Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
¿Resulta procedente reconocer el desequilibrio económico del contrato de interventoría por mayor permanencia en obra derivada de la falta de gestión y mala planeación del proyecto de obra, cuando se observa que en el contrato se pactó una etapa de revisión y ajuste de los estudios y diseños entregados por la entidad, y que la contratista, al momento de la presentación de la propuesta, afirmó que conocía dichos documentos? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento de un desequilibrio económico en un contrato de interventoría debido a una mayor permanencia en obra derivada de la falta de gestión y mala planeación del proyecto, cuando en el contrato se pactó una etapa de revisión y ajuste de los estudios y diseños entregados por la entidad y el contratista afirmó conocer dichos documentos al presentar la oferta. Además, la Sala rechaza la pretensión del contratista por falta de prueba, ya que no aportó documentos ni pruebas técnicas que demuestren la realización de actividades adicionales o la mayor permanencia en obra y la utilidad dejada de percibir. La decisión confirma que la demandante debe ser condenada en costas y agencias en derecho, lo que implica que debe asumir los gastos del proceso judicial.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente reconocer el desequilibrio económico del contrato de interventoría por mayor permanencia en obra derivada de la falta de gestión y mala planeación del proyecto de obra…¿Debe condenarse en costas a la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
Sentencia — Sentencia2023-01-26Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 11001032600020220004400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Ninguno de los argumentos planteados por el recurrente se enmarca en los supuestos que ha identificado la Sala para la procedencia de la causal? Sí
La Sala negará la procedencia del recurso. En oportunidades anteriores se ha indicado que la causal 7, sobre el laudo en conciencia o equidad, se configura cuando el laudo carece realmente de motivación probatoria. Ninguno de los argumentos planteados por el recurrente se enmarca en los supuestos que ha identificado la Sala para la procedencia de la causal. Por una parte, no argumenta que el laudo haya ignorado el acervo probatorio. Por la otra, tampoco señala que la decisión adoptada en el laudo no esté soportada en las pruebas del proceso arbitral.
También resuelve:¿El argumento que tuvo en cuenta el tribunal para asignar la responsabilidad al contratista fue el alcance del principio de planeación?¿Las conclusiones a las que arribó el tribunal se sustentan en las pruebas?¿Cuando se declare infundado el recurso de anulación se condenará al recurrente al pago de las costas?
¿El dictamen pericial cumple con los requisitos para ser tenido en cuenta en el proceso? No
El dictamen pericial no es apreciable cuando sus conclusiones presentan una contradicción clara entre sus componentes y no tienen la precisión y calidad que exige la ley, de modo que el juez puede apartarse de ellas. Además, la entidad contratante no desconoce el principio de planeación cuando informa en el pliego las especificaciones técnicas de la obra y el contratista no se opone a ellas, ni cuando el interventor y el supervisor formulan observaciones que el contratista no desvirtúa. Una razón es que el perito contradijo en sus informes el resultado de la esclerometría en campo frente al informe geotécnico y técnico, de modo que sus conclusiones no correspondían a la realidad. Otra razón es que los documentos contractuales demostraron que el contratista no se opuso a las especificaciones del ítem de adoquinamiento y que la entidad sí informó en el proceso de selección los estudios y las dimensiones esperadas. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que el dictamen debe ser coherente internamente, y que la oposición del contratista a las especificaciones debe formularse en la ejecución y no después.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad contratante desconoció el principio de planeación al establecer las especificaciones técnicas de la obra objeto del contrato estatal?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
El problema jurídico a resolver consiste en determinar si la contratista acreditó haber ejecutado el contrato y si, en consecuencia, tenía derecho a la remuneración acordada, sin que para ello sea impedimento la liquidación unilateral del contrato adoptada mediante acto administrativo, toda vez que el control de legalidad sobre dicho acto fue incluido como parte del litigio de conformidad con lo resuelto en la audiencia inicial. Sí
El contratista no tiene derecho a la remuneración acordada si no acredita el cumplimiento de las condiciones pactadas para hacer exigible el pago, independientemente de que el contrato haya sido unilateralmente liquidado por la entidad estatal, siempre que el control de legalidad de dicha liquidación forme parte del litigio. La Sala confirmará la decisión apelada porque el contratista no probó haber ejecutado el contrato a satisfacción de la entidad demandada, por lo que no puede prosperar la pretensión de indemnización de perjuicios. Además, la Sala no declara la nulidad absoluta del contrato por no encontrar manifiesta la supuesta finalidad desviada en su suscripción, y reitera que la eventual transgresión del principio de planeación no está prevista en la ley como causal de nulidad absoluta. En cuanto a las costas, se condena a la parte vencida conforme al artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y se fijan las agencias en derecho en la suma de quince millones de pesos.síntesis automática
También resuelve:¿La eventual transgresión del principio de planeación no está prevista en la ley como causal de nulidad absoluta?¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas en segunda instancia?
