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¿(...) hay lugar a declarar o no la nulidad de la Resolución No. 1622 del 11 de octubre de 2021, por medio de la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial adjudicó el concurso de méritos abierto No. 08 de 2021, (iniciado para seleccionar a un consultor que realizara la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental del Contrato de Obra No. 153 de 2021 para la construcción de las sedes de los despachos judiciales de Chocontá – Cundinamarca) al Consorcio Inter A&G, por un error de la DEAJ en la aplicación de los criterios de desempate a los resultados de la evaluación de los proponentes del concurso de méritos 08/2021(...)? No
… para determinar si efectivamente los actos administrativos demandados fueron expedidos contrario a los criterios de objetividad que rige la contratación estatal, se debe revisar la totalidad de las propuestas de los proponentes que quedaron empatados y aplicar los criterios de desempate dispuestos en el pliego de condiciones definitivo-Adenda No. 1.… Revisadas las pruebas obrantes en el expediente, la Sala advierte que en la continuación a la audiencia inicial celebrada el 21 de marzo de 2024 se advirtió a las partes que el link aportado con las ofertas requería permiso para acceder a la información por lo que se requirió a la parte actora DEAJ para que aportara las ofertas.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-01-27Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 68001233300020170087501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente la solicitud de citación del perito a la audiencia de pruebas, realizada por la parte que aportó el dictamen pericial? No
El contratista no puede solicitar la citación del perito que emitió el dictamen pericial aportado por él mismo a la audiencia de pruebas, ya que el artículo 228 del Código General del Proceso solo permite a la parte contra la cual se esgrime el dictamen la posibilidad de citar al perito para contradecirlo, no a la parte que lo presentó. Esta regla implica que la parte que aporta el dictamen no puede citar a su propio perito para que rinda explicaciones, ya que esto podría permitir que dicha parte complemente su dictamen o controle el interrogatorio. Además, la parte que aportó el dictamen no cumplió con la carga procesal de solicitar la contradicción del dictamen en el traslado de las excepciones, lo que resulta en la negación de su solicitud de citación del perito. Esta sentencia reitera la jurisprudencia existente sobre las cargas de las partes y la negación de la citación del perito por parte del juez, lo que implica que las partes deben asumir la responsabilidad de cumplir con las cargas procesales establecidas por la ley para evitar consecuencias desfavorables.síntesis automática
¿La entidad demandante presentó el medio de control de repetición con el lleno de los requisitos exigidos legalmente para su procedencia? No
La conducta del agente calificada como dolosa o gravemente culposa no implica automáticamente la declaración de responsabilidad en el medio de control de repetición, porque el demandado puede aportar pruebas que desvirtúen la presunción legal. La regla se sostiene en tres razones: la Ley 678 de 2001 regula los aspectos sustanciales de la repetición, define el dolo y la culpa grave y establece presunciones legales que inciden en la carga probatoria; la acción de repetición tiene naturaleza eminentemente resarcitoria y carácter público, dirigida a proteger el patrimonio y la moralidad pública; y el demandante debe acreditar los requisitos de procedencia de la acción, sin que la sola calificación de la conducta baste. Por ello, el medio de control solo prospera cuando la entidad demuestra el dolo o la culpa grave del agente y el nexo con el pago efectuado, y no cuando la presunción queda desvirtuada en el proceso. La decisión de primera instancia se confirma en lo que corresponde a la prueba del requisito subjetivo.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2024-05-30Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 05001233300020160241301LEY 1437 REPETICION
¿En la solicitud de pruebas en segunda instancia se justificaron las razones por las cuales los documentos aportados con el recurso de alzada no fueron allegados dentro de las oportunidades probatorias en el trámite de la primera instancia? No
Cuando la parte solicita en segunda instancia la práctica de pruebas que no corresponden a ninguna de las hipótesis taxativas del artículo 212 del C.P.A.C.A., la solicitud debe denegarse, aunque sea oportuna. La regla se sostiene en tres razones: las pruebas en segunda instancia solo proceden en los supuestos que la ley prevé, y la parte debe justificar por qué los documentos no se aportaron en la primera instancia; el juez puede decretar pruebas de oficio para aproximarse a la verdad material, pero no puede relevar o sustituir injustificadamente a las partes en el cumplimiento de las cargas probatorias que la ley les asigna; y en el caso no existían puntos oscuros o difusos que aclarar. En el caso, la solicitud cumplía el requisito de oportunidad, pero no se justificó la omisión en la primera instancia, por lo que se denegó la petición probatoria. El documento cita precedentes sobre la carga de la prueba; la consecuencia práctica es que el documento que no se aportó en primera instancia solo puede incorporarse en apelación si la parte demuestra una causal legal para ello.síntesis automática
