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Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2024-10-24Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 18001234000020160018701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente la solicitud probatoria en segunda instancia relativa al traslado de los expedientes de los procesos de responsabilidad fiscal relacionados con el Convenio de Asociación 009 de 2013, cuando se observa que el peticionario no cumplió con la carga de determinar su pertinencia, conducencia, utilidad, la finalidad de la prueba, ni la fecha de creación de los documentos objeto de la solicitud? No
En segunda instancia, la solicitud de una prueba debe precisar su pertinencia, su conducencia, su utilidad y su finalidad, así como la fecha de creación de los documentos que se pretende incorporar. Esta carga responde a que el juez de segunda instancia solo puede decretar pruebas cuando se configure alguna de las hipótesis del artículo 212 del CPACA, y esas hipótesis no pueden verificarse si el peticionario omite los requisitos de la solicitud. Cuando la petición carece de esos elementos, el juez no está obligado a suplirlos ni a inferirlos del recurso. En el caso concreto la solicitud de trasladar expedientes de procesos de responsabilidad fiscal relacionados con un convenio de asociación no cumplió esas cargas, y además se advirtió que la prueba era inútil para demostrar el desarrollo del convenio. Por ello el auto que negó la prueba fue confirmado al resolver la reposición. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la solicitud probatoria en apelación debe fundarse en una causal del artículo 212 y en una argumentación completa desde el escrito de apelación.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-10-08Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 25000233600020170236102LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consejero de Estado ponente es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra el auto que niega el decreto de pruebas? Sí
El magistrado ponente, y no la sala, es quien resuelve la apelación contra el auto que niega el decreto de pruebas en primera instancia, porque ese auto está enlistado en el numeral 7 del artículo 243 del CPACA y el numeral 2, literal g), del artículo 125 solo atribuye a la sala las decisiones de los numerales 1 a 3 y 6 del mismo artículo. Esta regla se apoya en el artículo 150 del CPACA, que establece que el Consejo de Estado conoce de las apelaciones de los autos proferidos por los tribunales susceptibles de ese recurso. La procedencia del recurso también se verifica con el numeral 7 del artículo 243, pues se trata de una decisión dictada en primera instancia que negó el decreto de pruebas. Por ello la competencia para decidir el recurso corresponde al despacho del ponente. En el caso concreto la negativa probatoria adoptada en la audiencia se mantuvo en la providencia que resolvió la apelación. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la impugnación de la negativa de pruebas se tramita ante el ponente, no ante la sala.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente el decreto de la prueba documental a oficiar requerida por el IDU, para que se allegue copia de unas actuaciones penales…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-10-08Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 05001233300020180109802LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejero ponente es competente para resolver la solicitud de pruebas en segunda instancia? Sí
La competencia para resolver la apelación contra el auto que niega el decreto de una prueba corresponde al magistrado ponente y no a la sala. Esta regla se apoya en el artículo 150 del CPACA, que atribuye al Consejo de Estado el conocimiento de las apelaciones de los autos de los tribunales susceptibles de ese recurso, y en el numeral 3 del artículo 125 del mismo código, que deja en cabeza del ponente las providencias interlocutorias no enunciadas en el numeral 2. Por eso el auto que resuelve el recurso contra la negativa de decretar una prueba es una providencia del ponente. En el caso concreto el despacho del ponente se declaró competente para resolver el recurso de apelación contra el auto de audiencia inicial que negó la prueba, y la decisión fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el recurso contra la negativa probatoria en primera instancia se resuelve por el ponente y no por la sala.síntesis automática
También resuelve:¿Los recursos contra la decisión en audiencia inicial fueron interpuestos y sustentados oportunamente?¿Resulta procedente el decreto de los exhortos a la Universidad de Medellín y a COPNIA para obtener unos documentos a pesar de que la parte no los solicitó directamente a aquellas entidades?¿La EDU expresó debidamente el objeto de la prueba testimonial que solicitó en la contestación de la demanda?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2025-11-04Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 50001233300020150019101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las partes pueden pedir pruebas en segunda instancia, entre otras, cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la contraparte? Sí
