Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
¿Debe adicionarse la sentencia del 17 de junio de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en el sentido de no condenar a la aseguradora al pago de la cláusula penal pecuniaria, pues está demostrado que fue expresamente excluida del contrato de seguro? Sí
El contratista no puede exigir al asegurador el pago de la cláusula penal pecuniaria del contrato estatal cuando esta ha sido excluida expresamente en el contrato de seguro, ya que la cobertura de la póliza no incluye sanciones pecuniarias impuestas al garantizado, siendo estas de cargo del afianzado. La Sala adiciona la sentencia del 17 de junio de 2024 para modificar el numeral cuarto de la parte resolutiva, exonerando a la aseguradora del pago de la cláusula penal, lo que implica que las exclusiones de la póliza de seguro deben ser rigurosamente cumplidas para determinar la responsabilidad contractual de la compañía de seguros. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre la cobertura de cláusulas penales en contratos de seguro de cumplimiento, limitando la responsabilidad de las aseguradoras en casos similares.síntesis automática
¿Ante el incumplimiento parcial del contrato interadministrativo No. 0304 del 16 de octubre de 2018 suscrito entre las partes, procede el reintegro de valores, la cláusula penal y la afectación de las pólizas de cumplimiento? Sí
Cuando la administración declara terminado un contrato interadministrativo por vencimiento del plazo sin alegar incumplimiento, pierde la facultad de hacer efectiva la cláusula penal por ese mismo incumplimiento, y su deber de supervisión oportuna compromete su propia responsabilidad. La regla se sostiene en que el supervisor no formuló requerimiento alguno durante la ejecución, y solo analizó los informes cuando ya se había firmado el acta de terminación por vencimiento del plazo. Además, el contratista cumplió solo parcialmente las actividades pactadas, de modo que ambas partes incumplieron sus obligaciones. Cuando existe incumplimiento recíproco, el juez no puede atribuir la totalidad del perjuicio a una de ellas sin examinar la conducta de la otra. La providencia no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la entidad que no supervisa a tiempo ni formula requerimientos oportunos corre el riesgo de que la cláusula penal y la afectación de las pólizas de cumplimiento no prosperen, pues la facultad para exigirlas se extingue con la terminación sin reclamo.síntesis automática
25000233600020140017901 de 20252026-03-03Rad. 25000233600020140017901
El contratista no puede impedir que se reconozcan indemnizaciones de perjuicios adicionales a la cláusula penal pecuniaria del contrato, siempre y cuando las partes hayan acordado explícitamente que ambas figuras no son excluyentes, lo cual se ejerce en ejercicio de la autonomía de la voluntad en la contratación estatal. La entidad contratante puede aplicar la cláusula penal como sanción y, simultáneamente, exigir la indemnización de perjuicios, siempre que no se haya pactado la naturaleza de la cláusula penal como una indemnización anticipada de daños. La Sala reitera la interpretación de que la cláusula penal y la indemnización de perjuicios pueden coexistir, lo que permite a la entidad estatal obtener una reparación integral por el incumplimiento del contrato.síntesis automática
También resuelve:Adición de la sentencia: Código General del Proceso Artículo 287, procedencia, apelación adhesiva, sentencia complementariaCláusula penal pecuniaria del contrato estatal e indemnización de perjuicios: no son excluyentes, principio de la autonomía de la voluntad en la contratación estatal, garantía de cumplimiento del contrato estatal, alcance
Sentencia sin Estado — Sentencia Primera instancia2024-02-28JUZGADO ADMINISTRATIVOYANNETH REYES VILLAMIZARRad. 18001234000020180014500Controversias Contractuales
¿Sí probó por parte del Municipio de Florencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales? Sí
La omisión de la entidad territorial en remitir documentos para la liquidación de un convenio interadministrativo no configura por sí sola un incumplimiento, cuando el objeto del convenio se ejecutó plenamente y los recursos fueron desembolsados en su totalidad, de modo que no procede la cláusula penal pecuniaria. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la obra se ejecutó al cien por ciento y el pago se hizo mediante desembolsos, con el último condicionado a la ejecución total, lo que ocurrió. Segunda, la omisión documental no lleva implícita la afectación del interés general, de modo que no basta para declarar el incumplimiento alegado. Tercera, la entidad nacional no adelantó el proceso administrativo sancionatorio y anunció la no recepción de la documentación por primera vez en el proceso judicial. Como los términos de liquidación bilateral vencieron sin acuerdo, el juez ordena la liquidación judicial del convenio. La consecuencia práctica es que la falta de documentos de soporte no justifica la cláusula penal cuando el objeto está ejecutado, y la liquidación se resuelve por vía judicial.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a que se condene o se haga efectiva la cláusula penal del convenio interadministrativo?¿Sí obra dentro del expediente prueba suficiente que le permita al despacho proceder a la liquidación del convenio?
