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ENTIDAD ESTATAL

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Consejo de Estado Providencia

No resulta procedente decretar la prueba relativa al informe juramentado del representante legal del municipio de Jamundí

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-03-17 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 76001233300020200128701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente decretar la prueba relativa al informe juramentado del representante legal del municipio de Jamundí, dado que el artículo 217 del CPACA prohíbe la confesión de los representantes legales, pero, en su inciso segundo, habilita al representante administrativo de la entidad pública a rendir informe escrito bajo juramento sobre los hechos debatidos? No
El contratista no puede solicitar el decreto de un informe juramentado del representante legal de la entidad estatal, ya que el artículo 217 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prohíbe la confesión de los representantes legales, aunque permite que el representante administrativo de la entidad rinda un informe escrito bajo juramento sobre los hechos debatidos. En este caso, la parte demandante no especificó los hechos sobre los cuales el representante legal debía pronunciarse, lo que implica un incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 217. Además, la entidad estatal no puede recibir cuestionarios para formular preguntas al representante en la audiencia de pruebas, y la parte actora no proporcionó los términos necesarios para solicitar el informe. Por lo tanto, la Sala confirmó la decisión que negó la prueba, lo que implica que en la práctica, cualquier solicitud de informe juramentado del representante legal debe cumplir rigurosamente con los requisitos legales y especificar claramente los hechos a debatir.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente decretar el testimonio del gerente de la firma, a pesar de que el mismo está encaminado a demostrar hechos posteriores a los analizados, los cuales, en todo caso…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No hay lugar a invalidar el contrato de promesa de compraventa a partir de la interpretación de un elemento aislado

Sentencia — Sentencia 2024-10-28 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 15001233100020100004701 ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a invalidar el contrato de promesa de compraventa a partir de la interpretación de un elemento aislado que de su texto propuso la firma demandante? No
El liquidador de una entidad estatal en liquidación ejerce una función pública cuyos efectos se extienden en el tiempo incluso después de que concluya la liquidación, y es responsable indirectamente por los perjuicios ocasionados por su actuación dolosa o gravemente culposa. La entidad en liquidación mantiene su capacidad jurídica para concluir operaciones pendientes y enajenar bienes de la masa en liquidación, siendo representada por el liquidador. La Sala confirma que no es posible invalidar el contrato de promesa de compraventa a partir de la interpretación de un elemento aislado de su texto, reafirmando la importancia de la liquidez del negocio jurídico y la necesidad de una interpretación integral del contrato. Esta decisión reitera la responsabilidad del liquidador y la continuidad de la función pública que ejerce, con implicaciones significativas para el control jurisdiccional de los actos administrativos durante y después del proceso de liquidación.síntesis automática
También resuelve: ¿La liquidadora está llamada a responder por los perjuicios que indirectamente hubiera generado la nulidad en cuanto hubiera sido ocasionada por el actuar doloso o gravemente culposo en el desempeño… ¿El liquidador ejerce una función pública atribuida a él directamente, cuyos efectos se extienden en el tiempo pese a que la liquidación concluya? ¿La entidad demandada insiste en la excepción de falta de legitimación en la causa que le asiste?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Debe declararse la nulidad de los actos administrativos que impusieron multas al contratista

Sentencia — Sentencia 2022-10-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 68001233100020030164001 ACCION CONTRACTUAL
¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos que impusieron multas al contratista, por falta de competencia del INVIAS para tal efecto, dado que en vigencia de la Ley 80 de 1993, y con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales no tenían la facultad para declarar el incumplimiento del contrato e imponer multas de manera unilateral? Sí
El contratista no debe pagar las multas impuestas por la entidad estatal antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, ya que en ese momento la entidad no tenía la competencia para declarar el incumplimiento del contrato y imponer multas unilateralmente. La facultad para imponer multas de manera unilateral solo se estableció con la Ley 1150 de 2007, que entró en vigor seis meses después de su promulgación. En este caso, las resoluciones que impusieron las multas fueron expedidas en 2002, antes de que la ley permitiera a las entidades estatales imponer multas unilateralmente. Aunque inicialmente la Sala había aceptado que la administración tenía competencia para imponer multas unilateralmente, esta posición fue revisada y se concluyó que la administración perdió esa competencia con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 y solo la recuperó con la Ley 1150 de 2007. Por lo tanto, la entidad estatal actuó sin competencia al declarar el incumplimiento del contrato y expedir las multas, lo que implica que dichos actos administrativos deben declararse nulos.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

