Titulación de la relatoría 19.384 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / ECOPETROL / CONTRATOS DE ECOPETROL / NATURALEZA JURÍDICA DE ECOPETROL / CUANTÍA DEL PROCESO / CUANTÍA DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda de controversias contractuales, presentada para demandar el incumplimiento de un contrato estatal en el que fue parte Ecopetrol?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, puesto que el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo –vigente en la fecha de interposición de la demanda- estableció que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas. En efecto, en esta oportunidad se somete a consideración de la Sala el incumplimiento del contrato N° 5201841 de 2006, en el que fungió como contratante la Empresa Colombiana de Petróleos S.A. –Ecopetrol-, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, establecida como una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, autorizada y regulada por el Decreto-Ley 1760 del 26 de junio de 2003 en la época de celebración del indicado negocio jurídico, y hoy como una sociedad de economía mixta regida por la Ley 1118 de 2006. Ahora, la actuación que en esta sentencia habrá de resolverse ostenta vocación de doble instancia, puesto que la cuantía fijada en la demanda es superior a los 500 S.M.L.M.V. ($230’750.000), establecidos en el artículo 132 – numeral 5 del C.C.A. En efecto, la pretensión de condena de mayor valor fue estimada en $1.216’000.000, como monto correspondiente al 50% de las facturas cuyo pago corría a cargo de la contratante, y que se le debió entregar, según la demanda, directamente al actor (...).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO LEY 1760 DE 2003, LEY 1118 DE 2006
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / ECOPETROL / CONTRATOS DE ECOPETROL / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿Se interpuso de forma oportuna la demanda de controversias contractuales, presentada para declarar el incumplimiento del contrato estatal suscrito entre Ecopetrol y el consorcio del que hizo parte el demandante?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 136, numeral 10, del C.C.A., modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, en las acciones relativas a contratos, el término de caducidad de dos años allí establecido comienza a correr desde el día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. Frente a los contratos que requieran liquidación, el término de caducidad de dos años allí establecido comienza a correr desde la firma del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto que apruebe la liquidación unilateral, según el caso; y de no procederse a la liquidación unilateral dentro de los dos meses siguientes al término convenido por las partes o fijado en la ley para la liquidación bilateral, la caducidad comienza a correr desde la expiración del plazo con el que contaba la administración para liquidar unilateralmente el contrato, de conformidad con la norma sustancial aplicable y con las cláusulas que eventualmente hayan pactado las partes sobre este aspecto. En el presente caso, como ya se anotó, se demanda la declaratoria de incumplimiento del contrato N° 5201841 del 28 de noviembre de 2006, suscrito entre Ecopetrol y el consorcio IE-JV, y cuya cláusula segunda estableció que su vigencia abarcaría el término de ejecución -que habría de culminar el 30 de noviembre de 2008- más dos meses adicionales que se destinarían a la respectiva liquidación, y que por consiguiente debían expirar el 30 de enero de 2009. La demanda fue interpuesta el 17 de octubre de 2008, vale decir, antes de que culminara la vigencia del contrato e, incluso, antes de que transcurrieran dos años desde la fecha de su celebración, razón por la cual es palmario que en el presente caso no operó el fenómeno de la caducidad.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / CONSORCIO / RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO / RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL CONSORCIO / REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO / REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO / OBLIGACIONES DEL CONSORCIO / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONSORCIO / MIEMBROS DEL CONSORCIO / IMPUTACIÓN DEL PAGO EN EL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / ACTO PROPIO / TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD / REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD / REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD / INDEBIDA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / PRUEBA DEL PAGO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ECOPETROL / CONTRATOS DE ECOPETROL
Problema jurídico:
¿Ecopetrol S.A. incumplió el contrato N° 5201841 del 28 de noviembre de 2006, por efectuar los pagos a su cargo, directa e íntegramente al representante de la sociedad contratista, y no en partes iguales a cada uno de los integrantes del consorcio, a pesar de que éstos no designaron a su representante en la forma prevista en el acta de constitución de la sociedad?
