor a pagar se fijó con la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida por la interventoría. Tercera, no existe fundamento que permita acreditar que la entidad incumplió las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato. En consecuencia, la petición de reconocimiento de sobrecostos, perjuicios y mayores inversiones no tiene vocación de prosperar. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente arribar un pronunciamiento en relación con las pretensiones de desequilibrio económico del contrato estatal, fundadas en la ejecución de actividades ya ocurridas…¿Resulta errada la posición asumida por el tribunal de primera instancia en torno a establecer que, sin existir observación sobre los contratos adicionales ni actas de suspensión y reinicio…¿La sentencia apelada resulta incongruente y debe revocarse, por cuanto la demanda no incluyó pretensión alguna en torno a la declaratoria y devolución de los supuestos mayores valores descontados…
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO,BUENA FE OBJETIVA,LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO,ACTA DE LIQUIDACIÓN,BUENA FE CONTRACTUAL,BUENA FE – Finalidad,Restablecimiento,Circunstancias determinantes del desequilibrio económico,Restablecimiento económico,Buena fe objetiva,Procedencia,Requisitos,Incumplimiento o alteración del equilibrio económico del contrato,Definición,Cl – Mes: enero – Año: 2018…
También resuelve:Equilibrio económico del contrato: definición, finalidad, restablecimiento, circunstancias determinantes del desequilibrio económicoBuena fe: buena fe objetivaBuena fe objetiva: incumplimiento o alteración del equilibrio económico del contrato
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en virtud de la naturaleza FONTUR como patrimonio autónomo conformado por capital público? Sí
Cuando un patrimonio autónomo de naturaleza pública, conformado con capital público y que ejerce funciones de la misma naturaleza, adopta decisiones dentro de un procedimiento de selección, sus actuaciones pueden ser controvertidas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en razón del criterio orgánico del artículo 104 del C.P.A.C.A. La regla se sostiene en dos razones: el patrimonio carece de personería jurídica pero administra recursos públicos provenientes de una contribución parafiscal, de un impuesto y de asignaciones del presupuesto general, y está sujeto a las directrices del ministerio sectorial. En el caso, la adjudicación de una invitación abierta adoptada por ese patrimonio fue controvertida, y el Consejo de Estado asumió la competencia en segunda instancia porque la mayor cuantía de la demanda superaba los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según el numeral 3 del artículo 152 del C.P.A.C.A. El documento cita conceptos y sentencias sobre la capacidad de los patrimonios autónomos para ser parte, pero no señala que reitere o unifique precedente; la consecuencia práctica es que la competencia se determina por la naturaleza pública del capital y no por la personería jurídica del administrador.síntesis automática
También resuelve:¿El acto de adjudicación en los contratos regulados por el derecho privado tiene la naturaleza de acto administrativo?¿El medio de control de reparación directa es el idóneo para demandar la responsabilidad precontractual de las entidades sujetas a régimen exceptuado?¿FONTUR como patrimonio autónomo se encuentra legitimada en la causa por pasiva al proferir el acto del cual se deriva el daño por el que se demanda?
¿En los contratos estatales que requieran de liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, la contabilización del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la fecha en que las partes liquidaron el contrato? Sí
El contratista no puede interponer un medio de control de controversias contractuales para reclamar sobre un desequilibrio económico en un contrato estatal terminado y liquidado, ya que la excesiva onerosidad sobrevenida solo aplica a prestaciones futuras y no a situaciones pasadas, y el principio de no ir contra los actos propios prohíbe que las partes reviertan acuerdos ya cumplidos. La Sala reitera que la caducidad del medio de control inicia el día siguiente a la firma del acta de liquidación bilateral, lo que permite que la demanda sea presentada oportunamente si se ajusta a este plazo. En contratos financiados por entidades internacionales, como el Banco Mundial, las disposiciones sobre equilibrio económico no son aplicables debido al régimen especial del contrato, por lo que reclamaciones basadas en desequilibrio financiero deben ser rechazadas.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta aplicable la figura del desequilibrio económico dado el régimen especial del contrato al haber sido celebrado por una empresa de servicios públicos y financiado por el Banco Mundial?¿La excesiva onerosidad sobrevenida pretende remover a futuro las dificultades que se le presenten a una de las partes de un contrato durante su ejecución…¿Si las partes acuerdan una suspensión o una prórroga del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones…
¿Se encuentra acreditado que la entidad estatal ante la entrega de la obra pública decidió revocar la resolución que declaró el incumplimiento del contrato? Sí
La entidad contratante puede revocar la declaratoria de incumplimiento cuando, tras el vencimiento del plazo, el contratista ejecuta las obras faltantes y la entidad las recibe a satisfacción, de modo que la revocatoria se sustenta en el recibo de la totalidad del objeto contratado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, al vencer el plazo la obra no estaba ejecutada en su totalidad, lo que habilitaba la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal y el cobro de la garantía. Segunda, después del vencimiento el contratista completó las actividades faltantes y la entidad las recibió con concepto técnico favorable de un perito, mediante acta de entrega y recibo definitivo. Tercera, al resolver el recurso de reposición, la entidad revocó el acto sancionatorio con base en ese recibo, lo que se ajusta a la buena fe contractual. La providencia revoca la sentencia de primera instancia en lo que corresponde. La consecuencia práctica es que la recepción de la obra completa después del plazo, seguida de la revocatoria del acto sancionatorio, reconoce el cumplimiento sustancial del contrato y limita el alcance de la sanción.síntesis automática
También resuelve:¿La buena fe contractual es un parámetro de conducta para valorar el cumplimiento del contrato estatal?¿La entrega de la obra pública por fuera del plazo del vencimiento del contrato es justificación para que la entidad contratante no realice el pago de esta?¿Procede la liquidación del contrato por vía judicial ante la ausencia de esta?
¿La cesión del crédito es un negocio jurídico mediante el cual el acreedor transfiere a un tercero el derecho personal que ostenta frente a su deudor? Sí
El acreedor transfiere a un tercero el derecho personal que ostenta frente a su deudor mediante un negocio jurídico de cesión de crédito que otorga al cesionario la posición de sujeto activo y la legitimación para reclamar el cumplimiento de la obligación. En este caso, la Sala examina los requisitos consagrados en el artículo 666, el artículo 1959 y el artículo 1960 del Código Civil sobre la entrega del título y la oponibilidad, concluyendo que el pago efectuado por la entidad al cedente no tuvo efectos liberatorios, toda vez que el conflicto derivado del acuerdo de cesión entre particulares no corresponde resolverlo a esta jurisdicción, confirmando así la sentencia impugnada.síntesis automática
También resuelve:¿En ausencia de conocimiento sobre la transferencia del derecho de crédito, el deudor se libera válidamente pagando al cedente?¿La demandante no está legitimada para solicitar la declaración de incumplimiento del contrato estatal en el que se originó el derecho de crédito que le fue cedido?¿Antes de que se hiciera el pago, la entidad demandada, no solo fue notificada de la cesión de los derechos sino que ella misma manifestó su aceptación?