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¿Se debe declarar la caducidad de las pretensiones relativas a la nulidad de las cláusula de pago del contrato de interventoría porque la demanda se presentó cuando ya habían pasado más de dos (2) años desde el perfeccionamiento del contrato y, este no estaba vigente? Sí
El contratista no puede demandar la nulidad de una cláusula de pago del contrato de interventoría si la demanda se presenta después de que hayan transcurrido más de dos años desde el perfeccionamiento del contrato y éste ya no está vigente. En este caso, el contrato se perfeccionó el 30 de diciembre de 2013, por lo que el plazo para demandar su nulidad venció el 31 de diciembre de 2015, y el contrato finalizó el 1 de octubre de 2015. Por lo tanto, la demanda presentada el 3 de mayo de 2018 es extemporánea y caduca. Además, el contratista no logró demostrar que la forma de pago pactada entre las partes constituyera un imprevisto que afectara la ecuación contractual, por lo que no se configuró un desequilibrio económico. Por último, como el recurso de apelación no prosperó, el contratista debe ser condenado en costas y agencias en derecho.síntesis automática
También resuelve:¿El apelante logró demostrar que la forma de pago pactada entre las partes era un imprevisto, que afectó la ecuación contractual y por ende se configuró un desequilibrio económico?¿Procede la condena en costas contra la empresa DAIMCO S.A.S. al habérsele resuelto desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Puede el juez resolver sobre el restablecimiento de la ecuación económica del contrato cuando las partes no estuvieron de acuerdo en la liquidación bilateral, pero luego el INVIAS, como contratante, mediante resolución liquidó unilateralmente el contrato respecto de las salvedades manifestadas por el contratista, quien en la demanda no solicitó la nulidad de dicha resolución y solo indicó que, por ser el contrato de derecho privado no gozaba de presunción de legalidad? No
El juez no puede pronunciarse sobre el restablecimiento de la ecuación económica del contrato cuando la demanda no cuestiona la legalidad del acto de liquidación unilateral que resolvió las diferencias de las partes en la liquidación bilateral. La regla se sostiene en que ese acto es el objeto de la pretensión, de modo que, si no se impugna, no existe fundamento para decidir el restablecimiento. Por ello, la sola alegación de que el régimen del contrato era privado no suple la omisión de pedir la nulidad del acto. En el asunto, el demandante se refirió al acto de liquidación unilateral sin cuestionar su legalidad, el tribunal se declaró inhibido para fallar de fondo, y la Sala confirmó esa decisión apelada que no resolvió el fondo del restablecimiento. En la práctica, la impugnación del acto de liquidación unilateral debe formularse expresamente en la demanda para que el juez resuelva el fondo del restablecimiento de la ecuación económica.síntesis automática
¿Acreditó la parte demandante la diferencia entre lo contratado y lo efectivamente ejecutado con ocasión del cumplimiento del contrato de obra bajo examen, cuando no aportó el acta de recibo final? No
Cuando el contratista pretende el reconocimiento de sobrecostos por mayor permanencia en la obra y el desequilibrio económico del contrato, debe demostrar la diferencia entre lo contratado y lo efectivamente ejecutado, lo que exige aportar el acta de recibo final de obra y una verificación completa de la cantidad ejecutada. La regla se sostiene en tres razones: la mayor permanencia se configura cuando hechos no imputables al contratista aumentan sus costos iniciales, situación que debe probar el actor, pues el solo aumento del plazo no basta; la ausencia del acta de recibo final impide verificar la obra efectivamente ejecutada y su valor; y el informe pericial que concluye que el aumento del costo del asfalto no incidió en el costo del producto final no sustenta la alteración del equilibrio. En el caso, la parte actora no logró acreditar la diferencia entre lo contratado y lo ejecutado, por lo que se confirmó la negativa de las pretensiones. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la reclamación por mayor permanencia debe acompañarse del acta de recibo final y de una comparación completa de cantidades y costos.síntesis automática
También resuelve:¿Acreditó el demandante contratista, los hechos no imputables a el, por los que se originó la mayor permanencia en la obra…
¿Acreditó la parte demandante el pago del valor por el que se ordenó afectar la garantía de cumplimiento? No
No está probado que los demandantes hubieran pagado el valor por el que se ordenó afectar la garantía de cumplimiento… En el recurso se alega que la primera instancia dejó de reconocer el valor de lo cancelado por los demandantes a la aseguradora… por concepto de la póliza de cumplimiento.
