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¿Puede el juez resolver sobre el restablecimiento de la ecuación económica del contrato cuando las partes no estuvieron de acuerdo en la liquidación bilateral, pero luego el INVIAS, como contratante, mediante resolución liquidó unilateralmente el contrato respecto de las salvedades manifestadas por el contratista, quien en la demanda no solicitó la nulidad de dicha resolución y solo indicó que, por ser el contrato de derecho privado no gozaba de presunción de legalidad? No
El juez no puede pronunciarse sobre el restablecimiento de la ecuación económica del contrato cuando la demanda no cuestiona la legalidad del acto de liquidación unilateral que resolvió las diferencias de las partes en la liquidación bilateral. La regla se sostiene en que ese acto es el objeto de la pretensión, de modo que, si no se impugna, no existe fundamento para decidir el restablecimiento. Por ello, la sola alegación de que el régimen del contrato era privado no suple la omisión de pedir la nulidad del acto. En el asunto, el demandante se refirió al acto de liquidación unilateral sin cuestionar su legalidad, el tribunal se declaró inhibido para fallar de fondo, y la Sala confirmó esa decisión apelada que no resolvió el fondo del restablecimiento. En la práctica, la impugnación del acto de liquidación unilateral debe formularse expresamente en la demanda para que el juez resuelva el fondo del restablecimiento de la ecuación económica.síntesis automática
¿Correspondía a la entidad contratante la determinación de los factores que integraban la estimación del precio a ofertar? No
El contratista no puede atribuir a la entidad contratante la responsabilidad por la determinación de los factores que integran la estimación del precio a ofertar, ya que la imprevisión respecto del alza de precios no se debe a la falta de análisis por parte de la entidad, sino a la ausencia de un precio de referencia en el pliego de condiciones, que dejaba a cada oferente la responsabilidad de evaluar y prever los factores que podrían afectar el precio, como la disponibilidad de materias primas y sus costos de producción. Además, los oferentes deben conocer los pormenores de sus costos de producción y las circunstancias que pueden afectarlos, y no acreditaron la imprevisibilidad del incremento en los costos de producción, ya que estos aumentos se debieron a un incremento esperado en la demanda de materias primas, producto de una decisión legislativa con suficiente antelación para prever y precaver sus efectos. Por lo tanto, la prórroga del plazo del contrato no puede calificarse como una circunstancia imprevista que otorgue derecho al restablecimiento del equilibrio económico, ya que fue acordada por las partes cuando ya se conocían los aumentos en los costos de las materias primas. Esta sentencia reitera la jurisprudencia sobre la ruptura del equilibrio financiero del contrato estatal, estableciendo que la responsabilidad por la imprevisión en los costos recae sobre el contratista y no sobre la entidad.síntesis automática
También resuelve:¿los oferentes debían conocer los pormenores de sus costos de producción y las circunstancias que tenían la potencialidad de afectarlos?¿Se acreditó el carácter imprevisible del incremento en los precios de la materia prima durante la ejecución del contrato?¿La prórroga del plazo del contrato puede calificarse como una circunstancia imprevista que otorgue derecho al restablecimiento del equilibrio económico?
¿La variación de la cotización de la TRM durante la ejecución del contrato objeto de la controversia, causó un desequilibrio económico, con afectación grave a la economía del negocio, ajena a la responsabilidad del demandante? No
En los contratos estatales debe mantenerse la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al celebrarse el contrato, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, y que el restablecimiento solo procede si la ruptura se produce por causas no imputables a quien la alega y genera una afectación grave del negocio. Una razón es que la variación de la tasa de cambio fue previsible, y la exposición del contrato a esa variable se originó en la conducta de la parte que la alega. Otra razón es que no se acreditó que la variación hubiera sacado las obligaciones del alea normal del negocio, ni que afectara la utilidad esperada o generara pérdidas. En el caso, la Sala confirmó la negación del desequilibrio económico. La providencia contiene un obiter dictum sobre la teoría de la imprevisión y el hecho del príncipe, sin indicar que reitera o cambia precedente; su consecuencia práctica es que el contratista que asume una variable previsible en su oferta no puede luego reclamar su variación como desequilibrio.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos estatales debe mantenerse la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, por lo que…¿La variación de la divisa fue la condición que afectó la economía del contrato y el incumplimiento del mismo?¿Conforme al criterio objetivo, procede la condena en costas contra el demandante por ser la parte recurrente y al confirmarse en su totalidad la decisión proferida por el Tribunal Administrativo?