También resuelve:¿Es jurídicamente viable que el juez de lo contencioso administrativo releve o sustituya de manera injustificada a las partes en el cumplimiento de las cargas probatorias expresamente asignadas a…
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal? Sí
El contratista presenta oportunamente el medio de control de controversias contractuales dentro del término legal, en la medida en que el plazo general del contrato se cumple y las partes convenzan la liquidación bilateral dentro del plazo establecido, y la entidad estatal no es exigible agotar el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, conforme al inciso segundo del artículo 613 del Código General del Proceso. En este caso específico, la demanda fue presentada el 6 de junio de 2023, después de la liquidación del contrato y dentro del plazo legal, lo que permitió que la Sala confirmara la oportunidad del medio de control. Sin embargo, la Sala encuentra que no se ha probado el incumplimiento del contratista, ya que no se presentó la documentación necesaria para establecer las obligaciones efectivamente acreditadas y el cumplimiento de las mismas. Por tanto, la cláusula penal pecuniaria no resulta procedente por falta de acreditación del incumplimiento del contratista, y no procede la actualización monetaria del saldo a favor de la entidad estatal correspondiente a los recursos no comprometidos en la ejecución del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentra probado el incumplimiento de la sociedad Perazza S.A.S. respecto de las obligaciones asumidas en el Contrato No. FNTC-005-2021?¿Resulta procedente hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato y amparada por la póliza expedida por Seguros del Estado S.A.?¿Resulta procedente actualizar monetariamente el saldo a favor de Fontur correspondiente a los recursos no comprometidos en la ejecución del Contrato No. FNTC-005-2021?
¿En la acreditación del pago de la condena como presupuesto necesario para la prosperidad de las pretensiones dentro de la acción de repetición, rige el principio de libertad de medios de prueba? Sí
En la acción de repetición el pago de la condena es un presupuesto necesario, aunque no suficiente, para que prosperen las pretensiones, y en su acreditación rige el principio de libertad de medios de prueba. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el certificado de pago que el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 considera prueba suficiente para iniciar el proceso no constituye una regla de conducencia que limite la prueba del pago a ese medio. Segundo, la previsión legal no excluye que el juez aprecie otros medios que acrediten el mismo hecho jurídico del pago, de modo que la carga probatoria puede satisfacerse por distintos medios. Tercero, el pago debe acreditarse como presupuesto de la pretensión, pero su prueba no basta por sí sola para que la acción prospere, pues deben concurrir los demás elementos de la responsabilidad del agente. La providencia confirma la decisión de instancia; en la práctica, la entidad que pretenda repetir puede acreditar el pago con cualquier medio idóneo, sin limitarse al certificado, pero debe demostrar también los elementos de la responsabilidad.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó en debida forma el pago de la indemnización a la que la parte actora fue condenada en un proceso de reparación directa, y que ahora es objeto de la acción de repetición?
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal? Sí
El contratista presenta un medio de control de controversias contractuales dentro del término legal si la demanda se radica antes de que caduque el plazo establecido por la ley, considerando las suspensiones de términos por emergencias como la pandemia de COVID-19. En este caso, la demanda se presentó oportunamente el 6 de julio de 2021, después de que la acta de liquidación bilateral del contrato se suscribiera el 27 de diciembre de 2018 y la solicitud de conciliación se radicara el 17 de marzo de 2021, con la constancia de no conciliación expedida el 12 de agosto de 2021, lo que demuestra que el medio de control fue presentado dentro del término legal, reiterando la jurisprudencia sobre la contabilización del término de caducidad del medio de control en casos de emergencia sanitaria.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a reconocer el pago de unos gastos adicionales en los que incurrió la Imprenta Nacional de Colombia por concepto de bodegaje en Huila, Caquetá, Meta, Nariño, Cauca, Antioquia…¿Resulta procedente una condena en abstracto?¿Procede la condena en costas contra la parte demandante por haber sido vencida en el proceso?