No resulta procedente la medida cautelar de suspensión de los actos administrativos por medio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-05-20 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020230031701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente la medida cautelar de suspensión de los actos administrativos por medio de los cuales el IDU declaró el incumplimiento del contrato de obra e impuso una multa, al desconocer el límite temporal para su expedición? No
El contratista no puede obtener la medida cautelar de suspensión de los actos administrativos por los cuales la entidad estatal declaró el incumplimiento del contrato y aplicó una multa, al desconocer el límite temporal para su expedición, porque la multa pactada en el contrato cumple funciones de apremio y también se considera una cláusula penal por incumplimiento parcial, lo que permite su aplicación incluso el penúltimo día de ejecución del contrato sin violar el límite temporal establecido en la Ley 1150 de 2007. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de la suspensión provisional de los actos administrativos y el concepto de cláusula penal moratoria, lo que implica que los contratistas deben considerar cuidadosamente las condiciones específicas de su contrato antes de solicitar medidas cautelares.síntesis automática
CONFIRMA
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

No debe declararse la nulidad de las resoluciones 357 y 425 de 2021

Sentencia — Sentencia 2026-05-21 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C) JOSE ELVER MUÑOZ BARRERA Rad. 25000233600020220039300 ACCION CONTRACTUAL
¿Debe declararse la nulidad de las resoluciones 357 y 425 de 2021, por medio de las cuales se declaró el incumplimiento, se hizo efectiva la cláusula penal del contrato 479 celebrado entre las partes demandante y demandada y se confirmó tal decisión por estar incurso en las causales de nulidad alegadas por la parte actora? No
El contratista no puede declarar la nulidad de las resoluciones que declaran el incumplimiento y hacen efectiva la cláusula penal en un contrato interadministrativo, ya que la entidad estatal tiene competencia funcional para adelantar el proceso de incumplimiento y declarar el incumplimiento contractual conforme a la ley, sin violar el debido proceso ni presentar falsa motivación, siempre y cuando se acredite debidamente la falta de cumplimiento del contrato y se respeten los derechos del contratista en todo el proceso. La Sala reitera la jurisprudencia sobre la competencia de las entidades estatales para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en contratos interadministrativos, lo que implica que los contratistas deben cumplir con sus obligaciones contractuales y no pueden alegar nulidad sin evidencia clara de violación al debido proceso o falsa motivación del acto administrativo.síntesis automática
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Autoridades administrativas: el quebranto de las formas propias del respectivo trámite no conduce

25000233600020210012601 de 2025 2025-06-06 Rad. 25000233600020210012601
En ese sentido, en los términos del artículo 19 del CPACA, cuando esas peticiones son reiterativas y ya han sido resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores. Así las cosas, el quebranto de las formas propias del respectivo trámite no conduce, per se, a la nulidad del acto y será un deber del juez analizar el contexto de ocurrencia del vicio y su impacto concreto. La parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos relevantes: Manifestó que los argumentos sobre los cuales se planteó la recusación en contra de la directora ya habían sido resueltos por el superior jerárquico, y que era importante advertir que el contratista fue renuente para comparecer a la audiencia de presunto incumplimiento y desplegó maniobras dilatorias.
También resuelve: Consejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera subsección b Temas: controversias contractuales: nulidad de los actos administrativos post contractuales, falta de competencia, expedición irregular
Colombia Compra Eficiente Laudo

Caducidad medio de control: Minera el Roble S.A. VS AGENCIA NACIONAL DE MINERIA -ANM- de 2025