¿En casos donde existen acuerdos de voluntades innominados y especiales que no están relacionados con una necesidad surgida del ente estatal contratante, es necesaria la suscripción de estudios previos y de la planeación precontractual? Sí
El contratista debe suscribir estudios previos y planeación precontractual en acuerdos de voluntades innominados y especiales, independientemente de que no surjan de una necesidad del ente estatal contratante, en virtud de los principios de la función administrativa y gestión fiscal consagrados en la Constitución Política. La entidad estatal no puede declarar nula la contratación por el desconocimiento del principio de planeación, ya que este no vicia de nulidad el negocio jurídico. Además, el juez de segunda instancia no puede revocar la declaratoria de nulidad del contrato si el recurso de apelación únicamente aborda una de las razones por las que el juez de primera instancia declaró la nulidad. Finalmente, la entidad estatal puede ser condenada en costas en segunda instancia si el recurso de apelación es negado y el apoderado de la parte demandada presenta alegatos de conclusión, de acuerdo con el artículo 188 del CPACA y el numeral 3 del artículo 365 del CGP.síntesis automática
También resuelve:¿El desconocimiento del principio de planeación vicia de nulidad el negocio jurídico?¿Resulta dable al juez de segunda instancia revocar la declaratoria de nulidad del contrato, teniendo en cuenta que para ello el juez de primera instancia tuvo en cuenta varias razones…¿Resulta procedente la condena en costas en segunda instancia de conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 3 del artículo 365 del CGP…
¿Se desconoció el deber de selección objetiva por cuanto la empresa seleccionada no cumplía los requisitos de experiencia contenidos en el pliego de condiciones? Sí
El contratista no cumple con los requisitos de experiencia exigidos en el pliego de condiciones, lo que desconoce el deber de selección objetiva y viola el principio de selección objetiva, configurando una nulidad absoluta del contrato estatal conforme al artículo 44 de la Ley 80 de 1993. La Sala modifica la jurisprudencia anterior al establecer que la declaración de nulidad del contrato por abuso o desviación de poder no requiere previamente despojar de la presunción de legalidad al acto administrativo de adjudicación, lo que amplía la facultad de los jueces para declarar la nulidad de contratos estatales en casos de desconocimiento de la selección objetiva.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos en que los municipios o distritos entregan en concesión la prestación del servicio de alumbrado público a terceros están sujetos a la Ley 80 de 1993?¿Los contratos estatales son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993?¿Para que proceda la declaración de nulidad del contrato por la configuración del vicio de abuso o desviación de poder se requiere previamente despojar de la presunción de legalidad al acto…
¿Cuál es la pauta del conteo del término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que negó la solicitud de suscripción del contrato estatal de estabilidad jurídica? Sí
El contratista debe contar con cuatro meses a partir de la notificación del acto administrativo que niega la solicitud de suscripción del contrato estatal de estabilidad jurídica para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que implica que la caducidad de esta acción vence cuatro meses después de la notificación. Además, el acto administrativo que niega la suscripción del contrato estatal de estabilidad jurídica puede ser nulo por falsa motivación si no se demuestran adecuadamente las razones que justifican la importancia y el carácter determinante de la decisión de inversión en relación con las normas e interpretaciones administrativas vinculantes, conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y el documento CONPES. Asimismo, la negativa a la suscripción del contrato no viola el derecho a la igualdad si el contratista no aporta pruebas comparativas que demuestren que otras empresas similares obtuvieron contratos de estabilidad jurídica bajo condiciones equivalentes. Estas reglas reiteran y matizan precedentes existentes, proporcionando mayor claridad sobre los requisitos y procedimientos para la suscripción de contratos de estabilidad jurídica y la protección de los derechos de los contratistas en la etapa precontractual.síntesis automática
También resuelve:¿Son nulos por falsa motivación los actos administrativos que negaron la suscripción del contrato estatal de seguridad jurídica conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y documento…¿Son nulos los actos administrativos por violación al derecho a la igualdad al haber negado la suscripción del contrato estatal de seguridad jurídica…¿Cuál es el criterio de procedencia para la condena en costas en asunto regido por el CPACA?
