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¿La empresa de servicios públicos demandada tenía competencia para liquidar de manera unilateral el contrato, hacer efectiva la póliza de seguro de cumplimiento y la cláusula penal? Sí
El contratista puede demandar la nulidad de los actos administrativos que liquidan unilateralmente un contrato estatal regido por el derecho privado, hacen efectiva la póliza de seguro de cumplimiento y cobran la cláusula penal, siempre y cuando se demuestre que la entidad estatal no tenía competencia para expedir dichos actos y que estos obstaculizaron el cumplimiento del contrato. La Sala revocará la sentencia de primera instancia y declarará la nulidad de los actos administrativos impugnados, ordenando la restitución de las sumas pagadas por el contratista y el pago del daño emergente, pero denegará el cobro de la utilidad dejada de percibir como comisión de éxito. Además, se determina que el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se contabiliza desde la ejecutoria del acto administrativo que liquidó unilateralmente el contrato, según el literal d) del inciso 2 del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Se presenta caducidad de la acción de controversias contractuales?¿Procede de oficio declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio demandado, al evidenciarse que éste no hizo parte de la relación contractual?
¿La Alcaldía Local de Suba contaba con competencia para liquidar unilateralmente el contrato de asociación, considerando el momento en que se profirió el acto administrativo liquidatario, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de controversias contractuales, pero antes de su notificación? No
El contratista no puede ser liquidado unilateralmente por la entidad estatal después de la presentación de la demanda de controversias contractuales, pero antes de su notificación, ya que la administración pierde la competencia temporal para efectuar tal liquidación una vez se presenta la demanda, lo que evita abusos por parte de la entidad contratante y se alinea con las reformas normativas introducidas por las Leyes 2080 de 2021 y 2213 de 2022. Esta regla reitera la jurisprudencia y limita la facultad de la administración para liquidar el contrato de forma unilateral hasta el momento en que se radique el libelo inicial del proceso, asegurando así el principio de non reformatio in pejus.síntesis automática
También resuelve:¿Conforme a las reglas de la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso, resulta procedente la condena en costas en contra de la parte vencida en el proceso, esto es, la parte demandada?
¿En el presente asunto está demostrada la falta de competencia de la ANI, para declarar la caducidad del contrato de concesión 09 CONP-98? No
El contratista no demuestra la falta de competencia de la ANI para declarar la caducidad del contrato de concesión 09 CONP-98, ya que la entidad tenía la facultad legal para adoptar dicha decisión, y no se acredita que el proceso hubiera terminado previamente de manera anticipada. Además, las resoluciones impugnadas no incurrieron en falsa motivación, ya que las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en ellas no presentan errores evidentes ni divergencias con la realidad fáctica o jurídica. La Sala reitera que la falsa motivación es un vicio grave que puede ser declarado de oficio por el juez, pero en este caso no se configura, lo que implica que las resoluciones de la ANI mantienen su validez y efectos legales.síntesis automática
También resuelve:¿En el caso en concreto se acreditó que las resoluciones impugnadas (1685 del 12 de noviembre de 20195 y 20207070005965 del 15 de mayo de 20206), están incursas en falsa motivación y en consecuencia…¿En el caso concreto se configura la debida acumulación de pretensiones de reparación directa y controversias contractuales?
¿El contratista incumplió el contrato y no demostró la excepción de contrato no cumplido que justifique dicho incumplimiento? Sí
El contratista incumple el contrato y no demuestra la excepción de contrato no cumplido que justifique dicho incumplimiento, por lo que la entidad estatal puede declarar la terminación unilateral y aplicar la cláusula penal pecuniaria pactada, sin necesidad de emitir un acto administrativo. La Sala modifica la sentencia al establecer que las facultades unilaterales no están prohibidas en contratos regidos por el derecho privado, siempre y cuando no se ejerzan mediante acto administrativo. Además, reitera que en derecho común es posible pactar una cláusula penal con función de apremio, y que para que prosperara la excepción de contrato no cumplido, el contratista debía demostrar que los incumplimientos de la entidad estatal generaron directamente sus propios incumplimientos, lo cual no se probó en este caso. Esta decisión implica que las partes deben cumplir rigurosamente con las condiciones estipuladas en el contrato para ejercer sus facultades unilaterales y que la excepción de contrato no cumplido requiere una conexión directa entre los incumplimientos alegados.síntesis automática
También resuelve:¿La formulación de pretensiones como principales y subsidiarias tiene como objeto indicarle al juzgador cuál es la declaración que el demandante solicita que se resuelva en primer lugar?¿En derecho privado, las facultades unilaterales están prohibidas?¿En derecho común es posible pactar una cláusula penal con función de apremio?