Minera el Roble S.A. VS AGENCIA NACIONAL DE MINERIA -ANM- de 2025 2025-12-11
Condenar a la MINER a pagar a la ANM la suma total de CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOS PESOS CON DOS CENTAVOS (COP$119.984.877.002,02), por concepto de regalías por la explotación de cobre causadas desde la exportación N° 10 hasta el embarque N° 80, monto que, según se ha indicado, contiene la indexación e intereses legales debidamente incorporados.
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-07-31 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 08001233300020150000301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El derecho que la demandante pretendió hacer efectivo ante el Distrito debió ser exigido, discutido y definido en el marco del procedimiento de liquidación contractual? Sí
El contratista no puede exigir el pago de saldos insolutos fuera del procedimiento de liquidación contractual, ya que este es el marco adecuado para discutir y definir tales derechos conforme al principio de universalidad y las normas que lo regulan. El liquidador debe incluir en el inventario de pasivos las acreencias debidamente comprobadas, es decir, las reconocidas, no las rechazadas, y cualquier reclamo debe ser discutido a través del cuestionamiento en vía administrativa y judicial de los actos del liquidador. Además, la entidad que realiza la liquidación es la única llamada a definir el reconocimiento de las acreencias, y no puede subsanarse a través de una petición extemporánea a otra entidad. Esta regla reitera la importancia de seguir el procedimiento de liquidación para garantizar la universalidad y la prelación de créditos, lo que implica que los acreedores deben participar en el proceso de liquidación para obtener el reconocimiento y pago de sus acreencias.síntesis automática
También resuelve: ¿La liquidación de entidades públicas tiene por propósito realizar la disolución y liquidación de una entidad, a fin de que sean enajenados sus activos para proceder con el pago de las obligaciones… ¿Al agente liquidador le corresponde integrar la totalidad de los activos y pasivos que tiene la entidad en su patrimonio… ¿Para que proceda la cancelación de las acreencias a cargo de una entidad en liquidación, la obligación deberá estar relacionada en un inventario de pasivos y debidamente comprobada?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los actos proferidos por liquidadores de entidades públicas en ejercicio de función administrativa.

Sentencia — Sentencia 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 05001233300020140070301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las demandas contra actos administrativos expedidos por los liquidadores de entidades públicas, en razón de la cuantía de las pretensiones? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa ejerce competencia para conocer de las demandas contra actos administrativos expedidos por los liquidadores de entidades públicas en desarrollo de funciones administrativas conforme al artículo 104 del CPACA y el artículo 7 del Decreto Ley 254 de 2000. En este proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el Consejo de Estado asume competencia en segunda instancia sobre la apelación dado que la pretensión de mayor valor superaba trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de presentación de la demanda el 22 de abril de 2014, modificando la providencia apelada y absteniéndose de condenar en costas por prosperar parcialmente el recurso del municipio.síntesis automática
También resuelve: ¿La terminación unilateral del contrato realizada por el agente liquidador en cumplimiento de su función administrativa en los procesos de supresión y liquidación de entidades públicas… ¿El término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, empezó a contar desde la notificación de la decisión que declaró improcedente el recurso de reposición contra… ¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la sociedad afectada con la terminación unilateral del contrato de arrendamiento del que era parte…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La Sala negará las pretensiones y condenará en costas a la parte actora

Sentencia — Sentencia 2023-12-05 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 11001032600020180002700 LEY 1437 REPETICION
¿Las imprecisiones que se presentaron en la desvinculación del servidor difícilmente podrían considerarse como indicativas de un obrar inexcusable y de una conducta gravemente culposa de los demandados? Sí
Las imprecisiones formales cometidas al desvincular a un servidor público no equivalen por sí mismas a un error inexcusable ni a una conducta gravemente culposa, y que la presunción de culpa grave solo opera cuando se configuran los supuestos de hecho que la fundan. Una razón es que la desvinculación estuvo precedida de un estudio técnico de reestructuración de la planta de personal, que debía contar con la aprobación de la autoridad competente en función pública, lo que hace inviable sostener una violación inexcusable de la ley. Otra razón es que aunque se cometieron fallas en la forma como se formalizó la desvinculación, la motivación del acto no genera por sí sola una violación de las normas de competencia ni de los presupuestos de validez del acto administrativo. Por ello la Sala negó las pretensiones y condenó en costas a la parte actora. La sentencia no indica si reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que las fallas de procedimiento en una supresión de cargo deben demostrarse como conducta gravemente culposa y no presumirse a partir de su sola existencia.síntesis automática
También resuelve: ¿La actuación de los demandados comportó una violación inexcusable de la ley? ¿La vicisitud experimentada por el servidor desvinculado se presentó en el marco de un proceso de restructuración de la entidad demandante? ¿La situación permite concluir que los agentes estatales demandados son responsables patrimonialmente en el marco de la repetición?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

