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¿La Agencia Nacional de Minería debe reintegrar a la parte actora los valores pagados con ocasión de los actos anulados? Sí
Cuando se anula un acto que liquida regalías con un precio posterior, la entidad debe reintegrar lo pagado, porque el precio vigente para liquidar el trimestre es el que fijó el acto aplicable al período y no puede aplicarse retroactivamente a una obligación ya consolidada. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución vigente para el trimestre, incluido el mes de julio, dispuso expresamente el precio aplicable, y el contribuyente lo acató. Segunda, la obligación de liquidar y pagar las regalías solo surgió después de la entrada en vigor del acto posterior y de culminado el período trimestral, por lo que la aplicación retrospectiva altera una situación jurídica consolidada. Tercera, el derecho conculcado quedó acreditado y el monto pagado con ocasión de los actos demandados no fue controvertido. La providencia revoca la decisión y ordena, a título de restablecimiento, el reintegro de los valores pagados. La consecuencia práctica es que la aplicación retrospectiva de un nuevo precio para regalías ya causadas no es válida y da lugar a la devolución de lo pagado en exceso.síntesis automática
También resuelve:¿El efecto retrospectivo resulta válido a la luz del ordenamiento jurídico por cuanto no altera situaciones jurídicas ya consolidadas?¿En la parte resolutiva se ratificó que la resolución aplicaba para la totalidad del tercer trimestre de 2009?¿La UPME determinaba el precio del mineral para todos los periodos a más tardar iniciando cada trimestre calendario?
¿Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio so pena de que operara la caducidad de la sanción administrativa? Sí
El contratista no puede ser sancionado si la entidad estatal no expide y notifica el acto sancionatorio dentro del término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, ya que la caducidad de la facultad sancionatoria opera si el acto no es notificado en tiempo y forma. La Sala reitera que el plazo de caducidad comienza a correr desde el día siguiente al cese del hecho que provocó la investigación, y si la notificación se realiza fuera de este término, la sanción administrativa caduca. Esto implica que la entidad no es competente para expedir el acto sancionatorio y que la resolución debe declararse nula, lo que confirma la sentencia de primera instancia que parcialmente prosperó la demanda del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Al encontrar acreditada la caducidad de la facultad sancionatoria la Sala se ve compelida a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas?¿Era necesario expedir y notificar el acto principal en el término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, so pena de que operara la caducidad?¿Desde la expedición de la sentencia de unificación se fijó una única regla de interpretación del término de caducidad de la facultad sancionatoria?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2024-04-12Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 11001032600020150004900LEY 1437 REPETICION
¿Cuando se pidan testimonios se debe expresar el nombre, domicilio, residencia o lugar donde citar a los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba? Sí
La Sala, en esta providencia confirmará la decisión adoptada en la audiencia inicial de 6 de marzo de 2023, respecto de las pruebas que fueron solicitadas por la parte demandada y que se negaron, toda vez que el expediente administrativo debió ser solicitado por la parte demandada directamente y, los testimonios, no cumplen con los requisitos de pertinencias y conducencia. El artículo 173 del CGP señala que el juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite… . Por su parte, el artículo 212 del CGP dispone que cuando se pidan testimonios se debe expresar el nombre, domicilio, residencia o lugar donde citar a los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba.
¿El juez de segunda instancia está limitado a los fundamentos del recurso de apelación? Sí
El juez de segunda instancia está limitado a los fundamentos del recurso de apelación, conforme al artículo 357 del Código de Procedimiento Civil aplicable por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, salvo en casos de revocación de la decisión inhibitoria, donde debe proferir una decisión de mérito. Los consorcios cuentan con la capacidad contractual y procesal para ser parte en controversias contractuales que los involucran, pese a cesiones internas entre sus miembros, siempre que el consorcio no ceda sus derechos y obligaciones a terceros. En contratos de tracto sucesivo que requieren liquidación, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato puede solicitarse, a más tardar, dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar, independientemente de declaratorias posteriores de siniestro. Estas reglas reiteran y matizan precedentes sobre los límites del juez en segunda instancia, la naturaleza jurídica de los consorcios y el cómputo del término para restablecer el equilibrio económico en contratos administrativos.síntesis automática
También resuelve:¿Los consorcios cuentan con la capacidad contractual y procesal para ser parte en las controversias contractuales que los involucran?¿en los contratos de tracto sucesivo que requieren liquidación el restablecimiento del equilibrio económico del contrato puede solicitarse, a más tardar…¿El acto que declaró el siniestro se profirió por fuera del plazo de ejecución, y es desde su expedición que inicia el cómputo del término de caducidad de la acción?