Respuesta al problema jurídico: No
El demandante (...) hizo parte del consorcio IE-JV, que celebró con Ecopetrol el contrato N° 5201841 de 2006, sin haber designado el representante legal bajo el procedimiento establecido en la respectiva acta de constitución. El actor aduce que Ecopetrol pagó el contrato al consorciado que ejerció indebidamente la representación del grupo contratista, con lo cual incurrió en incumplimiento la entidad estatal, por no atenerse a lo previsto en el acta de constitución del consorcio en lo relativo al representante, ni a las reglas del contrato referentes a su remuneración. (...) Se confirmará la sentencia apelada, toda vez que no existe mérito para señalar que Ecopetrol S.A. incumplió el contrato N° 5201841 de 2006, de suerte que no es posible predicar una responsabilidad patrimonial de la entidad frente al demandante. (...) En lo que respecta a la representación del consorcio, se tiene que si bien ésta no se configuró como se había previsto en el acta de constitución, no por ello dejó el consorcio de estar debidamente conformado, y en virtud de su participación en el proceso de selección asumió obligaciones que abarcaron la celebración y ejecución del contrato, de modo que la persona inicialmente designada, al presentar la propuesta y celebrar el negocio jurídico obligó y vinculó a todo el consorcio, al margen de las responsabilidades surgidas entre sus integrantes y sin que por ello pudiera predicarse su escisión ni la obligación para Ecopetrol de efectuar pagos separados. En Colombia, la única regulación legal expresa que tiene la figura del consorcio se encuentra precisamente en la Ley 80 de 1993, que establece la posibilidad de que el Estado celebre contratos con esa clase de asociaciones colaborativas, y determina la responsabilidad solidaria que a éstas les asiste frente a la entidad pública contratante. (...) Así, de esta norma se desprende con claridad que el consorcio surge como tal desde que sus integrantes pactan y establecen su conformación con miras a la celebración y ejecución del negocio jurídico con el Estado, y no se disuelve por las desavenencias acontecidas entre sus integrantes ni por el ejercicio irregular de su representación. A su turno, y de conformidad con la misma norma, la responsabilidad del consorcio es solidaria desde la presentación de la oferta; y más aún, presentada ésta, el proponente queda sujeto a la obligación de suscribir el contrato estatal en caso de resultar seleccionado, por todo lo cual, tanto la celebración válida del negocio jurídico como lo que acontezca en el marco del mismo -incluido su pago- cobijan y afectan a la totalidad de los miembros del consorcio, en los términos del artículo 7, numeral 1, de la Ley 80 de 1993, incluso al margen de la irregular representación del mismo. Ahora bien, así como no está detalladamente regulada por la ley la figura del consorcio, tampoco lo están las bases o presupuestos de su representación (...). Sin embargo, la norma citada pone de manifiesto dos aspectos fundamentales, a saber: i) dado que la constitución del consorcio no da lugar a una persona jurídica distinta de los sujetos que lo integran, su representación no puede concebirse en esos casos como una derivación de personería jurídica alguna ni como presupuesto de la capacidad para contratar, sino como un instrumento que, para efectos de la contratación estatal, facilita el cumplimiento de las obligaciones que le competen al consorcio proponente y/o contratista; ii) no obstante lo anterior, debe existir un representante expresamente autorizado por el consorcio, pues la ley le impone a éste tal deber de designar a quien “para todos los efectos” lo representará, especialmente ante la autoridad titular del contrato, ya que en todo caso cada actuación que las partes adelanten en el marco del negocio jurídico tiene la virtualidad de generar derechos y obligaciones, de modo que se requiere que los consorciados habiliten expresamente a quien, a nombre de esa figura asociativa, presentará la propuesta, celebrará el contrato, desarrollará el objeto pactado y ejecutará ante la entidad los distintos actos que se requieran en el avance de la relación contractual. De esta manera la Sala parte de reconocer que, no sólo