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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no basta que se exprese una postura o se formule un concepto por parte de la autoridad pública

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Fecha
2025-07-14
Radicado
47001233300020140040001
Número interno
69520
Ponente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO SM, EAR INGENIEROS LTDA
Demandado
POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no basta que se exprese una postura o se formule un concepto por parte de la autoridad pública

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Regla de decisión

A este efecto, conviene reiterar que durante la ejecución del contrato estatal no todas las expresiones de la entidad pública contratante se califican como un acto administrativo no todas sus manifestaciones constituyen declaraciones unilaterales de voluntad en ejercicio de la función administrativa, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede someter a control judicial las decisiones que niegan la solicitud de prórroga del contrato, ya que estas no constituyen actos administrativos, sino simples comunicaciones en el contexto de la ejecución contractual que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas. La Sala establece que, para que una decisión sea considerada un acto administrativo, debe tener un efecto jurídico directo y alterar los derechos y obligaciones del contrato. En este caso, la negativa a la prórroga no modificó el plazo inicialmente convenido ni creó nuevas obligaciones, por lo que no es susceptible de control judicial. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y limita la competencia del juez contencioso administrativo a los actos administrativos genuinos, excluyendo las comunicaciones que no alteran el contenido del contrato.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Las tradicionales comunicaciones en el contexto de la ejecución contractual, como en este caso, las decisiones que negaron la solicitud de prórroga del contrato, son pasibles de control judicial?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, art. 13

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Lo que dijo la Sala

Comoquiera que la contienda formulada en el asunto sub judice se refiere a la responsabilidad contractual de la Policía Nacional por haber proferido: i) la Resolución No. 422 del 28 de marzo de 2014, a través de la cual se declaró el incumplimiento parcial del contrato No. 08-6-160204-2012 y la Resolución No. 498 del 14 de abril de 2014, por medio de la cual se resolvieron varios recursos de reposición interpuestos contra la primera; así como ii) la Resolución No. 636 del 29 de abril de 2014, por la cual se liquidó unilateralmente el mencionado acuerdo de voluntades, dictadas con ocasión de la ejecución del contrato No. 08-6-160204- 2012, el medio de control procedente es el de controversias contractuales.… la Sala advierte que no es posible conocer acerca del denominado oficio S-2013-021319 DIBIE ARAFI GRUIN-29 del 30 de diciembre de 2013, a través del cual se negó la prórroga del contrato No. 08-6-160204-2012…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO FALTA DE COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRÓRROGA DEL CONTRATO PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL POLICÍA NACIONAL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA PRINCIPIO DE CONGRUENCIA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA CARGA CARGA PROCESAL CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA PROCESAL DEMANDA PRINCIPIO DE CLARIDAD PRINCIPIO DE PRECISIÓN DICTAMEN PERICIAL CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL PERITO CUALIDADES DEL PERITO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRATO LLAVE EN MANO DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL OBLIGACIONES DEL PROPONENTE CONSORCIO PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO ACTO ADMINISTRATIVO LEGAL ACTO ADMINISTRATIVO NO ANULADO COMPETENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO FALTA DE COMPETENCIA EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DE LA ENTIDAD PÚBLICA COMPETENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO INTERVENTOR FACULTADES DEL INTERVENTOR FUNCIÓN DEL INTERVENTOR INTERVENTORÍA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DEFICIENCIA PROBATORIA MORA MORA DEL CONTRATISTA INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO VICIOS EN LA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO OBRA PÚBLICA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA HONORARIOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESPONSABILIDAD POR OBRA PÚBLICA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA ENTREGA DE BIEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRÓRROGA DEL PLAZO PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PLAZO PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL EN DEBIDA FORMA PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL EXCEPCIONES DE LA LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL DEBIDO PROCESO AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO NULIDAD PARCIAL NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO DETERMINACIÓN DE LOS PERJUICIOS CÁLCULO DE LOS PERJUICIOS INDEMNIZACIÓN PREVIA DE PERJUICIOS LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS PERJUICIOS TASACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MOTIVACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS LIMITES A LA LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS VALORACIÓN DE LOS PERJUICIOS EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO TASACIÓN DE PERJUICIOS NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO FALSA MOTIVACIÓN FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO REVOCATORIA PARCIAL DE LA SENTENCIA PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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Titulación de la relatoría 65.705 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA / SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / FALTA DE COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / POLICÍA NACIONAL / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Las tradicionales comunicaciones en el contexto de la ejecución contractual, como en este caso, las decisiones que negaron la solicitud de prórroga del contrato, son pasibles de control judicial? Respuesta al problema jurídico: No Comoquiera que la contienda formulada en el asunto sub judice se refiere a la responsabilidad contractual de la Policía Nacional por haber proferido: i) la Resolución No. 422 del 28 de marzo de 2014, a través de la cual se declaró el incumplimiento parcial del contrato No. 08-6-160204-2012 y la Resolución No. 498 del 14 de abril de 2014, por medio de la cual se resolvieron varios recursos de reposición interpuestos contra la primera; así como ii) la Resolución No. 636 del 29 de abril de 2014, por la cual se liquidó unilateralmente el mencionado acuerdo de voluntades, dictadas con ocasión de la ejecución del contrato No. 08-6-160204- 2012, el medio de control procedente es el de controversias contractuales. (...) la Sala advierte que no es posible conocer acerca del denominado oficio S-2013-021319 DIBIE ARAFI GRUIN-29 del 30 de diciembre de 2013, a través del cual se negó la prórroga del contrato No. 08-6-160204-2012, ni de la decisión No. 00133 del 10 de febrero de 2014, a través de la cual el director de Bienestar Social de la Policía Nacional, negó el recurso de reposición interpuesto contra esa primera actuación, debido a que no son actos administrativos, por cuanto no crean, modifican o extinguen ninguna situación jurídica como se pasa a explicar. A este efecto, conviene reiterar que durante la ejecución del contrato estatal no todas las expresiones de la entidad pública contratante se califican como un acto administrativo, es decir, no todas sus manifestaciones constituyen declaraciones unilaterales de voluntad en ejercicio de la función administrativa, que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas. En el curso del tráfico negocial las entidades proporcionan respuestas y dirigen comunicaciones que no constituyen actos administrativos, a menos que decidan con predominio y fuerza vinculante asuntos de la relación contractual. Por tanto, no basta que se exprese una postura o se formule un concepto por parte de la autoridad pública; el acto administrativo siempre