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no cuestionados en el recurso de apelación o sobre argumentos que no fueron planteados oportunamente en la demanda? No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre aspectos no cuestionados en el recurso de apelación ni revocar la sentencia por razones que no fueron impugnadas, aunque se acojan los cargos del apelante. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 320 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, limita el recurso al examen de la cuestión decidida en relación con los reparos concretos; el artículo 328 del CGP obliga al superior a pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones de oficio previstas por la ley; y cuando una de las razones que fundamentan la negativa de las pretensiones no fue impugnada, esa razón queda firme y la sentencia no puede revocarse por los demás cargos. Por ello, la sentencia se mantiene, pues la razón no apelada basta para sostener la decisión. Esta regla opera aun cuando el recurrente acoja todos los demás cargos de su recurso.síntesis automática
También resuelve:¿La prolongación del plazo de ejecución de un contrato genera, por sí sola, la obligación del contratante de reconocer y pagar los mayores costos asumidos por el contratista?¿Se acreditaron las causas que justificaron la prórroga de los convenios interadministrativos objeto de interventoría para la procedencia de las obligaciones reclamadas?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal? Sí
El medio de control de controversias contractuales se entiende presentado dentro del término legal cuando la demanda se interpone oportunamente dentro del plazo de dos años previsto en el artículo 164 del CPACA. La contabilización del término de caducidad se efectúa a partir del vencimiento del plazo para la liquidación bilateral del contrato, teniendo en cuenta que la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial suspende dicho término hasta la fecha en que se declare formalmente fallida la diligencia.síntesis automática
También resuelve:¿Es jurídicamente posible suspender o prorrogar un contrato ya finalizado?¿La Empresa Aguas de Facatativá actuó de mala fe al trasladar al contratista obligaciones propias de la planeación y ejecución previa del proyecto…¿Los demandados acreditaron que subsistían las causas de suspensión del contrato y que estas configuraban una excepción de contrato no cumplido o una causa extraña que exonerara a la contratista de…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-10-08Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 05001233300020180109802LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejero ponente es competente para resolver la solicitud de pruebas en segunda instancia? Sí
La competencia para resolver la apelación contra el auto que niega el decreto de una prueba corresponde al magistrado ponente y no a la sala. Esta regla se apoya en el artículo 150 del CPACA, que atribuye al Consejo de Estado el conocimiento de las apelaciones de los autos de los tribunales susceptibles de ese recurso, y en el numeral 3 del artículo 125 del mismo código, que deja en cabeza del ponente las providencias interlocutorias no enunciadas en el numeral 2. Por eso el auto que resuelve el recurso contra la negativa de decretar una prueba es una providencia del ponente. En el caso concreto el despacho del ponente se declaró competente para resolver el recurso de apelación contra el auto de audiencia inicial que negó la prueba, y la decisión fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el recurso contra la negativa probatoria en primera instancia se resuelve por el ponente y no por la sala.síntesis automática
También resuelve:¿Los recursos contra la decisión en audiencia inicial fueron interpuestos y sustentados oportunamente?¿Resulta procedente el decreto de los exhortos a la Universidad de Medellín y a COPNIA para obtener unos documentos a pesar de que la parte no los solicitó directamente a aquellas entidades?¿La EDU expresó debidamente el objeto de la prueba testimonial que solicitó en la contestación de la demanda?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-06-19Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 25000233600020230029301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La petición de La Previsora consistente en que se decrete un dictamen pericial contable y financiero no cumple con el parámetro de pertinencia? Sí
El solicitante de una prueba pericial debe demostrar su pertinencia vinculándola directamente con las situaciones fácticas objeto del litigio bajo los parámetros legales establecidos. Lo relacionado con factores contables o financieros no tiene algún vínculo con las situaciones fácticas bajo las cuales la entidad estima que el daño no le es imputable a la póliza. El mencionado dictamen pericial no se solicitó, por ejemplo, para efectos de establecer la depreciación de los muebles que supuestamente resultaron afectados para la época de los hechos, de ahí que dicha prueba no se pidió con el fin de determinar la pérdida del valor de los equipos tecnológicos.síntesis automática
