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clave: "consejo_estado:providencia:47001233300020140040001-69520-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: no basta que se exprese una postura o se formule un concepto por parte de la autoridad pública"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-07-14"
radicado: "47001233300020140040001"
numero: "69520"
ponente: "NICOLÁS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: no basta que se exprese una postura o se formule un concepto por parte de la autoridad pública

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-07-14
- **Radicado:** 47001233300020140040001
- **Número interno:** 69520
- **Ponente:** NICOLÁS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** CONSORCIO SM, EAR INGENIEROS LTDA
- **Demandado:** POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:47001233300020140040001-69520-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/47001233300020140040001/F611F25CC217580A65703DA6B12FA9B2E540E1818C4E5DB8FD1C499C796D3918/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=470012333000201400400011100103

## Relevancia jurídica

Reitera la jurisprudencia.

## Regla de decisión

A este efecto, conviene reiterar que durante la ejecución del contrato estatal no todas las expresiones de la entidad pública contratante se califican como un acto administrativo no todas sus manifestaciones constituyen declaraciones unilaterales de voluntad en ejercicio de la función administrativa, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas.

## Problema jurídico

¿Las tradicionales comunicaciones en el contexto de la ejecución contractual, como en este caso, las decisiones que negaron la solicitud de prórroga del contrato, son pasibles de control judicial?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

REVOCA

## Puntos clave

- ¿Puede la Sala, emitir algun pronunciamiento respecto a los cuestionamientos de las multas, de la nulidad del contrato y de la extemporaneidad de la liquidación unilateral por hacerse dentro de los 4…
- ¿Cuenta con valor probatorio un dictamen pericial rendido por un perito sin las cualidades requeridas por el Tribunal a quo, esto es, contar con una especialización en gerencia de proyectos…
- ¿Se acreditó la nulidad de los actos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de obra, llave en mano, por parte del consorcio demandante?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993, art. 13

## Extracto

Comoquiera que la contienda formulada en el asunto sub judice se refiere a la responsabilidad contractual de la Policía Nacional por haber proferido: i) la Resolución No. 422 del 28 de marzo de 2014, a través de la cual se declaró el incumplimiento parcial del contrato No. 08-6-160204-2012 y la Resolución No. 498 del 14 de abril de 2014, por medio de la cual se resolvieron varios recursos de reposición interpuestos contra la primera; así como ii) la Resolución No. 636 del 29 de abril de 2014, por la cual se liquidó unilateralmente el mencionado acuerdo de voluntades, dictadas con ocasión de la ejecución del contrato No. 08-6-160204- 2012, el medio de control procedente es el de controversias contractuales.… la Sala advierte que no es posible conocer acerca del denominado oficio S-2013-021319 DIBIE ARAFI GRUIN-29 del 30 de diciembre de 2013, a través del cual se negó la prórroga del contrato No. 08-6-160204-2012…

## Síntesis temática

El contratista no puede someter a control judicial las decisiones que niegan la solicitud de prórroga del contrato, ya que estas no constituyen actos administrativos, sino simples comunicaciones en el contexto de la ejecución contractual que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas. La Sala establece que, para que una decisión sea considerada un acto administrativo, debe tener un efecto jurídico directo y alterar los derechos y obligaciones del contrato. En este caso, la negativa a la prórroga no modificó el plazo inicialmente convenido ni creó nuevas obligaciones, por lo que no es susceptible de control judicial. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y limita la competencia del juez contencioso administrativo a los actos administrativos genuinos, excluyendo las comunicaciones que no alteran el contenido del contrato.