El reconocimiento de mayores cantidades de obra en un contrato a precios unitarios exige prueba que dé certeza de la reclamación, de su efectiva realización y de su cuantificación. La ausencia de salvedades en el acta de prórroga no equivale por sí sola a una renuncia tácita, según la nota de relatoría que cita la providencia, pues esa tesis se considera superada. Lo determinante es si la prórroga incluyó expresamente las obras reclamadas, y cuando el documento no lo aclara y no hay medios que permitan confirmarlo o negarlo, la reclamación no prospera. Esta falta de prueba se extiende a la ejecución y a la cuantificación de las obras, lo que impide acceder a la pretensión. En el caso concreto, el reclamo sobre la modificación de unos baños no fue probado y el rechazo fue confirmado. El documento describe la renuncia tácita como posición superada, de modo que la regla matiza el criterio anterior sin alterar la carga probatoria del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se contó con el concepto favorable del Comité de Contratación, dando cumplimiento con el procedimiento señalado en el manual de contratación?¿No puede afirmarse que los problemas de los estudios fueran los determinantes del incumplimiento que se le imputó al contratista?¿El tiempo adicional otorgado no supuso una ampliación del plazo sino solamente que las obras debían cumplirse aun cuando fuera de manera extemporánea?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-11-21Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020190050801LEY 1437 REPETICION
¿Las partes procesales tienen la carga de justificar la prueba que soliciten practicar al juez administrativo? Sí
Las partes tienen la carga de justificar la prueba que solicitan, y si la incumplen, el juez puede denegar su práctica, pues debe verificar que el medio probatorio sea adecuado, guarde relación con los hechos relevantes y resulte necesario para demostrarlos. Para el testimonio, el artículo 212 del Código General del Proceso exige señalar la identidad y residencia del testigo y enunciar concretamente los hechos objeto de la prueba, so pena de que el juez se abstenga de decretarla. Además, la parte debe argumentar la utilidad, la necesidad y la pertinencia del testimonio. En el caso, la reforma de la demanda indicó los hechos que se pretendían probar con el testigo, pero no argumentó esas tres condiciones. Además, el recurso de apelación pretendía ampliar la finalidad de la prueba para demostrar la culpa grave o el dolo y el pago de la condena, algo que no estaba en la solicitud original. La providencia confirmó el auto que negó la práctica del testimonio. Su consecuencia práctica es que la solicitud de testimonio debe justificar su utilidad, necesidad y pertinencia desde el momento en que se formula.síntesis automática
También resuelve:¿Debe negarse el decreto y práctica del testimonio solicitado en la reforma de la demanda por el demandante, puesto que el mismo no justificó la utilidad, necesidad y pertinencia de dicha prueba?¿La sentencia judicial constituye prueba suficiente para estructurar el dolo o la culpa grave del agente estatal que ocasionó la condena?
¿Hay lugar a declarar la caducidad de la acción? Sí
El contratista no puede interponer una acción de repetición después de que caduque, lo que ocurre dos años después del día siguiente en que la entidad estatal debió haber pagado la condena, ya sea cuando efectúa el pago o cuando vence el plazo de 18 meses para hacerlo, según el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, la acción de repetición caducó el 28 de enero de 2009, dos años después del vencimiento del plazo de 18 meses para el pago de la condena, que expiró el 27 de enero de 2007. La solicitud de conciliación presentada por el contratista el 8 de septiembre de 2009 no suspendió el plazo de caducidad, ya que la acción ya estaba vencida en ese momento. Esta sentencia reitera la jurisprudencia existente sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición, lo que implica que los contratistas deben ser cuidadosos con los plazos para interponer acciones legales.síntesis automática
También resuelve:¿El plazo de 18 meses que tenía la entidad demandada para el pago de la condena, se cumplió el 27 de enero de 2007?¿El término de caducidad de la acción de repetición empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago?
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro del término legal? Sí
La demanda en ejercicio del medio de control jurisdiccional de controversias contractuales fue formulada dentro de la oportunidad que tenía para ello, ya que mediante acto administrativo emitido el 9 de marzo de 2018 la ATNV confirmó la liquidación unilateral del contrato de concesión no. 012 de 1987 y la demanda fue radicada ante la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 20 de enero de 2020.