También resuelve:¿El apelante probó otros perjuicios por incumplimiento del contrato de obra, que reclama en apelación?¿Debe condenarse en costas al apelante vencido debido a que su recurso no prosperó?
¿El juez debe de oficio declarar la excepción de falta de salvedades en el acta de liquidación bilateral, o cuando éstas no son claras y específicas, porque implica constatar simplemente que el demandante no cumplió los requisitos previstos en la ley para formular la reclamación judicial que impetra en la demanda, porque el propósito de las salvedades es poner en conocimiento de la contraparte las inconformidades, superarlas, o intentar conciliarlas y nada de esto puede hacerse si la advertencia es de un contenido genérico y si solo se indica que en futuro se precisará el contenido del reclamo, como ocurre en este caso? Sí
El juez debe declarar de oficio la excepción de falta de salvedades en el acta de liquidación bilateral cuando estas no son claras y específicas, ya que su propósito es informar a la contraparte sobre las inconformidades y permitir la superación o conciliación de las mismas, lo cual no es posible si las salvedades son genéricas o no indican claramente los reclamos. La Sala reitera que la ausencia de salvedades claras impide que el contratista formule una reclamación judicial válida, y que las causas del desequilibrio económico deben ser dejadas en el acta de liquidación en el momento de su suscripción para que la entidad estatal las conozca. Además, la Sala confirma la condena en costas a la parte vencida y establece el monto de agencias en derecho según la tarifa señalada por el Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿Las causas del desequilibrio económico manifestadas en documentos anteriores a la firma del acta de liquidación, pueden obrar como salvedades, aunque no consten en el acta de liquidación?¿Cuándo el recurso de apelación de la sentencia no prospera, el juez debe condenar en costas a la parte vencida, lo cual debe incluir el concepto de agencias en derecho?
¿El derecho al mantenimiento del equilibrio del contrato está previsto como una garantía a favor del contratista, para evitar que quien acude como colaborador de la administración quede desprotegido frente a situaciones adversas de naturaleza imprevisible o derivadas de la conducta de su contraparte, que alteren de manera grave la economía del contrato? Sí
El derecho al mantenimiento del equilibrio del contrato está previsto como una garantía a favor del contratista, para evitar que quien acude como colaborador de la administración quede desprotegido frente a situaciones adversas de naturaleza imprevisible o derivadas de la conducta de su contraparte, que alteren de manera grave la economía del contrato. La Ley 80 de 1993 reconoce este derecho, reconociendo que el equilibrio económico del contrato debe mantenerse cuando se vea alterado por situaciones imprevistas y no imputables a las partes. El derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato es una garantía fundamental para proteger los intereses del contratista frente a alteraciones graves en la economía del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato de obra pública a favor del contratista, por mayor permanencia fundada en ampliaciones del plazo de ejecución del…¿El pago de la contribución concebida en la Ley 1106 de 2006, puede ser considerado como imprevisto y, por tanto, otorga derecho al restablecimiento del
¿La variación de la cotización de la TRM durante la ejecución del contrato objeto de la controversia, causó un desequilibrio económico, con afectación grave a la economía del negocio, ajena a la responsabilidad del demandante? No
En los contratos estatales debe mantenerse la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al celebrarse el contrato, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, y que el restablecimiento solo procede si la ruptura se produce por causas no imputables a quien la alega y genera una afectación grave del negocio. Una razón es que la variación de la tasa de cambio fue previsible, y la exposición del contrato a esa variable se originó en la conducta de la parte que la alega. Otra razón es que no se acreditó que la variación hubiera sacado las obligaciones del alea normal del negocio, ni que afectara la utilidad esperada o generara pérdidas. En el caso, la Sala confirmó la negación del desequilibrio económico. La providencia contiene un obiter dictum sobre la teoría de la imprevisión y el hecho del príncipe, sin indicar que reitera o cambia precedente; su consecuencia práctica es que el contratista que asume una variable previsible en su oferta no puede luego reclamar su variación como desequilibrio.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos estatales debe mantenerse la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, por lo que…¿La variación de la divisa fue la condición que afectó la economía del contrato y el incumplimiento del mismo?¿Conforme al criterio objetivo, procede la condena en costas contra el demandante por ser la parte recurrente y al confirmarse en su totalidad la decisión proferida por el Tribunal Administrativo?
