Titulación de la relatoría 20.287 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / FALTA DE COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / DEBIDO PROCESO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA / INVÍAS
Problema jurídico:
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer de la pretensión de pago de los costos ociosos que el consorcio tuvo que asumir durante la paralización del contrato, con miras a tener la disponibilidad necesaria para recibir las obras cuando los plazos se reanudaran, cuando resulta un argumento nuevo pues no fue expuesto en la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
Con miras a establecer el objeto de la apelación y ante la advertencia de que en su impugnación el consorcio introdujo argumentos que no presentó en su demanda, resulta pertinente realizar las siguientes precisiones en torno al principio de congruencia y el derecho al debido proceso. (...) La causa petendi tiene relación directa con el principio de congruencia consagrado en el artículo 281 del CGP; a su vez, éste se muestra como un mecanismo de protección y garantía del derecho al debido proceso, en tanto procura que las partes no sean sorprendidas con decisiones que recaigan o se funden en aspectos frente a los cuales no tuvieron la oportunidad de debatir, por tanto, delimita el marco de competencia del juez en función de los hechos y pretensiones formuladas en la demanda y, de cara a ellos, de los argumentos de defensa que la contraparte procesal plantee, sin perjuicio de los asuntos que oficiosamente se deban resolver. (...) El demandante no puede modificar la causa en la que sustenta sus pretensiones a través de señalamientos alegados por fuera de las etapas procesales dispuestas para ello, específicamente, la demanda o su reforma, puesto que ello implicaría desconocer el derecho de defensa y contradicción de su contraparte en la medida en que el proceso judicial está diseñado a través de etapas preclusivas que permiten a las partes en contienda, con una secuencia organizada, manifestarse frente a los argumentos de la otra. Agotado este escenario de imputación y contradicción, se delimita el asunto sobre el cual ha de pronunciarse el juez; de manera que, precluidas tales oportunidades, no se abrirán otras para que se introduzcan nuevos argumentos. (...) Realizada la revisión del recurso de apelación propuesto por el consorcio y contrastado con lo esgrimido en su demanda, se encuentra que en el primero se introdujeron aspectos que no fueron planteados en el libelo introductorio. En la demanda se afirmó que durante las suspensiones del contrato de obra y del de interventoría, el contratista del primero de los mencionados negocios jurídicos continuó ejecutando labores y, por solicitud del INVÍAS, el demandante también debió avanzar en las actividades de supervisión. Con base en este supuesto fáctico, reclamó el pago de las labores que habría ejecutado en dichos periodos. Sin embargo, en el recurso de apelación, sostuvo que lo que está reclamando corresponde a los costos que tuvo que asumir por la disponibilidad que debió sostener para recibir las obras cuando se levantaron las suspensiones (...) El argumento planteado en el recurso de apelación es novedoso y, por tanto, representa una variación del litigio e impide. Una cosa es reclamar la ejecución de labores de interventoría realizadas durante las suspensiones y otra pedir el pago de los costos ociosos que el consorcio tuvo que asumir durante la paralización del contrato, con miras a tener la disponibilidad necesaria para recibir las obras cuando los plazos se reanudaran. Comoquiera que este último aspecto no fue el que se planteó en la demanda y, por lo mismo, el INVÍAS no tuvo oportunidad de pronunciarse, la sala acotará su análisis al primer supuesto, pues fue el sustento fáctico en el que se soportaron las pretensiones.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INTERVENTORÍA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Puede analizarse lo convenido en el contrato de interventoría en función de lo convenido en el contrato de obra?