Sentencia — Sentencia de segunda instancia2026-05-26JUZGADO ADMINISTRATIVOANGÉLICA ALEXANDRA SANDOVAL ÁVILARad. 15001333301420200010202ACCION CONTRACTUAL
50. De acuerdo a los reparos de la alzada, deberá la Sala determinar si, el Acta No. 029 del 19 de abril de 2012, no cumple con el procedimiento previo para declarar el incumplimiento, imponer multas o sanciones previsto en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2011, por lo cual se vulneró el derecho al debido proceso, principio de congruencia y derecho de defensa de la sociedad demandante; o si, por el contrario, con la audiencia celebrada el 19 de abril de 2012 se cumplió el procedimiento administrativo previo que dio lugar a las Resoluciones No. 01.001.560.125 del 02 de agosto de 2012, “por medio de la cual se decreta el siniestro de un contrato de obra por incumplimiento y calidad de las obras”, Resolución No. 01.001.780.147 del 3 de octubre de 2012, que resolvió el recurso de reposición impetrado contra la decisión anterior y la Resolución No. 100035-83 del 30 de mayo de 2013, “por medio de la cual se cuantifican perjuicios, se impone cláusula penal y se ordena la liquidación del contrato No. 067 de 2011 declarado ya el siniestro por incumplimiento del contratista” . Sí
El contratista no puede alegar que la entidad estatal vulneró su derecho al debido proceso, principio de congruencia y derecho de defensa en una audiencia celebrada para debatir un presunto incumplimiento contractual, siempre y cuando dicha audiencia cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que exige la citación previa con detalles de los hechos que motivan la actuación, la presentación de pruebas y la oportunidad para que el contratista y el garante presenten sus descargos y controvertan las pruebas presentadas por la entidad. La Sala confirmó que la audiencia celebrada el 19 de abril de 2012 cumplió con estos requisitos, lo que dio lugar a la expedición de las resoluciones que declararon el siniestro del contrato, cuantificaron los perjuicios y ordenaron la liquidación del contrato, sin violar los derechos del contratista. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con el procedimiento previo para declarar el incumplimiento y aplicar sanciones en contratos estatales, garantizando así el debido proceso y la congruencia en la actuación administrativa.síntesis automática
¿El Consorcio contratista incumplió el contrato de obra pública suscrito para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales? No
El contratista no incumple el contrato de obra pública suscrito para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales cuando la obra es recibida a satisfacción por la entidad contratante y no se registra inconformidad por parte de la interventoría; en este caso, la obra fue revisada y certificada por peritos que confirmaron que cumplía con las normas técnicas y estaba funcionando correctamente. Además, la entidad contratante no impuso multas ni hizo efectiva la cláusula penal, y se firmaron actas parciales de avance de obra que indicaban un 94,99% de avance. La Sala determina que, al vencimiento del plazo contractual, la obra estaba en revisión y la entidad contratante recibió las obras a satisfacción, superando cualquier incumplimiento inicial, por lo que se liquida judicialmente el contrato. Esto implica que la entidad estatal no puede hacer efectiva la cláusula penal ni las garantías contractuales si no ha actuado oportunamente para declarar el incumplimiento y exigir las sanciones correspondientes.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente imponer la cláusula penal y hacer efectivas las garantías otorgadas?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2026-02-27Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 25000233600020170045901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez puede emitir una aclaración cuando la parte solo expresa inconformidades con la decisión sin señalar un punto de la sentencia que cause duda real o afecte su cumplimiento, conforme al principio de inmutabilidad? No