¿Operó la caducidad del medio de control de controversias contractuales interpuesto para demandar el desequilibrio e incumplimiento de un contrato sometido a derecho privado, respecto del cual no se pactó liquidación? No
El contratista puede interponer un medio de control de controversias contractuales para demandar el desequilibrio e incumplimiento de un contrato sometido al derecho privado, incluso cuando no se pactó liquidación, siempre que la demanda se presente dentro del término legal de dos años contados desde la terminación del contrato, sin que opere la caducidad del medio de control. La Sala no considera que las salvedades en el acta de liquidación sean un requisito legal para ejercer la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado, y reitera que en estos casos la teoría de la imprevisión, y no el restablecimiento del equilibrio económico, es la norma aplicable para revisar el contrato ante circunstancias imprevistas que dificulten su cumplimiento en forma extrema, sin que esto permita modificar el pacto inicial.síntesis automática
También resuelve:¿Las salvedades en el acta de liquidación son un requisito legal para el ejercicio de la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado?¿Las normas sobre desequilibrio económico del contrato previstas en la Ley 80 de 1993, resultan aplicables a contratos estatales de derecho privado?¿El arancel y los impuestos aplicables sobre el producto objeto de suministro, constituyeron la ocurrencia de circunstancias extraordinarias…
¿Las salvedades en el acta de liquidación son requisito para el ejercicio de la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado? No
El contratista no necesita incluir salvedades en el acta de liquidación para ejercer la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado, ya que la ley no establece este requisito. La entidad estatal cumplió con sus obligaciones contractuales al pagar de acuerdo a los precios unitarios pactados, y la modificación de precios en otros contratos no es aplicable en este caso, ya que cada acuerdo tiene fuerza de ley para las partes involucradas. Además, la teoría de la imprevisión no aplica a contratos de derecho privado, por lo que el contratista no puede modificar el acuerdo inicial por circunstancias sobrevinientes. Este fallo confirma la sentencia de primera instancia y reitera que en contratos de derecho privado, el acuerdo de voluntades es vinculante y no permite la modificación del contrato por imprevistos, a diferencia de los contratos estatales donde el cumplimiento del objeto es de interés general.síntesis automática
También resuelve:¿El acuerdo celebrado entre las partes tiene fuerza de ley para ellas?¿En los contratos estatales el cumplimiento de su objeto es de interés general¿La revisión judicial del contrato de derecho privado procede cuando el desequilibrio de las prestaciones es producido por una circunstancia que las partes no pudieron prever al momento de su…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo? Sí
Las apelaciones contra las sentencias de los tribunales administrativos en controversias contractuales corresponden en segunda instancia al Consejo de Estado, conforme a los artículos 104 y 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, cuando se pretende la nulidad de resoluciones de una entidad pública y la declaratoria del desequilibrio o incumplimiento de un contrato celebrado por ella. Con la cesión del contrato, el cesionario asume la posición contractual del cedente, de modo que el cedente que ya no es parte ni titular de los derechos crediticios carece de legitimación en la causa para reclamar el incumplimiento o el restablecimiento del equilibrio económico. Además, la cesión transfiere al cesionario el deber de concurrir al corte de cuentas. En el caso concreto, las sociedades demandantes habían cedido el contrato a otras entidades antes de formular las pretensiones de incumplimiento y de restablecimiento, y la sentencia fue modificada en ese sentido. Como consecuencia práctica, el contratista que ceda su posición contractual debe contar con que el cesionario asumirá las pretensiones y el corte de cuentas, y no podrá reclamar por sí mismo después de la cesión.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó la falta de legitimación en la causa por activa de las sociedades Médicos Asociados S.A. y Medical Pharmacy Ltda frente a las pretensiones de incumplimiento y restablecimiento del…¿La cesión del contrato, conlleva la transferencia del deber de concurrir al corte de cuentas?¿El medio de control de controversias contractuales para obtener la declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado, fue presentado dentro de la oportunidad legal?