contiene una decisión, cuyo fundamento se encuentra directamente en el ejercicio de las potestades propias del poder público. Bajo la anterior senda argumentativa, tratándose de los contratos suscritos en virtud de la Ley 80 de 1993 y sus reformas, como a partir de lo previsto en el artículo 13 de ese estatuto esos acuerdos de voluntades se encuentran suscritos por el derecho civil y mercantil, no toda actuación que se efectúe por las entidades estatales puede ser considerada como acto administrativo, sino solo aquellas frente a las cuales el propio legislador le dé ese alcance, caso que no sucede frente a la negativa a una prórroga de la extensión del plazo del negocio jurídico del Estado, pues además de que el legislador no dotó tal decisión con un efecto jurídico directo, aquella no altera el plazo inicialmente convenido, de ahí que no modifique un derecho, deber u obligación. Así las cosas, en el caso de estudio se evidencia que las decisiones Nos. S-2013- 021319 DIBIE ARAFI GRUIN-29 del 30 de diciembre de 2013 y 00133 del 10 de febrero de 2014 se restringieron a denegar al consorcio SM una solicitud de prórroga del contrato No. 08-6-160204-2012, lo que en sí mismo no alteró los derechos y deberes propios del acuerdo de voluntades o sus suscribientes, pues justamente aquellos se mantuvieron incólumes en los términos convenidos, en tanto la entidad contratante se rehusó, precisamente, a crear, modificar o extinguir alguna situación jurídica -derecho, deber u obligación-, por lo que es claro que se está ante tradicionales comunicaciones en el contexto de la ejecución contractual que, asimismo, no son pasibles de control judicial y, por lo tanto, esta Corporación se inhibirá de estudiarlas. Se resalta que el legislador no estableció ningún procedimiento para la prórroga, ni que dicha decisión debiera tomarse mediante acto administrativo, aspecto que revela que, con mayor razón, no se está frente a una decisión de ese tipo, sino frente a un simple comunicado donde no se aceptó la prórroga del contrato, manteniéndose incólume el acuerdo de voluntades, ante la ausencia de variaciones en su contenido. Ahora bien, aunque la decisión No. 00133 del 10 de febrero de 2014 afirmó resolver los recursos de reposición presentados contra la comunicación No. S-2013-021319 DIBIE ARAFI GRUIN-29 del 30 de diciembre de 2013, lo cierto es que ello en sí mismo no tuvo la vocación de convertir la negativa de prórroga del contrato en un acto administrativo, pues, como ya se mencionó, de ninguna forma varió las condiciones del contrato No. 08-6-160204-2012 tras las cuatro modificaciones de que fue objeto, sino que, simplemente, se restringió a ser una manifestación de voluntad negativa de la Administración para ampliar de nuevo el plazo. Las anteriores circunstancias, por lo tanto, impiden conocer judicialmente de las comunicaciones Nos. S-2013-021319 DIBIE ARAFI GRUIN-29 del 30 de diciembre de 2013 y 00133 del 10 de febrero de 2014, so pena de desbordarse las competencias del juez contencioso administrativo. Como consecuencia, los cuestionamientos efectuados en forma directa frente a tales decisiones no serán estudiados. En suma, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (sic) es procedente únicamente frente a las Resoluciones Nos. 422 del 28 de marzo de 2014, 498 del 14 de abril de 2014 y 636 del 29 de abril de 2014. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de que no todas las manifestaciones de la voluntad de la administración configuran un acto administrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 21 de mayo de 2021, exp. 49483, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 10 de marzo de 2005, exp. 73001233100019960453401(14853), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Subsección B, Sentencia del 17 de marzo de 2021, exp. 23001233100020050086001(39970), C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 28 de junio de 2023, exp. 08001-23-33-004-2014-01652-01(61127), C.P. Nicolas Yepes Corrales. Como excepción, la subsección A ha considerado que la decisión que niega la prórroga puede ser acto administrativo, pero solo en el contexto de los contratos de concesión de espectro electromagnético, al respecto, ver: Sentencia del 20 de febrero de 2020, exp. 54001-23-33-000-2015-00131-00 (63866), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13 JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA / CARGA / CARGA PROCESAL / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA PROCESAL / DEMANDA / PRINCIPIO DE CLARIDAD / PRINCIPIO DE PRECISIÓN Problema jurídico: ¿Puede la Sala, emitir algun pronunciamiento respecto a los cuestionamientos de las multas, de la nulidad del contrato y de la extemporaneidad de la liquidación unilateral por hacerse dentro de los 4 meses para efectuarse el corte de cuentas bilateralmente, sin vulnerar el principio de congruencia? Respuesta al problema jurídico: No La Sala advierte que, aunque de los reproches de la demanda se incluyeron cuestionamientos en torno a varias multas que se le impusieron al contratista, y respecto a una supuesta ilegalidad del contrato con apoyo en que no se tuvo en cuenta la Ley 734 de 2012, no es posible estudiarlos debido a que, frente al primero los actos mediante los cuales se tomó la medida sancionatoria no fueron enjuiciados y siquiera mencionados, mientras que respecto al segundo la ley en comento no existe, así como todas las pretensiones principales giran en torno a presuponer la validez del contrato y no se formularon pretensiones subsidiarias. Lo propio sucede con el tercer cargo de apelación de la aseguradora en lo que respecta al hecho de que, a su juicio, la liquidación unilateral estaba viciada por haberse efectuado antes de los 4 meses, pues ello no hizo parte del reproche de la demanda y, por lo tanto, la entidad demandada no tuvo el derecho a defenderse frente a dicho cuestionamiento, de ahí que no corresponda evaluarlo en sede de segunda instancia. Sobre el particular, vale destacar que a la parte demandante le corresponde, en los términos del artículo 162 del CPACA, señalar lo que se pretenda, con precisión y claridad, incluidas las pretensiones por separado y sus fundamentos de derecho, so pena de que se entiendan por no formuladas, sin que sea dable que las enmiende en etapas procesales posteriores, pues ello desconocería el principio de congruencia e implicaría sorprender a la parte pasiva con argumentos no ventilados desde el primer momento. En tal virtud, la Subsección se abstendrá de emitir pronunciamiento alguno respecto a los cuestionamientos de las multas, de la nulidad del contrato y de la extemporaneidad de la liquidación unilateral por hacerse dentro de los 4 meses para efectuarse el corte de cuentas bilateralmente. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la regla de congruencia frente a la que, solo corresponde resolver al juez de segunda instancia aquello ventilado en la apelación que, además, está incluido dentro de la causa petendi de la demanda, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 10 de marzo de 2025, exp. 25000-23-36-000-2013-02100-02(60180), C.P. Nicolás Yepes Corrales. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 162 DICTAMEN PERICIAL / CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / PERITO / CUALIDADES DEL PERITO Problema jurídico: ¿Cuenta con valor probatorio un dictamen pericial rendido por un perito sin las cualidades requeridas por el Tribunal a quo, esto es, contar con una especialización en gerencia de proyectos, además de que, desbordó el marco de lo encomendado? Respuesta al problema jurídico: No El dictamen pericial aportado La Previsora S.A. Compañía de Seguros presentó un dictamen pericial a través del perito (...), ingeniero químico de profesión de la firma McLarens Colombia, en el que, entre otros, conceptuó sobre aspectos como los costos que, en su criterio, considera que se le deben al consorcio SM por circunstancias como la asunción de obras no previstas y de circunstancias imprevistas que tuvo que asumir. Al punto, definió el alcance del contrato de llave en mano (...) Cuestión previa: el dictamen pericial no podía ser tenido en cuenta (...) Los apelantes estimaron que el a quo debió valorar el dictamen pericial aportado, ya que la cercanía con quien lo elaboró no era impedimento para que se tuviera en cuenta, sumado a lo cual, aunque no era ingeniero civil ello no impedía valorarlo. Al respecto, es del caso destacar que, durante el trámite