También resuelve:¿Los actos administrativos mediante los cuales la ANTV no concedió la prórroga del plazo del contrato de concesión no. 012 de 1987 y liquidó unilateralmente dicho negocio jurídico…¿Procede la condena en costas contra la parte demandante por cuanto el recurso de apelación interpuesto no prosperó?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-01-30Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 50001233300020130032701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la excepción de falta de competencia propuesta por la demandada en el caso sub examine, consistente en el reconocimiento, graduación y calificación de las acreencias en favor de la E.S.E. Hospital demandante en el proceso de liquidación de Caprecom, esto, como consecuencia de los actos administrativos expedidos por el liquidador de la entidad? No
Después de revisado el expediente, el Despacho evidencia que, contrario a lo señalado por el Tribunal Administrativo del Meta, los actos expedidos en el proceso liquidatario de CAPRECOM fueron allegados por el PAR CAPRECOM de manera oportuna, junto con la contestación de la demanda… . De conformidad con los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo del Meta frente a la sustentación de la excepción propuesta por la demandada, el Despacho encuentra que los reparos manifestados por el PAR CAPRECOM pueden encaminarse, más que a la falta de competencia para resolver la controversia, a la configuración de una “cosa juzgada en sede administrativa”, al señalar que en este caso no era posible que el Tribunal se pronunciara sobre el asunto en tanto que ya se habían resuelto las pretensiones económicas de la demandante en el proceso de liquidación de CAPRECOM.
¿Está demostrado que el demandado, entonces director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al expedir el acto administrativo de insubsistencia, incurrió en una conducta dolosa, específicamente, por obrar con desviación de poder? No
La desviación de poder que sustenta una conducta dolosa en la acción de repetición debe estar probada y no se presume a partir de la sola expedición de un acto de insubsistencia. Esta regla se apoya en el análisis conjunto del material probatorio, que debe demostrar que el agente tuvo una finalidad distinta al mejoramiento del servicio público. Cuando el acto fue proyectado y revisado por los funcionarios competentes, quienes dieron visto bueno en los aspectos jurídicos y fácticos, y cuando contiene las razones de la desvinculación y las funciones que estaban siendo inobservadas, la intención distinta no queda acreditada. En el caso concreto la subsección no halló probado que el demandado obrara con propósito distinto al de mejorar el servicio, y negó la pretensión. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la repetición por desviación de poder exige prueba directa o suficiente de la intención del agente y no basta con el carácter insubsistente del acto.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa por pasiva, recae sobre el funcionario al que se le imputa el daño que dio lugar a la condena contra el Estado?¿En casos de repetición regidos por la Ley 678 de 2001, la carga de la prueba corresponde al demandante, quien tiene el deber de acreditar la presunción prevista en la Ley?¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado demuestra, automáticamente, el dolo o la culpa grave del funcionario?
¿La empresa de servicios públicos demandada tenía competencia para liquidar de manera unilateral el contrato, hacer efectiva la póliza de seguro de cumplimiento y la cláusula penal? Sí
El contratista puede demandar la nulidad de los actos administrativos que liquidan unilateralmente un contrato estatal regido por el derecho privado, hacen efectiva la póliza de seguro de cumplimiento y cobran la cláusula penal, siempre y cuando se demuestre que la entidad estatal no tenía competencia para expedir dichos actos y que estos obstaculizaron el cumplimiento del contrato. La Sala revocará la sentencia de primera instancia y declarará la nulidad de los actos administrativos impugnados, ordenando la restitución de las sumas pagadas por el contratista y el pago del daño emergente, pero denegará el cobro de la utilidad dejada de percibir como comisión de éxito. Además, se determina que el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se contabiliza desde la ejecutoria del acto administrativo que liquidó unilateralmente el contrato, según el literal d) del inciso 2 del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Se presenta caducidad de la acción de controversias contractuales?¿Procede de oficio declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio demandado, al evidenciarse que éste no hizo parte de la relación contractual?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, y el tribunal administrativo es competente para conocer de las controversias contractuales cuya cuantía excede tres millones quinientos mil pesos. La Sala se pronuncia de fondo sobre un acto administrativo expedido extemporáneamente, declarando su nulidad cuando no se configura la caducidad de la acción de controversias contractuales, y restablece el derecho afectado por la liquidación unilateral, considerando que las multas impuestas por la entidad estatal fueron declaradas nulas en sentencias con efectos de cosa juzgada. Esta regla reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la procedencia del control judicial de actos administrativos extemporáneos, con implicaciones significativas para la protección de los derechos de los contratistas en controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el control judicial de acto administrativo expedido extemporáneamente?¿Procede la declaración de nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato por haber sido proferida extemporáneamente?¿Procede el restablecimiento del derecho afectado con la liquidación unilateral, teniendo en cuenta que existen dos decisiones con efectos de cosa juzgada que resolvieron que las multas impuestas por…