El contratista no puede obtener pruebas documentales a través del juez si no ha intentado obtenerlas previamente mediante el derecho de petición, conforme al artículo 78, numeral 10, y 173, inciso 2, del Código General del Procedimiento Administrativo Contencioso. Esta regla se fundamenta en que las partes y sus apoderados deben abstenerse de solicitar al juez documentos que podrían haber conseguido por sí mismos, y su incumplimiento implica la negación de la solicitud de pruebas en segunda instancia. La Sala ha reiterado este criterio, estableciendo que no procede el decreto de pruebas documentales cuando no se acredita que la parte demandante haya realizado las gestiones necesarias antes de interponer la demanda. Esta decisión implica que las partes deben cumplir rigurosamente con la carga procesal antes de solicitar pruebas en el proceso, lo que puede limitar significativamente la obtención de pruebas documentales en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Es deber de las partes y sus apoderados abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que, directamente, o por medio del ejercicio del derecho de petición, hubieren podido conseguir?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-01-27Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 68001233300020170087501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente la solicitud de citación del perito a la audiencia de pruebas, realizada por la parte que aportó el dictamen pericial? No
El contratista no puede solicitar la citación del perito que emitió el dictamen pericial aportado por él mismo a la audiencia de pruebas, ya que el artículo 228 del Código General del Proceso solo permite a la parte contra la cual se esgrime el dictamen la posibilidad de citar al perito para contradecirlo, no a la parte que lo presentó. Esta regla implica que la parte que aporta el dictamen no puede citar a su propio perito para que rinda explicaciones, ya que esto podría permitir que dicha parte complemente su dictamen o controle el interrogatorio. Además, la parte que aportó el dictamen no cumplió con la carga procesal de solicitar la contradicción del dictamen en el traslado de las excepciones, lo que resulta en la negación de su solicitud de citación del perito. Esta sentencia reitera la jurisprudencia existente sobre las cargas de las partes y la negación de la citación del perito por parte del juez, lo que implica que las partes deben asumir la responsabilidad de cumplir con las cargas procesales establecidas por la ley para evitar consecuencias desfavorables.síntesis automática
¿Procede la declaración de excesiva onerosidad sobrevenida cuando el contrato agotó su ejecución y carece de prestaciones futuras susceptibles de reajuste o terminación judicial? No
La excesiva onerosidad sobrevenida no procede cuando el contrato agotó su ejecución y carece de prestaciones futuras susceptibles de reajuste o de terminación judicial, pues la figura exige que la alteración de las condiciones afecte prestaciones pendientes. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 868 del Código de Comercio consagra la figura, que la doctrina y la jurisprudencia también denominan teoría de la imprevisión, sin que deba confundirse con otras instituciones; el régimen de derecho privado del contrato, conforme a los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, excluye las disposiciones del Estatuto General de Contratación sobre equilibrio económico; y la pretensión debe interpretarse dentro del marco de la excesiva onerosidad, para verificar si se configura. Por ello, cuando las prestaciones ya fueron ejecutadas, no existe objeto sobre el cual predicar el ajuste judicial de la prestación. La providencia de primera instancia se confirma en lo relativo a esta pretensión.síntesis automática
También resuelve:¿Cumple el Consorcio la carga argumentativa y probatoria necesaria para controvertir la decisión de primera instancia?¿Procede la condena en costas y agencias en derecho de segunda instancia cuando el recurso de apelación de la parte demandante recibe una decisión desfavorable?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2022-02-11Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 25000233600020150137501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la solicitud probatoria en segunda instancia realizada por el demandante consistente en la práctica de un dictamen pericial? No
La solicitud de pruebas en segunda instancia para practicar un dictamen pericial no procede cuando no encaja en los supuestos del artículo 212 del CPACA, pues la segunda instancia no reabre las etapas probatorias ya agotadas, sino que analiza la sentencia en los aspectos impugnados. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que los supuestos de práctica de pruebas en segunda instancia son los pedidos de común acuerdo, los negados o no practicados sin culpa de quien los pidió, los relativos a hechos posteriores, los que no pudieron aducirse por fuerza mayor o caso fortuito, y los que desvirtúan esas pruebas. La segunda es que la parte demandante no demostró que el dictamen encajara en alguno de esos supuestos, y la carga de la prueba le correspondía. En consecuencia, el despacho niega la práctica del dictamen pericial solicitado para determinar el cumplimiento de especificaciones técnicas del contrato. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que la apelación se resuelve sin ese dictamen.síntesis automática
08001233300020200041001 de 20242024-11-22Sección TerceraRad. 08001233300020200041001
Sobre esta materia, la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-418 de 2019 discurrió de la siguiente manera: Particularmente, si la decisión inicial es correcta, la apelación no debe convertirse en el instrumento a través del cual se pretenda probar suerte ante el juez superior, sino que solo debería acudirse a ella en aquellos supuestos en los que existan elementos solidos que den una cuenta de que el juzgador de primera instancia incurrió en una equivocación. Eso explica porque se exige que la apelación deba ser sustentada. Porque para controvertir una decisión judicial y provocar intervención del aparato judicial, y en merma de la seguridad jurídica, es preciso mostrar razones serias que generen en el fallador cierta duda sobre el asunto recurrido o, al menos, que se planteen de manera clara y argumentada las razones de la discrepancia (se destaca).