También resuelve:¿Se impone al asegurador la obligación de demostrar los hechos o circunstancias que lo exonerarían de su responsabilidad de indemnizar?¿Las partes del contrato de seguro pueden acreditar en forma judicial o extrajudicial su derecho, mediante cualquier medio probatorio, siempre que sea lícito, idóneo, conducente y eficaz?¿El funcionario judicial debe analizar las solicitudes probatorias que eleven las partes y considerar si cumplen o no los requisitos de legalidad, conducencia y pertinencia?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-06-10Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020200029601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Están las partes obligadas a probar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones? Sí
El contratista está obligado a probar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones, ya que el ordenamiento jurídico garantiza el derecho a presentar pruebas y establece la carga de la prueba ("onus probandi") para acreditar los hechos que fundamentan las normas que persiguen. La declaración de terceros debe cumplir con los requisitos formales para ser conducente, pertinente y útil, y el juez debe decretar únicamente aquellas pruebas que resulten conducentes para esclarecer los hechos controvertidos definidos en la etapa de fijación del litigio. Además, el juez puede rechazar la práctica de testimonios cuando estos no guardan relación con el objeto del litigio, lo que implica que las pruebas deben estar directamente relacionadas con el problema jurídico determinado y no ser objeto de otros procesos. Esto asegura un acceso justo a la justicia y garantiza los derechos al debido proceso, la contradicción y defensa, así como la resolución justa de conflictos.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez rechazar la práctica de declaraciones de terceros si la solicitud no cumple con los requisitos formales que permitan verificar su conducencia, pertinencia y utilidad?¿Debe el juez decretar únicamente aquellas pruebas que resulten conducentes para esclarecer los hechos controvertidos que fueron definidos en la etapa de fijación del litigio?¿Debe el juez rechazar la práctica de testimonios cuando estos no guardan relación con el objeto del litigio?
¿El régimen aplicable a la acción de repetición se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena y el tiempo en el que estos acaecieron? Sí
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, en garantía del derecho al debido proceso, contenido en el artículo 29 constitucional, es necesario definir la norma sustancial vigente en el momento de la ocurrencia de los hechos. En concreto, el reconocimiento de la mora se causó desde el 06 de abril de 1999 hasta el 18 de julio de 2001, precisando que la Ley 678 de 2001 entró en vigencia el 04 de agosto de 2001.
También resuelve:¿Los demandados incurrieron en culpa grave al incumplir de forma inexcusable lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995…¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿La Unidad Nacional de Protección incumplió los contratos por no ejercer la prerrogativa pública de liquidación unilateral? No
El contratista no puede acusar al interventor de incumplimiento por no ejercer la prerrogativa pública de liquidación unilateral de los contratos, ya que esta es una facultad legal y no convencional, y su no ejercicio no constituye una desatención contractual. La Sala modifica la sentencia al establecer que la liquidación unilateral es una prerrogativa del poder público y no un acuerdo entre las partes, por lo que no genera responsabilidad contractual. Además, la pretensión de liquidación judicial del contrato debe estar acompañada de causas específicas y precisar el litigio que se desea resolver, lo que en este caso no se cumplió, por lo que la liquidación judicial resulta improcedente. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la naturaleza legal de la liquidación unilateral y la necesidad de fundamentos claros en las pretensiones de liquidación judicial, lo que implica que los contratistas deben aclarar las causas específicas de su pretensión para que sea considerada procedente.síntesis automática
También resuelve:¿El no ejercer la prerrogativa pública de liquidación unilateral puede catalogarse como una desatención de naturaleza contractual ?¿La Jurisdicción Contencioso Administrativa está instituida para conocer de las controversias y litigios originados en el marco de los negocios jurídicos en los que estén involucradas entidades…¿La pretensión de liquidación judicial del contrato está completamente carente de una causa específica que la sustente?