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes a la liquidación unilateral del contrato de obra? Sí
El término de caducidad de la acción contractual contra la liquidación unilateral de un contrato de obra se cuenta dentro de los dos años siguientes a esa liquidación, y que la conciliación prejudicial suspende el término mientras se surte. Además, el contratista que cede a un tercero a título oneroso los derechos económicos del contrato, sin ceder la posición contractual, carece de legitimación en la causa por activa para reclamar esas prestaciones, porque solo el cesionario tiene interés en ellas. Una razón es que la liquidación unilateral de la entidad se produjo en agosto de 2016 y la demanda en abril de 2018, dentro de los dos años, descontado el tiempo de la conciliación prejudicial, por lo que no operó la caducidad. Otra razón es que la cesión de los derechos económicos fue hecha a un tercero, de modo que las pretensiones de contenido económico debían reclamarse por el cesionario. En el caso, la Sala modificó la sentencia apelada y declaró probada de oficio la falta de legitimación en la causa por activa del contratista respecto de las pretensiones económicas. Su consecuencia práctica es que la cesión de derechos económicos transfiere la legitimación para reclamarlos.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente declarar de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de la sociedad Constructora de Obras de Ingeniería COI Ltda en relación con las pretensiones económicas…¿La contratista está legitimada para controvertir la legalidad de los actos contractuales diferentes a los reconocimientos económicos derivados de la ejecución del contrato?¿El incumplimiento del demandante tuvo como causa el correlativo incumplimiento del municipio de Medellín en su deber de definir las zonas y elementos estructurales a intervenir en la estructura…
¿Prospera el cargo de apelación según el cual los otrosíes y adicionales al contrato no contemplaron el pago de cifra alguna de dinero al contratista en compensación por los problemas e imprevistos sufridos? No
Resulta claro que la estipulación de una contraprestación monetaria en favor de alguna de las partes de un litigio presente o futuro no es uno de los elementos o requisitos de la transacción. En consecuencia, no prospera el cargo del recurso de apelación según el cual los otrosíes y adicionales al contrato No. 5214792 de 2014 no “contempl[aron] [el] pago de cifra alguna de dinero al contratista en compensación por los problemas e imprevistos sufridos.”
También resuelve:¿Se probó la excepción de mérito de transacción por todos los valores causados antes del 14 de octubre y el 14 de noviembre de 2014?¿Los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que…¿El juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio?
¿Los actos impugnados vulneraron la normativa superior, por no reconocer mayores cantidades de obra e ítems no previstos que eran necesarios para cumplir con el objeto contractual? No
Las mayores cantidades de obra y los ítems no previstos solo son reconocibles cuando se demuestra la necesidad técnica de su ejecución para cumplir el objeto contractual, y la cantidad pactada en la fase precontractual que nunca fue modificada durante la ejecución no da lugar a su reconocimiento. Esta regla exige que el contratista acredite la necesidad técnica de los elementos adicionales con prueba suficiente, y no basta con que se hayan instalado durante la obra. En el caso concreto, la administración sostuvo que la cantidad del ítem contemplada en los estudios previos y en el pliego de condiciones no se modificó por las partes durante la ejecución, y la providencia coincidió con el tribunal en que no se encontró probada la necesidad técnica de los dispositivos adicionales, ni que el pliego hubiera sido desacertado en ese aspecto. Como consecuencia práctica, el contratista que reclame mayores cantidades o ítems no previstos debe probar que eran técnicamente necesarios, pues la instalación de los elementos no sustituye esa prueba.síntesis automática
También resuelve:¿El dictamen pericial cumplió con la información mínima del perito que permita determinar la idoneidad, experiencia, profesión y el dictamen pericial fue rendido en debida forma para darle valor…¿Tienen valor probatorio los testimonios considerados sospechosos?¿El Tribunal omitió pronunciarse acerca de las pretensiones relacionadas con los pagos pendientes del contrato y los ítems adicionales reclamados por la demandante?