## Descriptores temáticos

INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO, COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA, SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, FALTA DE COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PRÓRROGA DEL CONTRATO, PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, POLICÍA NACIONAL, MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA, CARGA, CARGA PROCESAL, CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA PROCESAL, DEMANDA, PRINCIPIO DE CLARIDAD, PRINCIPIO DE PRECISIÓN, DICTAMEN PERICIAL, CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL, FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL, INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL, REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL, CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL, PERITO, CUALIDADES DEL PERITO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CONTRATO LLAVE EN MANO, DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL, OBLIGACIONES DEL PROPONENTE, CONSORCIO, PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS, TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO, ACTO ADMINISTRATIVO LEGAL, ACTO ADMINISTRATIVO NO ANULADO, COMPETENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, FALTA DE COMPETENCIA EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DE LA ENTIDAD PÚBLICA, COMPETENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL, COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, INTERVENTOR, FACULTADES DEL INTERVENTOR, FUNCIÓN DEL INTERVENTOR, INTERVENTORÍA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, DEFICIENCIA PROBATORIA, MORA, MORA DEL CONTRATISTA, INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA, EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CONTRATO ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, VICIOS EN LA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, OBRA PÚBLICA, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, HONORARIOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, RESPONSABILIDAD POR OBRA PÚBLICA, RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, ENTREGA DE BIEN, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PRÓRROGA DEL PLAZO, PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PLAZO, PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL, PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL, VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL EN DEBIDA FORMA, PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, EXCEPCIONES DE LA LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, DEBIDO PROCESO, AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, NULIDAD PARCIAL, NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DETERMINACIÓN DE LOS PERJUICIOS, CÁLCULO DE LOS PERJUICIOS, INDEMNIZACIÓN PREVIA DE PERJUICIOS, LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS, MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, PERJUICIOS, TASACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, MOTIVACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, LIMITES A LA LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS, REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, VALORACIÓN DE LOS PERJUICIOS, EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, TASACIÓN DE PERJUICIOS, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, FALSA MOTIVACIÓN, FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, REVOCATORIA PARCIAL DE LA SENTENCIA, PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA / SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / FALTA DE COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / POLICÍA NACIONAL / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Las tradicionales comunicaciones en el contexto de la ejecución contractual, como en este caso, las decisiones que negaron la solicitud de prórroga del contrato, son pasibles de control judicial?
Respuesta al problema jurídico: No
Comoquiera que la contienda formulada en el asunto sub judice se refiere a la responsabilidad contractual de la Policía Nacional por haber proferido: i) la Resolución No. 422 del 28 de marzo de 2014, a través de la cual se declaró el incumplimiento parcial del contrato No. 08-6-160204-2012 y la Resolución No. 498 del 14 de abril de 2014, por medio de la cual se resolvieron varios recursos de reposición interpuestos contra la primera; así como ii) la Resolución No. 636 del 29 de abril de 2014, por la cual se liquidó unilateralmente el mencionado acuerdo de voluntades, dictadas con ocasión de la ejecución del contrato No. 08-6-160204- 2012, el medio de control procedente es el de controversias contractuales. (...) la Sala advierte que no es posible conocer acerca del denominado oficio S-2013-021319 DIBIE ARAFI GRUIN-29 del 30 de diciembre de 2013, a través del cual se negó la prórroga del contrato No. 08-6-160204-2012, ni de la decisión No. 00133 del 10 de febrero de 2014, a través de la cual el director de Bienestar Social de la Policía Nacional, negó el recurso de reposición interpuesto contra esa primera actuación, debido a que no son actos administrativos, por cuanto no crean, modifican o extinguen ninguna situación jurídica como se