Respuesta al problema jurídico: No
En el recurso de apelación el consorcio indicó que no podía dejarse de lado que el contrato de obra sobre el cual recayó la interventoría se pactó a precios unitarios, por lo cual su valor real correspondía al que resultara de medir las cantidades ejecutadas. Con ese preámbulo, afirmó que no se requería pactar por escrito obras extras o adicionales, sino que bastaba con cuantificar las cantidades efectivamente ejecutadas, como supuestamente lo hizo el perito designado. (...) El planteamiento del recurrente no es claro de cara al litigio que ahora se analiza, puesto que el conflicto versa sobre el contrato de interventoría y no respecto del contrato de obra. Se añade que a partir de la mención general que se hizo frente a la modalidad del precio que se pactó para la obra, no es posible derivar un cargo en contra de la sentencia recurrida, puesto la providencia no discurrió sobre ese aspecto; además de que ni en la demanda ni en la impugnación se estructuró un argumento que expresara cómo el precio de aquél podría tener impacto en el contrato de interventoría y, específicamente, en el conflicto que es el objeto de este proceso. (...) Con todo, si bien ambos contratos están relacionados en función de la consecución de la finalidad pública que se pretende satisfacer a través de ellos, lo cierto es que se trata de dos negocios jurídicos autónomos, por lo cual las estipulaciones de uno no se trasladan automáticamente al otro, lo que impide analizar la interventoría en función de lo convenido en el contrato de obra. (...) Adicionalmente, se advierte que en el recurso de apelación el demandante hizo alusión a un dictamen pericial que habría tenido por objeto medir unas cantidades de obra; sin embargo, esta información no es correspondiente con el proceso, puesto que las únicas pruebas aportadas y decretadas fueron documentales.(...)
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el contrato de interventoría respecto del contrato de obra pública, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de mayo de 2025, exp. 70270, C.P. José Roberto Sáchica Méndez y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de mayo de 2025, exp. 70671, C.P. José Roberto Sáchica Méndez .
INTERVENTORÍA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO / FALTA DE PRUEBA / EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL CONTRATO / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA
Problema jurídico:
¿Se debe ordenar el reconocimiento y pago de las labores de interventoría que se habrían desarrollado durante la suspensión del contrato, porque las obras se recibieron a satisfacción y porque la supervisión debía ejecutarse al margen de las vicisitudes que afectaran el contrato vigilado?
Respuesta al problema jurídico: No
A la sala corresponde determinar si se debe ordenar el reconocimiento y pago de las labores de interventoría que se habrían desarrollado durante la suspensión del contrato, porque las obras se recibieron a satisfacción y porque la supervisión debía ejecutarse al margen de las vicisitudes que afectaran el contrato vigilado. (...) Se anticipa que se confirmará la sentencia recurrida, toda vez que en el recurso de alzada no se ofrece evidencia del desarrollo de las referidas actividades, sin que sea posible considerar como prueba indirecta y plena de ello las premisas que aborda el demandante en su recurso. Las razones que conducen a esta conclusión se expresan a continuación. (...) El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 señala expresamente que tanto las labores de supervisión como las de interventoría comportan “el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista”, por lo cual quienes las desempeñen están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo del contrato y, paralelamente, asumen la responsabilidad de mantener informada a la entidad contratante respecto de cualquier situación que pueda poner en riesgo el cumplimiento del contrato. Se trata de un mecanismo convencional que la ley autoriza a las entidades públicas utilizar para cumplir su deber de vigilar permanentemente la correcta ejecución de los negocios jurídicos que celebren, cuando el seguimiento impone la necesidad de tener conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o extensión del negocio jurídico lo justifica. (...) A partir de la regulación que trae la Ley 1474 de 2011 se deriva que su objeto orbita en el campo del control de otro negocio, con el propósito de seguir, verificar y promover su correcta ejecución. Esto pone en evidencia que existe un nexo entre este acuerdo y aquel sobre el cual recaen sus labores, por ser el segundo el objeto del seguimiento que se desarrolla a través del primero; pero también que se trata de dos contratos