Sentencia — Sentencia2024-08-23Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020240003200LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es competente la sección tercera del Consejo de Estado para conocer en única instancia el recurso extraordinario de anulación formulado por EMCALI en contra del laudo arbitral proferido el 24 de noviembre de 2023 y corregido mediante providencia del 11 de diciembre de 2023? Sí
El contratista no puede anular un laudo arbitral emitido en un conflicto derivado de un contrato con una entidad pública, ya que la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente en única instancia para conocer de estos recursos de anulación, conforme a lo dispuesto en el artículo 149.7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 46 inciso 3 de la Ley 1563 de 2012. Además, el Tribunal de Arbitramento decidió en derecho y no en conciencia, al fundamentar su fallo en el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia aplicable, valorando adecuadamente las pruebas presentadas y considerando las obligaciones de las partes en la etapa precontractual, lo que implica que el recurso de anulación es infundado y no debe prosperar.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal de Arbitramento decidió en conciencia, al apartarse del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia aplicable para acceder a las pretensiones del Consorcio…¿El panel arbitral profirió un fallo infra petita en relación con las pretensiones segunda, cuarta y quinta de la reforma a la demanda de reconvención de EMCALI y si omitió el estudio de la…¿Procede la condena en costas contra la parte recurrente por falta de prosperidad de las causales invocadas en el recurso extraordinario de anulación?
¿Cuál es el juez competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal dentro del medio de control de controversias contractuales? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal Administrativo en el marco del medio de control de controversias contractuales, siempre y cuando la cuantía del contrato lo imponga. La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia se regula por la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y se aplica a los casos en que una de las partes es una entidad territorial. Además, la Sala determina que la entidad pública incurre en incumplimiento del contrato cuando desatiende sus deberes de planeación, como en el caso de no disponer de los terrenos necesarios para la ejecución del contrato de obra pública. Asimismo, la omisión de las partes en plantear salvedades durante la ejecución del contrato no constituye un beneplácito en las omisiones de la administración, sino que debe analizarse en función de las circunstancias particulares del caso y la valoración probatoria. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre competencia judicial, incumplimiento contractual y valoración probatoria en contratación estatal, lo que implica una mayor precisión en la interpretación y aplicación de la normativa vigente.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es la pauta del conteo de la caducidad de la acción de controversias contractuales frente a un contrato liquidado bilateralmente bajo la vigencia del CCA?¿Incurre en incumplimiento del contrato la entidad pública que desatiende los deberes de planeación?¿La omisión de las partes en plantear las salvedades en la ejecución del contrato constituye un beneplácito en las omisiones de la administración?
¿El régimen jurídico de contratación de las Universidades Públicas, como otros de los denominados regímenes especiales, no es exclusivamente el derecho privado, sino que lo es “salvo las excepciones consagradas en la Ley"? Sí
El contratista no puede declarar la nulidad del acto de liquidación unilateral proferido por la entidad estatal, como las universidades públicas, cuando el contrato se rige por el derecho privado y no se allega prueba del estatuto interno que regula los actos administrativos de la universidad. La Sala confirmó que el régimen jurídico de contratación de las universidades públicas no es exclusivamente el derecho privado, sino que lo es salvo las excepciones consagradas en la Ley 30 de 1992, y que los reglamentos internos de estas instituciones pueden establecer cuáles de sus actos son administrativos. Sin embargo, en este caso, el contratista no cumplió con su deber probatorio de demostrar que el acto de liquidación era un acto administrativo, por lo que la Sala rechazó la pretensión de declarar la nulidad del acto y reconoció la regla general de que el régimen de los contratos es el derecho privado. Esto implica que el acto de liquidación no es un acto administrativo, sino un acto contractual unilateral sin naturaleza de acto administrativo, y que el contratista debe demostrar la naturaleza jurídica del acto para poder anularlo.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente declarar la nulidad de los actos de liquidación unilateral proferidos por la Universidad Tecnológica de Pereira y, en consecuencia…¿Resulta procedente declarar el incumplimiento del contrato de obra celebrado por la Universidad Tecnológica de Pereira, por el ejercicio indebido de la facultad de liquidar unilateralmente…¿A los contratos estatales especiales sometidos al derecho privado, como los celebrados por las Universidades Públicas, les resultan aplicables las normas relacionadas con el equilibrio económico del…
¿La sola variación del diseño durante la ejecución de un contrato es suficiente para dar por acreditados los defectos o deficiencias en la planeación y estructuración del proyecto? No
El contratista no puede alegar defectos en la planeación y estructuración del proyecto basándose únicamente en la variación del diseño durante la ejecución del contrato, ya que la Sala no encontró pruebas que demuestren dichos defectos ni incumplimiento por parte de la entidad estatal en su deber de planeación, y considera que la modificación de diseños es común en contratos de obra debido a la imposibilidad de prever todos los eventos que pueden surgir durante la ejecución. Además, la Sala confirma que el aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios no constituye un reajuste o revisión del contrato, sino un alea normal, y que la parte demandante debe demostrar un riesgo extraordinario para reclamar un desequilibrio financiero, lo que no fue evidenciado en este caso. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la necesidad de pruebas concretas para acreditar defectos en la planeación y la imposibilidad de reajustar precios basándose únicamente en el aumento de cantidades de obra.síntesis automática
También resuelve:¿El recurrente no presentó reparos concretos en contra de los argumentos del Tribunal relacionados con la falta de pruebas sobre la configuración del desequilibrio económico?¿El aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios es un alea normal del contrato?¿El riesgo de variación de fuentes de material era un riesgo que había sido asignado a la contratista y había expresamente sido aceptado por esta con la suscripción del contrato?