pasa a explicar. A este efecto, conviene reiterar que durante la ejecución del contrato estatal no todas las expresiones de la entidad pública contratante se califican como un acto administrativo, es decir, no todas sus manifestaciones constituyen declaraciones unilaterales de voluntad en ejercicio de la función administrativa, que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas. En el curso del tráfico negocial las entidades proporcionan respuestas y dirigen comunicaciones que no constituyen actos administrativos, a menos que decidan con predominio y fuerza vinculante asuntos de la relación contractual. Por tanto, no basta que se exprese una postura o se formule un concepto por parte de la autoridad pública; el acto administrativo siempre contiene una decisión, cuyo fundamento se encuentra directamente en el ejercicio de las potestades propias del poder público. Bajo la anterior senda argumentativa, tratándose de los contratos suscritos en virtud de la Ley 80 de 1993 y sus reformas, como a partir de lo previsto en el artículo 13 de ese estatuto esos acuerdos de voluntades se encuentran suscritos por el derecho civil y mercantil, no toda actuación que se efectúe por las entidades estatales puede ser considerada como acto administrativo, sino solo aquellas frente a las cuales el propio legislador le dé ese alcance, caso que no sucede frente a la negativa a una prórroga de la extensión del plazo del negocio jurídico del Estado, pues además de que el legislador no dotó tal decisión con un efecto jurídico directo, aquella no altera el plazo inicialmente convenido, de ahí que no modifique un derecho, deber u obligación. Así las cosas, en el caso de estudio se evidencia que las decisiones Nos. S-2013- 021319 DIBIE ARAFI GRUIN-29 del 30 de diciembre de 2013 y 00133 del 10 de febrero de 2014 se restringieron a denegar al consorcio SM una solicitud de prórroga del contrato No. 08-6-160204-2012, lo que en sí mismo no alteró los derechos y deberes propios del acuerdo de voluntades o sus suscribientes, pues justamente aquellos se mantuvieron incólumes en los términos convenidos, en tanto la entidad contratante se rehusó, precisamente, a crear, modificar o extinguir alguna situación jurídica -derecho, deber u obligación-, por lo que es claro que se está ante tradicionales comunicaciones en el contexto de la ejecución contractual que, asimismo, no son pasibles de control judicial y, por lo tanto, esta Corporación se inhibirá de estudiarlas. Se resalta que el legislador no estableció ningún procedimiento para la prórroga, ni que dicha decisión debiera tomarse mediante acto administrativo, aspecto que revela que, con mayor razón, no se está frente a una decisión de ese tipo, sino frente a un simple comunicado donde no se aceptó la prórroga del contrato, manteniéndose incólume el acuerdo de voluntades, ante la ausencia de variaciones en su contenido. Ahora bien, aunque la decisión No. 00133 del 10 de febrero de 2014 afirmó resolver los recursos de reposición presentados contra la comunicación No. S-2013-021319 DIBIE ARAFI GRUIN-29 del 30 de diciembre de 2013, lo cierto es que ello en sí mismo no tuvo la vocación de convertir la negativa de prórroga del contrato en un acto administrativo, pues, como ya se mencionó, de ninguna forma varió las condiciones del contrato No. 08-6-160204-2012 tras las cuatro modificaciones de que fue objeto, sino que, simplemente, se restringió a ser una manifestación de voluntad negativa de la Administración para ampliar de nuevo el plazo. Las anteriores circunstancias, por lo tanto, impiden conocer judicialmente de las comunicaciones Nos. S-2013-021319 DIBIE ARAFI GRUIN-29 del 30 de diciembre de 2013 y 00133 del 10 de febrero de 2014, so pena de desbordarse las competencias del juez contencioso administrativo. Como consecuencia, los cuestionamientos efectuados en forma directa frente a tales decisiones no serán estudiados. En suma, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (sic) es procedente únicamente frente a las Resoluciones Nos. 422 del 28 de marzo de 2014, 498 del 14 de abril de 2014 y 636 del 29 de abril de 2014.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto de que no todas las manifestaciones de la voluntad de la administración configuran un acto administrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 21 de mayo de 2021, exp. 49483, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 10 de marzo de 2005, exp. 73001233100019960453401(14853), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Subsección B, Sentencia del 17 de marzo de 2021, exp. 23001233100020050086001(39970), C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 28 de junio de 2023, exp. 08001-23-33-004-2014-01652-01(61127), C.P. Nicolas Yepes Corrales. Como excepción, la subsección A ha considerado que la decisión que niega la prórroga puede ser acto administrativo, pero solo en el contexto de los contratos de concesión de espectro electromagnético, al respecto, ver: Sentencia del 20 de febrero de 2020, exp. 54001-23-33-000-2015-00131-00 (63866), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13
JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA / CARGA / CARGA PROCESAL / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA PROCESAL / DEMANDA / PRINCIPIO DE CLARIDAD / PRINCIPIO DE PRECISIÓN
