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Consejo de Estado
Providencia
No resulta necesario estudiar las justificaciones esgrimidas por la defensa
Sentencia — Sentencia
2024-03-01
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 76001233300020150059401
LEY 1437 REPETICION
¿El fallo de responsabilidad patrimonial o en sede de legalidad ata al juez de la repetición? No
El fallo de responsabilidad patrimonial del Estado o de nulidad del acto no ata al juez de la repetición, de modo que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente debe acreditarse en el proceso de repetición con prueba propia. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la sentencia condenatoria contra el Estado no es prueba suficiente de la conducta del agente, porque en repetición se realizan valoraciones distintas sobre el comportamiento del servidor y no sobre la responsabilidad del Estado. Segunda, la declaración judicial de afectación de un derecho o de antijuridicidad del daño no acredita la conducta dolosa o culposa del agente que lo propició. Tercera, la entidad que pretende repetir debe expresar la causal de la presunción de dolo o culpa grave y acreditar sus supuestos en el proceso, con oportunidad de defensa para el demandado. En el caso no se acreditó el aspecto volitivo del demandado, por lo que la providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba del dolo o de la culpa grave en la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:
¿La desviación de poder manifestada está respaldada en el acervo probatorio?
¿Las atribuciones otorgadas a un funcionario público para gestionar y concretar un acto deben dirigirse principalmente al cumplimiento de los fines del Estado?
¿El acto administrativo fue proferido por el demandado ostentando la calidad de servidor público?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
¿Se demostró que la actuación del demandado en repetición fue negligente de forma que pueda atribuírsele responsabilidad patrimonial?
Sentencia — Sentencia
2023-10-06
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 11001032600020140007300
LEY 1437 REPETICION
¿Se demostró que la actuación del demandado en repetición fue negligente de forma que pueda atribuírsele responsabilidad patrimonial? No
En la acción de repetición, la sentencia que anula el acto de desvinculación no prueba por sí misma el dolo ni la culpa grave del servidor, de modo que la responsabilidad patrimonial exige demostrar su conducta. La regla se apoya en tres razones. Primera, la presunción de dolo por desviación de poder solo opera cuando se acredita el hecho que la configura, esto es, un fin particular o arbitrario perseguido por la administración. Segunda, la entidad demandante debe aportar el acto administrativo de declaratoria de insubsistencia, pues la sola sentencia de nulidad y restablecimiento no permite inferir el elemento subjetivo. Tercera, la carga de la prueba recae en el accionante, que no puede beneficiarse de presunciones cuyo supuesto de hecho no está configurado. Por ello, la providencia niega las pretensiones de la demanda. En la práctica, la repetición fracasa cuando el actor se limita a la sentencia condenatoria y no aporta los actos y las pruebas que acrediten la conducta del agente.síntesis automática
También resuelve:
¿La sentencia no analizó ninguna prueba en la que se evidenciara que el demandante obró con desviación de poder?
¿El acto de insubsistencia demandado no persiguió las razones del buen servicio público porque la Administración no probó que su retiro haya obedecido a tales razones?
¿Se estudia si se configura el supuesto de hecho de la presunción de dolo alegada por la parte demandante?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de repetición: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-10-28
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 11001032600020160019000
LEY 1437 REPETICION
¿La universidad demandante acreditó con otros medios de prueba legalmente admisibles el elemento conductual con el cual pudiera derivarse la responsabilidad personal del agente estatal? No
En el medio de control de repetición contra un servidor público, la entidad que pide el reembolso debe acreditar el elemento conductual de la responsabilidad personal del agente con medios de prueba legalmente admisibles. No basta aportar las sentencias de condena dictadas en el proceso de reparación contra el Estado, porque ellas no prueban la conducta personal del agente que expidió el acto anulado. Esta regla se apoya en el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Por ello, cuando falta la prueba del elemento conductual, la pretensión de reembolso se despacha desfavorablemente. En el caso concreto la entidad demandante no aportó otros medios para acreditar la conducta del agente y la pretensión fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba de la conducta del agente.síntesis automática
También resuelve:
¿Las piezas documentales resultan insuficientes para demostrar la presunción de dolo atribuida al ex servidor público, a la cual quedó circunscrita la litis?
