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CÁLCULO DE LOS PERJUICIOS

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Consejo de Estado Providencia

El interesado puede interponer recurso de apelación contra el auto que aprueba la liquidación de costas procesales para controvertir el monto fijado por agencias en derecho.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2026-10-07 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020200031102 Controversias contractuales
¿Procede el recurso de apelación contra el auto que aprueba la liquidación de costas para controvertir el monto de las agencias en derecho? Sí
Cualquier sujeto procesal inconforme con la decisión sobre costas puede interponer los recursos de reposición y apelación contra el auto aprobatorio de la liquidación para controvertir exclusivamente el monto de las agencias en derecho. En este auto, la corporación confirmó la providencia apelada que aprobó la liquidación de costas de un proceso de controversias contractuales, aplicando el artículo 188 del CPACA y el artículo 366 numeral 5 del Código General del Proceso, al constatar que las agencias en derecho se fijaron dentro de los rangos previstos en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura y resultaban razonables frente a la labor desplegada.síntesis automática
También resuelve: ¿La fijación de las agencias en derecho debe supeditarse al monto de los perjuicios que se liquiden en el incidente derivado de una condena en abstracto? ¿Procede condenar en costas de primera instancia a la parte demandada cuando la sentencia de segunda instancia revoca la decisión del a quo y la parte demandante, por conducto de apoderado judicial… ¿Se ajusta a derecho la liquidación de costas cuando las agencias en derecho fijadas se encuentran dentro de los rangos previstos en las tarifas del Consejo Superior de la Judicatura…
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Consejo de Estado Providencia

Prueba de ello son las certificaciones expedidas por Transcaribe

Sentencia — Sentencia 2023-11-30 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020110108001 ACCION CONTRACTUAL
¿Se probó que la oferta del consorcio demandante habría ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad, o que el Consorcio demandado no habría resultado adjudicatario en esa situación? No
Quien impugna un acto de adjudicación en un proceso de selección debe probar que su oferta habría ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad, o que el adjudicatario no habría resultado seleccionado en esa situación, pues sin esa prueba no hay lugar a declarar la irregularidad de la adjudicación. Esta carga procesal se explica por dos razones. Una razón es que la adjudicación solo puede anularse si se demuestra que la selección desconoció la oferta más favorable, y la mera prueba del rechazo de la propuesta no basta para establecer ese orden. Otra razón es que el consorcio demandante concentró sus pruebas en demostrar el rechazo sin justificación y el cuantum de los perjuicios, sin aportar elementos sobre la calificación técnica de las propuestas. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de la demanda, y la conciliación aprobada y el dictamen sobre perjuicios no suplieron esa falta de prueba. Su consecuencia práctica es que el proponente que reclama la adjudicación debe demostrar, con la evaluación técnica, que su oferta era la mejor calificada.síntesis automática
También resuelve: ¿El consorcio demandante cumplió con la carga de probar que su oferta era la mejor para la entidad? ¿El demandante probó que su oferta era la mejor de conformidad con la fórmula establecida en el pliego? ¿Una vez celebrado el contrato sin que se hubieran enjuiciado los actos previos, estos sólo eran demandables en ejercicio de la acción de controversias contractuales?
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Consejo de Estado Providencia

Contrato estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-08-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020140017901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y al artículo 2 de la Ley 80 de 1993, que la cesión realizada entre el Departamento de Cundinamarca y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. alteró el régimen jurídico sustancial del contrato estatal SOP-A-194-2006? No
La cesión de la posición contractual de un departamento en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios oficial no altera el régimen jurídico sustancial del contrato estatal celebrado antes de la cesión. La regla se apoya en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, según el cual en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, y en que el departamento, como entidad enlistada en la Ley 80 de 1993, somete el contrato al estatuto general de contratación pública. Ese régimen no muta por el solo hecho de la cesión, pues las prerrogativas del contrato se transfieren al cesionario. En el caso, el contrato fue suscrito inicialmente por el departamento y el consorcio contratista, y su régimen estatal se mantuvo tras la cesión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el contrato cedido continúa rigiéndose por las normas vigentes al celebrarse, y el cambio de titular no modifica la naturaleza estatal de la relación.síntesis automática
También resuelve: ¿Es aplicable el artículo 136, numeral 10, del Código Contencioso Administrativo para efectos de contabilizar el término de caducidad del medio de control judicial en relación con el contrato estatal… ¿Debe reconocerse al contratante una indemnización adicional por los conceptos no aceptados por el tribunal a quo, como la instalación de tuberías, reparaciones del acueducto, diagnóstico de la obra… ¿Puede la Sala abstenerse de imponer costas en segunda instancia conforme al artículo 365 numeral 5 del CGP, cuando el recurso de apelación prospera parcialmente…
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Consejo de Estado Providencia