¿El poder otorgado por uno de los miembros de la Junta Directiva de la sociedad, y no por su representante legal, no configura la ineptitud de la demanda, sino que corresponde a la causal de nulidad prevista en el numeral 7 del artículo 140 del CPC, la cual sólo puede ser alegada por la persona afectada? Sí
El contratista no configura la ineptitud de la demanda cuando otorga poder a uno de los miembros de la Junta Directiva, sino que tal situación corresponde a la causal de nulidad prevista en el numeral 7 del artículo 140 del Código Procesal Civil, la cual solo puede ser alegada por la persona afectada. Además, la capacidad para ser parte del consorcio no impide que sus miembros puedan comparecer a los procesos judiciales si así lo deciden. La Sala rechaza que el Invías sea condenado por desequilibrio económico generado por asuntos ajenos a los diseños, ya que estos no fueron objeto de salvedad en el acta de liquidación bilateral. Por último, la Sala incrementa la condena impuesta por la primera parálisis del contrato estatal, considerando el impacto económico de la maquinaria en las bodegas del contratista durante dicha parálisis, lo que implica un reconocimiento de los sobrecostos demostrados.síntesis automática
También resuelve:¿El hecho de que los consorcios presenten directamente la demanda, es un obstáculo para que los integrantes de tales consorcios también puedan, si así lo deciden, comparecer a los procesos judiciales?¿Debe condenarse al Invías por el desequilibrio económico del Contrato generado por asuntos¿Se debe incrementar la cuantía de la condena impuesta por el tribunal, relativa a la primera parálisis del contrato estatal…
¿Se probó la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal por el pago de la estampilla por el impuesto de guerra? Sí
El contratista no puede demostrar la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal por el pago de la estampilla por el impuesto de guerra, ya que la entidad estatal estableció en el contrato que el contratista estaba a cargo de todos los impuestos, tasas o contribuciones que se deban pagar con ocasión del contrato. Además, el impuesto de guerra fue creado antes de la firma del contrato y no se demostró el impacto negativo del aumento del porcentaje de descuento por la contribución de prodeporte en la ecuación financiera del contrato. La Sala determina que para que proceda el reconocimiento del desequilibrio económico, es necesario que la parte actora acredite claramente las circunstancias anteriores a la suscripción del contrato, incluyendo el pliego de condiciones y la oferta económica presentada, para establecer con precisión los impuestos, tasas y contribuciones que se pusieron en conocimiento de los oferentes. Esta sentencia reitera la importancia de la cláusula contractual que establece la obligación del contratista de asumir ciertos impuestos y tasas, y subraya la necesidad de acreditar con claridad y precisión los hechos que dan lugar a la reclamación de un desequilibrio económico en el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es el régimen de contratación aplicable a los contratos celebrados por las empresas de servicios públicos?¿Cuál es la consecuencia jurídica de las salvedades que se dejan en acto de liquidación del contrato o en los actos modificatorios en la ejecución del contrato estatal?¿Puede la unión temporal contratista alegar su inconformidad en sede sobre un asunto en el que expresamente renunció a reclamar a lo largo de toda la ejecución del contrato?
¿Se acreditaron las inversiones realizadas, pero no se cumplió la carga de probar el presupuesto consistente en la incidencia que tales erogaciones causaron a la economía del contrato? Sí
El contratista no logra restablecer el equilibrio financiero del contrato de concesión portuaria debido a su incapacidad para probar el impacto económico de las inversiones realizadas, a pesar de acreditar las causas e inversiones. La entidad estatal y el tribunal mantienen que la prueba documental presentada no cumple con los estándares de idoneidad técnica y valor probatorio necesarios para demostrar la perturbación financiera del contrato. La Sala confirma que la parte demandante debe aportar pruebas técnicas especializadas y científicas, proporcionadas por expertos en finanzas y contabilidad, para justificar la afectación de la ecuación económica del contrato. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en casos de teoría de la imprevisión, limitando la posibilidad de ajustar los términos del contrato sin evidencia adecuada.síntesis automática
También resuelve:¿En las condiciones en las que la sociedad actora enmarcó su pedimento no es posible arribar a un pronunciamiento positivo al respecto?¿Demostrar que un gasto extraordinario afecta objetivamente la ecuación económica en un contrato de concesión, implica análisis razonables que permitan evaluar si el impacto alegado justifica ajustar…¿Para que se configure el desequilibrio económico del contrato es necesario demostrar, además de la alteración extraordinaria, la pérdida real, grave y anormal de la economía del contrato?