¿Las pruebas ofrecen certeza sobre la suma reconocida por el consorcio interventor al contratista sin la anuencia de la entidad contratante? No
El acta de recibo final de obra no basta, por sí sola, para demostrar las obras ejecutadas ni los saldos que se reclaman en una liquidación judicial, pues el acta es un documento que registra cantidades y valores, pero su fuerza depende de los soportes que la fundamentan. Una razón es que la integralidad del acta de recibo final es la que conduce al reconocimiento de los saldos, y un resumen de esa acta no alcanza para acreditar las actividades cobradas. Otra razón es que el demandante debía entregar los soportes que acreditaran el fundamento de las prestaciones adeudadas, y las afirmaciones genéricas del testimonio no suplen esa carga. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia porque las pruebas no ofrecían certeza sobre la suma reconocida por el interventor al contratista sin la anuencia de la entidad, y el recurso de apelación del demandante no prosperó. Su consecuencia práctica es que el contratista que reclama saldos debe aportar los soportes completos de cada ítem, no solo el acta final.síntesis automática
También resuelve:¿El acta de recibo final por sí sola no es suficiente para demostrar las obras ejecutadas?¿La entidad contratante no suscribió el acta de recibo final y tampoco obra en el expediente alguna prueba de la aceptación expresa del acreedor frente a la ejecución de las obras?¿Lo manifestado por la testigo es idóneo para demostrar que se trataba de una suma a favor del contratista?
¿Se presenta falta al principio de congruencia en el fallo de primera instancia? Sí
Se configura falta al principio de congruencia cuando el juez resuelve pretensiones que no fueron formuladas en la demanda, lo que constituye una decisión extra petita. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la demanda solo pidió la efectividad del amparo de cumplimiento de la garantía única, de modo que el tribunal no podía ordenar también la efectividad de los amparos de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. La segunda es que la intención del demandante era obtener la efectividad de la garantía solamente en cuanto al amparo de cumplimiento. En consecuencia, la Sala revoca el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia y suprime la condena contra la aseguradora por los aportes de seguridad social y parafiscales. Como obiter dictum, la providencia recuerda que, en el derecho privado, el beneficiario puede reclamar la efectividad del amparo a la aseguradora y, si la reclamación es objetada, acudir al juez del contrato. La nota de relatoría remite a una sentencia de 30 de julio de 2021 sobre el principio de congruencia, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Al momento de presentar la reclamación formal, Ecopetrol adjuntó los documentos requeridos por las condiciones generales del contrato de seguro, tales como el contrato afianzado?¿Se presentó inejecución de obligaciones contractuales que conllevaron a la paralización total de las actividades contratadas?¿Es responsable la entidad demandante del incumplimiento del contrato?
¿Es inepta la demanda presentada en ejercicio de la acción contractual si el actor formula de modo subsidiario la pretensión de anulación del acto administrativo de liquidación del contrato, sin anexar a la demanda la copia de dicho, y sin hacer desarrollo alguno de su concepto de violación de normas jurídicas que habría ocurrido con ocasión de su expedición? No
La liquidación unilateral de un convenio de asociación no constituye acto administrativo cuando la ley no confiere a la entidad estatal competencia expresa para liquidarlo unilateralmente, sino que es un acto contractual sin presunción de legalidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el régimen de los convenios de asociación lo define el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, complementado por el Decreto 777 de 1992 y, en lo no previsto, por el derecho privado. Segunda, en ese régimen no existe el deber de liquidar el negocio ni la competencia expresa para hacerlo unilateralmente, de modo que la invocación de una habilitación legal para liquidar contratos estatales no suple esa falta. Tercera, la manifestación de la entidad carece de la presunción de legalidad y del carácter ejecutivo y ejecutorio propios de los actos administrativos, y se limita a un corte de cuentas. La providencia revoca la decisión de primera instancia y resuelve el fondo del asunto sin que fuera necesario impugnar esa liquidación como acto. La consecuencia práctica es que la demanda no resulta inepta por omitir la pretensión de anulación de una liquidación que no es acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿El convenio de asociación, fuente del desacuerdo que se ha traído a conocimiento de la jurisdicción, cuenta con validez por traer los rasgos propios de este negocio…¿Como consecuencia de la declaración de nulidad absoluta del convenio de asociación, en este caso proceden las restituciones mutuas?