No es procedente la declaración de nulidad

Sentencia — Sentencia 2024-12-10 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 05001233100020060345401 ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente la declaración de nulidad que hizo el Tribunal de primera instancia bajo el presupuesto de que la decisión de la amigable componedora estaba viciada porque el Departamento no tenía capacidad para acudir a dicho mecanismo? No
El contratista no puede declarar nula la decisión del amigable componedor basándose en que la entidad estatal no tenía capacidad para acudir a este mecanismo, ya que la ley vigente en el momento de la celebración del contrato permitía a las entidades estatales resolver sus diferencias mediante la amigable composición, lo que implica que la entidad estaba habilitada para someterse a este mecanismo. La Sala revoca la nulidad declarada por el Tribunal, reiterando que la amigable composición es procedente cuando una de las partes es una entidad pública, siempre y cuando la ley lo permita explícitamente en el momento de la celebración del contrato. Esto implica que las entidades estatales pueden acudir a la amigable composición para resolver sus controversias contractuales, siempre que la normativa vigente lo autorice.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuando se suscribió el contrato, la ley vigente permitía a las entidades estatales resolver sus diferencias mediante la amigable composición? ¿La amigable composición resulta procedente cuando una de las partes sea una entidad pública? ¿Para acudir a la amigable composición, es necesario que las partes y el amigable componedor celebren un contrato de mandato a efectos de determinar las facultades de este último?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

En los actos administrativos demandados Corpoguarjira señaló que el contrato terminó por vencimiento del plazo de ejecución

Sentencia — Sentencia 2022-05-04 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 44001233100020120005902 ACCION CONTRACTUAL
¿Los actos administrativos demandados dieron por terminado unilateralmente el contrato, por lo que debe entenderse que la entidad estatal ejerció la facultad de terminación unilateral prevista en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993? No
El contratista no puede impugnar la terminación del contrato por vencimiento del plazo pactado, ya que los actos administrativos de Corpoguarjira indican que el contrato finalizó por el vencimiento del plazo de ejecución, no por una terminación unilateral, y el plazo inicial de 16 meses, prorrogado por nueve meses más, había expirado antes de la fecha de expedición de dichos actos. Además, el contrato celebrado entre Corpoguarjira y Acuavalle, a pesar de ser denominado convenio interadministrativo, es en realidad un contrato interadministrativo de obra sometido al estatuto general de contratación estatal, por lo que Corpoguarjira tiene competencia para declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal mediante actos administrativos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que permite a las entidades declarar el incumplimiento del contrato luego de su terminación y hacer efectiva la cláusula penal, siempre y cuando dicha facultad haya sido pactada en el contrato, como en este caso. Esto implica que la entidad estatal puede adoptar decisiones contractuales en conformidad con el régimen jurídico aplicable a los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿En el contrato administrativo suscrito entre las partes, al ser un contrato cuyo régimen jurídico no era el derecho privado sino el contemplado en el estatuto general de la contratación estatal…
Consejo de Estado Providencia

Clases de concepto: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas 2022-02-28 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 73001233300020190036601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Apelación de auto Sí
El contratista no puede presentar un concepto pericial que no incluya datos necesarios para su contradicción, como la identificación de los profesionales que lo elaboraron, su designación en procesos anteriores, y la especificación de los métodos y exámenes utilizados, ya que estos son requisitos esenciales para que el dictamen pericial cumpla con los estándares de forma y contenido establecidos en el Código General del Proceso. La entidad estatal, al verificar que el concepto no reúne estos requisitos, puede rechazar la prueba pericial solicitada, lo que implica que el juez debe confirmar la providencia que rechaza dicha prueba, asegurando así el principio de contradicción y la eficacia de los medios de prueba en el proceso contencioso administrativo.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

El juez admite el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia cuando se cumplen los requisitos previstos en la ley.

Auto interlocutorio — Auto que admite recurso de apelación 2025-03-25 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100020100081902 ACCION CONTRACTUAL
¿Se reúnen los presupuestos de procedencia establecidos en la ley para admitir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia? Sí
El recurrente interpone recurso de apelación contra una providencia judicial de primera instancia cuando cumple con los requisitos legales previstos para su procedencia. Por cumplir los requisitos previstos en el artículo 212 del Decreto 01 de 1984, se admite el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Primera de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda. Asimismo, previo a reconocer personería al apoderado judicial, se requiere a la parte para que allegue los soportes que acrediten la capacidad del representante legal para otorgar poder, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022.síntesis automática
También resuelve: ¿El representante legal de una entidad debe acreditar la capacidad para otorgar poder?
ADMITE
Consejo de Estado Concepto