“¿El contexto de la expedición de la Resolución No. 5997 de 2016 y la decisión que resolvió el recurso de reposición interpuesto en su contra (Resolución No. 6050 de 2016), constituye una actuación viciada por falta de competencia y por infracción a la prohibición de subdelegación de funciones prevista en el artículo 11 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con la exigencia del literal b) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, según la cual la audiencia sancionatoria contractual debe ser convocada y dirigida por el jefe de la entidad o su delegado?” No
El contratista no puede alegar falta de competencia o subdelegación de funciones en la expedición de las resoluciones sancionatorias, ya que la delegación de funciones por parte del jefe de la entidad fue válida y de conocimiento público, y la carga probatoria de desvirtuar dicha delegación recae sobre el contratista, quien no la cumplió. Además, la mención de una norma derogada en el oficio de convocatoria a la audiencia sancionatoria no vicia el debido proceso, dado que el contenido normativo de dicha norma sigue vigente bajo otra disposición legal aplicable a los hechos investigados. Esta decisión reitera y confirma la presunción de legalidad de los actos administrativos y la necesidad de que el contratista acredite cualquier vicio en la delegación de funciones, así como la irrelevancia de citar normas derogadas si su contenido sigue vigente en otra disposición legal.síntesis automática
¿El medio de control de controversias contractuales se interpuso dentro de los dos años siguientes a la notificación en audiencia de los actos administrativos demandados? Sí
El contratista interpone el medio de control de controversias contractuales dentro del término de caducidad previsto en la ley, computado a partir de la notificación en audiencia de los actos administrativos contractuales, mientras que la administración contratante actúa como apelante único cuestionando la nulidad decretada respecto de la declaratoria unilateral de incumplimiento del contrato. La administración pierde competencia temporal para expedir actos administrativos que declaren el incumplimiento de obligaciones específicas del contrato cuando el contratista ha promovido de manera previa una demanda judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa debatiendo idénticos hechos, quedando el conocimiento de la controversia sometido al juez natural del contrato, lo que impide a la entidad proferir decisiones sobre los mismos puntos litigiosos.síntesis automática
También resuelve:¿El apelante único sólo cuestiona la nulidad de los actos administrativos demandados porque considera que sí era competente para expedirlos?¿El ente territorial perdió competencia para declarar el incumplimiento del contrato porque en forma previa a la adopción de dicha decisión…¿Procede la condena en costas contra la parte a la cual se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento del contrato de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público e hizo efectiva la cláusula penal, por haberse vulnerado el debido proceso de la contratista, porque la entonces directora del DADEP omitió tramitar la recusación formulada en su contra antes de proferir la Resolución 245 de 8 de julio de 2019 por la cual se resuelven dos recusaciones promovidas contra la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica? No
No existe una causal de nulidad autónoma denominada violación del debido proceso, pues las causales previstas en el artículo 137 del CPACA se refieren a formas de vulneración de alguno de los componentes de ese derecho, de modo que el reproche debe encuadrarse en un vicio concreto de forma o de expedición irregular del acto. Tampoco pueden estudiarse los cargos contra actos que no fueron demandados, pues estos se presumen legales mientras no se pida su nulidad. Por ello, la omisión de tramitar una recusación debe demostrarse como vicio específico del acto que se cuestiona y no puede invocarse de manera general. En el caso concreto, la contratista alegó que la omisión de tramitar una recusación antes de resolver otra vulneró su debido proceso, y la providencia confirmó la sentencia de primera instancia que negó la nulidad de los actos que declararon el incumplimiento del contrato y ordenaron hacer efectiva la cláusula penal. Como consecuencia práctica, quien impugne actos de incumplimiento por vicios procedimentales debe identificar la causal específica del artículo 137 y demandar también los actos que resuelven la recusación.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento del contrato de administración…¿Resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso?