Se procede a actualizar a valor presente la cuantía del lucro cesante reconocida en el auto apelado.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2023-12-14 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600019951170402 ACCION CONTRACTUAL
¿Se reconoce a favor del demandante una suma dineraria por concepto de pérdida de oportunidad? Sí
En la celebración de un contrato estatal de obra, la pérdida de oportunidad de obtener utilidades puede indemnizarse como lucro cesante cuando se acredita la probabilidad de obtener el beneficio esperado, y la utilidad proyectada se calcula a partir de un incremento estimado con base en los porcentajes del IPC durante los cinco años siguientes a la declaratoria de caducidad. Esa probabilidad se mide con el criterio de Laplace, de modo que cada escenario tiene el mismo grado de ocurrencia. Además, cada utilidad anual proyectada se indexa a la fecha de la providencia con la fórmula fijada por la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad demandada había objetado la primera experticia, pero no se opuso a los métodos estadísticos y probabilísticos usados en el dictamen, de modo que esos métodos no fueron controvertidos. En el caso, el auto reconoció una suma por pérdida de oportunidad y actualizó a valor presente el lucro cesante reconocido en la decisión apelada. La providencia modifica la decisión anterior en este punto. Su consecuencia práctica es que el perjuicio por pérdida de oportunidad debe cuantificarse con un dictamen pericial que sustente cada escenario probabilístico.síntesis automática
También resuelve: ¿Si bien la entidad demandada formuló objeción contra la primera experticia no se oponía a los métodos estadísticos y probabilísticos utilizados en el dictamen? ¿El Consejo de Estado admitió como ejercicio probatorio la alternativa de presentar las certificaciones de los contratos o la facturación de los mismos? ¿Existe prueba de que la ganancia obtenida por el actor hubiera alcanzado, frente a los contratos efectivamente ejecutados…
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Consejo de Estado Providencia

Se cumplen los presupuestos procesales de jurisdicción

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 25000233600020190018601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se cumplen los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa y el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial, para decidir la segunda instancia? Sí
El contratista no puede modificar los fundamentos de la demanda a través del recurso de apelación al incorporar nuevos argumentos no planteados en la demanda inicial, ya que esto vulnera el principio de congruencia y el derecho de defensa de la parte demandada, según establece el artículo 281 del Código General del Proceso. La entidad estatal debe cumplir con los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa y agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial para que la Subsección decida la segunda instancia. La Sala confirma que el Tribunal a quo no vulneró el debido proceso ni el derecho de defensa de la aseguradora al no pronunciarse sobre los alegatos de conclusión, ya que los cargos de la demanda fueron considerados y resueltos en la sentencia de primera instancia. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la importancia de mantener la congruencia en los recursos de apelación y la necesidad de cumplir con los requisitos procesales para la admisión de la segunda instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿Se modificó el fundamento de la demanda a través del recurso de apelación con la inclusión de nuevos argumentos no planteados en la demanda? ¿El Tribunal a quo omitió pronunciarse sobre los alegatos de conclusión de primera instancia de la aseguradora y, como consecuencia, vulneró su debido proceso y derecho de defensa? ¿De acuerdo con la naturaleza de la entidad contratante, las características y especificaciones del negocio jurídico objeto de estudio…
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Consejo de Estado Providencia