¿Se probó la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal por el pago de la estampilla por el impuesto de guerra? Sí
El contratista no puede demostrar la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal por el pago de la estampilla por el impuesto de guerra, ya que la entidad estatal estableció en el contrato que el contratista estaba a cargo de todos los impuestos, tasas o contribuciones que se deban pagar con ocasión del contrato. Además, el impuesto de guerra fue creado antes de la firma del contrato y no se demostró el impacto negativo del aumento del porcentaje de descuento por la contribución de prodeporte en la ecuación financiera del contrato. La Sala determina que para que proceda el reconocimiento del desequilibrio económico, es necesario que la parte actora acredite claramente las circunstancias anteriores a la suscripción del contrato, incluyendo el pliego de condiciones y la oferta económica presentada, para establecer con precisión los impuestos, tasas y contribuciones que se pusieron en conocimiento de los oferentes. Esta sentencia reitera la importancia de la cláusula contractual que establece la obligación del contratista de asumir ciertos impuestos y tasas, y subraya la necesidad de acreditar con claridad y precisión los hechos que dan lugar a la reclamación de un desequilibrio económico en el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es el régimen de contratación aplicable a los contratos celebrados por las empresas de servicios públicos?¿Cuál es la consecuencia jurídica de las salvedades que se dejan en acto de liquidación del contrato o en los actos modificatorios en la ejecución del contrato estatal?¿Puede la unión temporal contratista alegar su inconformidad en sede sobre un asunto en el que expresamente renunció a reclamar a lo largo de toda la ejecución del contrato?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-09-17Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 54001233300020230018901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe rechazarse, por falta de jurisdicción, la demanda que en ejercicio del medio de control de controversias contractuales se presentó contra el municipio de San José de Cúcuta, cuando el Tribunal Arbitral que conoció en virtud de claúsula compromisoria declaró su falta de competencia frente a valores de naturaleza tributaria, en la controversia que, gira en torno al incumplimiento, desequilibrio económico y liquidación judicial de un convenio de asociación? No
El contratista no debe rechazarse por falta de jurisdicción la demanda que en ejercicio del medio de control de controversias contractuales se presentó contra el municipio, cuando el Tribunal Arbitral que conoció en virtud de cláusula compromisoria declaró su falta de competencia frente a valores de naturaleza tributaria, en la controversia que gira en torno al incumplimiento, desequilibrio económico y liquidación judicial de un convenio de asociación. La Sala sostiene que, en ausencia de un juez competente, la decisión del tribunal arbitral sobre su propia competencia prevalece sobre cualquier otra proferida por un juez ordinario o contencioso administrativo, en virtud del principio kompetenz-kompetenz. Esto implica que, si el tribunal arbitral declara su falta de competencia, la demanda debe ser devuelta a la parte interesada para que promueva el proceso arbitral, salvo que la controversia sea de naturaleza tributaria, en cuyo caso corresponde a la justicia contenciosa administrativa. Esta decisión reitera y matiza precedentes, estableciendo que la competencia del tribunal arbitral se limita a los asuntos de libre disposición y excluye aquellos que la ley reserva a la justicia estatal, como los tributos.síntesis automática
También resuelve:¿Puede vulnerarse el acceso a la administración de justicia si la jurisdicción de lo contencioso administrativo no asume la competencia…
¿Se acreditó el incumplimiento por parte de las demandadas de las obligaciones contenidas en la cláusula 20.2.1.2 del contrato de obra 220 el 25 de abril de 2002, relativas al pago del remanente del valor global para obras de construcción y redes? No