¿Deben negarse las pretensiones del medio de control de repetición, en cuanto la demandante no demostró los supuestos de hecho de las presunciones invocadas, así como tampoco acreditó que el demandado hubiese obrado con dolo o culpa grave al momento de proferir los actos que declararon la insubsistencia de tres funcionarios públicos provisionales? Sí
En la acción de repetición, las presunciones de dolo o culpa grave solo operan si se demuestran sus supuestos de hecho, y la sola alegación genérica de desviación de poder en una sentencia de nulidad no acredita el elemento subjetivo del demandado. La regla se apoya en que, al no estructurarse las presunciones, corresponde a la entidad demandante la carga probatoria del dolo o la culpa grave, y en que la sentencia de nulidad debe señalar el interés desviado que persiguió el agente para servir de base a la repetición. Sin esa prueba, el juez no puede deducir la conducta subjetiva del agente. En el asunto, la entidad no aportó medios probatorios sobre los supuestos de las presunciones ni sobre la conducta del demandado al declarar la insubsistencia de tres funcionarios provisionales, por lo que la Sala negó las pretensiones acumuladas. En la práctica, la entidad que repite contra quien declaró una insubsistencia debe probar el dolo o la culpa grave y no basta con invocar la nulidad del acto.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas procesales incluidas las agencias en derecho en el caso sub examine, en cuanto la demandante fue vencida en el proceso…
¿La sociedad demandante cumplió con la carga de probar las circunstancias graves que le atribuye a la entidad pública como generadoras del incumplimiento del contrato? No
Quien alega como causa del incumplimiento contractual unas circunstancias graves atribuibles a la entidad pública tiene la carga de probarlas, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, pues sin esa prueba la excepción de contrato no cumplido no puede prosperar. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que la omisión que se atribuye a la entidad como causa del incumplimiento no quedó demostrada, porque el contrato no evidenció que la sociedad hubiera presentado planes de inversión o solicitudes de aprobación de inversiones ante el municipio, como le correspondía. Otra razón es que la actora no aportó las pruebas que sustentaran las circunstancias graves que invocó, de modo que no pudo declararse la inejecución atribuida a la entidad. En el caso, la sociedad concesionaria pretendió la nulidad de los actos administrativos sancionatorios por la terminación unilateral del contrato de concesión del matadero municipal. La decisión de primera instancia se revocó y las pretensiones fueron negadas. Su consecuencia práctica es que el contratista debe probar los hechos que atribuye a la entidad antes de excusar su propio incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio autorizó la realización de obras para adecuar el matadero así como la realización del plan gradual de cumplimiento?¿Obran elementos de prueba que conduzcan a determinar que con ocasión de la expedición del decreto la comercializadora hubiese presentado al Municipio algún plan de inversión?¿Se revoca el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo recurrido por comportar una decisión extra petita?
¿La Alcaldía Local de Suba contaba con competencia para liquidar unilateralmente el contrato de asociación, considerando el momento en que se profirió el acto administrativo liquidatario, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de controversias contractuales, pero antes de su notificación? No
El contratista no puede ser liquidado unilateralmente por la entidad estatal después de la presentación de la demanda de controversias contractuales, pero antes de su notificación, ya que la administración pierde la competencia temporal para efectuar tal liquidación una vez se presenta la demanda, lo que evita abusos por parte de la entidad contratante y se alinea con las reformas normativas introducidas por las Leyes 2080 de 2021 y 2213 de 2022. Esta regla reitera la jurisprudencia y limita la facultad de la administración para liquidar el contrato de forma unilateral hasta el momento en que se radique el libelo inicial del proceso, asegurando así el principio de non reformatio in pejus.síntesis automática
También resuelve:¿Conforme a las reglas de la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso, resulta procedente la condena en costas en contra de la parte vencida en el proceso, esto es, la parte demandada?