de la audiencia inicial y en la audiencia de pruebas el a quo decretó y practicó el dictamen pericial, que para su debida realización debía ser rendido por un ingeniero especialista en gerencia de proyectos, criterio en virtud del cual se buscó que la experticia fuera efectuada por una persona idónea y conocedora de los asuntos técnicos objeto de la litis. Como la experticia fue rendida por un ingeniero químico, que no demostró contar con una especialización en gerencia de proyectos, es claro que, al margen de que este fuera cercano o no a una de las partes, no contaba con las calidades exigidas por el Tribunal Administrativo del Magdalena para rendir la experticia, a lo cual se suma que, si en gracia de discusión correspondiera valorarlo, este habría que descartarse pues desbordó el marco de lo encomendado y emitió conceptos de índole jurídico respecto de tópicos como el contrato de llave en mano, de ahí que, en cualquier caso, tampoco habría sido posible tener como ciertas sus conclusiones. Concluir, como lo hacen las entidades apelantes, que no se requiere mayor exigencia para rendir un dictamen pericial, o que la simple experiencia laboral es suficiente para ese objetivo desconoce que dicha prueba debe ser rendida por una persona idónea, lo que implica que debe contar con capacidades intelectuales y profesionales particulares, sin que para ello un ingeniero químico pueda por su profesión demostrar conocimiento técnico en materia de obras públicas, aunque trabaje en su ámbito profesional en una empresa de seguros. En virtud de lo expuesto, la Sala no tendrá en cuenta el dictamen pericial aportado, por lo que los cargos de las apelaciones se estudiarán en exclusión de dicha prueba. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 226 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO LLAVE EN MANO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / OBLIGACIONES DEL PROPONENTE / CONSORCIO / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO / POLICÍA NACIONAL / ACTO ADMINISTRATIVO LEGAL / ACTO ADMINISTRATIVO NO ANULADO Problema jurídico: ¿Se acreditó la nulidad de los actos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de obra, llave en mano, por parte del consorcio demandante? Respuesta al problema jurídico: No El consorcio SM desatendió el contrato (...), circunstancia que justificó los actos de declaratoria de incumplimiento (...) conviene comenzar por destacar, en línea con los hechos jurídicamente relevantes, que, el 23 de agosto de 2012, la dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional y el consorcio SM suscribieron el contrato No. 08-6-160204-2012, que tuvo por objeto la realización de actividades de estudios técnicos, demolición y construcción de varios inmuebles dentro del Centro Vacacional Centenario de Santa Marta bajo la modalidad de llave en mano y con un plazo de 3 meses y 23 días, cuyo interventor fue la Universidad Nacional de Colombia, en concordancia con el contrato interadministrativo (...) Precisado el contenido obligacional del contrato objeto de la disputa, cabe decir que el 28 de agosto de 2012 se inició la ejecución negocial; sin embargo, solo hasta el 26 de septiembre de 2012 comenzaron las actividades del proyecto de infraestructura y, para el 20 de diciembre de 2012 había sido incumplido por razones tanto imprevistas como originadas en la total negligencia del contratista. Frente a las situaciones no previstas se destaca la ausencia de precisión de la necesidad de un box coulvert, la falta de un plazo suficiente para llevar a cabo la obra y la revaluación de parte del proyecto, pues las labores de diseños, demolición y construcción no eran pasibles de ser realizadas en menos de 4 meses, circunstancias que, con el fin de ser remediadas, llevaron a la suscripción de las actas de prórroga 1-4, mediante la cual las partes convinieron ampliar el plazo y modificar el objeto negocial para, entre otros, incluir la gestión de las desavenencias presentadas, sin que además de ello se hubieran dejado reparos sobre algún aspecto adicional, por lo que los cocontratantes consideraron que con tales ajustes era suficiente conjurar las situaciones presentadas (...) En cuanto a los incumplimientos atribuibles al contratista vale mencionar los de la falta de documentación sobre la afiliación de las personas a cargo del consorcio SM al sistema de seguridad social y la dotación de elementos de seguridad industrial y de baños, la falta de suministro adecuado de materiales para la construcción, la ausencia de uso adecuado y continuo de la planta eléctrica, la falta de hidratación de los concretos vaciados en obra y su curado y la deficiencia en la gestión de la conexión de servicios públicos, circunstancias que se prolongaron durante todo el iter contractual sin justificación alguna del consorcio SM (...) También se encontró que el consorcio SM estaba atrasado con obligaciones como reforzamiento, mampostería, pañete y cielo raso, afinado de pisos, cimentación de caseta de baños de piscina, columnas de caseta de baños y adecuación de varias zonas y, con todo, la Policía Nacional suscribió compromisos con el consorcio SM para permitirle subsanar dichas circunstancias (...) El incumplimiento frente a las calidades del personal fue de tal gravedad que entre el 16 y el 22 de julio de 2013 se encontró a menores llevando a cabo actividades de obra sin ninguna autorización de ley y sin ningún elemento de protección personal (...) Aun así, el consorcio SM persiguió una nueva prórroga, pero luego de 4 ampliaciones al plazo la Policía Nacional se negó, principalmente porque el contrato estaba en reserva presupuestal y no podía extenderse más allá del 2013, aunado a lo cual fue incumplido reiteradamente por el contratista (...) En ese orden de ideas, para la Sala es claro que, para comenzar, existió una falta al deber de planeación por parte de los cocontratantes con ocasión del contrato No. 08-6-160204-2012, pues existieron circunstancias no previstas que pudieron haberse estimado por una debida planificación del proyecto en la fase precontractual. A pesar de ello, los hechos probados dan cuenta de que dichas circunstancias se revaluaron y conjuraron por las partes del acuerdo de voluntades al suscribir los acuerdos modificatorios y se incorporó su gestión en cabeza del contratista sin que a este le mereciera reparos. Sobre el principio de planeación, la jurisprudencia de esta Subsección ha sostenido reiteradamente que se trata de un mandato predicable tanto de la entidad convocante como del proponente que luego resulta adjudicatario, pues, partiendo de la base de que en la contratación sometida a la Ley 80 de 1993 y sus reformas el Estado funge como una parte más del acuerdo de voluntades, es tarea de aquel y los oferentes que persiguen ser contratistas aportar mancomunadamente en la mejor versión del negocio jurídico a suscribir, pues existe un “deber de colaboración entre los oferentes y los contratistas”. Igualmente, en el evento en que se configuran falencias en torno a tal figura, debe estudiarse si aquellas fueron superadas por las propias partes, quienes de nuevo tienen un rol protagónico para tal fin, o si por el contrario las dejaron consolidar en el iter negocial, evento en el cual podrían haberse configurado circunstancias de incumplimiento (...) Precisamente, la jurisprudencia también ha afirmado que si el contratista no advierte ni comunica las deficiencias detectadas en los documentos precontractuales y posteriormente surgen controversias relacionadas con esas mismas falencias, no podrá alegar desconocimiento o sorpresa, pues ello contrariaría los postulados de la debida diligencia y colaboración que se predican en el marco de los contratos estatales. Es por ello que, cuando se presentan dificultades con ocasión a una falta al deber de planeación que afectan el iter negocial, los cocontratantes están habilitados, en virtud de la autonomía de la voluntad, para solventar dicha situación en forma directa o, de no lograr un acuerdo, acudir al juez para que dirima la controversia. En el primer escenario, las partes convienen mutuamente superar las dificultades que impiden un cumplimiento a satisfacción del objeto negocial, de modo que luego no puedan alegar un desconocimiento del mandato de planeación para justificar la mora obligacional. Igualmente, cuando las partes gestionan fenómenos como los anteriores a través de suspensiones, adiciones o prórrogas, y luego se persigue en sede judicial una