bajo el principio de la autonomía de la voluntad sino también porque la ley establece precisamente que son los consorcios (y uniones temporales) quienes “deberán” designar a quien los represente para todos los efectos, es palmario que el representante del consorcio debe hallarse facultado o autorizado por su representado, quien en principio sólo se obliga civil o comercialmente por manifestación expresa de su voluntad, y por regla general, la ley no privilegia que alguien pueda obligar a un tercero sin su consentimiento. No obstante, como ya se anotó -y en el marco de la contratación regulada por la Ley 80 de 1993-, desde el momento de presentación de la propuesta surge para los consorcios la responsabilidad solidaria que abarca tanto lo que se derive de la oferta misma como del contrato, y de otro lado, el ejercicio de representación sin previo poder o facultad no genera la responsabilidad del tercero que con el representante contrata, sino la de éste frente a aquel y frente a su representado. En el presente caso, ciertamente, los integrantes del consorcio IE-JV omitieron cumplir cabalmente con el deber previsto en el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993, pues si bien plasmaron en el acta de constitución una serie de reglas para la designación del representante, finalmente no las siguieron. Sin embargo, al conformar el consorcio y presentar la oferta por conducto del señor (...), la agrupación adquirió obligaciones con Ecopetrol por ministerio de la ley; y más allá de las responsabilidades que, según la norma en cita, se establecieran entre los integrantes del consorcio, éste asumió frente al Estado la carga de cumplir con todas las obligaciones derivadas de la propuesta misma, especialmente la de celebrar el contrato en caso de resultar seleccionado dicho oferente. Dicho lo anterior, es claro que la celebración del contrato y su firma por parte del señor (...) materializaban válidamente el cumplimiento de una responsabilidad asumida previamente por el consorcio, al margen de que sus miembros no hubieran designado al representante en la forma prevista en el acta de constitución. Ahora, alega el apelante que en este punto del análisis no tiene cabida lo señalado por el Tribunal, en cuanto a la ratificación tácita del demandante frente a la representación ejercida por el señor (...) al celebrar y suscribir a nombre del consorcio el contrato estatal materia de controversia. Sin embargo, justamente porque el actor reconoce la validez de ese negocio jurídico y lo aduce como base para solicitar las indemnizaciones y pagos reclamados en la demanda, es pertinente anotar que si bien el contrato fue suscrito por (...) [el señor] ejerciendo una representación “no autorizada” del consorcio, el señor (...) [demandante] no alegó que tal circunstancia resultara irregular, mucho menos predicó la nulidad relativa del negocio a la luz del artículo 1741 del Código Civil, mientras que sí pretendió obtener el pago del contrato así celebrado, lo que implica que en un comienzo aceptó la representación ejercida por el señor (...) al celebrar el contrato a nombre del consorcio, pero luego la rechazó en cuanto a la recepción del pago efectuado por Ecopetrol, no estando éste obligado a efectuar abonos por separado, como más adelante lo precisará la Sala. Con ello, el impugnante obró desconociendo sus propios actos, pues pretendió hacer valer su supuesto derecho sobre la base de no aceptar una circunstancia que tuvo por válida inicialmente, lo que se opone al principio de la buena fe - expresamente previsto en el artículo 83 superior y, en materia contractual, en el artículo 1603 del Código Civil-. En todo caso, fueron los miembros del consorcio -entre éstos, el señor (...) [demandante]- quienes desatendieron sus deberes legales al abstenerse de designar expresamente al representante, omisión que no generaba responsabilidades u obligaciones en cabeza de Ecopetrol, a quien, por tanto, no le era exigible suspender el contrato, abstenerse de pagarlo o hacerlo de manera separada, parcial o proporcional, ni “adoptar otras medidas” para beneficiar al actor ante la no designación del representante. (...) En punto del pago cuestionado por el apelante, sea lo primero precisar que el mismo no fue