Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →

DETERMINACIÓN DE LOS PERJUICIOS

11 documentos encontrados
Ordenar:
Atención: tienes 1 filtro marcado Permanece activo en tus búsquedas hasta que lo quites.
Consejo de Estado Providencia

No están probados los perjuicios causados y, se impone negar las pretensiones de la demanda que persiguen la responsabilidad contractual del contratista demandado y su aseguradora, pero por las razones aquí expuestas.

Sentencia — Sentencia 2022-07-06 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233100020070153601 ACCION CONTRACTUAL
¿La parte actora demostró los perjuicios que le ocasionó el contratista derivados del incumplimiento del contrato y por ende procede la efectividad de la garantía de cumplimiento? No
El contratista no debe indemnizar los perjuicios reclamados por la entidad estatal derivados del incumplimiento del contrato de salud, ya que la entidad no probó adecuadamente la existencia y cuantía de dichos perjuicios, a pesar de su carga probatoria. Aunque el incumplimiento del contrato se demostró, la entidad no presentó pruebas suficientes para establecer la afectación específica y cuantificable de sus derechos. La Sala reitera la importancia de la carga probatoria en acciones de controversias contractuales y matiza la aplicación de la cláusula compromisoria en contratos de seguro de cumplimiento, considerando la postura vigente al momento de la presentación de la demanda, lo que implica que las partes deben estar atentas a las interpretaciones jurisprudenciales vigentes en el tiempo de la presentación de sus acciones.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales fue presentada en término?
Consejo de Estado Providencia

Puede concluirse, con base en el análisis probatorio realizado, que el dictamen pericial carece de idoneidad técnica y sustento fáctico suficiente para acreditar con certeza los perjuicios alegados por el contratista.

Sentencia — Sentencia 2025-08-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 76001233300020220058101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede concluirse, con base en el análisis probatorio realizado, que el dictamen pericial carece de idoneidad técnica y sustento fáctico suficiente para acreditar con certeza los perjuicios alegados por el contratista? Sí
El contratista no puede acreditar con certeza los perjuicios alegados por la insuficiencia y falta de idoneidad técnica del dictamen pericial, que no discrimina ingresos propios de los recibidos en nombre de terceros, omite considerar estados financieros y oferta económica, y carece de soporte documental para costos de nómina y arrendamientos. Además, la prolongación del contrato por prórrogas adicionales no fue probada como causante de perjuicios ciertos. La entidad no incurrió en omisión de decreto de prueba de oficio, y la condena en abstracto no procede por la ausencia de prueba del perjuicio, lo que implica que la entidad estatal no está obligada a indemnizar por perjuicios no acreditados.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe rechazarse la imposición de una condena en abstracto cuando no se ha acreditado la existencia cierta del perjuicio y la parte demandante no cumplió con su carga probatoria conforme al artículo… ¿Procede la condena en costas de la parte apelante por habérsele resuelto de manera negativa el recurso de apelación?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Contrato estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-08-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020140017901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y al artículo 2 de la Ley 80 de 1993, que la cesión realizada entre el Departamento de Cundinamarca y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. alteró el régimen jurídico sustancial del contrato estatal SOP-A-194-2006? No
La cesión de la posición contractual de un departamento en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios oficial no altera el régimen jurídico sustancial del contrato estatal celebrado antes de la cesión. La regla se apoya en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, según el cual en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, y en que el departamento, como entidad enlistada en la Ley 80 de 1993, somete el contrato al estatuto general de contratación pública. Ese régimen no muta por el solo hecho de la cesión, pues las prerrogativas del contrato se transfieren al cesionario. En el caso, el contrato fue suscrito inicialmente por el departamento y el consorcio contratista, y su régimen estatal se mantuvo tras la cesión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el contrato cedido continúa rigiéndose por las normas vigentes al celebrarse, y el cambio de titular no modifica la naturaleza estatal de la relación.síntesis automática
También resuelve: ¿Es aplicable el artículo 136, numeral 10, del Código Contencioso Administrativo para efectos de contabilizar el término de caducidad del medio de control judicial en relación con el contrato estatal… ¿Debe reconocerse al contratante una indemnización adicional por los conceptos no aceptados por el tribunal a quo, como la instalación de tuberías, reparaciones del acueducto, diagnóstico de la obra… ¿Puede la Sala abstenerse de imponer costas en segunda instancia conforme al artículo 365 numeral 5 del CGP, cuando el recurso de apelación prospera parcialmente…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles

Sentencia — Sentencia 2025-09-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 70001233300020150052401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse el puente sobre el arroyo? Sí
El contratista no es responsable de poner a disposición los bienes inmuebles sobre los cuales debe construirse la obra, siendo esta obligación del contratante, en este caso el Invías, conforme a la cláusula vigesimoquinta del contrato y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala considera que la gestión predial es una obligación del contratante, quien debe poner a disposición del contratista los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de la obra. Esta regla reitera la responsabilidad del contratante en la gestión predial y la puesta a disposición de los bienes inmuebles, lo que implica que el contratista puede reclamar prórrogas y mayor permanencia en obra en caso de retardo por parte del contratante en la entrega de los bienes necesarios.síntesis automática
También resuelve: ¿Para las partes era pacífico que a la entidad estatal le correspondía poner a disposición de su contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse la obra contratada? ¿Se tiene por acreditada la causa que la accionante alegó ocasionó la mayor permanencia en obra por el retardo en la puesta a disposición suya, por parte del Invías… ¿Las partes contratantes, en ejercicio de su autonomía privada, llegaron a un acuerdo respecto a las consecuencias patrimoniales que para el contratista podían derivarse de la mayor duración del…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso de repetición en segunda instancia

Sentencia — Sentencia 2024-03-18 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 19001233300020180005301 LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso de repetición en segunda instancia, por razón de su cuantía? Sí
En el medio de control de repetición tramitado bajo la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra sentencias de los tribunales administrativos cuando la pretensión supera la cuantía legal, de modo que la competencia se determina por el factor objetivo además del subjetivo. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los artículos 149, 152 y 155 de esa ley regularon la competencia funcional del medio de control y derogaron el criterio de conexidad del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Segunda, la cuantía se introdujo como factor objetivo para los asuntos de doble instancia, mientras el factor subjetivo subsiste para los de única instancia. Tercera, el numeral 11 del artículo 152 asigna a los tribunales la primera instancia de repeticiones que superen 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que define la vía de la apelación. Como el proceso se inició bajo esa ley, la competencia se fija por la norma vigente al momento de la demanda. La consecuencia práctica es que la pretensión que supera el umbral legal habilita la apelación ante el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿En el medio de control de repetición la contabilización del término de caducidad se determina por la fecha del pago de la condena judicial realizado por la entidad pública? ¿Las pruebas trasladadas de los procesos penal y disciplinario cumplen con los requisitos para ser tenidas en cuenta? ¿El Juez al momento de adoptar la decisión que corresponda, se rige por el principio iura novit curia, que le impone encontrar los fundamentos jurídicos de su decisión?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

¿Demostró la parte actora la excepcional onerosidad que abra paso a las pretensiones condenatorias contra el CSJ?