¿Se aplican las presunciones legales previstas en la ley, que califican de dolosa la conducta del ex agente estatal?
¿El demandado se encuentra legitimado en la causa por pasiva, al demostrarse que para el momento de los hechos que dieron lugar al pago de la condena fungía como rector encargado de la Universidad…
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Ejercicio del medio de control de repetición: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-04-19
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020120073802
LEY 1437 REPETICION
¿La nulidad judicial del acto administrativo que retiró del servicio a la funcionaria por falta de motivación, es suficiente para presumir el dolo del demandado? No
La nulidad judicial del acto de insubsistencia por falta de motivación no basta para presumir el dolo del exservidor que lo expidió, pues la entidad debe demostrar que el acto se expidió con la intención deliberada de un fin ajeno a las finalidades de la función pública. La regla se apoya en que la presunción de dolo exige acreditar su supuesto de hecho, y en que la sola invalidez de un acto por un vicio formal no permite deducir la conducta dolosa del agente. Por ello, el juez debe examinar la finalidad real que motivó la decisión del servidor. En el asunto, la entidad no demostró que el exservidor expidiera el acto con esa intención, pues la desvinculación obedeció a la necesidad de nombrar profesionales especializados en la oficina jurídica ante el volumen de casos, y la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones. En la práctica, la entidad que repite por un acto de insubsistencia anulado debe probar la intención dolosa y no solo la falta de motivación.síntesis automática
También resuelve:
¿La sentencia condenatoria solo reprochó la falta de motivación o ausencia de razones de la declaración de insubsistencia?
¿La ausencia de motivación que dio lugar a la condena en este caso específico, se subsume en el supuesto de hecho de la presunción de dolo alegada en la demanda?
¿Mientras a la entidad demandante le incumbe demostrar los supuestos fácticos para que opere la presunción que alega, a la parte demandada le corresponde desvirtuar el hecho deducido con el propósito…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala negará las pretensiones y condenará en costas a la parte actora
Sentencia — Sentencia
2023-12-05
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 11001032600020180002700
LEY 1437 REPETICION
¿Las imprecisiones que se presentaron en la desvinculación del servidor difícilmente podrían considerarse como indicativas de un obrar inexcusable y de una conducta gravemente culposa de los demandados? Sí
Las imprecisiones formales cometidas al desvincular a un servidor público no equivalen por sí mismas a un error inexcusable ni a una conducta gravemente culposa, y que la presunción de culpa grave solo opera cuando se configuran los supuestos de hecho que la fundan. Una razón es que la desvinculación estuvo precedida de un estudio técnico de reestructuración de la planta de personal, que debía contar con la aprobación de la autoridad competente en función pública, lo que hace inviable sostener una violación inexcusable de la ley. Otra razón es que aunque se cometieron fallas en la forma como se formalizó la desvinculación, la motivación del acto no genera por sí sola una violación de las normas de competencia ni de los presupuestos de validez del acto administrativo. Por ello la Sala negó las pretensiones y condenó en costas a la parte actora. La sentencia no indica si reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que las fallas de procedimiento en una supresión de cargo deben demostrarse como conducta gravemente culposa y no presumirse a partir de su sola existencia.síntesis automática
También resuelve:
¿La actuación de los demandados comportó una violación inexcusable de la ley?
¿La vicisitud experimentada por el servidor desvinculado se presentó en el marco de un proceso de restructuración de la entidad demandante?
¿La situación permite concluir que los agentes estatales demandados son responsables patrimonialmente en el marco de la repetición?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Procede la condena en sede de repetición a los demandados, a título de culpa grave, por haber incurrido en una inobservancia plena de los deberes que le asistían como procuradores encargados del ejercicio del poder sancionador del Estado, en punto de la determinación del aspecto volitivo en la imposición de una sanción disciplinaria.