El contratista ejecuta las obras públicas pactadas a precio global conforme a las especificaciones y plazos establecidos en el respectivo contrato de obra y sus modificaciones bilaterales. En el caso examinado, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de incumplimiento al constatar que las obras no estaban ejecutadas en su totalidad al finalizar la etapa de construcción, y que la postergación de las mismas fue aceptada mediante otrosí suscrito por el contratista sin salvedad alguna respecto al pago del remanente previsto en la cláusula contractual invocada, careciendo de fundamento fáctico y jurídico la reclamación.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento por parte de las demandadas de las obligaciones contenidas en la cláusula y 20.2.8 del contrato de obra 220 el 25 de abril de 2002…¿Procede en este caso, la pretensión subsidiaria fundada en un presunto rompimiento del equilibrio económico del contrato?¿Debe condenarse en costas a la parte que resultó vencida, en aplicación del criterio objetivo, y tambien fijarse agencias en derecho en segunda instancia a cargo de los demandantes?
¿Para determinar la oportunidad de la acción de controversias contractuales cuyo objeto se circunscribe a establecer si en la compraventa celebrada entre las partes existió desproporción entre el valor real del bien y el valor pagado en los términos exigidos en la ley para que se configure la lesión enorme, resultan relevantes las épocas de las presuntas afectaciones del predio a utilidad pública, cuando la demanda no está encaminada a obtener reparación por esas presuntas afectaciones? No
El contratista no debe considerar relevantes las épocas de presuntas afectaciones del predio a utilidad pública para determinar la oportunidad de la acción de controversias contractuales que busca establecer si en la compraventa celebrada entre las partes existió desproporción entre el valor real del bien y el valor pagado, ya que la demanda no busca reparación por esas afectaciones. La oportunidad de la acción se determina a partir del perfeccionamiento del negocio jurídico, es decir, desde el otorgamiento de la escritura pública, y no desde eventos posteriores no relacionados con el objeto de la controversia. La regla establece que el término de caducidad para accionar en controversias contractuales es de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho correspondientes, lo que implica que la acción es oportuna si se presenta dentro de este plazo, ajustándose a los días hábiles y considerando la vacancia judicial. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la determinación de la oportunidad de la acción de controversias contractuales, permitiendo una interpretación más flexible y ajustada a la realidad de los casos.síntesis automática
También resuelve:¿Resultan aplicables a la adquisición de inmuebles por parte de las entidades públicas por ventas no forzadas, las normas civiles propias de la compraventa relativas a la lesión enorme?¿El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende…¿La verificación judicial de la lesión enorme se limita en forma objetiva al precio, sin que se imponga para su configuración la prueba de un vicio en el consentimiento o la intención de alguno de…
¿Al momento de presentación de la demanda, el Ministerio tenía competencia para liquidar unilateralmente el contrato? Sí
Si al momento de presentarse la demanda la entidad pública tenía la competencia para liquidar unilateralmente el contrato, el juez no puede liquidarlo judicialmente, porque ello implicaría desconocer el objeto de la jurisdicción y usurpar una función que la ley asigna a la administración. Una razón es que con la demanda no se planteó una controversia contractual, pues el juez de lo contencioso administrativo solo controla, a petición de parte, la legalidad de los actos de la administración que surjan de un conflicto. Otra razón es que el ministerio conservaba la atribución de liquidar el contrato dentro del plazo legal, y no podía despojarse de ella. En el caso, la