Sentencia — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 73001233300020150016601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Demostró la parte actora la excepcional onerosidad que abra paso a las pretensiones condenatorias contra el CSJ? No
El contratista que reclama el restablecimiento del equilibrio económico por suspensiones y mayor permanencia en la obra debe acreditar los costos adicionales en que incurrió y la utilidad dejada de percibir, pues sin esa prueba la pretensión de condena no prospera. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la carga de la prueba corresponde a quien alega el supuesto de hecho, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Segunda, en el caso no se demostraron los costos adicionales derivados de las suspensiones, de modo que el perjuicio material no quedó acreditado. Tercera, el consorcio tampoco acreditó la utilidad dejada de percibir por la mayor permanencia en la obra, por lo que no existen elementos para establecer la utilidad proyectada. La providencia confirma la sentencia que negó las pretensiones y no introduce cambio de criterio. La consecuencia práctica es que la reclamación por mayor permanencia debe respaldarse con prueba específica de costos y de utilidad, y no puede fundarse solo en la existencia de las suspensiones.síntesis automática
También resuelve: ¿Aportó el demandante las pruebas que permitan acreditar los costos administrativos en que incurrió y la utilidad dejada de percibir que reclama? ¿La liquidación bilateral requiere que el necesario acuerdo de voluntades de las partes revista la formalidad del escrito? ¿El pago de las actas mensuales de obra no quedó supeditado a un término o plazo específico sino al cumplimiento por parte del contratista de una serie de condiciones?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-06-28 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020160241701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿De conformidad con los hechos probados, la entidad pública demandada incumplió el contrato y se reúnen los presupuestos de la responsabilidad contractual? No
La responsabilidad contractual de la entidad exige acreditar el incumplimiento de una obligación concreta del contrato, y la interpretación lógica, sistemática, integral y racional del negocio prevalece sobre la lectura aislada de una de sus cláusulas. La regla se apoya en que, conforme a esa interpretación, la entidad debía reconocer el saldo pendiente según el valor total ofertado, previa aprobación del supervisor del informe final de ejecución, sin condicionarlo al porcentaje de ejecución de las obras. Además, el incumplimiento debe probarse con el material del expediente, y en el caso el supervisor solo justificó parte de los recursos empleados por la interventoría. En el asunto, la Sala no encontró configurada la responsabilidad contractual de la entidad, pues no quedó acreditado que incumpliera la obligación del parágrafo cuarto de la cláusula décima, y confirmó la decisión. En la práctica, la entidad no responde por una obligación cuyo incumplimiento no se demuestre en el proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditaron los presupuestos de la teoría de la imprevisión, esto es, se demostró que se presentaron circunstancias extraordinarias… ¿El Consejo de Estado es competente para conocer del medio de control de controversias contractuales suscrito por una entidad que ostenta la calidad de empresa de servicios públicos domiciliarios y… ¿El medio de control de controversias contractuales ejercido por la parte actora es adecuado, por cuanto el demandante persigue que se declare el incumplimiento de un contrato de interventoría y el…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Las controversias derivadas del incumplimiento de los convenios interadministrativos pueden ser resueltas judicialmente a través del medio de control de controversias contractuales.

Sentencia — Sentencia 2025-02-21 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020190027001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las controversias derivadas del incumplimiento de los convenios interadministrativos pueden ser resueltas judicialmente a través del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista puede resolver judicialmente controversias derivadas del incumplimiento de convenios interadministrativos a través del medio de control de controversias contractuales, ya que estos acuerdos se consideran contratos que generan derechos y obligaciones vinculantes entre entidades públicas, permitiendo la exigibilidad de las obligaciones y la posibilidad de indemnización por daños. La ausencia de una reglamentación específica para estos convenios implica que su regulación se basa en la autonomía de la voluntad y en los principios generales del derecho contractual, incluyendo la buena fe y la normatividad de los contratos, lo que permite determinar el alcance de las obligaciones y resolver conflictos derivados de su naturaleza. Los convenios interadministrativos se caracterizan por su finalidad de cooperación entre entidades públicas sin ánimo de lucro, su naturaleza atípica y su desarrollo en un plano de igualdad entre las partes, lo que implica que deben cumplirse en consonancia con la finalidad perseguida por el legislador al concebir estos instrumentos.síntesis automática
También resuelve: ¿La ausencia de una reglamentación específica para los convenios interadministrativos implica que su regulación debe basarse en la autonomía de la voluntad y en los principios generales del derecho… ¿Los convenios interadministrativos se caracterizan por su finalidad de cooperación entre entidades públicas sin ánimo de lucro… ¿El rasgo "causa" de los convenios interadministrativos explicita los principios constitucionales de coordinación y colaboración administrativa y el cumplimiento de los deberes positivos de conducta…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Tiene jurisdicción y competencia el Consejo de Estado para conocer de controversia suscitadas en virtud