Sentencia — Sentencia
2023-08-22
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 70001233300020130000101
LEY 1437 REPETICION
¿Procede la condena en sede de repetición a los demandados, a título de culpa grave, por haber incurrido en una inobservancia plena de los deberes que le asistían como procuradores encargados del ejercicio del poder sancionador del Estado, en punto de la determinación del aspecto volitivo en la imposición de una sanción disciplinaria? Sí
El servidor público que ejerce funciones disciplinarias incurre en culpa grave cuando omite de manera plena el cumplimiento del deber establecido en el artículo 14 de la Ley 200 de 1995, el cual proscribe expresamente toda forma de responsabilidad objetiva en materia disciplinaria al consagrar que las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa, de modo que la imposición de decisiones sancionatorias sin efectuar un análisis explícito de la vinculación subjetiva del sujeto sancionado con su conducta constituye una palmaria y grave inobservancia de los requisitos esenciales y de los deberes funcionales que deriva en una condena contra el Estado y legitima la procedencia de la pretensión en sede de repetición contra los agentes estatales responsables de dicha actuación.síntesis automática
También resuelve:
¿Los demandados explicaron con detalle cómo es que el sujeto disciplinado tenía conocimiento y voluntad de realizar el ilícito por el que fue sancionado?
¿Para imponer una sanción se deben explicar razonadamente sus fundamentos, con inclusión de todos los elementos que la hacen procedente?
¿El fundamento de la sanción se refirió exclusivamente al hecho de haberse percibido la prima técnica sin efectuar un análisis explícito de la vinculación subjetiva, a título de dolo…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El juez de segunda instancia debe limitar su pronunciamiento a los motivos de inconformidad expresados en el recurso de apelación.
Sentencia — Sentencia
2025-07-17
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 11001032600020230016500
LEY 1437 REPETICION
¿El juez de segunda instancia debe limitar su pronunciamiento a los motivos de inconformidad expresados en el recurso de apelación? Sí
El juez de segunda instancia debe limitar su pronunciamiento a los motivos de inconformidad expresados en el recurso de apelación, ya que analizar otros aspectos no contemplados en el recurso vulnera la fijación del litigio y los principios de economía procesal y seguridad jurídica. La Sala reitera que para configurar el medio de control de repetición es necesario acreditar la condena contra el Estado, el pago de dicha condena y la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, tal como establecen los artículos 90 de la Constitución Política, el Decreto-ley 01 de 1984 y la Ley 678 de 2001. Asimismo, considera que una sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo y ordene el reintegro laboral con el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir constituye una condena judicial, y que el pago de la condena puede ser demostrado mediante documentos públicos con presunción de autenticidad, sin necesidad de que la constancia provenga del acreedor.síntesis automática
También resuelve:
¿Para la configuración del medio de control de repetición se debe acreditar la condena contra el Estado o el acuerdo conciliatorio…
¿Constituye una condena judicial la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo y ordena el reintegro laboral con el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir?
¿Se acreditó el pago efectivo de la condena judicial impuesta contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial?
CONCEDE
Consejo de Estado
Providencia
Por todo lo anterior no se encuentra acreditado el vicio de falsa motivación expresado en la apelación
Sentencia — Sentencia
2024-07-31
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 18001233100020020003601
ACCION CONTRACTUAL
¿El incumplimiento de la unión temporal era grave y podía conducir a la paralización del contrato? Sí
El contratista puede enfrentar la paralización del contrato si incumple de manera grave las condiciones mínimas de calidad y eficiencia en la prestación del servicio, como lo evidencian las deficiencias operativas y técnicas que afectan directamente la calidad del producto y la prestación del servicio público. En este caso, la unión temporal instaló luminarias que no cumplían con las especificaciones técnicas y generaban un perjuicio para la comunidad, lo que llevó a la entidad estatal a declarar la caducidad del contrato debido a la gravedad del incumplimiento. La Sala confirmó que las pruebas presentadas no permitían concluir que el contratista estuviera cumpliendo con sus obligaciones, y que la gravedad de los incumplimientos era tal que podían conducir a la paralización del contrato, reafirmando la importancia de cumplir con los estándares de calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve:
¿Según las pruebas la unión temporal había incurrido en diferentes deficiencias operativas y técnicas?