retribución indemnizatoria por aquellos, la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado ha señalado que, de llegarse a dichos acuerdos, se deben estudiar las pretensiones, aunque no se hayan formulado reparos o salvedades cuando se suscribieron las suspensiones, adiciones o prórrogas, o al haberse pactado contratos adicionales u otrosíes, por lo que, en tales casos, el juez deberá desentrañar cuál fue el acuerdo y su alcance según las reglas de interpretación de los contratos y su ejecución de buena fe. En otras palabras, la falta de manifestación de reparos al momento de suscribirse modificaciones contractuales para solventar situaciones como mayores cantidades o permanencias de obra no impiden el estudio judicial de fondo de dichas pretensiones, por lo que en tales casos debe verse qué fue lo que las partes quisieron convenir con los ajustes y si dentro de ello regularon integralmente aspectos como la remuneración. A partir de ese contexto, y como se detalló párrafos atrás, en el asunto que ocupa la atención de la Sala existieron dificultades imprevistas como la falta de un plazo suficiente, la necesidad de construir un box coulvert y la revaluación de parte del proyecto, que pudieron ser estimadas desde la fase precontractual y, no obstante, ni la Policía Nacional ni el consorcio SM -para tal momento proponente- las advirtieron aunque varias de ellas podían identificarse con una simple inspección del inmueble donde habría de realizarse la obra, de ahí que no pueda ahora la parte apelante atribuir todo lo anterior a la demandada como si fuera de su entero resorte. Así, es claro que hubo una desatención al deber de planeación en doble vía, ya que tanto la entidad en su gestión precontractual como el contratista durante su participación en la convocatoria fallaron en la determinación rigurosa del alcance del proyecto. De todos modos, también se acreditó que para conjurar las anteriores desavenencias se modificó el contrato en cuatro ocasiones, mediante el ajuste de aspectos como el objeto contractual mismo y los plazos de ley, al punto que tanto las situaciones imprevistas como las demás dificultades que fue presentando el contratista fueron incorporadas y gestionadas por los cocontratantes, sin que fuera su deseo añadir o incorporar otros aspectos diferentes, pues se consideró que los cambios adicionados eran suficientes y se mantuvo el resto del clausulado contractual incólume. (...) En ese sentido, el consorcio SM no formuló reparos al momento en que cada una de las cuatro modificaciones se suscribió, sino que por el contrario asumió en principio la ejecución del contrato en las condiciones estipuladas y, posteriormente, acordó solucionar cada una de las dificultades de la ejecución a cambio de un mayor plazo y de la modificación del objeto, querer que no puede ser ahora desconocido por el propio extremo activo de la litis para señalar que, en realidad, supuestamente quien incumplió el acuerdo de voluntades fue la Policía Nacional, pues ello implicaría desconocer los actos propios, en virtud de lo cual el sujeto negocial no puede ir contra sus declaraciones de voluntad120. Lo expuesto revela que se presentó una falla al deber de planeación con ocasión del contrato No. 08-6-160204-2012 por una falta de diligencia de los cocontratantes que, no obstante, se dio por superada mediante cuatro prórrogas donde, además de extenderse el plazo del acuerdo de voluntades, se amplió su objeto contractual y, ante ese escenario, el consorcio SM se comprometió con el Estado a satisfacer todos sus deberes a cabalidad, lo que ahora no puede ser desconocido por la Sala, pues en virtud del principio pacta sunt servanda del artículo 1602 del Código Civil tales mandatos son ley para las partes. Así, la Sala concluye que por más que la Policía Nacional y el propio consorcio SM hubieran incurrido en una falta al deber de planeación, aquella fue superada por ambos cocontratantes, de ahí que, por tal virtud, no pueda predicarse un incumplimiento de la entidad contratante que dé lugar a declarar la nulidad de los actos acusados. Por el contrario, sí se encuentra demostrado con creces un incumplimiento reiterado, sistemático y amplio por parte del consorcio SM, (...) Los incumplimientos en cuestión se extendieron durante toda la ejecución contractual y, pese a que el consorcio SM se comprometió a superarlos con las nuevas condiciones que se le concedieron mediante las cuatro prórrogas del acuerdo de voluntades, persistió en falencias que, a la postre, impidieron que el objeto contractual llegara al 100% para el momento en que el plazo extendido cuatro veces feneció, esto es, para el 31 de diciembre de 2013. Ninguna de las situaciones de incumplimiento se encuentra justificada en las circunstancias imprevistas originadas en la falta al deber de planeación, no solo porque precisamente los cocontratantes las dieron por superadas mediante cada modificación del negocio jurídico sin reparo alguno, sino porque se vislumbra una negligencia del consorcio SM, quien pese a múltiples requerimientos mantuvo su omisión, que entre otros, devino en falencias en la construcción de la infraestructura que incluyen la caída de un muro de mampostería en el segundo nivel del bloque de apartamentos, personal de obra desprotegido sin garantías de seguridad social, y problemas con las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios (...) Ahora bien, si como el propio extremo activo de la litis lo advirtió, el contrato No. 08- 6-160204-2012 del 23 de agosto de 2012 era de llave en mano, al consorcio SM le asistió una especial diligencia en aspectos como los diseños técnicos de la obra, la gestión de los servicios públicos domiciliarios, la adecuada realización de la construcción con materiales de calidad, y la disponibilidad de un personal idóneo y cubierto mediante el sistema de aseguramiento de riesgos profesionales, pues pretender que ello lo asumiera la Policía Nacional habría implicado una desnaturalización de esa modalidad de los contratos de obra, de ahí que dichos aspectos estaban a cargo del contratista y, no obstante, en este asunto está plenamente acreditado que se desconocieron. (...) En síntesis, es claro para la Sala que el consorcio SM incurrió en un incumplimiento injustificado de sus obligaciones, lo que, sumado al cumplimiento de los deberes negociales de la Policía Nacional impide declarar la nulidad de los actos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato No. 08-6-160204-2012, pues en ese contexto era plenamente válido ese proceder. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el deber de colaboración entre los oferentes y los contratistas, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 11 de octubre de 2023, exp. 25000-23-36-000-2017-00322-01(60910), C.P. Nicolas Yepes Corrales. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencias del 23 de septiembre de 2024 exp. 41001-23-33-000-2012-00184-02 (65351), C.P. Nicolas Yepes Corrales y del 28 de octubre de 2024, exp. 52001- 23-33-000-2018-00555-01(67567), C.P. Nicolas Yepes Corrales. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 16 de junio de 2025, exp. 500012331000-2008-00020-01(71544). CP. José Roberto Sáchica Mendez. Sobre las reglas de interpretación del contrato y su ejecución de buena fe, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de unificación del 27 de julio de 2023, exp. 05001-23-31-000-1999-02151-01(39121). Sobre no ir contra los actos propios, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Radicado 25307-31-03-001-2008-00437-01 - SC10326-2014. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 COMPETENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE COMPETENCIA EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO LEGAL / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD PÚBLICA / COMPETENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / INTERVENTOR / FACULTADES DEL INTERVENTOR / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / INTERVENTORÍA / UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Problema jurídico: ¿Se acreditó la nulidad de los actos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de obra, llave en mano, debido a la falta de competencia de la demandada para expedirlos y haber hecho efectiva la cláusula penal pecuniaria? Respuesta al problema jurídico: No Respecto de los demás reproches dirigidos contra los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato No. 08-6-160204- 2012, conviene destacar, en línea con los hechos probados, que el 28 de marzo de 2014 la Policía Nacional tomó dicha determinación por considerar que, pese a que el acuerdo de voluntades fue prolongado y modificado en múltiples ocasiones, vencido su plazo el consorcio SM solo había logrado ejecutar un 66,47%, pues desconoció o solo satisfizo parcialmente obligaciones como la permanencia e idoneidad del personal, los certificados de calidad de los productos, la disponibilidad de servicios, la actividad de reforzamiento, prevención de accidentes, compromisos de programación, diseños y previsión de equipos y materiales de obra (...) En tal virtud, se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria por la suma de $114’987.375 y se estimaron perjuicios adicionales por la suma de $230’400.000. La anterior determinación se tomó luego de un extenso cruce de comunicados y de múltiples peticiones del consorcio SM donde tuvo la oportunidad de defenderse y ofreció distintas alternativas que van desde la ampliación del plazo hasta un arreglo transaccional directo (...), aspectos que fueron desestimados por la Policía Nacional pues, esencialmente, consideró errado efectuar nuevas prórrogas, así como encontró dificultades presupuestales para tal fin. A partir de lo indicado, resulta palmario concluir que no se evidencia que las Resoluciones Nos. 422 del 28 de marzo de 2014 y 498 del 14 de abril de 2014, mediante las cuales se declaró el incumplimiento del acuerdo de voluntades, hayan incurrido en algún vicio de legalidad de los enunciados por el extremo activo de la litis, pues se evidencia que se dictaron con competencia, se basaron en los sendos incumplimientos del consorcio SM y garantizaron el debido proceso, como se pasa a ampliar. Primero, sobre la falta de competencia la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado que consiste en aquel vicio de validez del acto administrativo en virtud del cual aquel se dicta por una persona no prevista para emitir dicha declaración122, aspecto que debe ser debidamente acreditado en sede judicial para así desvirtuar la presunción de legalidad de tales decisiones. En el asunto que ocupa la atención de la Sala, de entrada, no existe ninguna falta de competencia de la Policía Nacional para declarar el incumplimiento y, por consiguiente, haber hecho efectiva la cláusula penal pecuniaria, debido a que: i) al haberse dictado por la dirección de Bienestar no se emitió por una autoridad distinta de la Policía Nacional sino con una de sus dependencias e, incluso, fue con ella misma con que se suscribió tanto el contrato No. 08-6-160204-2012 como sus modificaciones, sin que ello le mereciera ningún reparo de validez al demandante; y ii) de ninguna manera la interventoría fue la suscribiente de las decisiones de la administración enjuiciadas, sino lo que sucede es que la entidad contratante se limitó a tener en cuenta sus advertencias. Ciertamente, se vislumbra de todos los antecedentes fácticos que la dirección de bienestar de la Policía Nacional fungió como una dependencia de la entidad estatal y de ninguna manera era un órgano distinto o separado de aquella, aunado a lo cual el consorcio SM no aportó ninguna prueba dirigida a refutar que aquella no contara con la habilitación para suscribir contratos, aspecto sin el cual la Sala no puede acoger esa afirmación y, por tanto, al haberse signado el acuerdo de voluntades por el mencionado órgano interno de la Policía Nacional no se evidencia ninguna irregularidad. Entretanto, durante todo el iter contractual la Policía Nacional tuvo en cuenta los dictámenes de la Universidad Nacional de Colombia en calidad de interventora, pues, naturalmente, la labor de aquella era vigilar el acuerdo de voluntades de obra y, a la postre, advertir sobre cualquier circunstancia que impidiera su adecuada materialización, lo cual hizo dicho consultor, sin que como lo dicen las apelantes no hubiera podido considerar dichos avisos, sino que por el contrario, precisamente existe un deber en cabeza del Estado en tenerlos en cuenta o, contrario sensu, no tendría sentido alguno tener un interventor. Ahora bien, aunque se ha reconocido por la jurisprudencia del Consejo de Estado que el interventor no puede reemplazar a las partes del contrato vigilado en la toma de decisiones, lo cierto es que en el asunto sub-lite de ninguna forma se evidencia que se haya configurado tal situación, sino que la Universidad Nacional de Colombia se restringió a otorgar una opinión cualificada sobre las desavenencias del contrato y, simplemente, la Policía Nacional las constató y tuvo en cuenta como circunstancias vinculantes para declarar el incumplimiento. Igualmente, no sobra reconocer que, en los términos de la entidad contratante, la interventoría también incurrió en una labor deficiente por la falta de verificación de determinados aspectos atinentes al proyecto. (....), aspecto que, en cualquier caso, y de ser cierto, no impedía considerar la labor que sí efectuó, pues la entidad de ninguna forma manifestó una inconformidad con las advertencias que sí se hicieron, sino frente a aquellas que se omitieron respecto de otros aspectos de la infraestructura a realizar. A partir de todo lo anterior, es claro que la Policía Nacional fue quien dictó las decisiones cuestionadas y, por consiguiente, no incurrió de ninguna forma en una falta de competencia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el vicio de falta de competencia para expedir el acto administrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 25 de mayo de 2023, exp. 25000-23-36-000-2014-00851-02(60777), C.P. Alberto Montaña Plata y Subsección C, Sentencia del 10 de marzo de 2025. Respecto de que, el interventor no puede reemplazar a las partes del contrato vigilado en la toma de decisiones, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 24 de abril de 2024. Radicado 25000-23-36-000-2015-02630-02(67095). C.P. Nicolás Yepes Corrales. ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DEFICIENCIA PROBATORIA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MORA / MORA DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO LEGAL / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Se acreditó la nulidad de los actos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de obra, llave en mano, debido a deficiencias probatorias por el hecho de que existía una contradicción frente al porcentaje de avance del contrato? Respuesta al problema jurídico: No Segundo, se descarta que los actos administrativos de declaratoria de incumplimiento cuestionados hubieran sido producto de deficiencias probatorias, pues ese argumento no es suficiente para concluir que, aunque existieran dudas del alcance del nivel de desatención obligacional, aquella sí se configuró, pues simplemente no se satisfizo el 100% del acuerdo de voluntades en el plazo y sus ampliaciones convenidas. Justamente el artículo 1608 del Código Civil reza que se estará en mora si el deudor no satisface sus obligaciones dentro del término estipulado, mandato frente al cual basta con determinar si hay una desatención de esa regla de derecho para concluir que hay un incumplimiento, lo que sucede en este caso, pues no solo el acto administrativo de declaratoria de incumplimiento, sino sendos informes de la interventoría y la propia Policía Nacional advirtieron que el contrato No. 08-6- 160204-2012 fue desconocido en sus obligaciones por el consorcio SM, como ya se ha retratado en la referencia a las pruebas. Es así como no les asiste razón a las entidades apelantes en que las contradicciones del porcentaje de avance del contrato permitían simplemente concluir que no hay un incumplimiento en cabeza del consorcio SM, pues este fue debidamente demostrado y, por tanto, justificó las declaraciones de la Administración enjuiciadas. Ahora bien, por más que existieran diferencias entre los porcentajes entre las actas de recibo y los informes de los participantes del acuerdo de voluntades, ello en sí mismo no desvirtuó que se hubiera ejecutado el contrato en solo un 66,47%, ya que la parte actora no entabló ningún argumento dirigido a controvertir dicho valor, verbi gratia, acreditando que sí satisfizo sus deberes, motivo por el cual también se encuentra acertada la conclusión de la Policía Nacional al respecto, máxime si se tiene en cuenta que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos de declaratoria de incumplimiento frente a dicho aspecto. En ese orden de ideas, no se evidencia ninguna deficiencia probatoria respecto de los actos de declaratoria de incumplimiento enjuiciados, pues son concordantes con la situación de incumplimiento presentada. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1608 ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VICIOS EN LA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO LEGAL / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Se acreditó la nulidad de los actos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de obra, llave en mano, debido a una imputación ambigua de los motivos de incumplimiento? Respuesta al problema jurídico: No Tercero, la Sala considera que, en línea con el primer subcargo de apelación analizado, en el cual se concluyó que el consorcio SM incumplió el contrato No. 08- 6-160204-2012, es claro que no se hizo una imputación ambigua de los motivos de incumplimiento, sino que, al contrario, la Policía Nacional le puso de presente al contratista las circunstancias de su desatención obligacional y el porcentaje de ello (...), sin que el simple hecho de que se hubiera basado por lo dicho por la interventoría fuera suficiente para descartar lo hallado por aquella, como ya se explicó. De hecho, el incumplimiento del consorcio SM resulta tan evidente que este mismo buscó salidas como la transacción para llegar a un acuerdo que le permitiera resolver la disputa en forma directa (...), aunado a lo cual no se acreditó en el expediente que hubiera formulado reparos frente a las decenas de informes de la interventoría y la Policía Nacional advirtiendo la situación durante todo el plazo del contrato. Entonces, se concluye que la imputación del incumplimiento fue clara y coherente con las situaciones que se venían presentando frente al contrato y, de esa forma, no se incurrió en ningún vicio de legalidad frente a dicho aspecto. ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / HONORARIOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD POR OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO LLAVE EN MANO / ENTREGA DE BIEN / ACTO ADMINISTRATIVO LEGAL / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Se acreditó la nulidad de los actos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de obra, debido a que por el simple hecho de que el contrato era de llave en mano solo se podía reputar incumplido hasta la entrega total del bien? Respuesta al problema jurídico: No Cuarto, la Sala tampoco considera acertado concluir que por el simple hecho de que el contrato era de llave en mano solo se podía reputar incumplido hasta la entrega total del bien. Sobre dicha modalidad de contratación, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el contrato estatal de llave en mano consiste en que el contratista de un negocio jurídico de obra tiene un rol mayor respecto de otras figuras como el precio global o los precios unitarios, por cuanto se encarga no solo de la construcción, sino de los diseños, estudios e incluso de la contratación de personal de ahí que asume mayores riesgos y tiene un rol mucho más amplio respecto de otras figuras. Precisado lo anterior, de ninguna manera se coincide en que la modalidad de llave en mano del contrato de obra lleva a que solo se pueda declarar el incumplimiento hasta que se haga la entrega total de la obra, pues ello llevaría, simplemente, a tornar en inocua dicha figura. Por el contrario, la desatención obligacional en esa modalidad se puede verificar desde el primer momento, en especial si se tiene en cuenta que, como el contratista tiene un rol más importante, cualquier desconocimiento de sus deberes puede perjudicar ampliamente el iter negocial desde sus primeros estadios. Ciertamente, como el contrato No. 08-6-160204-2012 se suscribió bajo la modalidad de llave en mano, en concordancia con el anexo 2 del acuerdo de voluntades, el consorcio SM tenía el deber de gestionar no solo la infraestructura, sino sus estudios técnicos y las autorizaciones frente a empresas de servicios públicos domiciliarios, lo cual se hizo en forma defectuosa, como se detalló en los hechos probados, aspecto que justificó que, desde el primer momento de la concreción obligacional se hubiera puesto de presente la deficiencia en su gestión. En suma, tampoco se vislumbra irregularidad alguna por el hecho de que, aunque el acuerdo de voluntades fuera de llave en mano se hubiera declarado su incumplimiento antes de la entrega total del bien. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el contrato llave en mano, ver: Consejo de Estado: Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 16 de diciembre de 1997, exp. 1013. C.P. Augusto Trejos Jaramillo y Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 27 de febrero de 2020, exp.11001-03-26-000-2018-00012-00(60714), C.P. María Adriana Marín ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTO ADMINISTRATIVO LEGAL / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Se acreditó la nulidad de los actos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de obra, llave en mano, porque era irrelevante su retraso frente a actividades como las labores de cierre perimetral,? Respuesta al problema jurídico: No Quinto, aunque la parte apelante sostuvo que al consorcio SM no se le puede declarar el incumplimiento porque era irrelevante su retraso frente a actividades como las labores de cierre perimetral, ello no puede verse de manera aislada, sino en forma sistemática respecto de toda la ejecución del acto jurídico, proceder que evidencia que, claramente, esa no fue su única obligación insatisfecha, sino que desconoció toda una serie de labores esenciales para que el proyecto culminara adecuadamente y en tiempo, de ahí que el aspecto en cuestión no lo excuse y, por consiguiente, se encuentre justificada la declaratoria de incumplimiento. En conclusión, se evidencia una vez más que las Resoluciones Nos. 422 del 28 de marzo de 2014 y 498 del 14 de abril de 2014, mediante las cuales se declaró el incumplimiento del acuerdo de voluntades, se ajustaron a derecho y no incurrieron en ninguno de los vicios invocados en sede de apelación. ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL PLAZO / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / ACTO ADMINISTRATIVO LEGAL / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PLAZO / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se acreditó la nulidad de los actos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de obra, llave en mano, debido a la negativa de la Policía Nacional en aprobar una de las varias solicitudes de prórroga? Respuesta al problema jurídico: No Por último, aunque el extremo apelante consideró que la Policía Nacional estaba obligada a aceptar una nueva prórroga del contrato en lugar de suscribir el acto que declaró el incumplimiento, se considera que ello no era así, por el simple motivo de que la suscripción de los acuerdos de voluntades por el Estado en el régimen de la Ley 80 de 1993 y sus reformas está sujeto a la voluntariedad y la autonomía de la voluntad como premisas esenciales para obligarse, en concordancia con el artículo 40 de ese estatuto. Previo a desarrollarse el argumento anterior, es conveniente advertir que, si bien párrafos atrás se desestimó la naturaleza de acto administrativo de la decisión que negó la prórroga solicitada por el consorcio SM, en realidad de su demanda y las apelaciones también se lee que la falta de aceptación de una nueva extensión en el plazo se dirigió como reproche contra las decisiones mediante las cuales se declaró el incumplimiento, de ahí que corresponda analizar ese aspecto, solo para determinar si, en lugar de esa última decisión la entidad estatal se vio forzada a aceptar un mayor interregno negocial. Precisado lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado en distintas ocasiones que las entidades pueden suscribir todo tipo de contratos, eso sí, con límite en el interés general, en el principio de planeación y en la selección objetiva, mandatos a partir de los cuales no existe una liberalidad absoluta para ese fin, pues la celebración de esos negocios jurídicos debe propender por la realización de los derechos de los individuos y, así, debe llevar a la materialización de los fines del Estado (...) Empero, el hecho de que el Estado esté sometido al interés general y la selección objetiva de ninguna manera implica que esté forzado a suscribir una prórroga para llevar a que finalice el contrato, como lo sugirió la parte apelante, pues ello, al