sentencia de primera instancia había ordenado al consorcio el pago de anticipos no amortizados como resultado de la liquidación judicial, y la Sala revocó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la liquidación judicial solo procede cuando la competencia de liquidar unilateralmente ya no existe al momento de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El juez no puede realizar la liquidación judicial del contrato si al momento de la presentación de la demanda la facultad legal para definir el balance final de cuentas recaía en cabeza de la…¿El objeto del litigio se limitó a pedir la liquidación judicial del contrato sobre los valores de los anticipos y unas contingencias judiciales?¿El legislador puso en cabeza de la entidad contratante el seguimiento a la ejecución del contrato, para lo cual la dotó de una serie de potestades o prerrogativas públicas para asegurar los fines de…
¿Se produjo un fallo incongruente en primera instancia, por haber liquidado el contrato con un saldo a favor del ente demandado, pese a que no se haya pretendido la liquidación del contrato ni se haya formulado demanda de reconvención? Sí
El fallo extra petita se presenta cuando el juzgador se pronuncia sobre asuntos que no fueron pedidos en la demanda o cuando se profiera condena contra el demandado por causa diferente a la invocada en la demanda, pues estos procederes están proscrito en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, como un desarrollo del principio procesal de congruencia, de acuerdo con el cual la sentencia debe guardar consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda y con su contestación, así como con las excepciones que aparezcan probadas de conformidad con la ley. Si bien esta regla admite ciertas excepciones, como lo es la declaración oficiosa de la nulidad absoluta del contrato y de las excepciones, entre otras, estas deben estar previstas en la ley.
También resuelve:¿La aseguradora garante del buen manejo y la correcta inversión del anticipo debe ser condenada a indemnizar al beneficiario de la póliza por causa de la falta de amortización de ese anticipo…¿Incurrió el a quo en una vía de hecho por defecto fáctico, al omitir la valoración del dictamen y el testimonio practicado, que darían cuenta los sobrecostos en la ejecución del contrato?¿El ente demandado debió ser condenado al pago de perjuicios morales, por haber sido vencido en este proceso?
¿El demandante omitió probar cuándo adquirió los elementos utilizados en las obras y cuánto le costaron? Sí
El contratista que alega un desequilibrio económico por el alza de los insumos debe probar cuándo adquirió los elementos utilizados en la obra y cuánto le costaron, pues sin esos datos no puede acreditarse la afectación económica. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que el anticipo, que equivale a la mitad del valor del contrato, está destinado a brindar liquidez al contratista para adquirir precisamente esos insumos, de modo que su correcta inversión es un dato relevante para el reclamo. Otra razón es que los nuevos ítems creados durante la ejecución se fijaron a partir de los precios unitarios presentados por el contratista y con fundamento en los precios del mercado vigentes en cada ocasión, según los testimonios, y la parte actora no logró desvirtuarlo. En el caso, las adiciones y prórrogas no se objetaron por falta de precios de mercado, y el demandante omitió probar los costos reales. La Sala confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que el reclamo por sobrecostos exige soportes de adquisición y precios, y no basta con afirmar el incremento de los insumos.síntesis automática
También resuelve:¿Al momento de la creación de los nuevos ítems se hizo con fundamento en los precios del mercado vigentes en cada ocasión?¿El contratista había presentado solicitud en relación con el reconocimiento del ajuste de los precios del contrato en dos ocasiones?¿Es suficiente con acreditar la mayor duración del contrato y las suspensiones o prórrogas para deducir la excesiva onerosidad supuestamente afrontada por el contratista?