Problema jurídico:
¿Puede la Sala, emitir algun pronunciamiento respecto a los cuestionamientos de las multas, de la nulidad del contrato y de la extemporaneidad de la liquidación unilateral por hacerse dentro de los 4 meses para efectuarse el corte de cuentas bilateralmente, sin vulnerar el principio de congruencia?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala advierte que, aunque de los reproches de la demanda se incluyeron cuestionamientos en torno a varias multas que se le impusieron al contratista, y respecto a una supuesta ilegalidad del contrato con apoyo en que no se tuvo en cuenta la Ley 734 de 2012, no es posible estudiarlos debido a que, frente al primero los actos mediante los cuales se tomó la medida sancionatoria no fueron enjuiciados y siquiera mencionados, mientras que respecto al segundo la ley en comento no existe, así como todas las pretensiones principales giran en torno a presuponer la validez del contrato y no se formularon pretensiones subsidiarias. Lo propio sucede con el tercer cargo de apelación de la aseguradora en lo que respecta al hecho de que, a su juicio, la liquidación unilateral estaba viciada por haberse efectuado antes de los 4 meses, pues ello no hizo parte del reproche de la demanda y, por lo tanto, la entidad demandada no tuvo el derecho a defenderse frente a dicho cuestionamiento, de ahí que no corresponda evaluarlo en sede de segunda instancia. Sobre el particular, vale destacar que a la parte demandante le corresponde, en los términos del artículo 162 del CPACA, señalar lo que se pretenda, con precisión y claridad, incluidas las pretensiones por separado y sus fundamentos de derecho, so pena de que se entiendan por no formuladas, sin que sea dable que las enmiende en etapas procesales posteriores, pues ello desconocería el principio de congruencia e implicaría sorprender a la parte pasiva con argumentos no ventilados desde el primer momento. En tal virtud, la Subsección se abstendrá de emitir pronunciamiento alguno respecto a los cuestionamientos de las multas, de la nulidad del contrato y de la extemporaneidad de la liquidación unilateral por hacerse dentro de los 4 meses para efectuarse el corte de cuentas bilateralmente.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto de la regla de congruencia frente a la que, solo corresponde resolver al juez de segunda instancia aquello ventilado en la apelación que, además, está incluido dentro de la causa petendi de la demanda, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 10 de marzo de 2025, exp. 25000-23-36-000-2013-02100-02(60180), C.P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 162
DICTAMEN PERICIAL / CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / PERITO / CUALIDADES DEL PERITO
Problema jurídico:
¿Cuenta con valor probatorio un dictamen pericial rendido por un perito sin las cualidades requeridas por el Tribunal a quo, esto es, contar con una especialización en gerencia de proyectos, además de que, desbordó el marco de lo encomendado?
Respuesta al problema jurídico: No
El dictamen pericial aportado La Previsora S.A. Compañía de Seguros presentó un dictamen pericial a través del perito (...), ingeniero químico de profesión de la firma McLarens Colombia, en el que, entre otros, conceptuó sobre aspectos como los costos que, en su criterio, considera que se le deben al consorcio SM por circunstancias como la asunción de obras no previstas y de circunstancias imprevistas que tuvo que asumir. Al punto, definió el alcance del contrato de llave en mano (...) Cuestión previa: el dictamen pericial no podía ser tenido en cuenta (...) Los apelantes estimaron que el a quo debió valorar el dictamen pericial aportado, ya que la cercanía con quien lo elaboró no era impedimento para que se tuviera en cuenta, sumado a lo cual, aunque no era ingeniero civil ello no impedía valorarlo. Al respecto, es del caso destacar que, durante el trámite de la audiencia inicial y en la audiencia de pruebas el a quo decretó y practicó el dictamen pericial, que para su debida realización debía ser rendido por un ingeniero especialista en gerencia de proyectos, criterio en virtud del cual se buscó que la experticia fuera efectuada por una persona idónea y conocedora de los asuntos técnicos objeto de la litis. Como la experticia fue rendida por un ingeniero químico, que no demostró contar con una especialización en gerencia de proyectos, es claro que, al margen de que este fuera cercano o no a una de las partes, no contaba con las calidades exigidas por el Tribunal Administrativo del Magdalena para rendir la experticia, a lo cual se suma que, si en gracia de discusión correspondiera valorarlo, este habría que descartarse pues desbordó el marco de lo encomendado y emitió conceptos de índole jurídico respecto de tópicos como el contrato de llave en mano, de ahí que, en cualquier caso, tampoco habría sido posible tener como ciertas sus conclusiones. Concluir, como lo hacen las entidades apelantes, que no se requiere mayor exigencia para rendir un dictamen pericial, o que la simple experiencia laboral es suficiente para ese objetivo desconoce que dicha prueba debe ser rendida por una persona idónea, lo que implica que debe contar