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 08001233100019930760701 ACCION CONTRACTUAL
¿Tiene jurisdicción y competencia el Consejo de Estado para conocer de controversia suscitadas en virtud de contratos administrativos y de contratos de derecho privado de la administración de que trata el Decreto Ley 222 de 1983, aun cuando no se hubiera pactado cláusula de caducidad? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias originadas en contratos administrativos y en contratos de derecho privado de la administración regidos por el Decreto Ley 222 de 1983, aunque no se haya pactado cláusula de caducidad, porque el criterio que determina la competencia es orgánico. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el criterio orgánico asigna la competencia en función de la naturaleza pública de la entidad contratante, con independencia del régimen del contrato. Segunda, el litigio versa sobre la legalidad de actos administrativos contractuales y sobre el incumplimiento y la nulidad de contratos suscritos por un ente territorial, por lo que se cuestiona la validez de decisiones de la administración. Tercera, la competencia de segunda instancia se determina por la cuantía de las pretensiones al momento de presentarse la demanda, conforme al Código Contencioso Administrativo vigente. La providencia modifica la decisión de primera instancia en lo que corresponda. La consecuencia práctica es que la ausencia de cláusula de caducidad no excluye a la jurisdicción contencioso administrativa cuando el contrato es celebrado por una entidad pública.síntesis automática
También resuelve: ¿El pacto arbitral estipulado en el contrato impide al Consejo de Estado asumir competencia en este caso? ¿Procede la acción contractual para solicitar la nulidad parcial de la resolución que declara el incumplimiento del contrato de prestación de servicios de aseo y arrendamiento, la que la confirma… ¿La demanda principal y la demanda de reconvención se interpusieron en tiempo, esto es dentro de los dos años del término de caducidad?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

A este efecto, conviene reiterar que durante la ejecución del contrato estatal no todas las expresiones de la entidad pública contratante se califican como un acto administrativo no todas sus manifestaciones constituyen declaraciones unilaterales de voluntad en ejercicio de la función administrativa, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas.

Sentencia — Sentencia 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 47001233300020140040001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las tradicionales comunicaciones en el contexto de la ejecución contractual, como en este caso, las decisiones que negaron la solicitud de prórroga del contrato, son pasibles de control judicial? No
El contratista no puede someter a control judicial las decisiones que niegan la solicitud de prórroga del contrato, ya que estas no constituyen actos administrativos, sino simples comunicaciones en el contexto de la ejecución contractual que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas. La Sala establece que, para que una decisión sea considerada un acto administrativo, debe tener un efecto jurídico directo y alterar los derechos y obligaciones del contrato. En este caso, la negativa a la prórroga no modificó el plazo inicialmente convenido ni creó nuevas obligaciones, por lo que no es susceptible de control judicial. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y limita la competencia del juez contencioso administrativo a los actos administrativos genuinos, excluyendo las comunicaciones que no alteran el contenido del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede la Sala, emitir algun pronunciamiento respecto a los cuestionamientos de las multas, de la nulidad del contrato y de la extemporaneidad de la liquidación unilateral por hacerse dentro de los 4… ¿Cuenta con valor probatorio un dictamen pericial rendido por un perito sin las cualidades requeridas por el Tribunal a quo, esto es, contar con una especialización en gerencia de proyectos… ¿Se acreditó la nulidad de los actos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de obra, llave en mano, por parte del consorcio demandante?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: la entidad no puede establecer unilateralmente un monto superior al fijado en la cláusula penal pecuniaria

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-09-25 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 15001233300020190035201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad no puede establecer unilateralmente un monto superior al fijado en la cláusula penal pecuniaria, pues, de considerar que el mismo es insuficiente está impelida a demandar y probar dentro del respectivo proceso judicial tal circunstancia? Sí
Cuando se estipula en un contrato estatal la cláusula penal pecuniaria como tasación anticipada [de] los perjuicios provenientes del incumplimiento [del] contratista, la entidad no puede establecer unilateralmente un monto superior al fijado en ella… , pues de considerar que el mismo es insuficiente, porque los perjuicios sufridos lo rebasaron, está impelida a demandar y probar dentro del respectivo proceso judicial tal circunstancia, para que sea el juez [quien] determine la condena a la que haya lugar. [Si es] la misma entidad la que establece que el grado de incumplimiento de su contratista le acarreó perjuicios por un monto inferior al porcentaje establecido en la cláusula penal, estimo que nada obsta para que así lo determine al momento de ordenar su efectividad y proceder al cobro de la respectiva indemnización, pues con ello no se está desconociendo… , lo que las mismas partes pactaron en el contrato y, por el contrario…
También resuelve: ¿La cláusula penal implica una presunción en relación con el monto de los perjuicios, que releva a la entidad de la obligación de efectuar su cuantificación?