¿El contrato de consultoría suscrito por FONADE se encuentra exceptuado de la aplicación del estatuto de contratación estatal, por corresponder al giro ordinario de su objeto social, y en consecuencia, no son aplicables al caso los artículos 5 y 27 de la Ley 80 de 1993 sobre el mantenimiento del equilibrio financiero del contrato ni los artículos 3, 4, 24, 25 y 28 de ese mismo ordenamiento invocado por la parte apelante en su recurso? Sí
El contratista no tiene derecho a reclamar sobrecostos ni a considerar que la entidad estatal incumplió el contrato cuando existen diferencias entre las áreas estimadas y las finalmente diseñadas, dado que el contrato se pactó a precio global y abarcaba todos los costos directos e indirectos relacionados con la realización de los diseños. La entidad contaba con anteproyectos que estimaban una posible área a diseñar, pero el resultado preciso solo se determinaría con los diseños definitivos, por lo que no se acreditó que la parte contratante desconociera la extensión y alcance de lo pactado. Además, aunque se realizaron modificaciones en la acomodación de la población carcelaria dentro del grupo 1, la ocupación estimada de cada centro penitenciario se mantuvo inalterada, lo que implica que el contrato no se pactó a precios unitarios por metro cuadrado de diseño. Esta regla reitera la jurisprudencia sobre la interpretación de contratos a precio global en proyectos de infraestructura, limitando las reclamaciones de sobrecostos basadas en diferencias de área en diseños finales.síntesis automática
También resuelve:¿El solo hecho de existir diferencia entre las áreas estimadas y las finalmente diseñadas, otorga derecho al contratista a reclamar sobrecostos y constituye incumplimiento de la demandada…¿Procede el reconocimiento de sobrecostos derivados de la variación de la fuente hídrica para el Centro Carcelario y Penitenciario de Puerto Triunfo…¿Procede el reconocimiento al contratista de sobrecostos derivados de la supuesta exigencia de FONADE de ejecutar trabajos no previstos en el contrato?
¿Se acreditó el incumplimiento por parte de las demandadas de las obligaciones contenidas en la cláusula 20.2.1.2 del contrato de obra 220 el 25 de abril de 2002, relativas al pago del remanente del valor global para obras de construcción y redes? No
El contratista ejecuta las obras públicas pactadas a precio global conforme a las especificaciones y plazos establecidos en el respectivo contrato de obra y sus modificaciones bilaterales. En el caso examinado, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de incumplimiento al constatar que las obras no estaban ejecutadas en su totalidad al finalizar la etapa de construcción, y que la postergación de las mismas fue aceptada mediante otrosí suscrito por el contratista sin salvedad alguna respecto al pago del remanente previsto en la cláusula contractual invocada, careciendo de fundamento fáctico y jurídico la reclamación.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento por parte de las demandadas de las obligaciones contenidas en la cláusula y 20.2.8 del contrato de obra 220 el 25 de abril de 2002…¿Procede en este caso, la pretensión subsidiaria fundada en un presunto rompimiento del equilibrio económico del contrato?¿Debe condenarse en costas a la parte que resultó vencida, en aplicación del criterio objetivo, y tambien fijarse agencias en derecho en segunda instancia a cargo de los demandantes?