No existen saldos a favor de alguna de las partes con ocasión de la ejecución del contrato de concesión que les generen saldo

Sentencia — Sentencia 2022-09-22 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 25000232600020020129001 ACCION CONTRACTUAL
¿Existen saldos a favor de alguna de las partes con ocasión de la ejecución del contrato de concesión que les generen saldo a favor? No
El contrato de concesión no permite la devolución de saldos a favor de ninguna de las partes durante su ejecución, salvo que las partes manifiesten estar a paz y salvo hasta una fecha específica, en la que se amplía el plazo del contrato. En este caso, el dictamen judicial no fue detallado y preciso, por lo que no tiene eficacia probatoria. Además, la parte demandante no puede desconocer sus actos propios al reclamar incumplimientos de obligaciones respecto de las cuales manifestó estar a paz y salvo. La renuncia del concesionario a cualquier acción judicial derivada del contrato en el acta de acuerdo también impide estudiar reclamaciones del demandante respecto a incumplimientos posteriores. Las entidades estatales están autorizadas para celebrar contratos que permitan la autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimiento de los fines estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿Las pretensiones no se ajustan a la buena fe contractual, pues lo que pretende el demandante es desconocer sus actos propios al reclamar el incumplimiento de obligaciones respecto de las cuales… ¿Como el concesionario renunció a cualquier acción judicial derivada del contrato en el acta de acuerdo, tampoco es posible estudiar las reclamaciones del demandante respecto a posibles… ¿Las entidades están autorizadas para celebrar los contratos y acuerdos que permita la autonomía de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines estatales?
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Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso de repetición en segunda instancia

Sentencia — Sentencia 2024-03-18 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 19001233300020180005301 LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso de repetición en segunda instancia, por razón de su cuantía? Sí
En el medio de control de repetición tramitado bajo la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra sentencias de los tribunales administrativos cuando la pretensión supera la cuantía legal, de modo que la competencia se determina por el factor objetivo además del subjetivo. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los artículos 149, 152 y 155 de esa ley regularon la competencia funcional del medio de control y derogaron el criterio de conexidad del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Segunda, la cuantía se introdujo como factor objetivo para los asuntos de doble instancia, mientras el factor subjetivo subsiste para los de única instancia. Tercera, el numeral 11 del artículo 152 asigna a los tribunales la primera instancia de repeticiones que superen 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que define la vía de la apelación. Como el proceso se inició bajo esa ley, la competencia se fija por la norma vigente al momento de la demanda. La consecuencia práctica es que la pretensión que supera el umbral legal habilita la apelación ante el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿En el medio de control de repetición la contabilización del término de caducidad se determina por la fecha del pago de la condena judicial realizado por la entidad pública? ¿Las pruebas trasladadas de los procesos penal y disciplinario cumplen con los requisitos para ser tenidas en cuenta? ¿El Juez al momento de adoptar la decisión que corresponda, se rige por el principio iura novit curia, que le impone encontrar los fundamentos jurídicos de su decisión?
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Consejo de Estado Providencia

Procede declarar la ineptitud sustantiva de la demandan

Sentencia — Sentencia 2022-05-11 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 25000233600020160088902 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede declarar la ineptitud sustantiva de la demandan respecto de la pretensión de nulidad del acto administrativo que deniega una solicitud de revocatoria directa? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad del acto administrativo que deniega una solicitud de revocatoria directa mediante la acción de lo contencioso administrativo, ya que dicha decisión no genera una situación jurídica nueva ni es susceptible de control judicial, por lo que la demanda debe ser declarada inepta sustantivamente en relación con esta pretensión. La Sala reitera la jurisprudencia según la cual la resolución que niega la revocatoria directa no constituye un acto administrativo definitivo, por lo que no puede ser objeto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta regla implica que el juez debe inhibirse para fallar sobre dicha pretensión y declarar la ineptitud sustantiva de la demanda en este aspecto.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la acumulación de las pretensiones solicitadas a través del medio de control de controversias contractuales y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho? ¿Cuando las pretensiones se solicitan mediante medios de control diferentes, el término de caducidad cuenta de manera separada para cada una de ellas? ¿Cuál es la diferencia entre la inhabilidad para contratar y la incompatibilidad?
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de las controversias contractuales