¿La ruptura del equilibrio económico del contrato por la fijación de nuevos impuestos o gravamenes en el curso del contrato estatal se da de manera automática? No
El rompimiento del equilibrio económico del contrato estatal no se produce por el solo hecho de que el contratista deje de obtener utilidades o de que surjan mayores costos en la ejecución de sus obligaciones, pues para reconocerlo el hecho debe ser imprevisible y anormal y no haberse originado dentro del margen de riesgo propio del contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 exige mantener el equilibrio respecto de las condiciones pactadas al celebrar el contrato, de modo que la alteración debe medirse frente a ese pacto. Segundo, las causas de ruptura, ya se encuadren en la teoría de la imprevisión, en el hecho del príncipe o en el ius variandi, comparten como denominador común la imprevisibilidad y la anormalidad del hecho. Tercero, las partes distribuyen los riesgos en las cláusulas o en los ajustes económicos durante la ejecución, por lo que los costos que no superan el álea normal o corresponden a esas contingencias asumidas no dan lugar a restablecimiento. En la práctica, el contratista que reclame el restablecimiento debe probar que el hecho superó el riesgo asumido en el contrato y excedió el álea normal.síntesis automática
También resuelve:¿El silencio del contratista frente a los acuerdos modificatorios y la eventual insuficiencia de los mismos para solventar situaciones que puedan alterrar la economía del contrato…¿Para octubre de 2006, cuando tuvo lugar la licitación que precedió al contrato de obra materia de controversia, era imprevisible la operabilidad de la contribución especial prevista en la Ley 1106…¿Se le debía reconocer a la sociedad A.I.A. S.A. el restablecimiento del equilibrio económico del contrato N° 18 de 2007 por mayor permanencia en la obra…
¿El fenómeno jurídico de la caducidad representa un límite o un plazo máximo, perentorio y preclusivo, dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción, de naturaleza objetiva, que corre indefectiblemente y no se interrumpe, ni se suspende salvo determinados eventos? Sí
El contratista debe ejercer su derecho de acción dentro del término de caducidad, un límite temporal perentorio y preclusivo que corre indefectiblemente y no se interrumpe ni suspende, salvo en casos específos como la conciliación extrajudicial. En contratos estatales que requieren liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la fecha en que las partes liquidaron el contrato. Los contratos de tracto sucesivo, cuya ejecución se prolonga en el tiempo, son objeto de liquidación que debe llevarse a cabo de común acuerdo entre las partes o, en su defecto, de forma unilateral por la entidad estatal, con el fin de determinar el estado económico final del contrato y finiquitar la relación negocial. Esta jurisprudencia reitera y matiza precedentes, estableciendo claramente los plazos y procedimientos para la liquidación y ejercicio de acciones en contratos estatales, lo que implica una mayor certeza jurídica en la administración de contratos públicos.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos estatales que requieran de liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, la contabilización del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a…¿Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación…¿Es a partir de la terminación del contrato, cuando empieza la etapa de liquidación, que deberá llevarse a cabo, en principio, de común acuerdo entre las partes…
¿Se presentó de forma de oportuna la acción de controversias contractuales incoada para demandar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de obra pública suscrito entre las partes, el cual debía ser objeto de liquidación? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de controversias contractuales para demandar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de obra pública que debe ser objeto de liquidación, siempre que la liquidación se haya efectuado de común acuerdo entre las partes y se cuente con la acta respectiva. En este caso, el contrato de obra pública fue liquidado bilateralmente el 4 de diciembre de 2009, por lo que el término de caducidad de la acción de controversias contractuales, que es de dos años, vence el 5 de diciembre de 2011. La demanda fue presentada el 3 de junio de 2011, lo que resulta oportuna, incluso sin considerar el lapso de suspensión por el procedimiento de conciliación extrajudicial. La Sala confirma que la acción de controversias contractuales fue presentada a tiempo, matizando la jurisprudencia anterior que podría haber interpretado que la falta de salvedades en las adiciones, prórrogas y suspensiones durante la ejecución del contrato invalidaba las pretensiones del contratista. Esto implica que las partes deben respetar las modificaciones pactadas en acuerdos bilaterales, incluso si no incluyen salvedades, y que la buena fe obliga a cumplir con las manifestaciones de voluntad previas.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia del juez de segunda instancia al resolver un recurso de apelación se encuentra limitada por los precisos argumentos esgrimidos por el recurrente…¿El hecho de que el contratista no hubiera dejado salvedades en las adiciones, prórrogas y suspensiones que se produjeron durante la ejecución del negocio jurídico…¿Independientemente de la causa por la cual se alegue que se produjo el rompimiento del equilibrio económico del contrato…
¿Se configuró el incumplimiento de contrato por parte del contratista? Sí
Cicon S.A. no cumplió sus obligaciones contractuales de corregir los defectos de las obras, subsanar los pendientes que le había señalado la interventoría, entregar los productos y documentos para la liquidación del contrato dentro del plazo pactado; situación que le fue comunicada por el IDU en varias ocasiones a la mencionada sociedad contratista, entre octubre de 2008 y marzo de 2009, y que incluso dio lugar a trámites administrativos dirigidos a que se declarara ocurrido el siniestro de incumplimiento y que, en consecuencia, se hiciera efectivo el amparo de cumplimiento, así como a la imposición de la multa pactada.
