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Consejo de Estado Providencia

Vulnera el contrato la imposición de un descuento por parte de la interventoría sin contar con la autorización expresa del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual.

Sentencia — Sentencia 2025-06-03 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020170238901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Vulnera el contrato la imposición de un descuento por parte de la interventoría sin contar con la autorización expresa del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual? Sí
El contratista no puede ser objeto de un descuento impuesto por la interventoría sin su autorización expresa, conforme a lo pactado en la cláusula contractual, ya que esto viola el principio de pacta sunt servanda y la buena fe objetiva en la relación contractual. La interventoría no puede alterar unilateralmente el contenido y alcance de las cláusulas del contrato, especialmente cuando se trata de deducciones que no cuentan con sustento normativo, jurídico ni contractual. La Sala modifica la interpretación anterior, reforzando la necesidad de que cualquier actuación que requiera autorización previa sea respetada para evitar violaciones al contrato y a los principios de buena fe y pacta sunt servanda, lo que implica que las entidades estatales deben cumplir rigurosamente con los términos acordados en los contratos.síntesis automática
También resuelve: ¿Vulnera el contrato y la buena fe objetiva la actuación de la interventoría que impone un descuento sin aceptación del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual? ¿Constituye una obligación legal ejecutar los contratos conforme a lo pactado y de buena fe, incluyendo lo que emane de la naturaleza de la obligación? ¿Vulnera el principio de congruencia una sentencia de primera instancia que omite pronunciarse sobre una pretensión expresamente solicitada en la demanda?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El derecho al mantenimiento del equilibrio del contrato está previsto como una garantía a favor del contratista

Sentencia — Sentencia 2022-10-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233100020100196602 ACCION CONTRACTUAL
¿El derecho al mantenimiento del equilibrio del contrato está previsto como una garantía a favor del contratista, para evitar que quien acude como colaborador de la administración quede desprotegido frente a situaciones adversas de naturaleza imprevisible o derivadas de la conducta de su contraparte, que alteren de manera grave la economía del contrato? Sí
El derecho al mantenimiento del equilibrio del contrato está previsto como una garantía a favor del contratista, para evitar que quien acude como colaborador de la administración quede desprotegido frente a situaciones adversas de naturaleza imprevisible o derivadas de la conducta de su contraparte, que alteren de manera grave la economía del contrato. La Ley 80 de 1993 reconoce este derecho, reconociendo que el equilibrio económico del contrato debe mantenerse cuando se vea alterado por situaciones imprevistas y no imputables a las partes. El derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato es una garantía fundamental para proteger los intereses del contratista frente a alteraciones graves en la economía del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato de obra pública a favor del contratista, por mayor permanencia fundada en ampliaciones del plazo de ejecución del… ¿El pago de la contribución concebida en la Ley 1106 de 2006, puede ser considerado como imprevisto y, por tanto, otorga derecho al restablecimiento del
Consejo de Estado Providencia