¿El cargo de la apelación resulta infundado pues la sentencia de primera instancia acertó en cuanto no encontró demostrada la ocurrencia de sobrecostos causados durante el lapso en el cual se amplió el plazo de ejecución contractual? Sí
Los sobrecostos derivados de la ampliación del plazo de ejecución de un contrato de obra pública deben acreditarse con una certificación contable que discrimine los conceptos y permita distinguir los gastos causados por la mayor permanencia en la obra de los gastos inherentes a la ejecución, así como con un análisis de ingresos y egresos que muestre si esos costos fueron cubiertos por el precio o por el rubro de imprevistos. Una razón es que la certificación contable presentada no permitía distinguir si los gastos eran consecuencia directa de la extensión del plazo o correspondían a los inherentes al contrato, y no discriminaba los conceptos que integraban las sumas. Otra razón es que el expediente no incluía documentos que verificaran el estado contable de la ejecución, ni un análisis comparativo entre el valor del contrato y los costos que superaban ese valor. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia que no encontró demostrados los sobrecostos, y las razones por las cuales se apartó del dictamen pericial fueron compartidas. Su consecuencia práctica es que el reclamo por mayor permanencia en obra exige contabilidad discriminada del contrato y no basta con certificaciones generales.síntesis automática
También resuelve:¿Las razones por las cuales la primera instancia se apartó del dictamen pericial son compartidas por esta instancia?¿En los documentos de prórroga y suspensión del plazo contractual se introdujo el compromiso del contratista de mantener el índice de ajustes del programa de inversiones?¿En la demanda se pretendió la nulidad de las cláusulas de renuncia invocando como fundamento que se vulneraron normas de orden público?
¿Se encuentra probado el incumplimiento de la entidad contratante en el reconocimiento de los perjuicios, de los sobrecostos, de las mayores inversiones y cantidades de obra como fuente del rompimiento del equilibrio económico del contrato, considerando que todas las suspensiones del contrato de obra se suscribieron por las partes de mutuo acuerdo y sin que la contratista hubiera consignado su inconformidad sobre tales decisiones en dichos documentos? No
Las suspensiones de un contrato de obra pactadas de mutuo acuerdo, sin que el contratista deje constancia de su inconformidad en los documentos, no permiten atribuir a la entidad un incumplimiento que genere sobrecostos o el rompimiento del equilibrio económico. La regla se apoya en tres razones. Primera, las suspensiones se firmaron de común acuerdo y el contratista no dejó consignada su inconformidad en esos documentos, aunque las dos primeras se dieron por causa de la entidad. Segunda, el listado de obligaciones del contrato no incluye sobrecostos, perjuicios ni mayores inversiones, y el valor a pagar se fijó con la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida por la interventoría. Tercera, no existe fundamento que permita acreditar que la entidad incumplió las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato. En consecuencia, la petición de reconocimiento de sobrecostos, perjuicios y mayores inversiones no tiene vocación de prosperar. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente arribar un pronunciamiento en relación con las pretensiones de desequilibrio económico del contrato estatal, fundadas en la ejecución de actividades ya ocurridas…¿Resulta errada la posición asumida por el tribunal de primera instancia en torno a establecer que, sin existir observación sobre los contratos adicionales ni actas de suspensión y reinicio…¿La sentencia apelada resulta incongruente y debe revocarse, por cuanto la demanda no incluyó pretensión alguna en torno a la declaratoria y devolución de los supuestos mayores valores descontados…
¿El demandante omitió probar cuándo adquirió los elementos utilizados en las obras y cuánto le costaron? Sí
El contratista que alega un desequilibrio económico por el alza de los insumos debe probar cuándo adquirió los elementos utilizados en la obra y cuánto le costaron, pues sin esos datos no puede acreditarse la afectación económica. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que el anticipo, que equivale a la mitad del valor del contrato, está destinado a brindar liquidez al contratista para adquirir precisamente esos insumos, de modo que su correcta inversión es un dato relevante para el reclamo. Otra razón es que los nuevos ítems creados durante la ejecución se fijaron a partir de los precios unitarios presentados por el contratista y con fundamento en los precios del mercado vigentes en cada ocasión, según los testimonios, y la parte actora no logró desvirtuarlo. En el caso, las adiciones y prórrogas no se objetaron por falta de precios de mercado, y el demandante omitió probar los costos reales. La Sala confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que el reclamo por sobrecostos exige soportes de adquisición y precios, y no basta con afirmar el incremento de los insumos.síntesis automática
También resuelve:¿Al momento de la creación de los nuevos ítems se hizo con fundamento en los precios del mercado vigentes en cada ocasión?¿El contratista había presentado solicitud en relación con el reconocimiento del ajuste de los precios del contrato en dos ocasiones?¿Es suficiente con acreditar la mayor duración del contrato y las suspensiones o prórrogas para deducir la excesiva onerosidad supuestamente afrontada por el contratista?