¿Los actos administrativos que declararon unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato fueron expedidos sin competencia y en consecuencia procede su nulidad, en razón a que esta facultad de la Administración fue suprimida temporalmente cuando entró en vigencia la Ley 80 de 1993 y derogó el Decreto 222 de 1983? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que declaran unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato, cuando estos se expiden sin la competencia legal correspondiente, ya que la Ley 80 de 1993 derogó temporalmente la facultad de las entidades para declarar incumplimientos y caducidades hasta la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007. Además, la entidad pierde su competencia para declarar la caducidad una vez vencido el plazo pactado para la ejecución del contrato. Asimismo, el debido proceso debe garantizarse en todas las actuaciones administrativas, permitiendo al afectado ejercer su derecho de contradicción y defensa. Estas reglas implican que los actos administrativos que no respetan estas garantías y competencias pueden ser declarados nulos, protegiendo así los derechos del contratista en el marco de la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Para la procedencia de la declaratoria de caducidad del contrato es necesario que el plazo pactado para su ejecución esté vigente, porque de haber finalizado…¿El derecho al debido proceso debe garantizarse en las actuaciones administrativas y conlleva a que el afectado pueda ejercer su derecho de contradicción y defensa?¿Ante la ausencia de pruebas sobre el detrimento patrimonial y la falta de acreditación de los perjuicios materiales, procede la negativa de las pretensiones económicas o la condena en abstracto?
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para resolver en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos? Sí
El contratista tiene competencia para interponer un recurso de apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía del daño emergente y lucro cesante supere el monto mínimo establecido en la Ley 1437 de 2011. Esta posición se sustenta en el artículo 150 de la misma ley, que otorga al Consejo de Estado la facultad de conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias de los tribunales administrativos. Además, la Sección Tercera puede conocer de casos que normalmente serían de competencia de la Sección Primera, siempre y cuando no haya objeciones por parte de las partes y el acto no sea precontractual. Esta decisión reitera y unifica la jurisprudencia existente sobre la competencia de la Sección Tercera en casos de nulidad y restablecimiento del derecho relacionados con la adjudicación de rutas de transporte.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda fue presentada dentro del término para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?¿La resolución demandada se profirió con falta de competencia por cuanto el procedimiento administrativo ya se había agotado?¿Se acreditaron en debida forma los perjuicios materiales para que proceda su reconocimiento?