También resuelve:¿Tiene competencia en segunda instancia el Consejo de Estado por razón de la cuantía del proceso?¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde el día siguiente al vencimiento del plazo para que se efectuara la liquidación unilateral del contrato?¿La anulación de un acto administrativo que no ha sido demandado configura una violación del debido proceso de la demanda?
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta a partir del día siguiente a la liquidación bilateral del contrato estatal, cuando esta se realiza después de vencidos los plazos legales, pero dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término para su liquidación unilateral? Sí
Cuando las partes liquidan de mutuo acuerdo un contrato estatal después de vencido el término legal para hacerlo, pero dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, el término de caducidad de dos años del medio de control de controversias contractuales comienza a correr desde el día siguiente a esa liquidación bilateral. La regla se sostiene en tres razones: el apartado iii del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA fija el cómputo para los contratos que requieren liquidación y que se liquidan de común acuerdo; la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera adopta la misma lectura del cómputo; y la suspensión del término por la conciliación prejudicial prolonga la caducidad en el tiempo que dure ese trámite. Por ello, la demanda presentada dentro del término suspendido es oportuna. Esta regla reitera la unificación de la Sección Tercera. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿Están legitimados en la causa por activa los integrantes del Consorcio Pretroncales y por pasiva Metro Cali S. A., por ser partes del contrato de obra objeto de controversia?¿Corresponde exclusivamente al juez determinar si se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal y si esta es jurídicamente imputable a la entidad contratante?¿Los contratos celebrados por Metro Cali S.A. para el cumplimiento de su objeto social, antes de la entrada en vigor de la Ley 1150 de 2007…
¿En los contratos que requieran liquidación, el término para formular pretensiones es de dos años siguientes al cumplimiento de la obligación de liquidar, en este caso, el contrato se liquidó de forma unilateral y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes, por ello se interpuso en tiempo? Sí
En los contratos que requieren liquidación, el término para formular pretensiones es de dos años contados desde el incumplimiento de la obligación de liquidar, cuando la liquidación no se realizó. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 136, numeral 10, literal d, del Código Contencioso Administrativo fija ese término, de modo que el plazo corre desde que la liquidación debió efectuarse y no se efectuó. Segunda, cuando el contrato prevé que la liquidación se haga conforme a los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, esas reglas determinan el momento en que la obligación de liquidar se incumple. En el caso, el contrato se liquidó de forma unilateral y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes, por lo que la providencia confirma que fue presentada en tiempo. En la práctica, el demandante debe identificar la fecha en que se incumplió la obligación de liquidar y no la fecha del acto de liquidación unilateral para calcular el término.síntesis automática
También resuelve:¿Las copias simples de documento cuentan con valor probatorio?¿Los experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados aportados por la parte demandante cumplen con los requisitos establecidos por la ley para su incorporación al proceso…¿Tiene mérito probatorio el dictamen pericial practicado en el proceso que, se basó de forma exclusiva en la interpretación de los documentos contractuales…