¿La ausencia de salvedades o reclamaciones expresas por parte del contratista en los acuerdos modificatorios de un contrato estatal constituye un impedimento procesal o sustancial de base legal que derive en la improcedencia automática de futuras reclamaciones judiciales? No
La ausencia de salvedades o de reclamaciones expresas del contratista en los acuerdos modificatorios de un contrato estatal no constituye un impedimento procesal ni sustancial que haga improcedentes de manera automática las reclamaciones judiciales posteriores. La regla se sostiene en tres razones: el silencio de las partes al suscribir modificaciones no puede interpretarse como renuncia a reclamar, conforme a la unificación de la Sala Plena de 27 de julio de 2023, que superó el precedente que exigía la reserva expresa; el principio de buena fe no habilita al juez para crear requisitos de procedencia no previstos en la ley; y el juez debe examinar el contenido y el contexto de los acuerdos para determinar si regularon la diferencia económica reclamada. Por ello, la declaración de extemporaneidad con base en la ausencia de glosas constituye un error de juicio. La providencia de primera instancia se confirma en la parte que resolvió el fondo.síntesis automática
También resuelve:¿La suscripción de adiciones en valor y prórrogas en tiempo que guardan silencio sobre compensaciones económicas o que no contienen cláusulas de finiquito expreso…¿Para la procedencia del reconocimiento de perjuicios se debe examinar la acreditación de cada rubro reclamado a la luz del material probatorio aportado por quien lo reclama?¿Se acreditaron los perjuicios derivados de la ejecución de mayores cantidades y actividades diferenciales al objeto inicialmente pactado en el contrato?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2024-10-24Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 18001234000020160018701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente la solicitud probatoria en segunda instancia relativa al traslado de los expedientes de los procesos de responsabilidad fiscal relacionados con el Convenio de Asociación 009 de 2013, cuando se observa que el peticionario no cumplió con la carga de determinar su pertinencia, conducencia, utilidad, la finalidad de la prueba, ni la fecha de creación de los documentos objeto de la solicitud? No
En segunda instancia, la solicitud de una prueba debe precisar su pertinencia, su conducencia, su utilidad y su finalidad, así como la fecha de creación de los documentos que se pretende incorporar. Esta carga responde a que el juez de segunda instancia solo puede decretar pruebas cuando se configure alguna de las hipótesis del artículo 212 del CPACA, y esas hipótesis no pueden verificarse si el peticionario omite los requisitos de la solicitud. Cuando la petición carece de esos elementos, el juez no está obligado a suplirlos ni a inferirlos del recurso. En el caso concreto la solicitud de trasladar expedientes de procesos de responsabilidad fiscal relacionados con un convenio de asociación no cumplió esas cargas, y además se advirtió que la prueba era inútil para demostrar el desarrollo del convenio. Por ello el auto que negó la prueba fue confirmado al resolver la reposición. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la solicitud probatoria en apelación debe fundarse en una causal del artículo 212 y en una argumentación completa desde el escrito de apelación.síntesis automática
¿El incumplimiento contractual declarado en el procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por el IDU está relacionado con las pretensiones de la demanda? Sí
El incumplimiento declarado en un procedimiento administrativo sancionatorio contractual está relacionado con las pretensiones de la demanda cuando el acto que lo declara se funda en la persistencia de deficiencias que impiden el recibo a satisfacción de la obra y en la omisión del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones de ejecución. La regla se sostiene en tres razones: el procedimiento administrativo se originó en que, vencido el plazo de ejecución, no fue posible el recibo a satisfacción de las obras por infiltraciones y humedades; las consideraciones del acto sobre los descargos del contratista corroboran la persistencia de esas deficiencias y la exigencia de personal técnico adecuado; y la responsabilidad del contratista por la ejecución defectuosa se mantiene aunque la entidad haya tramitado el procedimiento. Por ello, la declaración de incumplimiento del acto administrativo es pertinente para resolver las declaraciones solicitadas en la demanda. La providencia se confirma en este punto.síntesis automática