¿El juez de segunda instancia está limitado a los fundamentos del recurso de apelación? Sí
El juez de segunda instancia está limitado a los fundamentos del recurso de apelación, conforme al artículo 357 del Código de Procedimiento Civil aplicable por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, salvo en casos de revocación de la decisión inhibitoria, donde debe proferir una decisión de mérito. Los consorcios cuentan con la capacidad contractual y procesal para ser parte en controversias contractuales que los involucran, pese a cesiones internas entre sus miembros, siempre que el consorcio no ceda sus derechos y obligaciones a terceros. En contratos de tracto sucesivo que requieren liquidación, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato puede solicitarse, a más tardar, dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar, independientemente de declaratorias posteriores de siniestro. Estas reglas reiteran y matizan precedentes sobre los límites del juez en segunda instancia, la naturaleza jurídica de los consorcios y el cómputo del término para restablecer el equilibrio económico en contratos administrativos.síntesis automática
También resuelve:¿Los consorcios cuentan con la capacidad contractual y procesal para ser parte en las controversias contractuales que los involucran?¿en los contratos de tracto sucesivo que requieren liquidación el restablecimiento del equilibrio económico del contrato puede solicitarse, a más tardar…¿El acto que declaró el siniestro se profirió por fuera del plazo de ejecución, y es desde su expedición que inicia el cómputo del término de caducidad de la acción?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve incidente de adición de la sentencia2024-04-08Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000232600020090087102ACCION CONTRACTUAL
¿Habrá lugar a proferir una sentencia complementaria cuando el juez del recurso deja de decidir alguno de estos asuntos que en virtud del escrito de impugnación o de la ley le corresponde resolver? Sí
El juez de segunda instancia puede proferir sentencia complementaria cuando la providencia dictada omite la resolución de cualquiera de los extremos litigiosos de la litis o de puntos concretos que debían ser objeto de pronunciamiento obligatorio, aplicando formalmente por remisión normativa el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil en los procesos contenciosos administrativos. Asimismo, la administración pública cuenta con plena competencia legal para declarar el incumplimiento contractual y hacer efectiva la garantía constituida, sin que ello implique el ejercicio de facultades excepcionales distintas a las previstas taxativamente en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, respetando rigurosamente los principios de buena fe y la autonomía de la voluntad en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a adicionar la parte resolutiva de la providencia frente a la alegada falta de competencia funcional de la entidad demandada para proferir el acto administrativo en el que se declaró un…¿Hay lugar a adicionar la parte resolutiva de la providencia por falta de pronunciamiento frente a los cargos de violación de los artículos 1602, 1603 y 1622 del Código Civil?¿El juez de segunda instancia omitió resolver el cargo referente a la violación de los artículos 31 y 58 de la Ley 80 de 1993 alusivos a la publicación de los actos sancionatorios?
¿La elección de la modalidad de pago, o de remuneración de cada una de las obligaciones, implica una asignación de obligaciones y riesgos entre las partes? Sí
El contratista no puede solicitar reajustes de precios en un contrato estatal pactado sin fórmula de reajuste, ya que la elección de la modalidad de pago implica una asignación de riesgos entre las partes, y el juez no puede contrariar lo acordado por las partes en ausencia de una revisión basada en la ruptura del equilibrio económico o la excesiva onerosidad. Además, el contratista no puede ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante, según lo pactado en el contrato. Asimismo, la entidad debe suministrar información técnica adecuada y suficiente para que el contratista pueda cumplir con el objeto del contrato, y en ausencia de pruebas que demuestren lo contrario, no puede ser declarado el incumplimiento. Finalmente, en caso de que se haya pagado indebidamente, se ordenará la devolución del reembolso que el consorcio contratista debía reintegrar a la entidad, como restablecimiento del derecho. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la interpretación de las cláusulas contractuales y la responsabilidad de las partes en la contratación estatal, limitando la capacidad del juez para modificar acuerdos previamente establecidos.síntesis automática
También resuelve:¿Se pactó que el contratista no podía ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante?¿En el expediente no obra ninguna prueba que demuestre que los estudios previos, planos, y diseños no fueron adecuados o que no se encontraban de conformidad con los estándares técnicos requeridos?¿Se ordenará, en caso de haber sido pagado, la devolución del “reembolso” que el consorcio contratista debía reintegrar a la ESP?
¿Se probó la actuación dolosa de las demandadas en repetición? No
El contratista no puede probar la actuación dolosa de las demandadas en repetición si las pruebas documentales presentadas solo acreditan circunstancias externas y ajenas a las accionadas, sin ofrecer grado de certeza alguno sobre la intención de apartarse del servicio público por parte de las demandadas. En este caso, la Sala concluyó que la copia del acto de remoción, la historia laboral del funcionario, los acuerdos de reestructuración y el acta de comité de conciliación no eran idóneas para demostrar el elemento subjetivo inherente al juicio de repetición, ya que no se refieren a la conducta de las accionadas. Esto implica que el contratista debe presentar pruebas que directamente demuestren la intención dolosa de las demandadas para tener éxito en un juicio de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Al Consejo de Estado le corresponde el conocimiento de las demandas de repetición interpuestas contra de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional?¿La condena objeto del sub examine se profirió en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició su trámite en vigencia del Código Contencioso Administrativo?¿Se invocó la presunción de dolo con fundamento en que el acto administrativo de remoción habría sido expedido con base en un hecho inexistente?