¿Si el incumplimiento es imputable al deudor y es la causa de un daño cierto, personal y directo, el acreedor tiene derecho a pedir la indemnización integral de los perjuicios? Sí
El incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputable al deudor y causante de un daño cierto, personal y directo, confiere al acreedor el derecho a solicitar la indemnización integral de los perjuicios. Este principio se fundamenta en el equilibrio económico del contrato estatal, que busca garantizar la continuidad del servicio público y los intereses generales. La responsabilidad contractual y el desequilibrio financiero del contrato estatal son conceptos distintos, con la primera orientada al derecho de crédito y la segunda al mantenimiento del servicio público. La variación de la causa petendi impide pronunciamiento de fondo, reiterando la importancia de la congruencia y la imparcialidad en el proceso judicial.síntesis automática
También resuelve:¿El equilibrio económico del contrato estatal se concreta en el derecho del contratista a que se mantenga la equivalencia entre derechos y obligaciones surgida al momento de proponer o contratar?¿El incumplimiento de obligaciones contractuales y el desequilibrio financiero del contrato estatal son diferentes?¿La variación de la causa petendi impide pronunciamiento de fondo?
¿El juez de segunda instancia debe ceñirse a los aspectos planteados en el recurso de apelación, sin que sea posible modificar la causa petendi en dicha etapa procesal? Sí
El juez de segunda instancia debe ceñirse a los aspectos planteados en el recurso de apelación sin modificar la causa petendi, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que requieren que el fallo sea coherente con los hechos y pretensiones formulados en la demanda y las excepciones planteadas en la contestación. La Sala reitera esta regla general, que admite excepciones basadas en normas constitucionales, tratados internacionales y normas legales imperativas. EPM no está sometida al Estatuto General de Contratación Estatal en la celebración de contratos de derecho privado, salvo excepciones específicas, por lo que el contrato CT-2014-000808 se rige por la Ley 142 de 1994 y su reforma por la Ley 689 de 2001. Además, la Sala encuentra que EPM no incurrió en incumplimiento contractual atribuible a la entidad contratante en relación con el inicio de la ejecución del contrato, ya que el inicio del plazo contractual se estableció mediante una acta suscrita por ambas partes y no por una orden unilateral de EPM, desvirtuando así la tesis sostenida por la parte apelante.síntesis automática
También resuelve:¿Está sometida EPM, en la celebración del contrato objeto del litigio, al régimen de derecho privado previsto en la Ley 142 de 1994 y no al Estatuto General de Contratación Estatal?¿Se probó que EPM incurrió en incumplimiento contractual atribuible a la entidad contratante en relación con el inicio de la ejecución del contrato?¿El silencio y la firma del acta por parte de Servipáramo convalidaron cualquier retardo previo en el inicio del contrato, impidiendo atribuir incumplimiento a EPM?