La entidad demandada incumplió el contrato

Sentencia — Sentencia 2026-02-27 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 41001233300020150065302 LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿La entidad demandada incumplió el contrato, desconoció la buena fe contractual cuando en la parte resolutiva de las Resoluciones 562 y 755 de 2014, incluyó también al contratista como su destinatario, pese a que esta particular situación jurídica ya había sido definida previamente por la administración? Sí
El contratista puede prosperar parcialmente en su demanda cuando la entidad demandada desconoce la buena fe contractual al incluirlo como destinatario en resoluciones que ya fueron definidas previamente por la administración en otro acto administrativo. En este caso, la entidad demandada incluyó al contratista como destinatario en las resoluciones 562 y 755 de 2014, a pesar de que la situación jurídica ya había sido resuelta en las resoluciones 429 y 500 de 2014. Esta actuación contraviene la buena fe contractual y constituye un incumplimiento del contrato, lo que justifica la declaratoria de incumplimiento del contrato por parte de la entidad demandada. La sentencia reitera la jurisprudencia según la cual los actos contractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios no tienen la naturaleza de actos administrativos, sino que se rigen por el derecho privado, lo que implica que las controversias deben ser examinadas desde la perspectiva del cumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿Los actos expedidos por los prestadores de servicios públicos domiciliarios ostentan la naturaleza de actos administrativos? ¿Resulta procedente declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada, en relación con la pretensión económica consecuencial… ¿Resulta improcedente condenar en costas en primera y segunda instancia, por cuanto la demanda prosperó parcialmente y fue necesario complementar la sentencia objeto del recurso de alzada en favor…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El recurso de apelación procede contra el auto que rechace la demanda y según lo dispuesto en el literal g, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, este recurso será decidido en Sala.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233300020240160601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación contra autos proferidos por Tribunales Administrativos que rechazan la demanda? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación contra autos dictados por Tribunales Administrativos que rechazan la demanda, conforme al artículo 150 del Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el numeral 1 del artículo 243 del mismo código, modificado por la Ley 2080 de 2021. Este recurso debe interponerse y sustentarse oportunamente dentro de los tres días siguientes a la notificación por estado, tal como establece el numeral 3 del artículo 244 del CPACA. Respecto a la vigencia del contrato estatal de tracto sucesivo, este permanece vigente una vez vencido el plazo de ejecución, mientras no se haya realizado la liquidación, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, lo que implica que el vínculo contractual se mantiene vigente para efectuar el corte de cuentas entre las partes.síntesis automática
También resuelve: ¿El recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda fue presentado y sustentado oportunamente? ¿El régimen jurídico aplicable a la presentación oportuna del medio de control de controversias contractuales es el vigente al momento de la interposición de la demanda? ¿Permanece vigente un contrato estatal de tracto sucesivo una vez vencido el plazo de ejecución, mientras no se haya realizado su liquidación?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles

Sentencia — Sentencia 2025-09-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 70001233300020150052401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse el puente sobre el arroyo? Sí
El contratista no es responsable de poner a disposición los bienes inmuebles sobre los cuales debe construirse la obra, siendo esta obligación del contratante, en este caso el Invías, conforme a la cláusula vigesimoquinta del contrato y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala considera que la gestión predial es una obligación del contratante, quien debe poner a disposición del contratista los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de la obra. Esta regla reitera la responsabilidad del contratante en la gestión predial y la puesta a disposición de los bienes inmuebles, lo que implica que el contratista puede reclamar prórrogas y mayor permanencia en obra en caso de retardo por parte del contratante en la entrega de los bienes necesarios.síntesis automática
También resuelve: ¿Para las partes era pacífico que a la entidad estatal le correspondía poner a disposición de su contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse la obra contratada? ¿Se tiene por acreditada la causa que la accionante alegó ocasionó la mayor permanencia en obra por el retardo en la puesta a disposición suya, por parte del Invías… ¿Las partes contratantes, en ejercicio de su autonomía privada, llegaron a un acuerdo respecto a las consecuencias patrimoniales que para el contratista podían derivarse de la mayor duración del…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Los convenios interadministrativos parten del fundamento previsto en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, se caracterizan por la unión de esfuerzos de entidades públicas que se adelanta con el objetivo de satisfacer una finalidad común, no se rigen de forma automática por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Sentencia — Sentencia 2024-08-13 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 52001233300020170047001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los convenios interadministrativos parten del fundamento previsto en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, se caracterizan por la unión de esfuerzos de entidades públicas que se adelanta con el objetivo de satisfacer una finalidad común, no se rigen de forma automática por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Sí
El contratista y la entidad estatal, al celebrar un convenio interadministrativo, no se rigen automáticamente por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ya que estos acuerdos se caracterizan por la unión de esfuerzos entre entidades públicas con el objetivo de satisfacer una finalidad común, como la promoción de la integración social y comunitaria. La regla se fundamenta en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, que prevé la autorregulación de estos convenios por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes, sin que pueda prevalecer la aplicación de regímenes o normas incompatibles con dicha finalidad. Esta decisión reitera y confirma precedentes judiciales que establecen que los convenios interadministrativos no son contratos en el sentido estricto, sino acuerdos de colaboración que buscan el interés común sin contraposición de intereses entre las partes.síntesis automática
También resuelve: ¿El acuerdo de voluntades objeto de estudio corresponde a un convenio interadministrativo suscrito entre entidades estatales, Nación –Ministerio del Interior y el municipio de Gualmatán… ¿El Ministerio contó con la facultad de liquidar unilateralmente el acuerdo de voluntades? ¿La demanda de controversias contractuales se presentó de manera oportuna?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se confirmará la providencia del 16 de noviembre de 2023