¿Constituye una pérdida patrimonial para la entidad pública la devolución de un tributo pagado con su respectivo ajuste monetario? No
La devolución de un tributo pagado, con su ajuste monetario, que se ordena como restablecimiento del derecho tras la nulidad del acto administrativo no constituye una pérdida patrimonial para la entidad. La regla se apoya en que ese restablecimiento no es una reparación de un daño antijurídico, sino una orden de devolver las cosas al estado anterior al acto anulado. Además, la indexación de las sumas solo representa el valor que el contribuyente pagó en su momento, compensando la pérdida de poder adquisitivo, de modo que no genera un perjuicio indemnizable. En el asunto, la acción de repetición se dirigió contra el director general y el secretario general por haber expedido el acto que distribuyó una contribución y que fue declarado nulo por falta de competencia, y la Sala negó las pretensiones. En la práctica, la actualización monetaria de un tributo devuelto no permite repetir contra los funcionarios que expidieron el acto anulado.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa…¿La acción de repetición procede para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un…¿La entidad que pagó una condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público…
¿Puede la entidad estatal declarar la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual y durante la etapa de liquidación? No
El contratista no puede ser objeto de la declaratoria de caducidad del contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual y durante la etapa de liquidación, ya que la caducidad es una sanción excepcional que se activa ante un grave incumplimiento que puede paralizar la ejecución del contrato y afectar el interés público, pero solo procede durante el término de ejecución del contrato y no en la etapa de liquidación, donde resultaría ineficaz para garantizar el cumplimiento del contrato. La interpretación literal del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 confirma que la declaratoria de caducidad se extiende mientras perviva el plazo de ejecución estipulado, y no más allá. La Sala modifica la jurisprudencia anterior que admitía la caducidad hasta la etapa de liquidación, y establece que la nueva interpretación se aplica de manera retroactiva, salvaguardando el principio de favorabilidad en materia sancionatoria y protegiendo los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aplicarse de manera prospectiva el criterio jurisprudencial vigente al momento de expedición del acto administrativo que declaró la caducidad contractual…¿Debe aplicarse el principio de favorabilidad cuando existen dos interpretaciones jurisprudenciales posibles sobre la competencia temporal para declarar la caducidad contractual y una de ellas…¿Son nulos los actos administrativos que declaran la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual por falta de competencia ratione temporis de la entidad que…
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de la acción de controversias contractuales, aunque a pesar de la existencia de una cláusula compromisoria las partes no alegaron la falta de jurisdicción y, al momento de presentar la demanda, la jurisprudencia aceptaba la renuncia tácita al pacto arbitral? Sí
El contratista puede presentar una demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para controversias contractuales, incluso cuando exista una cláusula compromisoria en el contrato, siempre y cuando las partes no aleguen la falta de jurisdicción y la jurisprudencia vigente al momento de presentar la demanda permita la renuncia tácita a la cláusula compromisoria. La Sala modificó su posición respecto a la renuncia tácita, exigiendo ahora una renuncia expresa y por escrito, pero decidió aplicar la regla anterior en este caso para no afectar el derecho de acceso a la justicia del demandante.síntesis automática
También resuelve:¿Al contrato n°. 140 para la operación y explotación del canal nacional de operación privada N1 celebrado por la Comisión Nacional de Televisión, le era aplicable la Ley 182 de 1995 y…¿La legalidad de las sanciones de la Comisión Nacional de Televisión debe analizarse a partir de lo establecido en el artículo 38 del CCA?¿La facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones, caduca a los tres años de producido el acto que puede ocasionarlas?