Resultan aplicables las normas civiles y comerciales por parte de las entidades públicas para la explotación

Concepto sin reserva — Concepto sin reserva 2022-03-15 Sala Consulta y Servicio Civil ÁLVARO NAMÉN VARGAS Rad. 11001030600020200021200 CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Resultan aplicables las normas civiles y comerciales por parte de las entidades públicas para la explotación de bienes intangibles o derechos de propiedad intelectual de los cuales sean titulares, en atención a lo previsto en el artículo 167 de la Ley 1955 de 2019? Sí
Ni la Ley 80 de 1993, con sus modificaciones y adiciones, ni la Ley 1955 de 2019 establecen una tipología contractual especial o distinta a la regulada en el derecho privado, para que los titulares negocien la explotación comercial de sus derechos de propiedad intelectual y demás intangibles.
Consejo de Estado Providencia

Procede aplicar el régimen de derecho privado al convenio objeto de controversia.

Sentencia — Sentencia 2026-08-10 Sección Tercera (Subsección A) ZORANNY CASTILLO OTÁLORA Rad. 52001233300020180020401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede aplicar el régimen de derecho privado al convenio objeto de controversia? Sí
El contratista puede aplicar el régimen de derecho privado al convenio objeto de controversia si este cumple con los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, que permite la asociación entre entidades estatales y privadas sin ánimo de lucro para desarrollar actividades vinculadas a los cometidos y funciones de la entidad estatal, y si el convenio no regula aspectos específicos que requieran del derecho público. La entidad estatal debe verificar que el convenio no se desvíe de su objeto y finalidad, y que las partes cumplan con sus obligaciones contractuales de coordinación, seguimiento y control. La Sala modificó la decisión anterior, declarando el incumplimiento del convenio tanto por parte del contratista como de la entidad asociada, debido a la falta de evidencias que acrediten el ejercicio efectivo de las labores de acompañamiento y seguimiento. Además, la entidad estatal puede amparar la garantía de cumplimiento con la cláusula penal actualizada dentro del límite asegurado en la póliza, siempre y cuando esta no amplíe la cobertura contratada ni constituya una obligación adicional a cargo del asegurador.síntesis automática
También resuelve: ¿Incumplió la ONIC los deberes contractuales de coordinación, seguimiento y control? ¿Amparó la garantía de cumplimiento la cláusula penal actualizada dentro del límite asegurado en la póliza? ¿Procede liquidar judicialmente el convenio de asociación y fijar un saldo a favor de la entidad únicamente por concepto de cláusula penal ante la falta de acreditación de recursos no ejecutados?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El juez de segunda instancia está facultado para pronunciarse sobre cargos que aunque no fueron alegados en la demanda

Sentencia — Sentencia 2022-08-16 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 47001233100020080038601 ACCION CONTRACTUAL
¿El juez de segunda instancia está facultado para pronunciarse sobre cargos que aunque no fueron alegados en la demanda, fueron objeto de pronunciamiento por el juez de primera instancia, y de sustentación del recurso de apelación? Sí
El juez de segunda instancia está facultado para pronunciarse sobre cargos que, aunque no fueron alegados en la demanda, fueron objeto de pronunciamiento por el juez de primera instancia y de sustentación en el recurso de apelación, siempre y cuando las partes no cuestionen esos puntos en el recurso de alzada. La Sala reitera que entre la vigencia de la Ley 80 de 1993 y la expedición de la Ley 1150 de 2007, la administración no tenía competencia para declarar el incumplimiento de contratos estatales, lo que implica la nulidad de actos administrativos que pretendan hacerlo. Asimismo, la Sala confirma la nulidad de la declaración de caducidad del contrato cuando esta se expide después de vencido el plazo de ejecución, pues la finalidad de la declaración de caducidad es impedir la paralización del contrato mientras este esté vigente. Estas decisiones reafirman las competencias y limitaciones de la administración en la gestión contractual y la importancia de la temporalidad en la aplicación de medidas contractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento del contrato de suministro celebrado antes de la expedición de la Ley 1150 de 2007 y en vigencia de la Ley 80 de 1993… ¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato por haber sido expedido cuando había vencido el plazo de ejecución?
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Equilibrio económico del contrato: la ecuación económica del contrato es comprensiva de toda su ejecución