¿De la lectura completa de los informes se colige que ambos se inclinaron por reconocer el incumplimiento de la concesión?
¿La caducidad procede ante el incumplimiento de las obligaciones del contratista que afecte de manera grave la etapa de ejecución del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
A la presente instancia decisoria le corresponde pronunciarse sobre los reparos concretos presentados con el recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado, los cuales establecen la competencia del ad quem para ventilar la controversia, salvo situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa.
Sentencia — Sentencia
2025-07-11
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 13001233300020150060201
LEY 1437 REPETICION
¿El juez de segunda instancia puede pronunciarse sobre una imputación de responsabilidad patrimonial formulada de manera simultánea por dolo y culpa grave, cuando dicha imputación no se presenta como pretensión principal y subsidiaria y los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación sustentan, de forma exclusiva, una conducta dolosa por desviación de poder? No
El juez de segunda instancia circunscribe su competencia decisoria a los reparos concretos y argumentos conceptuales expuestos en el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, de modo que los aspectos ajenos a dichos cuestionamientos escapan de su conocimiento salvo los asuntos de carácter oficioso. En este proceso de repetición bajo la Ley 678 de 2001, la Sala confirma la sentencia absolutoria al constatar que la imputación de responsabilidad patrimonial se formuló exclusivamente por conducta dolosa y desviación de poder en la demanda y en la apelación, impidiendo al ad quem pronunciarse simultáneamente sobre culpa grave al no haberse planteado pretensiones principales y subsidiarias debidas.síntesis automática
También resuelve:
¿El Estado puede ejercer la acción de repetición contra su agente o ex agente público cuando compruebe que la condena por reparación de un daño antijurídico se fundamenta en una conducta dolosa o…
¿Al presente asunto le resultan aplicables las Leyes 678 de 2001 y 1437 de 2011, por tratarse de las disposiciones sustanciales y procesales vigentes a la fecha del hecho que dio lugar a la condena…
¿Resulta procedente declarar la responsabilidad patrimonial de la funcionaria que expidió la Resolución No. 142 de 2008, por medio de cual se declaró la insubsistencia de una médico general de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer demandas de repetición interpuestas por entidades públicas
Sentencia — Sentencia
2025-02-03
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 76001233300020150156201
LEY 1437 REPETICION
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer demandas de repetición interpuestas por entidades públicas contra servidores o particulares que hayan causado un perjuicio por actuación dolosa o gravemente culposa? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer demandas de repetición interpuestas por entidades públicas contra servidores, exservidores o particulares que hayan causado un perjuicio por actuación dolosa o gravemente culposa, con el fin de obtener el reembolso de los dineros pagados. Esta competencia se fundamenta en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Además, la Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, según lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011. La caducidad del medio de control de repetición se calcula según el régimen jurídico vigente al momento de iniciación del proceso, conforme al artículo 308 del CPACA, y no al momento de la ejecutoria de la sentencia. En este caso, la entidad pública presentó la demanda dentro del plazo de dos años siguientes al pago de la condena impuesta al Estado, cumpliendo así con el requisito temporal.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede el medio de control de repetición contra un servidor, exservidor o particular investido de función pública cuando se verifica que su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a una…
¿Debe aplicarse el régimen procesal vigente al momento de iniciación del proceso para efectos del cumplimiento de la sentencia, conforme al artículo 308 del CPACA?