Sentencia — Sentencia2021-12-10Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020210016700LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El Tribunal de Arbitramento se pronunció sobre puntos no alegados por las partes? Sí
El Tribunal de Arbitramento no se pronuncia sobre puntos no alegados por las partes, limitándose a resolver la controversia conforme a los argumentos y pruebas presentadas en el proceso. Esta regla se sostiene en que el juez de la anulación no puede revisar el fondo de la controversia ni calificar los razonamientos del Tribunal Arbitral, sino que se encarga únicamente de verificar la existencia de errores in procedendo. En el caso específico, el Tribunal de Arbitramento no incurrió en tales errores, ya que sus decisiones estuvieron debidamente fundamentadas en las pruebas y argumentos presentados por las partes. Además, el Tribunal de Arbitramento actuó dentro de los términos procesales establecidos, y la parte recurrente no hizo valer oportunamente la circunstancia de que el plazo del proceso hubiera expirado, lo que impide la procedencia de la causal de anulación basada en este hecho. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre los límites del pronunciamiento del juez en la anulación de laudos arbitrales, lo que implica que las partes deben presentar sus alegatos de manera clara y oportuna para evitar la improcedencia de sus recursos.síntesis automática
También resuelve:¿El laudo arbitral estuvo fundado en pruebas decretadas y practicadas dentro del proceso?¿El laudo arbitral fue proferido por fuera de los términos procesales?
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en atención a la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, en virtud de la vocación de doble instancia del proceso, siempre que la pretensión de mayor valor exceda los 500 SMLMV, conforme al artículo 152 numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. La controversia contractual surge de un convenio de apoyo financiero entre entidades territoriales y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y Fonade, por lo que el medio de control procedente es el de controversias contractuales, según el artículo 141 del mismo código. Además, el cómputo del término de caducidad para presentar la demanda debe efectuarse conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dado que el contrato aún no estaba sujeto al Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo al momento de iniciarse el plazo. Esto implica que el término de caducidad es de dos años, contados desde la suscripción del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto administrativo que aprueba la liquidación unilateral, o desde el vencimiento del plazo pactado para la liquidación. La sentencia reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la aplicación del término de caducidad conforme al Código Contencioso Administrativo previo al CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿El cómputo de la caducidad debe efectuarse con base en el artículo 136 del CCA, que estableció un término de caducidad de 2 años para las acciones contractuales?¿Los convenios interadministrativos son instrumentos de cooperación entre entidades públicas, con el propósito de cumplir conjuntamente funciones administrativas o garantizar la prestación de un…¿El acuerdo de voluntades se trató de un instrumento de cooperación interadministrativa mediante el cual la Nación destinó recursos para el mejoramiento del servicio de agua potable en dos municipios?
¿El desconocimiento del principio de planeación precontractual, es un asunto debatible bajo la pretensión del incumplimiento contractual? No
En el medio de control de controversias contractuales, la inobservancia del principio de planeación precontractual no constituye por sí misma un incumplimiento que pueda debatirse bajo la pretensión de incumplimiento contractual. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la planeación se sitúa en un momento previo a la celebración del contrato, de modo que su inobservancia no se proyecta sobre la exigencia de las obligaciones derivadas de lo pactado. Segunda, la pretensión de incumplimiento tiene por objeto el débito obligacional que surge del contrato celebrado, y no la validez de las etapas previas a su formación. La providencia reconoce que el desconocimiento de la planeación puede tener efectos sobre otros elementos del contrato, pero confirma que ese alcance no puede discutirse mediante la pretensión de incumplimiento. En la práctica, quien alegue la vulneración del principio de planeación debe formular pretensiones distintas, y no una pretensión de incumplimiento que se refiera a obligaciones ya pactadas.síntesis automática
También resuelve:¿Los pactos modificatorios suscritos entre las partes del contrato de obra pública, remediaron las circunstancias aludidas por el contratista como desencadenantes de los mayores costos en que…¿Hay lugar a condenar en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?