88001233300020230001102 de 2026 2026-07-17 Rad. 88001233300020230001102
El contratista debe demostrar la extinción de sus obligaciones por pago o cumplimiento, incluyendo la carga de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones en el proceso, sin que la entidad estatal deba probar la negación. El pago como medio extintivo de obligaciones debe realizarse conforme al tenor de la obligación, y los desembolsos parciales no constituyen pago definitivo hasta que la prestación no se haya completado. La entidad estatal puede ejercer medidas de control y apartarse del contenido de las actas de avance de obra si existen elementos objetivos que permitan inferir el incumplimiento del contratista. La buena fe en la ejecución del contrato se entiende en sentido objetivo, y la obligación de restablecimiento del equilibrio económico del contrato nace si el evento imprevisto genera una situación deficitaria en el entramado financiero global del contrato. La Sala modifica la sentencia del Tribunal Administrativo, condenando al contratista y a Seguros del Estado en costas de segunda instancia a favor del Municipio, y fija las agencias en derecho en un salario mínimo legal mensual vigente.síntesis automática
También resuelve: Extinción de las obligaciones por pago o cumplimiento: carga probatoria, Código Civil artículo 1757, Código General del Proceso artículo 167 Pago: medio natural de extinción de las obligaciones –Código Civil artículo 1626, efectos liberatorios –Conforme al tenor de la obligación Código Civil artículo 1627, pagos parciales, no implica aceptación de la totalidad de la prestación y cumplimiento pleno Vigilancia y supervisión del contrato por parte de la entidad estatal: la entidad puede apartarse del contenido de las actas de avance de obra, inexistencia de limitación para ejercer medidas de control
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Contratación estatal: el quebranto de las formas propias del respectivo trámite no conduce

25000233600020210007101 de 2025 2025-05-30 Rad. 25000233600020210007101
La Sala confirmará la Sentencia de primera instanci a, toda vez que la parte demandante no desvirtuó la presunción de validez de los actos administrativos acusados y los reparos formulados en el recurso de apelación no están llamados a prosperar. Para ello, se referirá al cargo de nulidad relacionado con la vulneración del debido proceso porque el DADEP no tramitó una recusación interpuesta en contra de la entonces directora (a) y, a continuación, resolverá el cargo de nulidad relacionado con la “ usurpación de competencias ” por parte de quienes elaboraron el informe de incumplimiento (b). Respecto del primer cargo, se evidenciará que no existió vicio alguno en el trámite y, respecto del segundo cargo, se concluirá que, aunque sí existió una irregularidad formal, esta no tiene la entidad de provocar la nulidad de los actos administrativos.
También resuelve: Contratación estatal: autoridades administrativas, ejercicio del derecho de petición, Artículo 13 de la ley 1437 de 2011, peticiones reiterativas Informe de incumplimiento del contrato: incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, entidad estatal, citación a debate, literal a del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 Procedimientos administrativos: nulidad de los actos administrativos, principio constitucional de instrumentalidad de las formas, irregularidades jurídicamente relevantes en los actos administrativos, carácter instrumental de las formas o de los procedimientos
Colombia Compra Eficiente Concepto

Requisitos habilitantes: la exigencia de requisitos debe respetar el principio de proporcionalidad

C-349 de 2025 2025-05-03
¿Cuáles son los documentos idóneos para acreditar la experiencia en un proceso de mínima cuantía?
El Registro Único de Proponentes – en adelante RUP – es un instrumento en el que consta la información relacionada con las personas naturales y jurídicas con el fin de que puedan participar en los procesos de contratación realizados por las entidades estatales, y tiene por objeto contemplar en un único documento la información relativa a la capacidad jurídica, técnica, financiera y organizacional de los posibles proponentes, entre otros aspectos. No obstante, el mismo no es exigible en todos los procesos de selección. Esto comoquiera que el segundo inciso del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 señala unos contratos para cuya celebración no se requerirá el RUP, dentro de los que están incluidos los contratos de celebrados en la modalidad de mínima, al cual se refiere en su consulta.
También resuelve: Requisitos habilitantes: noción, régimen jurídico Registro único de proponentes: rup, naturaleza Procesos de mínima cuantía: excepción al rup, verificación documental directa, criterios de selección