autónomos, en la medida en que cada uno de ellos responde a una causa y objeto diferentes. (...) Esta precisión permite advertir que el hecho de que el negocio sobre el cual recaen las labores de seguimiento, verificación y control se cumpla y, por ello, se reciba a satisfacción, no acredita automáticamente la ejecución de las obligaciones de la interventoría, menos que éstas se hubieren desarrollado en periodos en los que ambos estaban suspendidos. Dado que se trata de contratos diferentes que, por lo mismo, se estructuran a través de prestaciones diversas, a la acreditación de su ejecución debe arribarse a través de una prueba directa que lo evidencie. (...) Ahora, la autonomía que se predica entre esos dos negocios jurídicos no conduce a desconocer que existe un nexo entre ellos, en tanto la interventoría se explica en la existencia de otro contrato sobre el cual deben recaen sus labores; de ahí que si bien no cualquier dificultad que se cierna sobre la ejecución del contrato vigilado se traslada al de interventoría, lo cierto es que en algunos casos, debido a la razón que los vincula, la imposibilidad total, pero temporal o parcial, de ejecutar el contrato objeto de seguimiento, impide desarrollar algunas de las actividades que están a cargo del interventor. Por esta razón, la sola afirmación de que, al margen de las vicisitudes que se presentaran en el contrato obra, el de interventoría debía continuar ejecutándose, no permite siquiera inferir el desarrollo de las actividades de seguimiento, verificación y control durante los periodos de suspensión. (...) Se añade que la aseveración de que se ejecutaron labores de interventoría durante esos periodos no encuentra respaldo en el material probatorio obrante en el expediente, pues de lo que da cuenta es de que, según la propia declaración del consorcio demandante, el contrato de interventoría se paralizó temporalmente por los mismos periodos en los que lo hizo el contrato vigilado, dada la ocurrencia de circunstancias que impidieron momentánea, pero totalmente, su continuación; de manera que con esa medida las partes de ambos negocios jurídicos pretendieron evitar que el plazo pactado para ejecutarlos se agotara sin que se cumpliera el objeto convenio, lo que es afín con la finalidad del acuerdo de suspensión (...) las suspensiones se justificaron en la imposibilidad de que se ejecutara el contrato de obra que se debía vigilar, hasta tanto se superaran los efectos que produjo el fuerte invierno en su planeación y ejecución. En línea con ello, en las actas 1 y 2 y en todas las ampliaciones, el consorcio declaró que asumía la responsabilidad por la veracidad de la información contenida en estos documentos, especialmente, en cuanto a las condiciones técnicas o económicas que impedían desarrollar las labores de supervisión y su término de duración. En consecuencia, se comprometió a suspender sus actividades y a reanudarlas en la fecha acordada por las partes o de manera anterior si cesaban las causales de suspensión. (...) En estas condiciones, no resulta acorde con estas manifestaciones que el consorcio solicite el reconocimiento de labores de interventoría que supuestamente habría realizado durante los periodos de suspensión acordados, pues ello daría lugar a entender que realmente no hubo razones que justificaran la paralización de ninguno de los dos contratos. (...) La posición del demandante falta al principio de normatividad de los contratos y al de la buena fe, puesto que deshonra las obligaciones derivadas del negocio jurídico que celebró con el INVÍAS y las declaraciones y compromisos vertidos en los acuerdos de suspensión, en virtud de los cuales quedó claro para ambas partes que no habría lugar a la ejecución de actividades de interventoría durante esa fase y que el consorcio no las reanudaría hasta tanto el contratista de obra certificara que contaba con los recursos necesarios, debidamente ubicados, para la ejecución de la obra, en aras de que no se causaran sobrecostos. (...) Con todo, cabe señalar, como concluyó el tribunal, que en el expediente no obran pruebas acerca de que el INVIAS le hubiese solicitado al consorcio desarrollar la vigilancia técnica durante las fases de suspensión y tampoco que acrediten que, incluso, en contra de lo convenido, el consorcio hubiere desarrollado actividades durante tales periodos. Aunque en la apelación afirmó que esto estaba demostrado con las facturas de venta que emitió, con las certificaciones que aportó con la demanda y, en general, con las demás pruebas que obran en el proceso, lo cierto es que estos documentos no lo comprueban. (...) En cuanto a las facturas, se resalta que no tienen vocación suficiente para acreditar la efectiva prestación de un servicio, en la medida que un debate judicial que