¿Procede el medio de control de repetición cuando se pretende perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la entidad pública que ha sido condenada o ha conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo? Sí
El contratista puede ejercer la acción de repetición para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la entidad pública que ha sido condenada o ha conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo, lo que implica que la entidad que pagó la condena se subroga en los derechos del acreedor y puede actuar en su lugar contra el servidor público responsable. La entidad pública está legitimada en la causa por activa y el servidor público o exservidor público por pasiva, siempre que la subrogación legal se produzca conforme a la ley y los hechos ocurran durante la vigencia de la Ley 678 de 2001. Este precedente reitera la jurisprudencia existente sobre la procedencia del medio de control de repetición y la legitimación en la causa, lo que facilita a los abogados la aplicación de la acción de repetición en casos similares.síntesis automática
También resuelve:¿Existe legitimación en la causa por activa por parte de la demandante en cuanto fue la entidad que pagó la condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o…¿Debe otorgarse valor probatorio a las copias simples allegadas al proceso?¿Debe otorgarse valor probatorio a las pruebas documentales allegadas al proceso, es decir, a las providencias judiciales proferidas por el Juzgado Décimo Administrativo de Descongestión de Bogotá y…
¿El juez de segunda instancia está facultado para pronunciarse sobre cargos que aunque no fueron alegados en la demanda, fueron objeto de pronunciamiento por el juez de primera instancia, y de sustentación del recurso de apelación? Sí
El juez de segunda instancia está facultado para pronunciarse sobre cargos que, aunque no fueron alegados en la demanda, fueron objeto de pronunciamiento por el juez de primera instancia y de sustentación en el recurso de apelación, siempre y cuando las partes no cuestionen esos puntos en el recurso de alzada. La Sala reitera que entre la vigencia de la Ley 80 de 1993 y la expedición de la Ley 1150 de 2007, la administración no tenía competencia para declarar el incumplimiento de contratos estatales, lo que implica la nulidad de actos administrativos que pretendan hacerlo. Asimismo, la Sala confirma la nulidad de la declaración de caducidad del contrato cuando esta se expide después de vencido el plazo de ejecución, pues la finalidad de la declaración de caducidad es impedir la paralización del contrato mientras este esté vigente. Estas decisiones reafirman las competencias y limitaciones de la administración en la gestión contractual y la importancia de la temporalidad en la aplicación de medidas contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento del contrato de suministro celebrado antes de la expedición de la Ley 1150 de 2007 y en vigencia de la Ley 80 de 1993…¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato por haber sido expedido cuando había vencido el plazo de ejecución?
¿En el presente asunto está demostrada la falta de competencia de la ANI, para declarar la caducidad del contrato de concesión 09 CONP-98? No
El contratista no demuestra la falta de competencia de la ANI para declarar la caducidad del contrato de concesión 09 CONP-98, ya que la entidad tenía la facultad legal para adoptar dicha decisión, y no se acredita que el proceso hubiera terminado previamente de manera anticipada. Además, las resoluciones impugnadas no incurrieron en falsa motivación, ya que las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en ellas no presentan errores evidentes ni divergencias con la realidad fáctica o jurídica. La Sala reitera que la falsa motivación es un vicio grave que puede ser declarado de oficio por el juez, pero en este caso no se configura, lo que implica que las resoluciones de la ANI mantienen su validez y efectos legales.síntesis automática
También resuelve:¿En el caso en concreto se acreditó que las resoluciones impugnadas (1685 del 12 de noviembre de 20195 y 20207070005965 del 15 de mayo de 20206), están incursas en falsa motivación y en consecuencia…¿En el caso concreto se configura la debida acumulación de pretensiones de reparación directa y controversias contractuales?
¿A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato suscrito entre una unión temporal y la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad descentralizada de naturaleza estatal? Sí
El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre todas las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito, incluso cuando no hayan sido propuestas en los recursos de apelación, conforme a la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En este caso, la Sala revocó la sentencia de primera instancia al advertir que se configuró la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, ya que la resolución que liquidó unilateralmente el contrato fue conocida antes de que quedara en firme el auto admisorio de la demanda, sin que la parte actora adicionara la pretensión de nulidad contra el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato. Además, la notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente, mientras aquel acuerdo no haya sido liquidado unilateral o bilateralmente, según la interpretación mayoritaria de la Corporación basada en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito…¿La notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente?¿Para que un acto administrativo exista necesita que quien lo expida sea una autoridad, el órgano emisor es un elemento de la existencia…
¿Deben responder los demandados en repetición, a título de culpa grave, por el despido de una trabajadora de la Superintedencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el cual ocurrió en un proceso de reestructuración que implicó la reducción de cargos, en el marco de una política pública generalizada de reorganización de la administración pública a nivel nacional? No
El agente estatal no incurre en culpa grave por el despido de trabajadores en procesos de reestructuración de la administración pública cuando la supresión de cargos se fundamenta en estudios técnicos y en una política generalizada de reorganización. La valoración de la conducta exige verificar si el comportamiento constituye una omisión o extralimitación inexcusable, de modo que la demostración de estudios técnicos previos y la sujeción a los actos administrativos de reestructuración desvirtúan la presunción de culpa grave y descartan la responsabilidad patrimonial del servidor en acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Procede condenar en costas a la parte vencida en este proceso?