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-08-13 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 85001233300020230008501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se confirmará la providencia por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Casanare rechazó la demanda? Sí
El contratista no puede presentar una demanda extemporánea de controversias contractuales si la liquidación del convenio interadministrativo no se realizó dentro del plazo acordado, ya que el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que el término para demandar comienza una vez realizada la liquidación del negocio jurídico o vencido el plazo para ello. En este caso, el convenio debía liquidarse a más tardar el 16 de diciembre de 2019, y la demanda fue radicada el 17 de octubre de 2023, por lo que es extemporánea y el Tribunal Administrativo de Casanare rechazó correctamente la demanda. Además, la entidad estatal no puede liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo sin un acuerdo expreso y claro entre las partes, ya que la finalidad asociativa de estos convenios impide una aplicación automática del régimen legal de los contratos estatales. Por último, el convenio interadministrativo no constituye un contrato debido a la ausencia de remuneración entre las partes, sino que tiene como objetivo aunar esfuerzos para satisfacer una finalidad común.síntesis automática
También resuelve: ¿En los convenios interadministrativos resulta válido que una de las partes realice la liquidación unilateral, siempre y cuando ello esté expresamente acordado? ¿Puede predicarse que existió una remuneración de una de las partes hacia la otra? ¿El trámite de cada una de las demandas es independiente y debe analizarse de manera individual el cumplimiento de los presupuestos procesales?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No debe resolverse el caso desde la perspectiva del desequilibrio económico y financiero del contrato

Sentencia — Sentencia 2025-07-11 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 52001233300020170045103 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe resolverse el caso desde la perspectiva del desequilibrio económico y financiero del contrato, en lugar de la óptica del incumplimiento contractual, según la causa petendi, los argumentos esbozados por el recurrente y el respectivo régimen contractual? No
El contratista no puede basar su reclamación en la figura del desequilibrio económico y financiero del contrato cuando el negocio jurídico se rige por el derecho privado, ya que esta figura está prevista en el estatuto general de contratación de la administración pública y no en el derecho civil o comercial. La Sala destaca que el contrato en cuestión fue suscrito por una entidad sin ánimo de lucro, sujeta a las normas del derecho privado, por lo que no aplica la revisión del contrato por desequilibrio económico. En su lugar, el caso debe resolverse desde la perspectiva del incumplimiento contractual, conforme a la normativa del derecho privado y el artículo 868 del Código de Comercio, lo que implica analizar si la entidad demandada incumplió sus obligaciones contractuales y si la extensión del plazo del contrato fue imputable a dicha entidad. Esta decisión reitera y matiza precedentes anteriores, enfatizando la importancia de distinguir entre los regímenes de contratación pública y privada en la interpretación y aplicación de las normas contractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede considerarse que la Fundación del Alto Magdalena incurrió en incumplimiento contractual por supuestas falencias en la etapa de planeación del contrato de obra No. 058 de 2013… ¿Resulta procedente condenar en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2025-05-19 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 54001233300020200050101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra sentencias proferidas por tribunales administrativos, siempre que la cuantía de la controversia supere los 500 SMMLV al momento de presentar la demanda. En este caso, la demanda se presentó antes de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, por lo que el proceso se rige por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su redacción original, que establece la competencia del Consejo de Estado para conocer de estos recursos. La Sala modificó su precedente anterior, lo que implica que en adelante los recursos de apelación en controversias contractuales con cuantía superior a 500 SMMLV serán conocidos por el Consejo de Estado en segunda instancia, independientemente de la fecha de presentación de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿Los convenios interadministrativos se rigen por sus propias cláusulas, por lo que se no aplica el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? ¿Para que un convenio pueda liquidarse unilateralmente, las partes deben haber incluido esta prerrogativa de manera clara, expresa e inequívoca, por cuanto no opera por ministerio de la ley? ¿Operó el fenómeno jurídico de caducidad frente a las pretensión tercera de la demanda, que pedía el pago de los recursos comprometidos pero no desembolsados por Coldeportes?
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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 68001233300020130110802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede considerarse que la suscripción de múltiples documentos individuales entre el INVISBU y los beneficiarios de vivienda constituye la celebración de múltiples contratos independientes, distintos del contrato celebrado entre el INVISBU y Fénix? No
El contratista no puede celebrar múltiples contratos independientes con los beneficiarios de vivienda cuando ya existe un contrato único entre la entidad estatal y el constructor principal, ya que la suscripción de documentos individuales responde a necesidades operativas y no a la creación de contratos separados. La entidad estatal y el constructor principal son las partes del contrato, mientras que los beneficiarios son considerados terceros, ya que no han expresado su consentimiento directo ni han sido representados adecuadamente. Además, el contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas en respuesta a una situación de desastre se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que permite la aplicación de excepciones y facultades especiales previstas en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas, con ocasión de una situación de desastre, se encontraba sujeto al derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de… ¿Debe el juez analizar las pretensiones contractuales aunque no se haya formulado reclamación expresa o reserva al suscribir actos como prórrogas, adiciones o suspensiones? ¿Puede el contratista exigir el reconocimiento de mayores costos derivados de las prórrogas del contrato, cuando previamente acordó expresamente que estas no generarían gastos adicionales?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El acta de recibo final de la obra constituye un instrumento formal por medio del cual se verifica y deja constancia de la cantidad