El juez niega la solicitud de aclaración o adición de una providencia cuando la parte interesada se limita a expresar inconformidades con la decisión adoptada sin demostrar la existencia de frases dudosas o puntos litigiosos omitidos. Conforme al principio de seguridad jurídica y de inmutabilidad consagrado en el Código General del Proceso, las sentencias son irreformables por el mismo funcionario judicial que las profiere, y los mecanismos de aclaración y adición tienen un carácter restrictivo que impide de manera absoluta reabrir el debate procesal ya decidido en el litigio.síntesis automática
¿Se acredita el incumplimiento del contrato por parte del contratista demandado? Sí
El contratista no cumple con sus obligaciones contractuales si no presenta los informes mensuales de sus actividades en los términos acordados, lo cual puede ser considerado un incumplimiento grave que genera mora y un perjuicio patrimonial para la entidad estatal, especialmente cuando el contratista no demuestra que la intervención administrativa de la entidad haya impedido el cumplimiento de sus obligaciones. En este caso, el contratista no radicó informes mensuales durante el período estipulado, y la entidad estatal no pudo verificar su cumplimiento, lo que llevó a la Sala a declarar el incumplimiento del contrato. Además, la Sala determinó que la actualización de la cláusula penal y del valor no ejecutado del pago anticipado no es procedente hasta que no se declare el incumplimiento del contrato, y que la indexación del valor no ejecutado del pago anticipado debe hacerse desde la fecha de su entrega al contratista hasta la ejecutoria de la sentencia, pero no puede superar el valor asegurado en la póliza.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la actualización de la cláusula penal y del valor no ejecutado del pago anticipado?
¿Debe declararse la nulidad de las resoluciones 357 y 425 de 2021, por medio de las cuales se declaró el incumplimiento, se hizo efectiva la cláusula penal del contrato 479 celebrado entre las partes demandante y demandada y se confirmó tal decisión por estar incurso en las causales de nulidad alegadas por la parte actora? No
El contratista no puede declarar la nulidad de las resoluciones que declaran el incumplimiento y hacen efectiva la cláusula penal en un contrato interadministrativo, ya que la entidad estatal tiene competencia funcional para adelantar el proceso de incumplimiento y declarar el incumplimiento contractual conforme a la ley, sin violar el debido proceso ni presentar falsa motivación, siempre y cuando se acredite debidamente la falta de cumplimiento del contrato y se respeten los derechos del contratista en todo el proceso. La Sala reitera la jurisprudencia sobre la competencia de las entidades estatales para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en contratos interadministrativos, lo que implica que los contratistas deben cumplir con sus obligaciones contractuales y no pueden alegar nulidad sin evidencia clara de violación al debido proceso o falsa motivación del acto administrativo.síntesis automática
¿Hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones No. 42049 de 2 de diciembre de 2019 y No. 42494 de 19 de diciembre de 2019, mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial del contratista y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria, con fundamento en los argumentos expuestos por las aseguradoras demandantes y por la Unión Temporal Auditores en Salud? No
De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto no procede la declaratoria de nulidad de las Resoluciones No. 42049 de 2 de diciembre de 2019 y la No. 42494 de 19 de diciembre de 2019, mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial del contrato de consultoría 080 de 2018, por parte de la UNION TEMPORAL AUDITORES DE SALUD...
También resuelve:¿Procede el reintegro de las sumas pagadas por las aseguradoras con ocasión de los actos administrativos demandados?