También resuelve:¿Puede declararse el incumplimiento contractual del contratista aun cuando se niegue la indemnización de perjuicios por falta de prueba de los daños alegados por la entidad contratante?¿La liquidación judicial realizada en primera instancia se ajusta a la realidad del contrato y la ejecución del mismo?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Es imputable a Ecopetrol el incumplimiento de las obligaciones del contratista? Sí
El contratista no puede imputar a Ecopetrol el incumplimiento de sus obligaciones en un contrato de obra pública, ya que la entidad cumplió con entregar la información técnica necesaria para la ejecución de la obra de acuerdo con lo pactado en la cláusula 8 del contrato, y no se demostró que la entrega de la ingeniería de detalle fuera incompleta o tardía. Además, el juez no puede subsanar la falta de prueba por parte del demandante mediante pruebas de oficio, ya que la ley establece que dicha facultad se limita al esclarecimiento de la verdad y no para acreditar los hechos alegados por las partes. Por lo tanto, la condena en abstracto no procede cuando no se ha probado la cuantía de los perjuicios reclamados, y el decreto de pruebas de oficio no es procedente ante la inactividad del demandante. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba y limita la facultad del juez de decretar pruebas de oficio en casos de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Ante el incumplimiento de la carga de la prueba por parte de la demandante, corresponde al juez subsanar dicha falencia mediante pruebas de oficio?¿La condena en abstracto procede cuando se incumple la carga de probar la cuantía de los perjuicios?¿Procedía el decreto de pruebas de oficio ante la inactividad del demandante?
¿El a quo violó el debido proceso, por aplicar el artículo 49 de la Ley 1450 de 2011, de acuerdo con el cual una inversión nueva es aquella que se realice con posterioridad a la suscripción del contrato de estabilidad jurídica, pese a que esa norma entró a regir después de que fuera presentada la solicitud de suscripción del contrato? No
ODL censuró la denegación de la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica, por violación de norma superior y del debido proceso, porque con su expedición se habría incurrido en un error de derecho derivado de la aplicación indebida de una ley posterior a la vigente al momento de presentar la solicitud, como lo es el artículo 49 de la Ley 1450 de 2011 que modificó el parágrafo del artículo 3 de la Ley 963 de 2005… .
También resuelve:¿Conforme a la regla general de irretroactividad de la ley, en los contratos de estabilidad jurídica los beneficios para el inversionista surgen a partir de la suscripción del negocio de inversión…¿Los elementos de juicio aportados por el demandante para acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas previstas en la norma…¿Se dio un trato discriminatorio a ODL por la suscripción de contratos de estabilidad jurídica con empresas en situaciones similares a la suya y la denegación de la solicitud de contrato por aquella…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-10-08Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 25000233600020170236102LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consejero de Estado ponente es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra el auto que niega el decreto de pruebas? Sí
El magistrado ponente, y no la sala, es quien resuelve la apelación contra el auto que niega el decreto de pruebas en primera instancia, porque ese auto está enlistado en el numeral 7 del artículo 243 del CPACA y el numeral 2, literal g), del artículo 125 solo atribuye a la sala las decisiones de los numerales 1 a 3 y 6 del mismo artículo. Esta regla se apoya en el artículo 150 del CPACA, que establece que el Consejo de Estado conoce de las apelaciones de los autos proferidos por los tribunales susceptibles de ese recurso. La procedencia del recurso también se verifica con el numeral 7 del artículo 243, pues se trata de una decisión dictada en primera instancia que negó el decreto de pruebas. Por ello la competencia para decidir el recurso corresponde al despacho del ponente. En el caso concreto la negativa probatoria adoptada en la audiencia se mantuvo en la providencia que resolvió la apelación. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la impugnación de la negativa de pruebas se tramita ante el ponente, no ante la sala.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente el decreto de la prueba documental a oficiar requerida por el IDU, para que se allegue copia de unas actuaciones penales…