persigue la declaración de un derecho a partir de la acreditación de una hipótesis fáctica se ubica en el campo del negocio jurídico causal, lo que exige que para determinar si surgió el deber de contraprestación se deba establecer que la prestación que da lugar a ello se ejecutó en las condiciones pactadas, lo que impone traer al proceso las pruebas que así lo demuestren, para lo cual la sola factura resulta insuficiente. Con todo, en este caso se evidencia que ninguna de las aportadas se refiere a labores de interventoría ejecutadas en los periodos en que el contrato estuvo suspendido, sino que todas ellas conciernen a servicios prestados durante su plazo de ejecución, respecto de los cuales no hay divergencia entre las partes. En efecto, se encuentra acreditado que el contrato se suspendió en dos oportunidades (...) En el campo de lo posible, la sala no soslaya el hecho de que durante las suspensiones los vínculos laborales de las empresas integrantes del consorcio pudieron no suspenderse, pero esto no significa que se ejecutaron actividades asociadas al objeto del contrato, menos que los costos indirectos derivados de las referidas relaciones laborales se puedan trasladar la entidad pública contratante, pues además de que en este hecho no descansa la demanda, para ello se hace necesario un cúmulo de pruebas que van más allá de la verificación de su causación, como sería, por ejemplo, la revisión de la estructura de costos empresariales, los precios pactados, las unidades de cobro y facturación, y en general un universo que superaría la mera existencia de certificaciones juramentadas sobre pagos a seguridad social. (...) Las demás pruebas que obran el plenario tampoco reflejan la prestación efectiva de labores de interventoría durante los periodos de suspensión. Se refieren a costos administrativos a cargo del demandante causados en periodos en que los que el contrato se encontraba en ejecución; en otros casos, aluden a costos generados después de que el plazo de la interventoría había expirado. (...) Los medios demostrativos no revelan que durante esas fases el demandante hubiere realizado supervisión, control y verificación de obras, actividades de planeación y programación, recorridos a las obras, recibo de obras, atención de PQRS, revisión documental y cierre ambiental como afirmó en su demanda, aspecto que, al constituir el fundamento fáctico de sus pretensiones, era de su cargo acreditar (...) Como corolario de todo lo expuesto, se confirmará la decisión adoptada en el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, lo que incluye la de liquidación judicial, en tanto estaba dirigida a que en el balance final de cuentas se reconociera como saldo a favor del consorcio el valor que reclamó por concepto de las labores de interventoría que supuestamente habría ejecutado durante los periodos de suspensión de los contratos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la buena fe, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia SC038-2015 del 2 de febrero de 2015
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 83, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONSORCIO / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO
Problema jurídico:
¿Procede condenar en costas a la parte demandante debido a que vencida en su recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
Se condenará en costas a la parte demandante en la medida en que su recurso de apelación no prosperó y, como consecuencia de ello, se confirmará en su totalidad la sentencia recurrida. La condena no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual se determina con fundamento en un criterio objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. (...) La condena se distribuirá en cabeza de los consorciados en una participación igual a su participación en la figura asociativa, esto es, 40% a cargo de Compañía Colombiana de Consultores S.A. y 60% a cargo de Arredondo Madrid Ingenieros Civiles Ltda. (...) Las agencias en derecho se rigen por el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda (30 de septiembre de 2020). Como quiera que el INVÍAS contó con representación judicial en la segunda instancia de este proceso y, además, se pronunció frente a la impugnación del demandante, se condenará al consorcio a pagar por este concepto el monto de un (1) SMLMV a favor de su contraparte, suma que será distribuida entre los consorciados según su participación en la figura asociativa. (...) La liquidación de la condena en costas se debe adelantar de manera concentrada en el tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con dispuesto en el artículo 366 del CGP.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 10554 DE 2016, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366