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Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado para conocer sobre la apelación de autos interlocutorios
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición
2022-02-25
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 25000232600020020129001
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer sobre la apelación de autos interlocutorios? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación de autos interlocutorios en virtud del artículo 180 del Código Contencioso Administrativo, que establece que el recurso de reposición procede contra los autos interlocutorios no susceptibles de apelación, siendo decidido por el Despacho conforme al artículo 146A del mismo código. Además, el artículo 311 del Código Contencioso Administrativo determina que la firmeza de las providencias solo se produce una vez ejecutoriado el auto que resuelva la solicitud de aclaración o complementación, lo que permite que el recurso sea interpuesto oportunamente. La interpretación literal del Decreto 212 de 2018, que cambia el reparto de competencias establecido en los Decretos 655 de 2011 y 445 de 2015, confirma que la Secretaría de Hacienda del Distrito es competente para la representación judicial en los procesos iniciados antes del 1 de enero de 2012, mientras que la Secretaría de Movilidad asume esa responsabilidad para los procesos posteriores a dicha fecha. Esta regla implica que las entidades estatales deben ajustarse a las disposiciones legales vigentes para ejercer sus competencias en la representación judicial.síntesis automática
Consejo de Estado
Providencia
El decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede cuando de su confrontación con el ordenamiento jurídico superior se advierta una contradicción o discordancia, y de su sustentación pueda entenderse satisfecho el concepto de violación de la norma.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2026-04-17
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000233600020240006601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede cuando de su confrontación con el ordenamiento jurídico superior se advierta una contradicción o discordancia, y de su sustentación pueda entenderse satisfecho el concepto de violación de la norma? Sí
El contratista puede solicitar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos cuando se advierta una contradicción o discordancia entre el acto demandado y el ordenamiento jurídico superior, y se cumpla con la carga argumentativa necesaria para justificar la violación de la norma, sin que sea suficiente la mera argumentación de la demanda. La Sala de Decisión del Consejo de Estado modificó su criterio anterior, estableciendo que la entidad estatal pierde competencia para declarar el incumplimiento y liquidar unilateralmente un contrato estatal a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda, siempre que las pretensiones o hechos sometidos al conocimiento judicial coincidan con los asuntos objeto del procedimiento administrativo correspondiente, lo que garantiza la seguridad jurídica de la comunidad.síntesis automática
También resuelve:
¿La entidad estatal pierde competencia para expedir actos administrativos mediante los cuales declara el incumplimiento y liquida unilateralmente un contrato estatal a partir de la notificación del…
¿Resulta procedente decretar la suspensión provisional de los actos administrativos mediante los cuales el Instituto de Desarrollo Urbano declaró el incumplimiento del contrato…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Convenio interadministrativo: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-05-20
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 76001233100020020129001
ACCION CONTRACTUAL
¿ Cuando la entidad estatal aún tiene competencia para liquidar unilateralmente el contrato puede solicitar su liquidación judicial? No
El contratista no puede solicitar la liquidación judicial del contrato cuando la entidad estatal aún tiene competencia para liquidarlo unilateralmente, ya que esta prerrogativa es irrenunciable y su ejercicio corresponde exclusivamente a la administración pública. La Sala establece que la jurisdicción contenciosa administrativa no puede usurpar las funciones que la ley ha asignado a la administración, limitándose a controlar la legalidad de los actos administrativos en caso de controversia. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y reafirma la obligación de la administración de ejercer sus competencias conforme a la ley, evitando la renuncia o delegación de sus funciones.síntesis automática
También resuelve:
¿En los convenios interadministrativos de tracto sucesivo, cuando las partes no logren un acuerdo sobre el cruce final de cuentas…
¿En el grado jurisdiccional de consulta, el juez está habilitado para revisar oficiosamente todos los aspectos que puedan llegar a comprometer la legalidad de la condena?
¿El objeto de la Jurisdicción Contencioso Administrativa es de naturaleza eminentemente contradictorio?
Consejo de Estado
Providencia
La decisión de traslado de la funcionaria no fue ostensiblemente arbitraria sino que obedeció a las necesidades del servicio
Sentencia — Sentencia
2024-02-19
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 11001032600020150000300
LEY 1437 REPETICION
¿La decisión de traslado de la funcionaria no fue ostensiblemente arbitraria sino que obedeció a las necesidades del servicio? Sí
El traslado de un servidor de carrera por necesidades del servicio, que no es ostensiblemente arbitrario ni vulnera de manera manifiesta normas de derecho, no configura culpa grave del agente que lo dispuso, de modo que no procede la repetición. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las acciones constitucionales previas desestimaron las vulneraciones alegadas, al constatar que el traslado obedeció a las necesidades del servicio y que las condiciones laborales y el escalafón de la servidora no se alteraron. Segunda, aunque la reubicación no se ajustó a un criterio interpretativo de otra sección, no se advierte una violación manifiesta e inexcusable de las normas en que debía fundarse el acto. Tercera, al no existir culpa, decae el elemento subjetivo que permite la repetición contra el agente. La providencia niega las pretensiones de la demanda. La consecuencia práctica es que la discrepancia interpretativa sobre la reubicación de un servidor no basta para atribuir culpa grave al agente que la expidió.síntesis automática
También resuelve:
¿Existía la posibilidad de ubicar a los empleados de la corporación en las dependencias en que fueran requeridos sus servicios?
¿El empleo ocupado pertenecía a la planta de personal global por lo que la empleada podía ser ubicada en cualquiera de las oficinas de la entidad?