¿Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio so pena de que operara la caducidad de la sanción administrativa? Sí
El contratista no puede ser sancionado si la entidad estatal no expide y notifica el acto sancionatorio dentro del término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, ya que la caducidad de la facultad sancionatoria opera si el acto no es notificado en tiempo y forma. La Sala reitera que el plazo de caducidad comienza a correr desde el día siguiente al cese del hecho que provocó la investigación, y si la notificación se realiza fuera de este término, la sanción administrativa caduca. Esto implica que la entidad no es competente para expedir el acto sancionatorio y que la resolución debe declararse nula, lo que confirma la sentencia de primera instancia que parcialmente prosperó la demanda del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Al encontrar acreditada la caducidad de la facultad sancionatoria la Sala se ve compelida a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas?¿Era necesario expedir y notificar el acto principal en el término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, so pena de que operara la caducidad?¿Desde la expedición de la sentencia de unificación se fijó una única regla de interpretación del término de caducidad de la facultad sancionatoria?
¿Procede el medio de control de repetición cuando se pretende perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la entidad pública que ha sido condenada o ha conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo? Sí
El contratista puede ejercer la acción de repetición para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la entidad pública que ha sido condenada o ha conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo, lo que implica que la entidad que pagó la condena se subroga en los derechos del acreedor y puede actuar en su lugar contra el servidor público responsable. La entidad pública está legitimada en la causa por activa y el servidor público o exservidor público por pasiva, siempre que la subrogación legal se produzca conforme a la ley y los hechos ocurran durante la vigencia de la Ley 678 de 2001. Este precedente reitera la jurisprudencia existente sobre la procedencia del medio de control de repetición y la legitimación en la causa, lo que facilita a los abogados la aplicación de la acción de repetición en casos similares.síntesis automática
También resuelve:¿Existe legitimación en la causa por activa por parte de la demandante en cuanto fue la entidad que pagó la condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o…¿Debe otorgarse valor probatorio a las copias simples allegadas al proceso?¿Debe otorgarse valor probatorio a las pruebas documentales allegadas al proceso, es decir, a las providencias judiciales proferidas por el Juzgado Décimo Administrativo de Descongestión de Bogotá y…
¿A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato suscrito entre una unión temporal y la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad descentralizada de naturaleza estatal? Sí
El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre todas las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito, incluso cuando no hayan sido propuestas en los recursos de apelación, conforme a la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En este caso, la Sala revocó la sentencia de primera instancia al advertir que se configuró la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, ya que la resolución que liquidó unilateralmente el contrato fue conocida antes de que quedara en firme el auto admisorio de la demanda, sin que la parte actora adicionara la pretensión de nulidad contra el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato. Además, la notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente, mientras aquel acuerdo no haya sido liquidado unilateral o bilateralmente, según la interpretación mayoritaria de la Corporación basada en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito…¿La notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente?¿Para que un acto administrativo exista necesita que quien lo expida sea una autoridad, el órgano emisor es un elemento de la existencia…
"¿El fallo apelado contradijo lo decidido en el proceso que estudió la validez de las resoluciones emitidas por la contratante que declararon el incumplimiento de la parte actora?" No
El contratista no incumple el contrato cuando la entidad estatal carece de competencia para declarar unilateralmente el incumplimiento, ya que la valoración de la satisfacción de las obligaciones surge del análisis del negocio jurídico en el proceso específico. La nulidad de las resoluciones que declararon el incumplimiento no afecta el análisis sustancial del presente litigio ni configura cosa juzgada, dado que el objeto y la causa de los procesos son distintos. La entidad no erró en la valoración probatoria al establecer que la excepción de contrato no cumplido no era aplicable por el incumplimiento del contratista, ya que el contrato estipulaba la entrega de bienes específicos en un lugar determinado y en un plazo definido, y la paralización de la obra impidió la instalación de los implementos médicos en el hospital, pero no su entrega previa. Esta decisión reitera la importancia de la competencia administrativa en la declaratoria de incumplimiento y la necesidad de una adecuada valoración probatoria en la determinación del incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Procede imponer condena en costas cuando ambos recursos de apelación resultan imprósperos?
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