Sentencia — Sentencia 2025-07-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020210061701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El acta de recibo final de obra es un elemento excluyente de responsabilidad contractual del contratista en aquellos eventos en los que posteriormente se adviertan vicios ocultos o defectos constructivos? No
El acta de recibo final de obra no exime al contratista de su responsabilidad por vicios ocultos o defectos constructivos que puedan surgir posteriormente, ya que esta acta solo certifica la conformidad externa de la obra con el plan acordado y las normas técnicas aplicables, conforme al artículo 2060 numeral 4 del Código Civil y la remisión normativa del artículo 13 de la Ley 80 de 1993. La liquidación del contrato, que sigue posteriormente, es un acto jurídico complejo que permite una revisión exhaustiva de todos los aspectos del contrato, incluyendo la calidad de los materiales y el cumplimiento de plazos, lo que puede revelar incumplimientos no detectados en el acta de recibo. En el caso concreto, la acta de recibo final dejó constancia explícita de que no eximía al contratista ni a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades contractuales, reiterando que la entrega formal de la obra no implica una declaración definitiva sobre el cumplimiento total de las obligaciones del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Pueden surgir en la liquidación situaciones de incumplimiento no detectadas en el acta de recibo? ¿El acta de recibo final de obra exime al contratista o a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades? ¿El principio de buena fe contractual impone a las partes de una relación negocial el deber de actuar con rectitud, honradez, lealtad y coherencia con sus actos previos…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-10-25 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020120058002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La resolución expedida por la CNTV que fijó el valor de la prórroga del contrato de concesión de televisión, se fundó en normas vigentes al momento de su expedición, basándose en los informes de su consultor y asegurando una rentabilidad razonable para el concesionario mediante la metodología de flujo descontado, sin que se evidencie un desequilibrio económico del contrato a partir de dicha decisión? Sí
El contratista no puede impugnar la resolución de la CNTV que fijó el valor de la prórroga del contrato de concesión de televisión, ya que esta se basó en normas vigentes y en los informes de su consultor, asegurando una rentabilidad razonable para el concesionario mediante la metodología de flujo descontado, sin evidenciar un desequilibrio económico del contrato. La CNTV, como entidad encargada de la inspección, vigilancia, seguimiento y control de la prestación del servicio público de televisión, tiene la facultad de determinar el valor de la prórroga conforme a los criterios establecidos en la Ley 182 de 1995 y el Acuerdo 010 de 2006. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la legalidad de los actos administrativos que fijan el valor de la prórroga en contratos de concesión, protegiendo así la confianza y la estabilidad del mercado de bienes y servicios.síntesis automática
También resuelve: ¿Es deber de los concesionarios del servicio nacional de televisión pagar un valor como contraprestación por el otorgamiento de la concesión… ¿Los actos mediante los cuales la CNTV fijó el valor de la prórroga pertenecen a la clase de los actos administrativos consensuales, toda vez que… ¿La aceptación expresa del valor de la prórroga por parte del concesionario en la etapa contractual, hace improcedente la configuración de un vicio invalidante por tratarse de un acto propio de…
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Consejo de Estado Providencia