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

los valores del corte de cuentas el de la cláusula penal por $114’987.375 y $230’400.000 por concepto de perjuicios. A su vez, se fijaron sumas adicionales, en específico: i) $375’315.777,46 por concepto de anticipo no amortizado y ii) $187’420.370,65 por los intereses de la suma anterior, todo lo cual sumó $908’123.523,62 (...) Los sucesos expuestos revelan que, en esencia, la Policía Nacional calculó como saldos a su favor tanto el valor la cláusula penal, en los términos de lo convenido en la cláusula decimosexta del contrato No. 08-6-160204-2012, como también un emolumento adicional, correspondiente a perjuicios adicionales que, de entrada, la Sala desestima que pudiera determinarse por cuenta propia de la entidad contratante, como se pasa a explicar. El artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 dispuso que, en ejercicio del debido proceso, la entidad estatal podría declarar el incumplimiento del contrato con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, figura que ha sido entendida por la jurisprudencia del Consejo de Estado como una estimación anticipada de perjuicios que, entre otros, persigue la indemnización temprana de perjuicios por la mora del sujeto a quien se le impone y que se hará efectiva siempre que la contraparte negocial no haya satisfecho sus deberes y en el específico contexto de lo convenido. Como se observa, dentro de las potestades de la Administración no se incluyó la estimación de perjuicios más allá de la pena convencional pactada, por lo que en caso de que la parte cumplida considerara que se causaron otros menoscabos adicionales, debía acudir al juez respectivo para pedir la indemnización correspondiente (...) Así las cosas, para esta Subsección es claro que la Policía Nacional desbordó sus atribuciones como entidad pública respecto a la estimación de perjuicios con ocasión de las resoluciones enjuiciadas, ya que solamente podía restringirse a estimar los perjuicios anticipados correspondientes a la cláusula penal pecuniaria y, no obstante, terminó liquidando también menoscabos que denominó “adicionales” y que le correspondía solicitar, eventualmente, en sede judicial. La circunstancia descrita lleva a que se encuentre acreditada una falsa motivación respecto a las Resoluciones Nos. 422 del 28 de marzo de 2014 y 696 del 29 de abril de 2014, aunque solo en lo atinente a los “perjuicios adicionales” estimados por la suma de $230’400.000, ya que aquellos no podían ser determinados dentro de las decisiones de incumplimiento y liquidación unilateral automáticamente por la Policía Nacional, en especial si se tiene en cuenta que el concepto de esa suma correspondió a arriendos que se hubieran percibido, sin que hubiera mayor sustento de ello, verbi gratia una individualización del canon de cada apartamento construido. Por el contrario, y como ya se indicó, las decisiones mediante las cuales se declaró el incumplimiento y se liquidó el negocio jurídico de estudio no resultaron ser irregulares en los demás puntos, de manera que solo corresponde anular: i) Parcialmente el artículo 2 de la Resolución No. 422 del 28 de marzo de 2014 (...) ii) Parcialmente los artículos 1 y 2 de la Resolución No. 696 del 29 de abril de 2014, en todo lo referido a la causación de perjuicios adicionales (...) En lo que respecta a la Resolución No. 498 del 14 de abril de 2014, en virtud de la cual se confirmó el acto administrativo que declaró el incumplimiento del contrato, se aclara que no hay lugar a anularla, pues retirada del ordenamiento jurídico la disposición que estableció los perjuicios adicionales que no procedían, el resto del acto administrativo No. 422 del 28 de marzo de 2014 se debe mantener incólume, por lo que con mayor razón debe suceder lo propio con la actuación que negó su reposición. En tal virtud, el cruce de cuentas debe restringirse a los saldos que sí se estimaron debidamente, (...) lo cual arroja un total de $677’723.523,62 en favor de la Policía Nacional, suma frente a la cual, cabe precisar, no procede efectuar su indexación y/o determinación de intereses pues ello no fue pedido en la demanda. En ese orden de ideas, esta Corporación accede al cargo de apelación analizado y, como consecuencia, anulará parcialmente las resoluciones señaladas, solo en lo que se refiere a la fijación de perjuicios adicionales por la Policía Nacional, pues no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados frente a los demás aspectos que aquellos incorporaron. Como consecuencia, se revocará la sentencia del 24 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, para en su lugar acceder parcialmente a lo pretendido.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la necesidad de acudir al juez para reclarmar los perjuicios adicionales a la cláusula penal pecuniaria, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 5 de agosto de 2020, exp. 25000-23-26-000-2006-02238-01(45183), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, Sentencia del 12 de enero de 2024, exp. 11001-31-03-041-2020-00020-01(SC507-2023). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 28 de noviembre de 2019, exp. 11001032600020090003400(36600), C:P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Debe condenarse de forma parcial en costas debido a que al consorcio S.M.y a la sociedad EAR ingenieros Ltda les prosperó el recurso parcialmente, sin incluir agencias en derecho debido a que la demandada no intervino en segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e condenará parcialmente en costas al consorcio S.M. y a la sociedad EAR Ingenieros Ltda., quienes interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que la demanda prosperó parcialmente, amén de la procedencia del cargo de falsa motivación de las resoluciones cuestionadas y de la negativa de las demás pretensiones del escrito inicial, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la demandada no intervino en segunda instancia, de tal manera que aquellas no se entienden causadas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las agencias en derecho, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 17001233300020120017601(51034), C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-07-14. C.P. NICOLÁS YEPES CORRALES. Rad. 47001233300020140040001. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:47001233300020140040001-69520-sentencia).