¿Se desvirtuó la legalidad de las Resoluciones 603 del 20 de junio de 2017 y 650 del 27 de junio de 2017, a través de las cuales el municipio de Soacha declaró el incumplimiento total del contrato objeto de la litis, hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria y dispuso que Seguros Mundial debía responder en su condición de garante? No
La sentencia ejecutoriada proferida en un proceso previo produce cosa juzgada respecto del núcleo común ya decidido, esto es, la legalidad de las resoluciones que declararon el incumplimiento, pero no abarca todos los cargos planteados en el proceso posterior, sino solo los que ya fueron resueltos por el juez contencioso. La regla se sostiene en tres razones: la excepción de cosa juzgada se limita a los cargos decididos sobre la inexistencia de incumplimiento imputable al contratista, la incidencia de terceros y la falta de planeación de la entidad; los cargos no decididos, como la cuantificación de la cláusula penal, deben examinarse en el nuevo proceso; y la decisión anterior opera como parámetro vinculante frente a los puntos coincidentes. Por ello, el juez debe estarse a lo resuelto en el proceso precedente para esos puntos y resolver los demás cargos de manera independiente. La providencia se decide conforme a esa delimitación.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2026-08-24Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020230026801Controversias contractuales
¿El decreto de una medida cautelar, dentro de los procesos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, constituye un prejuzgamiento? No
El decreto de medidas cautelares en los procesos contencioso administrativos no constituye prejuzgamiento sobre el fondo de las pretensiones debatidas. El artículo 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo faculta al juez para adoptar medidas preventivas, conservativas o anticipativas que guarden relación directa con las súplicas de la demanda. En el asunto examinado, la parte actora solicitó la suspensión provisional de resoluciones administrativas que declararon el incumplimiento contractual e hicieron efectiva la cláusula penal. La Sala determinó que dichos actos conservan presunción de legalidad y sus efectos económicos no son susceptibles de medida cautelar negativa mientras permanezcan vigentes, por lo cual se confirmó la decisión de negar la suspensión solicitada.síntesis automática
También resuelve:¿Procede decretar la suspensión provisional de los actos administrativos demandados cuando, del análisis del acto, de las normas superiores invocadas y de las pruebas aportadas…¿Se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 231 del CPACA para decretar la suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones 182 del 4 de agosto de 2022 y 296 del 22 de noviembre…¿Es procedente suspender provisionalmente los actos administrativos que declararon el incumplimiento contractual e hicieron efectiva la cláusula penal, e impedir cautelarmente su cobro…
¿Las Resoluciones Nos. 220 del 25 de julio de 2017 y 157 del 5 de junio de 2018, fueron expedidas con violación a la causal de falsa motivación y debido proceso? Sí
El contratista no puede impugnar las resoluciones que imponen la cláusula penal por falsa motivación y violación al debido proceso, ya que la entidad estatal fundamentó sus decisiones en pruebas recogidas durante la auditoría del contrato, garantizando así el derecho a la defensa y el debido proceso. La Sala confirmó que el contratista no cumplió con las obligaciones específicas del contrato, especialmente en cuanto a la inversión de recursos, y no demostró adecuadamente el cumplimiento de estas obligaciones. Esta sentencia reitera la jurisprudencia existente sobre la cláusula penal y la falsa motivación, reforzando la necesidad de que el contratista acredite debidamente su cumplimiento contractual para evitar la imposición de sanciones.síntesis automática
Sentencia — Sentencia2024-03-22Sección Segunda (Subsección B)JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBARRad. 11001031500020240075200ACCIONES DE TUTELA
¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B vulneró los derechos fundamentales de La Previsora S.A. Compañía de Seguros con ocasión de la providencia proferida del 14 de julio de 2023, a través de la cual, en segunda instancia, negó las súplicas de la demanda y declaró la responsabilidad de Centurión por el incumplimiento del Contrato (...), concedió a favor de Ecopetrol la pretensión de condena subsidiaria contenida en la demanda de reconvención y declaró responsable a La Previsora S.A. del pago de dichos valores amparados en las pólizas de seguro de cumplimiento 3002464 y 3002465? No
El contratista no puede acudir a la acción de tutela para impugnar una decisión judicial que declara su responsabilidad por el incumplimiento de un contrato estatal y condena al seguro de cumplimiento a pagar la cláusula penal, ya que la Sala determinó que la providencia fue debidamente fundamentada y ajustada a derecho, sin vulnerar los derechos fundamentales del contratista ni desconocer la jurisprudencia existente. La decisión judicial se basó en un adecuado análisis probatorio y en la interpretación razonable de la cláusula penal del contrato, sin incurrir en defectos fácticos o procedimentales. La Sala reitera que la tutela no puede convertirse en una tercera instancia para revisar la valoración de pruebas o la interpretación jurídica del juez natural, salvo que se demuestre una vulneración manifiesta de derechos fundamentales.síntesis automática
¿La presunción de legalidad de los actos administrativos le impiden al demandante utilizar el recurso de apelación para intentar restarle efecto a la declaración de incumplimiento total y definitiva que realizó el Fondo? Sí
El contratista no puede utilizar el recurso de apelación para intentar restar efecto a la declaración de incumplimiento total y definitiva emitida por el Fondo, debido a que dicha declaración es un acto administrativo definitivo que goza de la presunción de legalidad y carácter ejecutorio, conforme a lo establecido en los artículos 17 de la Ley 1150 de 2011 y 155 de la Ley 1753 de 2015. Además, la entidad pública ejerció correctamente su facultad para declarar el incumplimiento del contratista y determinar la efectividad de la cláusula penal pactada, lo que no puede ser impugnado por el contratista mediante el recurso de apelación. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente, limitando la capacidad del contratista para desafiar la legalidad de las declaraciones de incumplimiento emitidas por la entidad estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión de declarar el incumplimiento del contratista está cobijada por la presunción de legalidad y goza de carácter ejecutorio?¿El contenido del acuerdo firmado reúne los elementos esenciales del contrato de transacción?¿La formulación de las excepciones previas está limitada al término de traslado de la demanda?
¿La imposición de la cláusula penal pecuniaria en favor de la entidad contratante como consecuencia directa e inequívoca de la declaratoria de caducidad del contrato, se encontraba sujeta al límite temporal de la ejecución del contrato estatal? Sí
El contratista no puede imponer la cláusula penal pecuniaria en favor de la entidad estatal como consecuencia directa de la declaratoria de caducidad del contrato estatal, ya que esta decisión está sujeta al límite temporal de la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. La cláusula penal se efectiviza como resultado de la caducidad del contrato, por lo que si esta declaratoria es anulada, la efectividad de la cláusula penal también queda sin sustento. Además, el valor de la condena impuesta debe actualizarse para compensar la pérdida de su valor adquisitivo, sin que esto represente una reforma en contra del apelante, utilizando la fórmula de actualización de la condena basada en el IPC. Esta decisión reitera y refuerza la obligación de respetar los plazos contractuales y la necesidad de actualizar las condenas monetarias para mantener su valor real.síntesis automática
También resuelve:¿El valor de la condena impuesta se debe actualizar para compensar la pérdida de su valor adquisitivo, sin que ello corresponda a alguna reforma de la decisión en contra del apelante?