La fuerza obligatoria del contrato se funda en la voluntad o querer de las partes que intervienen en él

Sentencia — Sentencia 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 73001233300020170047301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El soporte sobre el que se estructura el régimen contractual, incluida la contratación pública, es el mutuo consentimiento de las partes que da lugar al nacimiento de obligaciones recíprocas, como expresión de la autonomía de la voluntad y del que emerge la fuerza vinculante del negocio jurídico libremente convenido y el deber de ejecutar lo acordado en los términos pactados? Sí
Las partes quedan obligadas por lo que acordaron libremente, de modo que el contratista que solicita y firma una adición responde por sus implicaciones económicas, aun cuando la entidad haya incumplido su deber de planeación. La regla se apoya en tres razones. Primera, el régimen contractual, incluida la contratación pública, se sustenta en el mutuo consentimiento, que genera obligaciones recíprocas por la autonomía de la voluntad y el principio pacta sunt servanda. Segunda, la falencia de los diseños es imputable a la indebida planeación de la entidad, pero el contratista también tenía la carga de estructurar sus precios con diligencia, incluida la ubicación de las fuentes de materiales. Tercera, previa solicitud del contratista, las partes acordaron la adición con conocimiento de sus causas, y era al contratista a quien correspondía estimar las implicaciones económicas de las mayores distancias de acarreo que solicitó. En consecuencia, se confirma la sentencia que negó las pretensiones. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿El contratista acreditó los sobrecostos en los que aduce haber incurrido por la inactividad de equipos, maquinaria y personal técnico, administrativo y operativo… ¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima? ¿El medio de control de controversias contractuales es adecuado para dirimir el conflicto presentado por la parte actora en el que pretende que se declare el rompimiento del equilibrio económico del…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Estaban facultadas las administradoras cooperativas

Sentencia — Sentencia 2025-05-05 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 76001233100020090103701 ACCION CONTRACTUAL
¿Estaban facultadas las administradoras cooperativas para celebrar convenios interadministrativos bajo la legislación vigente al momento de la suscripción del Convenio 005 de 2001? Sí
El contratista puede celebrar convenios interadministrativos bajo la legislación vigente al momento de la suscripción del Convenio 005 de 2001, ya que las administradoras cooperativas se consideraban entidades estatales independientemente del porcentaje de participación pública y del régimen jurídico, conforme al parágrafo del artículo 2° de la Ley 80 de 1993. Este precedente modifica la interpretación previa que limitaba la celebración de estos convenios a entidades con participación pública mayoritaria, lo que implica que las administradoras cooperativas estaban habilitadas para celebrar contratos y convenios interadministrativos en los términos del numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve: ¿Constituyen los convenios interadministrativos una figura distinta de los contratos estatales por no tener finalidad remuneratoria y fundarse en el principio de colaboración entre entidades públicas? ¿Debe calificarse como contrato interadministrativo un negocio jurídico entre entidades públicas que contiene obligaciones recíprocas con carácter conmutativo y ánimo remuneratorio? ¿Se encuentra sometido al Estatuto General de Contratación el contrato interadministrativo celebrado entre un municipio y otra entidad, a efectos de su liquidación y del cómputo de la caducidad?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón

Sentencia — Sentencia 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 52001233100020080026701 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado en segunda instancia por controversias contractuales cuando la cuantía de la pretensión supera el límite establecido en el artículo 132.5 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, la entidad estatal negó las pretensiones del contratista, pero el Consejo de Estado confirmó su competencia para conocer del asunto en razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. La Sala estableció que la jurisdicción administrativa es competente para resolver controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para casos de controversias contractuales de gran cuantía, lo que implica que los contratistas pueden recurrir a esta instancia para resolver disputas de alto valor económico.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato? ¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos liquidados de común acuerdo caduca en dos años contados desde la firma del acta? ¿Se configuró la excepción de inepta demanda?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No cabe duda de que los acuerdos de las partes se extendieron a los aspectos que fueron demandados