¿Se ejerció en tiempo el medio de control de repetición cuando la demanda fue presentada dentro de los dos años siguientes al pago de la condena impuesta al Estado?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Corresponde a la Sala conocer el recurso de apelación interpuesto
Sentencia — Sentencia
2025-04-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 76001233300120120072501
ACCION DE REPETICION
¿Corresponde a la Sala conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en un proceso de control de repetición cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado en un proceso de control de repetición cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme a lo establecido en los artículos 142, 150 y 152 numeral 9 de la Ley 1437 de 2011. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo confirma que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer estos recursos, ya que el medio de control de repetición es una acción patrimonial que busca reembolsar al Estado por daños causados por actos dolosos o gravemente culposos de servidores públicos. La caducidad del medio de control de repetición se rige por el régimen jurídico vigente al inicio del proceso, según el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que implica que el cómputo del plazo para el pago de la condena se ajusta a las disposiciones del Decreto 01 de 1984. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para conocer estos casos y establece las reglas sobre caducidad aplicables, lo que garantiza la seguridad jurídica en la interposición de recursos de apelación en procesos de control de repetición.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente interponer el medio de control de repetición contra un servidor público o particular que, actuando con dolo o culpa grave…
¿Son aplicables al presente asunto las disposiciones procesales sobre caducidad previstas en el Código Contencioso Administrativo…
¿Es procedente la acción de repetición cuando se presenta la demanda dentro del plazo de los dos años contados a partir del pago realizado por la administración?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
A este efecto, conviene reiterar que durante la ejecución del contrato estatal no todas las expresiones de la entidad pública contratante se califican como un acto administrativo no todas sus manifestaciones constituyen declaraciones unilaterales de voluntad en ejercicio de la función administrativa, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas.
Sentencia — Sentencia
2025-07-14
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 47001233300020140040001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las tradicionales comunicaciones en el contexto de la ejecución contractual, como en este caso, las decisiones que negaron la solicitud de prórroga del contrato, son pasibles de control judicial? No
El contratista no puede someter a control judicial las decisiones que niegan la solicitud de prórroga del contrato, ya que estas no constituyen actos administrativos, sino simples comunicaciones en el contexto de la ejecución contractual que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas. La Sala establece que, para que una decisión sea considerada un acto administrativo, debe tener un efecto jurídico directo y alterar los derechos y obligaciones del contrato. En este caso, la negativa a la prórroga no modificó el plazo inicialmente convenido ni creó nuevas obligaciones, por lo que no es susceptible de control judicial. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y limita la competencia del juez contencioso administrativo a los actos administrativos genuinos, excluyendo las comunicaciones que no alteran el contenido del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede la Sala, emitir algun pronunciamiento respecto a los cuestionamientos de las multas, de la nulidad del contrato y de la extemporaneidad de la liquidación unilateral por hacerse dentro de los 4…
¿Cuenta con valor probatorio un dictamen pericial rendido por un perito sin las cualidades requeridas por el Tribunal a quo, esto es, contar con una especialización en gerencia de proyectos…
¿Se acreditó la nulidad de los actos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de obra, llave en mano, por parte del consorcio demandante?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: debió declararse la nulidad del acto demandado
Salvamento voto — Salvamento de voto
2023-11-30
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000233600020140031702
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debió declararse la nulidad del acto demandado toda vez que el cargo de falsa motivación estaba acreditado? Sí
Considero que debió declararse la nulidad del acto demandado toda vez que el cargo de falsa motivación sí estaba acreditado. Tanto la Ley 963 de 2005 como el Decreto 2950 de 2005 establecen que las solicitudes para la celebración de contratos de estabilidad jurídica deben ser evaluadas conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y el documento CONPES expedido para tal efecto. El Documento CONPES 3366 de 2006 dispuso los… criterios de evaluación para las solicitudes. Del contenido del acto administrativo demandado se evidencia que el comité no acudió a los criterios establecidos en el documento CONPES antes referido, pues la negativa de la solicitud se basó en la aplicación de otras normas y se hizo referencia a un documento CONPES diferente al 3366.
También resuelve:
¿La discrecionalidad que tiene la Administración en la toma de la decisión implica que esta pueda abandonar su deber de motivar debidamente las decisiones?