contrario, llevaría a que el acuerdo de voluntades estatal quedara sometido a la voluntad de una sola de las partes, y lo que es peor, al arbitrio discrecional de alguna de aquellas. Por ello, no le asiste razón al extremo apelante en considerar que la Policía Nacional debía suscribir forzosamente una prórroga con el consorcio SM en lugar de declarar el incumplimiento, en especial si se tiene en cuenta que le otorgó cuatro ampliaciones al plazo y una modificación del contrato anteriormente y, aun así, incumplió abierta y sistemáticamente el contrato. Las anteriores consideraciones tornan en inane analizar si la Policía Nacional contaba con presupuesto o no para ampliar nuevamente el contrato, pues aun cuando lo hubiera tenido ello en sí mismo no era suficiente para volver a aceptar la ampliación del interregno de ejecución del contrato. A su turno, tampoco es dable tener en cuenta la afirmación de los apelantes según la cual, de habérsele otorgado al consorcio SM un plazo adicional habría finalizado la obra, pues se trata de una eventualidad no sustentada en certezas, aspecto respecto del cual correspondía acreditar tal situación y, no obstante, no existe prueba que dé cuenta de ello y, contrario a ello, se encuentra suficientemente demostrado que pese a que el contratista convino con la Policía Nacional cuatro ampliaciones al término de ejecución del contrario, desatendió sus deberes negociales (...) Por lo indicado es claro que la negativa a la prórroga del contrato de ninguna forma constituyó un incumplimiento de la Policía Nacional, ni mucho menos llevaba a concluir que los actos mediante los cuales se declaró el incumplimiento fueron contrarios a derecho. En virtud de lo expuesto, la Sala concluye de manera general que el contrato No. 08-6-160204-2012 fue incumplido por el consorcio SM, lo que justificó que, justamente, por medio de las Resoluciones Nos. 422 del 28 de marzo de 2014 y 498 del 14 de abril de 2014 se declarara su incumplimiento y se hiciera efectiva la cláusula penal, actuaciones que se ajustaron a derecho, pues no incurrieron en una falsa motivación, desviación de poder, en una infracción de las normas superiores, ni fueron expedidas irregularmente o en desconocimiento del debido proceso. Como consecuencia, el primer cargo no prospera. NOTA DE RELATORÍA: Sopre la autonomia de la voluntad, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 12 de diciembre de 2017, exp. 11001-03-06-000-2017-00071-00 (2338),C.P. Oscar Dario Amaya Navas. Sobre la posibilidad de suscribir diferentes tipos de contrato por parte de las entidades, siempre con lleven a materializar los fines del Estado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de octubre de 2024. Radicado 52001-23-33-000-2018-00555-01(67567), C.P. Nicolás Yepes Corrales. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40 ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL EN DEBIDA FORMA / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / EXCEPCIONES DE LA LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO / ACTO ADMINISTRATIVO LEGAL / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se acreditó la nulidad de los actos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de obra, llave en mano, debido a que no se citó al contratista para efectuar el corte de cuentas en forma bilateral y se incurrió en contradicciones frente a los porcentajes de avance de obra contenidos en declaraciones previas de la Administración en la liquidación unilateral del contrato? Respuesta al problema jurídico: No La liquidación unilateral del contrato se hizo con apego al debido proceso y a las garantías procedimentales Los apelantes consideraron que el a quo también debió acceder a la pretensión de nulidad del acto administrativo mediante el cual se liquidó unilateralmente el contrato -Resolución No. 696 del 29 de abril de 2014-, pues además de que no se citó al contratista para efectuar el corte de cuentas en forma bilateral, se incurrió en contradicciones frente a los porcentajes de avance de obra contenidos en declaraciones previas de la Administración. Sobre el particular, corresponde comenzar por indicar que en el contrato No. 08-6- 160204-2012 se convino que su liquidación se efectuaría “de conformidad con lo señalado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007” (...), por lo que, en efecto, debía agotarse la posibilidad de un corte de cuentas bilateral para, de no lograrse en esos términos, efectuarse unilateralmente. Con todo, está plenamente acreditado que la Policía Nacional sí le planteó al consorcio SM que liquidaran bilateralmente el contrato mediante oficio No. S-2014 007659 ARAFI GRUIN— 29.5 del 22 de abril de 2014 (...) y, sin embargo, el contratista guardó silencio, lo que a la postre habilitaba a la entidad estatal a efectuar el corte de cuentas unilateralmente, en los términos del contrato y de la normativa que le era aplicable. Efectivamente, el querer del legislador en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 al prever la liquidación unilateral es que la falta de acuerdo sobre el corte de cuentas no impida que la Administración quede atada de manos, ya sea para pagar los saldos pendientes en favor del contratista, o para perseguir los remanentes a que tiene derecho, sin que para efectos de requerir al contratista se hubiera previsto un procedimiento especial, por lo que basta con convocarlo para que acuda a realizar conjuntamente dicha labor y, de no asistir, la entidad contratante queda investida para realizar el balance de activos y pasivos por su cuenta. Así pues, se evidencia que la Policía Nacional cumplió con requerir al consorcio SM para que liquidara el contrato, sin que fuera necesario un ritual específico y/o adicional, o sin que el silencio del contratista le impidiera establecer los saldos a su favor, por lo que su ausencia pese a haber sido citado habilitaba a la entidad contratante a realizar el corte de cuentas unilateralmente y, por lo tanto, con ello la demandada no incurrió en irregularidad alguna. Por otro lado, ya se detalló en el análisis del primer cargo de apelación que la parte apelante no demostró ninguna irregularidad en la definición del porcentaje de incumplimiento en un 66,47%, debido a que no probó en qué medida satisfizo las obligaciones respecto al porcentaje faltante y, en general, se limitó a efectuar meras conjeturas para cuestionar tal valor. Por el contrario, es claro que la liquidación unilateral se atuvo a dicho avance de la obra en concordancia con toda la documentación atinente al iter negocial. A partir de las consideraciones esbozadas, no se evidencia ningún vicio frente a la Resolución No. 696 del 29 de abril de 2014 en cuanto a los cargos de apelación analizados, pues frente a dichos puntos fue dictada en derecho, por cuanto se motivó en los hechos y motivos de derecho procedentes, su finalidad es afín al interés general, no fue producto de ninguna irregularidad y se emitió en concordancia con la normativa superior y en línea con las Resoluciones Nos. 422 del 28 de marzo de 2014 y 498 del 14 de abril de 2014 mediante las cuales se declaró el incumplimiento y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria, de ahí que, como el extremo apelante no desvirtuó su presunción de legalidad frente a los cuestionamientos estudiados, no haya lugar a anularla y, por ende, el segundo cargo de apelación no prospera. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD PARCIAL / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LOS PERJUICIOS / CÁLCULO DE LOS PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN PREVIA DE PERJUICIOS / LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS / MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PERJUICIOS / TASACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / MOTIVACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / LIMITES A LA LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS / REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / VALORACIÓN DE LOS PERJUICIOS / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / TASACIÓN DE PERJUICIOS / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REVOCATORIA PARCIAL DE LA SENTENCIA / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Las resoluciones acusadas desconocieron, de forma parcial, el ordenamiento jurídico frente a la indemnización anticipada prevista, debido a que, adolecieron de una falsa motivación y una falta de motivación, pues se erró en el cálculo de los perjuicios por no haberse restado el valor de los adicionales respecto de la pena pecuniaria y por no haberse sustentado su quantum? Respuesta al problema jurídico: Si Las Resoluciones Nos. 422 del 28 de marzo de 2014 y 696 del 29 de abril de 2014 desconocieron parcialmente el ordenamiento jurídico frente a la indemnización anticipada prevista (...) La Previsora S.A Compañía de Seguros alegó en su recurso de apelación que tanto las Resoluciones Nos. 422 del 28 de marzo de 2014 y 498 del 14 de abril de 2014 mediante las cuales se declaró el incumplimiento y se hizo efectiva la cláusula penal del contrato No. 08-6-160204-2012, como el acto administrativo No. 696 del 29 de abril de 2014, a partir del cual se liquidó el acuerdo de voluntades, adolecieron de una falsa motivación y una falta de motivación, debido a que se erró en el cálculo de los perjuicios por no haberse restado el valor de los adicionales respecto de la pena pecuniaria y por no haberse sustentado su quantum por la suma de $230’400.000. En la medida en que el anterior reproche involucra un cuestionamiento de legalidad tanto de los actos de incumplimiento como del de liquidación, y como se anunció en el acápite de problema jurídico, ello será analizado de manera conjunta. Al respecto se encuentra probado que, en la cláusula décima sexta del acuerdo de voluntades los cocontratantes dispusieron que la cláusula penal consistiría en una estimación anticipada de perjuicios que, en todo caso, no impedía el cobro de otros adicionales por encima del monto pactado, siempre que se acreditaran (...) Por otro lado, posterior a la ejecución negocial, el 28 de marzo de 2014 la Policía Nacional expidió la Resolución No. 422, en virtud de la cual declaró el incumplimiento del consorcio SM frente al contrato No. 08-3-160204-2012. Al efecto, también hizo efectiva la cláusula penal por la suma de $114’987.375 y dispuso el pago de perjuicios adicionales por el tiempo que se dejó de rentar la infraestructura por la suma de $230’400.000 (...) Lo anterior fue ratificado mediante la resolución No. 696 del 29 de abril de 2014, por medio de la cual, como ya se indicó acápites atrás, la entidad contratante liquidó el acuerdo de voluntades y estableció dentro de los valores del corte de cuentas el de la cláusula penal por $114’987.375 y $230’400.000 por concepto de perjuicios. A su vez, se fijaron sumas adicionales, en específico: i) $375’315.777,46 por concepto de anticipo no amortizado y ii) $187’420.370,65 por los intereses de la suma anterior, todo lo cual sumó $908’123.523,62 (...) Los sucesos expuestos revelan que, en esencia, la Policía Nacional calculó como saldos a su favor tanto el valor la cláusula penal, en los términos de lo convenido en la cláusula decimosexta del contrato No. 08-6-160204-2012, como también un emolumento adicional, correspondiente a perjuicios adicionales que, de entrada, la Sala desestima que pudiera determinarse por cuenta propia de la entidad contratante, como se pasa a explicar. El artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 dispuso que, en ejercicio del debido proceso, la entidad estatal podría declarar el incumplimiento del contrato con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, figura que ha sido entendida por la jurisprudencia del Consejo de Estado como una estimación anticipada de perjuicios que, entre otros, persigue la indemnización temprana de perjuicios por la mora del sujeto a quien se le impone y que se hará efectiva siempre que la contraparte negocial no haya satisfecho sus deberes y en el específico contexto de lo convenido. Como se observa, dentro de las potestades de la Administración no se incluyó la estimación de perjuicios más allá de la pena convencional pactada, por lo que en caso de que la parte cumplida considerara que se causaron otros menoscabos adicionales, debía acudir al juez respectivo para pedir la indemnización correspondiente (...) Así las cosas, para esta Subsección es claro que la Policía Nacional desbordó sus atribuciones como entidad pública respecto a la estimación de perjuicios con ocasión de las resoluciones enjuiciadas, ya que solamente podía restringirse a estimar los perjuicios anticipados correspondientes a la cláusula penal pecuniaria y, no obstante, terminó liquidando también menoscabos que denominó “adicionales” y que le correspondía solicitar, eventualmente, en sede judicial. La circunstancia descrita lleva a que se encuentre acreditada una falsa motivación respecto a las Resoluciones Nos. 422 del 28 de marzo de 2014 y 696 del 29 de abril de 2014, aunque solo en lo atinente a los “perjuicios adicionales” estimados por la suma de $230’400.000, ya que aquellos no podían ser determinados dentro de las decisiones de incumplimiento y liquidación unilateral automáticamente por la Policía Nacional, en especial si se tiene en cuenta que el concepto de esa suma correspondió a arriendos que se hubieran percibido, sin que hubiera mayor sustento de ello, verbi gratia una individualización del canon de cada apartamento construido. Por el contrario, y como ya se indicó, las decisiones mediante las cuales se declaró el incumplimiento y se liquidó el negocio jurídico de estudio no resultaron ser irregulares en los demás puntos, de manera que solo corresponde anular: i) Parcialmente el artículo 2 de la Resolución No. 422 del 28 de marzo de 2014 (...) ii) Parcialmente los artículos 1 y 2 de la Resolución No. 696 del 29 de abril de 2014, en todo lo referido a la causación de perjuicios adicionales (...) En lo que respecta a la Resolución No. 498 del 14 de abril de 2014, en virtud de la cual se confirmó el acto administrativo que declaró el incumplimiento del contrato, se aclara que no hay lugar a anularla, pues retirada del ordenamiento jurídico la disposición que estableció los perjuicios adicionales que no procedían, el resto del acto administrativo No. 422 del 28 de marzo de 2014 se debe mantener incólume, por lo que con mayor razón debe suceder lo propio con la actuación que negó su reposición. En tal virtud, el cruce de cuentas debe restringirse a los saldos que sí se estimaron debidamente, (...) lo cual arroja un total de $677’723.523,62 en favor de la Policía Nacional, suma frente a la cual, cabe precisar, no procede efectuar su indexación y/o determinación de intereses pues ello no fue pedido en la demanda. En ese orden de ideas, esta Corporación accede al cargo de apelación analizado y, como consecuencia, anulará parcialmente las resoluciones señaladas, solo en lo que se refiere a la fijación de perjuicios adicionales por la Policía Nacional, pues no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados frente a los demás aspectos que aquellos incorporaron. Como consecuencia, se revocará la sentencia del 24 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, para en su lugar acceder parcialmente a lo pretendido. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la necesidad de acudir al juez para reclarmar los perjuicios adicionales a la cláusula penal pecuniaria, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 5 de agosto de 2020, exp. 25000-23-26-000-2006-02238-01(45183), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, Sentencia del 12 de enero de 2024, exp. 11001-31-03-041-2020-00020-01(SC507-2023). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 28 de noviembre de 2019, exp. 11001032600020090003400(36600), C:P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Debe condenarse de forma parcial en costas debido a que al consorcio S.M.y a la sociedad EAR ingenieros Ltda les prosperó el recurso parcialmente, sin incluir agencias en derecho debido a que la demandada no intervino en segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: Si [S]e condenará parcialmente en costas al consorcio S.M. y a la sociedad EAR Ingenieros Ltda., quienes interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que la demanda prosperó parcialmente, amén de la procedencia del cargo de falsa motivación de las resoluciones cuestionadas y de la negativa de las demás pretensiones del escrito inicial, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la demandada no intervino en segunda instancia, de tal manera que aquellas no se entienden causadas. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las agencias en derecho, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 17001233300020120017601(51034), C.P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=470012333000201400400011100103