¿Es procedente el reconocimiento judicial del incumplimiento y desequilibrio económico, que había sido denegado por el contratante durante la ejecución del contrato, pese a que la contratista no atacó la legalidad de la decisión denegatoria y de su confirmación en la demanda de controversias contractuales? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento judicial del incumplimiento y desequilibrio económico denegado por el contratante durante la ejecución del contrato, si no impugnó la legalidad del acto administrativo que lo rechazó en la vía judicial, debido a la presunción de legalidad y la fuerza ejecutoria del acto administrativo. Además, la entidad estatal no incurrió en incumplimiento por el impago de costos adicionales del componente global de manejo de tráfico, señalización y desvíos, ya que los pliegos de condiciones establecieron que estos se pagaban a precio global fijo sin ajustes. Finalmente, el funcionario que impuso la multa era competente para hacerlo, ya que la facultad de imponer multas o cláusulas penales de apremio es inherente a las facultades generales de ejecución del contrato, aunque no esté expresamente delegada en la normatividad vigente. Estas reglas reafirman la importancia de la impugnación oportuna de actos administrativos y la interpretación restrictiva de las facultades delegadas en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó un incumplimiento de las obligaciones del IDU por el impago de los costos adicionales del componente global de los costos de manejo de tráfico…¿El funcionario que impuso la multa, era competente para ello, de conformidad con la normatividad vigente en su momento?¿El IDU tenía competencia temporal para imponer la multa contractual, por su carácter apremiante, que la hace procedente únicamente cuando el contrato, y particularmente las obligaciones incumplidas…
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre hechos o pretensiones introducidos extemporáneamente por la parte demandante en el recurso de apelación? No
El juez delimita su competencia en segunda instancia al examen riguroso de los reparos específicos presentados en contra de la sentencia de primer grado, en estricta sujeción al artículo 328 del Código General del Proceso. La Sala precisa además que no resulta viable pronunciarse sobre modificaciones sustanciales a la causa petendi introducidas de forma extemporánea con posterioridad a la presentación de la demanda y a su oportunidad legal de reforma, en estricta salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso y del principio cardinal de congruencia procesal.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez de segunda instancia determinar de oficio el régimen jurídico aplicable al contrato, incluso si ello no fue cuestionado en el recurso de apelación?¿Está sometido al régimen de derecho público el contrato de concesión suscrito en 1998 entre un municipio y un particular para la prestación del servicio de alumbrado público?¿Tiene naturaleza jurídica de impuesto el cobro que realizan los municipios por el servicio de alumbrado público?
¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales incoada para demandar la nulidad del acto que impuso una multa, por una parte, y la ruptura del equilibrio económico por el incumplimiento de la entidad, por otra? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de controversias contractuales para demandar la nulidad del acto que impuso una multa y la ruptura del equilibrio económico por el incumplimiento de la entidad, conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo vigente al momento de iniciarse el proceso. La demanda se interpuso dentro del plazo de dos años desde la notificación de la resolución que impuso la multa y desde la notificación del acto que liquidó unilateralmente el contrato, por lo que no se declara la caducidad de la acción. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, lo que implica que las demandas presentadas en estos términos no serán declaradas extemporáneas.síntesis automática
También resuelve:¿La ineptitud de la demanda en forma, constituye ina ecepcion que debe ser declara de oificio por el juez cuando la encuentre probada, tanto en primera como en segunda instancia?¿Como el municipio de Medellín fue parte del contrato de obra público objeto de controversia y lo celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993, el régimen jurídico que le resulta aplicable…¿La liquidación unilateral del contrato de obra pública se realizó de forma oportuna, pese a que fue efectuada luego de haberse cumplido el término de dos meses dispuesto para tal efecto en la…
Sentencia Unificación — Sentencia2024-03-14Sección Tercera (Subsección A)Rad. 11001032600020220017300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es nulo en forma parcial el numeral primero de la parte resolutiva del laudo en tanto desestimó la excepción de falta de competencia del tribunal para conocer de la presente controversia? Sí
El juez unifica su jurisprudencia en relación con el recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral, determinando que es parcialmente fundado por la causal de falta de jurisdicción cuando el tribunal de arbitramento se pronuncia sobre asuntos reservados a la jurisdicción contencioso administrativa. Las medidas de reconocimiento y pago de compensaciones e indemnizaciones y la aplicación de mecanismos de ajuste para mantener la ecuación financiera del contrato estatal son inescindibles al ejercicio de las potestades excepcionales previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. Por tanto, tales controversias comprometen un juicio de validez sobre la función administrativa y escapan de la competencia de los árbitros, debiendo ventilarse ante la jurisdicción especializada mediante la impugnación judicial correspondiente.síntesis automática
También resuelve:¿El tribunal de arbitramento expuso las normas en las que fundó su decisión y explicó las razones por las cuales consideró procedente una condena en costas parcial a cargo de la entidad convocada?¿Las medidas de reconocimiento y pago de las compensaciones e indemnizaciones y la aplicación de mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales…¿Optar por modificar variables y valores tenidos en cuenta por la entidad implicó una refutación a la presunción de legalidad de la resolución, lo que estaba proscrito para la justicia arbitral?
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