¿El legislador previó ciertos eventos en los que se presume la culpa grave pero requieren de la demostración del supuesto de hecho en que se fundan?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala liquidará el contrato según lo pretendido
Sentencia — Sentencia
2025-04-28
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 47001233100019990077801
ACCION CONTRACTUAL
¿La demandante probó la existencia de valores invertidos no amortizados y cumplió el plan de inversión? No
En la liquidación de un contrato, corresponde al contratista demostrar los valores invertidos no amortizados que reclama, y el incumplimiento del plan de inversión no se corrige con afirmaciones generales de un dictamen pericial. Cuando el contrato se ejecutó durante buena parte de su plazo sin que se completara la inversión pactada, procede liquidarlo con saldos a cargo del contratista por los cánones de arrendamiento impagados hasta la devolución efectiva del inmueble, indexados con base en el IPC desde esa fecha. Además, la recesión económica invocada como causa externa que alteró la ecuación contractual no es un hecho notorio para todos los sectores de la economía, y la promoción de la ocupación de la zona franca era una obligación del arrendatario que no acreditó haber ejecutado. En el caso concreto, la sentencia revocó la decisión de primera instancia y liquidó el contrato con saldos en contra de la contratista. Como consecuencia práctica, la parte que reclame valores amortizables o causas externas debe aportar prueba específica de su existencia y de la alteración que produjo, pues las afirmaciones generales no bastan.síntesis automática
También resuelve:
¿La promoción de la ocupación de la zona franca era obligación del arrendatario, quien no probó haber ejecutado lo que le correspondía para promoverla?
¿Se desestiman los cargos de apelación que no fueron formulados en las demandas respecto del debido proceso por tratarse de aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso?
¿Las partes estipularon que procedía la terminación anticipada del contrato por solicitud del arrendatario aceptada por el ministerio?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La demandante se encuentra legitimada en la causa por activa para pedir la nulidad de la declaratoria de desierta
Sentencia — Sentencia
2021-09-23
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 08001233100019980003601
ACCION CONTRACTUAL
¿La demandante se encuentra legitimada en la causa por activa para pedir la nulidad de la declaratoria de desierta de una licitación al ser uno de los proponentes que participaron en el proceso de selección, y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla está legitimado por pasiva al ser la entidad que adoptó dicha decisión? Sí
El contratista está legitimado en la causa por activa para demandar la nulidad de la declaratoria de desierta de una licitación cuando acredita que el acto administrativo le ha lesionado sus derechos, como ocurre con los proponentes que participaron en el proceso de selección. A su vez, la entidad estatal que adoptó la decisión de declarar desierta la licitación está legitimada por pasiva. Sin embargo, la entidad no está legitimada por pasiva frente a la pretensión de nulidad de las propuestas presentadas por los oferentes, ya que estas no las formuló. La Sala reitera que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es procedente contra el acto de declaratoria de desierta, y que las copias simples de documentos aportadas en la demanda cuentan con valor probatorio, según la jurisprudencia de la Sección Tercera.síntesis automática
También resuelve:
¿El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla está legitimado en la causa por pasiva frente a la pretensión de nulidad de las propuestas presentadas por varios oferentes?
¿La demandante está legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del acto que adjudicó por contratación directa el contrato de prestación del servicio de vigilancia?
¿Procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar el acto que declara desierta una licitación pública?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
A este efecto, conviene reiterar que durante la ejecución del contrato estatal no todas las expresiones de la entidad pública contratante se califican como un acto administrativo no todas sus manifestaciones constituyen declaraciones unilaterales de voluntad en ejercicio de la función administrativa, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas.
Sentencia — Sentencia
2025-07-14
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 47001233300020140040001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las tradicionales comunicaciones en el contexto de la ejecución contractual, como en este caso, las decisiones que negaron la solicitud de prórroga del contrato, son pasibles de control judicial? No
El contratista no puede someter a control judicial las decisiones que niegan la solicitud de prórroga del contrato, ya que estas no constituyen actos administrativos, sino simples comunicaciones en el contexto de la ejecución contractual que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas. La Sala establece que, para que una decisión sea considerada un acto administrativo, debe tener un efecto jurídico directo y alterar los derechos y obligaciones del contrato. En este caso, la negativa a la prórroga no modificó el plazo inicialmente convenido ni creó nuevas obligaciones, por lo que no es susceptible de control judicial. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y limita la competencia del juez contencioso administrativo a los actos administrativos genuinos, excluyendo las comunicaciones que no alteran el contenido del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede la Sala, emitir algun pronunciamiento respecto a los cuestionamientos de las multas, de la nulidad del contrato y de la extemporaneidad de la liquidación unilateral por hacerse dentro de los 4…
¿Cuenta con valor probatorio un dictamen pericial rendido por un perito sin las cualidades requeridas por el Tribunal a quo, esto es, contar con una especialización en gerencia de proyectos…
¿Se acreditó la nulidad de los actos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de obra, llave en mano, por parte del consorcio demandante?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: no puede una entidad cesionaria no sometida a la Ley 80 de 1993 ejercer competencias excepcionales
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-03-10
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020120050101
ACCION CONTRACTUAL
¿Puede una entidad cesionaria no sometida a la Ley 80 de 1993 ejercer competencias excepcionales previstas en dicho estatuto, cuando adquiere la posición contractual de una entidad originalmente sujeta a esa normativa? No
La decisión frente a la que aclaro mi voto concluyó que, aunque hubo una cesión de la posición contractual, de una entidad sometida a la Ley 80 de 1993 que suscribió el contrato, en favor de una entidad exceptuada de ese estatuto, conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887, la entidad cesionaria conservaba la posibilidad de hacer uso de las competencias legales reguladas en el EGCAP porque este integró el régimen del contrato al momento de su celebración. Aunque el régimen inicial del contrato era la Ley 80 de 1993, ese régimen, en cuanto al ejercicio de determinadas competencias, supone una habilitación para las entidades que se someten a sus disposiciones.