Sentencia — Sentencia 2022-05-20 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020070017701 ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las controversias contractuales en las que hacen parte entidades estatales? Sí
El contratista puede interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia cuando el contrato fue celebrado por una entidad pública y la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales, conforme a lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. La caducidad de la acción se contará a partir de la terminación del contrato cuando este no sea susceptible de liquidación, tal como dispone el literal b) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, lo que es aplicable a contratos de prestación de servicios de telecomunicaciones que se rigen por el derecho privado y no requieren liquidación. En el caso en cuestión, la terminación del contrato por vencimiento de plazo y la presentación de la demanda dentro del término de dos años permiten concluir que la acción fue oportuna, revocando así la sentencia de primera instancia y permitiendo el estudio de las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad de la acción de controversias contractuales en eventos en que el contrato no requiere liquidación, debe contarse a partir de la terminación del msimo? ¿La demanda se presentó oportunamente? ¿La Sociedad Colombiana de Telecomunicaciones está legitimada en la causa por pasiva al operar la cesión de contratos una vez fue liquidada Telecom?
Consejo de Estado Providencia

A este efecto, conviene reiterar que durante la ejecución del contrato estatal no todas las expresiones de la entidad pública contratante se califican como un acto administrativo no todas sus manifestaciones constituyen declaraciones unilaterales de voluntad en ejercicio de la función administrativa, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas.

Sentencia — Sentencia 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 47001233300020140040001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las tradicionales comunicaciones en el contexto de la ejecución contractual, como en este caso, las decisiones que negaron la solicitud de prórroga del contrato, son pasibles de control judicial? No
El contratista no puede someter a control judicial las decisiones que niegan la solicitud de prórroga del contrato, ya que estas no constituyen actos administrativos, sino simples comunicaciones en el contexto de la ejecución contractual que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas. La Sala establece que, para que una decisión sea considerada un acto administrativo, debe tener un efecto jurídico directo y alterar los derechos y obligaciones del contrato. En este caso, la negativa a la prórroga no modificó el plazo inicialmente convenido ni creó nuevas obligaciones, por lo que no es susceptible de control judicial. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y limita la competencia del juez contencioso administrativo a los actos administrativos genuinos, excluyendo las comunicaciones que no alteran el contenido del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede la Sala, emitir algun pronunciamiento respecto a los cuestionamientos de las multas, de la nulidad del contrato y de la extemporaneidad de la liquidación unilateral por hacerse dentro de los 4… ¿Cuenta con valor probatorio un dictamen pericial rendido por un perito sin las cualidades requeridas por el Tribunal a quo, esto es, contar con una especialización en gerencia de proyectos… ¿Se acreditó la nulidad de los actos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de obra, llave en mano, por parte del consorcio demandante?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: hay lugar a indemnización por concepto de gastos o costos ejecutados

Aclaración voto — Aclaración de voto 2022-03-30 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 76001233100020090020801 ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a indemnización por concepto de gastos o costos ejecutados cuando se acredite que tales obligaciones no fueron sufragadas con el valor por contraprestación acordado en el negocio jurídico? Sí
No resulta jurídicamente posible reconocer a la sociedad actora la pérdida generada por el perjuicio derivado del incumplimiento de la entidad demandada, ya que no se trata de un perjuicio cierto, personal y cuantificable, sino, eventual. Es claro que en materia de ejecución contractual, si una parte cumple con lo prometido y la otra no, se frustra su expectativa, pero, ello no necesariamente constituye un perjuicio susceptible de indemnización, pues, el sistema resultaría fallido. Habría lugar a indemnización por concepto de gastos o costos ejecutados siempre y cuando se acredite que en efecto tales obligaciones no fueron sufragadas con el valor por contraprestación acordado en el negocio jurídico y se edifique el reconocimiento de perjuicios desde la certeza de su ocurrencia.