demostrado en este proceso, pues no figura ningún certificado, acta, factura, constancia ni instrumento alguno que acredite que Ecopetrol entregó sumas de dinero al señor (...) ni a la mencionada sociedad por él representada, a título de remuneración del contrato N° 5201841 de 2008. (...) [Por otra parte,] si bien el artículo 7, numeral 1, de la Ley 80 de 1993, no consagró expresamente una solidaridad activa en cabeza de los consorcios, estableció unos términos y efectos similares a los de esa figura, al disponer que todo hecho que tuviera ocurrencia con ocasión del contrato afectaría a todos los integrantes del consorcio, de ahí que, en virtud de esa específica y puntual previsión legal, cada pago hecho por Ecopetrol directamente al representante de la sociedad (...) “afectaba” a todo el consorcio, por lo cual, efectuado el pago de esa manera, debía reputarse debidamente cumplido. Agréguese a ello que, en todo caso, el contratista era uno solo, a pesar de su conformación plural, por lo que la obligación de pago a cargo de la entidad contratante surgía frente "al contratista", independientemente de que se tratara de una sola persona, o de varias, agrupadas en un consorcio. De tal suerte, si Ecopetrol efectuó pagos al representante legal (...), los mismos operaron legítimamente, al ser recibidos por el consorcio contratista y no sólo por la persona jurídica que lo conformaba junto con el demandante. (...) En este punto no desconoce la Sala que, a la luz de la ley, cada miembro de un consorcio está legitimado, en principio, para solicitar por separado, en sede judicial, la eventual indemnización de lo que le habría correspondido recibir en el marco del contrato en el que haya participado en tal calidad; pero ello no conduce a que, durante la vigencia de la relación contractual y en el momento en que se causa la obligación de pago a cargo de la Administración, el desembolso deba hacerse dividiéndose en partes iguales para distribuirlas entre cada miembro de la agrupación, pues en sede administrativa y contractual, el consorcio subsiste como tal bajo las responsabilidades y con las consecuencias previstas en el artículo 7, numeral 1 del EGCAP, ya mencionado. Ahora, el censor también argumenta que no por el hecho de que Ecopetrol le exigiera a (...) [la sociedad] la ejecución del 100% del contrato -amparado en la responsabilidad solidaria del consorcio-, era procedente “mutar” el negocio jurídico ni modificar su naturaleza, como tampoco variarse el procedimiento de pago que, según su dicho, se había convenido tanto en el acta de constitución del consorcio como en el contrato estatal suscrito con Ecopetrol. No obstante, por un lado, no se aprecia que Ecopetrol hubiera modificado las condiciones ni la naturaleza del contrato, menos aún con el propósito de pagar el mismo a uno solo de los consorciados (...). Por otra parte, ni el acta de constitución del consorcio ni el contrato N° 5201841 de 2006 previeron que el pago debiera hacerse en la forma como hoy lo propone el apelante, sino que sólo se dijo en la cláusula cuarta del contrato estatal que dicho pago se efectuaría dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura respectiva por parte del consorcio, en la Oficina Única de Cuentas de la GCB, y previo “visado” de la facturación impartido por la interventoría del contrato, junto con el cumplimiento de otros requisitos. En ese orden de ideas resulta palmario que, al margen de las desavenencias surgidas entre los miembros del consorcio (...) por el no cumplimiento de lo pactado en el acta de constitución en cuanto al procedimiento para designar a su representante, al presentarse la oferta y suscribirse el contrato estatal N° 5201841 de 2006 surgieron válidamente obligaciones a cargo del consorcio, sin que por la falta de representante expresamente autorizado, Ecopetrol incurriera en incumplimientos ni en obligaciones patrimoniales a favor del señor (...) [demandante]. Por consiguiente, deberá confirmarse el fallo apelado, en cuanto denegó las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 83, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 7 NUMERAL 1, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1570, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1741