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 63001233100020060122302 ACCION CONTRACTUAL
¿En el presente contrato de prestación de servicios de telefonía indirecta, se le debe reconocer al demandante la cesantía comercial o las participaciones correspondientes al 50% de la totalidad de lo recaudado por cargo básico mensual y del 10% por participación de telefonía automática local y de larga distancia? No
Cuando un contrato estatal regido por el derecho privado no tiene pactada cláusula de liquidación, el acta de terminación de mutuo acuerdo no puede tratarse como acta de liquidación, sino como manifestación de la voluntad de las partes de terminar el negocio y conciliar los estados de cuenta. La regla se sostiene en tres razones: la autonomía de la voluntad permite a las partes transigir las obligaciones de un periodo determinado, la declaración de paz y salvo con efectos de transacción produce cosa juzgada respecto de las prestaciones de ese periodo, y el acta de conciliación posterior extingue las obligaciones del periodo siguiente. En el caso, las partes suscribieron un acta de terminación que cubrió el periodo inicial de ejecución y un acta de conciliación que cubrió el periodo posterior, por lo que la pretensión subsidiaria de reconocer la cesantía comercial y las participaciones sobre el recaudo fue negada. El documento no señala que reitere o unifique precedente sobre este punto; la consecuencia práctica es que el paz y salvo y la transacción firmados por las partes impiden reclamar de nuevo las prestaciones del periodo cubierto.síntesis automática
También resuelve: ¿Las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia del CPACA seguirán rigiéndose y culminarán conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA? ¿La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas? ¿La caducidad se configura cuando ha vencido el plazo establecido en la ley para instaurar algún tipo de acción?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Ha de aclararse que la competencia de los jueces contencioso administrativos y la de los árbitros son excluyentes

Sentencia — Sentencia 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 05001233300020140100702 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al verificar una cláusula que se dice compromisoria, de cuya estipulación no se desprende de forma clara e inequívoca la voluntad de las partes de someter sus controversias al arbitraje, se desprende la jurisdicción y competencia del Consejo de Estado para conocer el presente asunto? Sí
El contratista no puede someter a arbitraje las controversias derivadas de un convenio interadministrativo cuando la cláusula compromisoria no expresa claramente la voluntad de las partes de someter sus diferencias a este mecanismo, ya que la competencia de los árbitros surge del acuerdo de voluntades de las partes y la estipulación debe manifestar explícitamente la intención de someter las disputas al arbitraje. En este caso, la cláusula en cuestión no contiene una clara disposición sobre el arbitraje, sino que contempla diversos mecanismos alternativos de solución de controversias, incluyendo la conciliación y la amigable composición, y reafirma la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver las controversias derivadas del convenio. Por lo tanto, el Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto en relación con la liquidación judicial del convenio interadministrativo, lo que implica que las partes deben acudir a la justicia ordinaria en lugar de al arbitraje para resolver sus diferencias.síntesis automática
También resuelve: ¿Ante la ausencia de un pacto expreso e inequívoco, en el sentido de pactar la facultad de liquidar de manera unilateral el Convenio Interadministrativo… ¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos del convenio interadministrativo que no fueron objeto de la demanda inicial, ni sustentados adecuadamente en la apelación… ¿Los convenios interadministrativos se rigen por sus propias estipulaciones y son exceptuados de la Ley 80 de 1993?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial

Sentencia — Sentencia 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 50001233100020060097601 ACCION CONTRACTUAL
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las controversias sobre contratos del Estado, dada la naturaleza del asunto y en consideración a la cuantía del proceso? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias sobre contratos del Estado, y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias de los tribunales cuando la cuantía supera 500 salarios mínimos. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad estatal demandada es sujeto de la contratación estatal conforme al artículo 52 del Decreto 2171 de 1992 y al artículo 2 de la Ley 80 de 1993, de modo que la jurisdicción es competente para resolver las controversias en que sea parte. Segunda, la vocación de doble instancia se determina con los artículos 129, 132 numeral 5 y 181 del Código Contencioso Administrativo, vigentes al presentarse la demanda. Tercera, la cuantía del proceso para el año 2006 supera los 500 salarios mínimos exigidos. Además, la acción de controversias contractuales es la vía idónea para la nulidad de la liquidación unilateral, el desequilibrio, el incumplimiento, la validez del contrato y la liquidación judicial. En consecuencia, el Consejo de Estado es competente para decidir la apelación, y la providencia modifica la sentencia apelada. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal… ¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato? ¿Dado el demandante no señaló ninguna norma violada con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, y que tampoco formuló un cargo concreto o mencionó razón alguna por la que…
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