¿Los actos administrativos demandados dieron por terminado unilateralmente el contrato, por lo que debe entenderse que la entidad estatal ejerció la facultad de terminación unilateral prevista en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993? No
El contratista no puede impugnar la terminación del contrato por vencimiento del plazo pactado, ya que los actos administrativos de Corpoguarjira indican que el contrato finalizó por el vencimiento del plazo de ejecución, no por una terminación unilateral, y el plazo inicial de 16 meses, prorrogado por nueve meses más, había expirado antes de la fecha de expedición de dichos actos. Además, el contrato celebrado entre Corpoguarjira y Acuavalle, a pesar de ser denominado convenio interadministrativo, es en realidad un contrato interadministrativo de obra sometido al estatuto general de contratación estatal, por lo que Corpoguarjira tiene competencia para declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal mediante actos administrativos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que permite a las entidades declarar el incumplimiento del contrato luego de su terminación y hacer efectiva la cláusula penal, siempre y cuando dicha facultad haya sido pactada en el contrato, como en este caso. Esto implica que la entidad estatal puede adoptar decisiones contractuales en conformidad con el régimen jurídico aplicable a los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato administrativo suscrito entre las partes, al ser un contrato cuyo régimen jurídico no era el derecho privado sino el contemplado en el estatuto general de la contratación estatal…
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales en los casos en los que el contrato estatal no fue liquidado inicia desde el día siguiente a la fecha en la que debió ser este liquidado? Sí
El contratista puede iniciar una acción de controversias contractuales cuando el contrato estatal no ha sido liquidado, y el término de caducidad de dos años para presentar la demanda comienza a computarse desde el día siguiente a la fecha en que debió ser liquidado el contrato, lo que implica que si el contrato no fue liquidado en la fecha prevista, el plazo para la acción de controversias inicia desde esa fecha. Además, ante la acreditación del incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal, procede la exigencia de la cláusula penal pactada en el mismo, salvo que se demuestre que el incumplimiento es imputable a factores externos no controlables por la entidad. En casos de incumplimiento parcial, la entidad debe reintegrar solo lo no ejecutado, mientras que los recursos efectivamente invertidos no son objeto de devolución, a menos que se pruebe que la entidad no cumplió con sus obligaciones contractuales de manera diligente. Estas reglas reiteran y matizan precedentes existentes, proporcionando mayor claridad sobre el cómputo del término de caducidad y los efectos del incumplimiento en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Ante la acreditación del incumplimiento del contrato por parte de la entidad procede la exigencia de la cláusula penal pactada en el mismo?¿Procede la devolución del dinero de lo que se ejecutó en el contrato ante el incumplimiento por parte de la entidad en la ejecución de este?
¿El monto a cargo de la aseguradora por concepto de cláusula penal derivada del incumplimiento parcial del convenio de asociación, se calcula de forma proporcional a partir del valor asegurado en la póliza de cumplimiento? No
El contratista no puede calcular el monto a cargo de la aseguradora por concepto de cláusula penal derivada del incumplimiento parcial del convenio de asociación de forma proporcional al valor asegurado en la póliza de cumplimiento, sino que debe hacerlo respecto al valor del contrato tal como fue estipulado en el convenio. La reducción proporcional de la cláusula penal se realiza respecto del monto de la pena estipulada, no del valor asegurado, y la aseguradora será condenada a pagar la suma correspondiente a la cláusula penal proporcionalmente al incumplimiento, sin superar el valor asegurado. Al confirmarse la sentencia de primera instancia, la parte que interpone el recurso de apelación y resulta desfavorablemente resuelta será condenada en costas y agencias en derecho, de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y la ley.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la condena en costas y agencias en derecho en contra de la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación…
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal? Sí
El contratista presenta oportunamente el medio de control de controversias contractuales dentro del término legal, en la medida en que el plazo general del contrato se cumple y las partes convenzan la liquidación bilateral dentro del plazo establecido, y la entidad estatal no es exigible agotar el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, conforme al inciso segundo del artículo 613 del Código General del Proceso. En este caso específico, la demanda fue presentada el 6 de junio de 2023, después de la liquidación del contrato y dentro del plazo legal, lo que permitió que la Sala confirmara la oportunidad del medio de control. Sin embargo, la Sala encuentra que no se ha probado el incumplimiento del contratista, ya que no se presentó la documentación necesaria para establecer las obligaciones efectivamente acreditadas y el cumplimiento de las mismas. Por tanto, la cláusula penal pecuniaria no resulta procedente por falta de acreditación del incumplimiento del contratista, y no procede la actualización monetaria del saldo a favor de la entidad estatal correspondiente a los recursos no comprometidos en la ejecución del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentra probado el incumplimiento de la sociedad Perazza S.A.S. respecto de las obligaciones asumidas en el Contrato No. FNTC-005-2021?¿Resulta procedente hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato y amparada por la póliza expedida por Seguros del Estado S.A.?¿Resulta procedente actualizar monetariamente el saldo a favor de Fontur correspondiente a los recursos no comprometidos en la ejecución del Contrato No. FNTC-005-2021?