También resuelve:Contrato estatal: carga procesal de sustentación, principio de sustentación, deber de indicar y precisar los reparos y reproches frente a providencias impugnadas
¿En la acreditación del pago de la condena como presupuesto necesario para la prosperidad de las pretensiones dentro de la acción de repetición, rige el principio de libertad de medios de prueba? Sí
En la acción de repetición el pago de la condena es un presupuesto necesario, aunque no suficiente, para que prosperen las pretensiones, y en su acreditación rige el principio de libertad de medios de prueba. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el certificado de pago que el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 considera prueba suficiente para iniciar el proceso no constituye una regla de conducencia que limite la prueba del pago a ese medio. Segundo, la previsión legal no excluye que el juez aprecie otros medios que acrediten el mismo hecho jurídico del pago, de modo que la carga probatoria puede satisfacerse por distintos medios. Tercero, el pago debe acreditarse como presupuesto de la pretensión, pero su prueba no basta por sí sola para que la acción prospere, pues deben concurrir los demás elementos de la responsabilidad del agente. La providencia confirma la decisión de instancia; en la práctica, la entidad que pretenda repetir puede acreditar el pago con cualquier medio idóneo, sin limitarse al certificado, pero debe demostrar también los elementos de la responsabilidad.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó en debida forma el pago de la indemnización a la que la parte actora fue condenada en un proceso de reparación directa, y que ahora es objeto de la acción de repetición?
Auto interlocutorio — Auto para mejor proveer2025-03-26Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 05001233300020130110201LEY 1437 REPETICION
¿Debe determinarse si los demandados han sido aceptados formalmente como comparecientes en la JEP para evaluar la procedencia de la repetición? Sí
El contratista debe determinar si los demandados han sido aceptados formalmente como comparecientes en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para evaluar la procedencia del medio de control de repetición, en virtud de que la falta de esta información impide establecer si la JEP ha declarado su competencia prevalente y si los demandados han sido objeto de amnistía o han renunciado a la persecución penal, lo que afectaría la procedencia del medio de control de repetición. La Sala establece que es necesario allegar al proceso certificaciones de la JEP y pruebas que acrediten estas circunstancias para determinar la competencia y los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición, lo que implica que los abogados deben solicitar y presentar estos documentos para avanzar en el proceso.síntesis automática
¿Las presunciones de la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad son inaplicables al caso concreto, sin embargo, en el ámbito procesal si debe emplearse la misma, ya que es la normativa vigente al momento de presentación de la demanda? Sí
La Ley 678 de 2001 no se aplica a los hechos ocurridos antes de su vigencia, de modo que sus presunciones no rigen cuando el hecho dañoso es anterior, mientras que en lo procesal se aplica la ley vigente al presentarse la demanda. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en virtud del principio de irretroactividad, esa ley se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia y solo excepcionalmente tiene efectos retroactivos. Segunda, cuando el hecho es anterior, rigen el artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 63 del Código Civil y los artículos 77 y 78 del Decreto 01 de 1984. Tercera, en lo procesal, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 hace aplicables las disposiciones vigentes al presentarse la demanda. En el caso, el hecho dañoso ocurrió en el año 2000, por lo que no se aplican las presunciones de la Ley 678 de 2001. La providencia reitera la jurisprudencia citada en su nota de relatoría. La consecuencia práctica es que la fecha del hecho determina el régimen sustancial y la fecha de la demanda el régimen procesal.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la culpa grave del demandado en su condición de alcalde menor, por el fallecimiento violento de una persona a causa de varias heridas mortales que este último sufrió durante el proceso…¿Procede la condena en costas procesales en segunda instancia por concepto de agencias en derecho en el caso sub examine, en cuanto se resolvió de forma desfavorable el recurso de apelación?
Auto interlocutorio — Auto que declara desierto recurso2024-07-11Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 05001233300020220122701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La parte demandante, apelante, cumplió con la carga de sustentención del recurso de apelación frente al auto que improbó el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes? No
La carga de sustentación del recurso de apelación no se satisface con la simple manifestación de inconformidad frente a la providencia apelada. El recurrente debe identificar los argumentos de censura contra la decisión que pretende controvertir, porque esos argumentos delimitan los temas que revisa el juez de segunda instancia. Esta regla se apoya en la jurisprudencia de la corporación, que exige que la sustentación contenga esos argumentos y no se limite a un disenso general. Por ello, cuando el recurso no contiene ningún argumento frente a la providencia atacada, la apelación se declara desierta. En el caso concreto la parte demandante apeló el auto que improbó el acuerdo conciliatorio, pero no expuso ni justificó argumento alguno frente a esa providencia, y la apelación fue declarada desierta. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la apelación sin argumentos de censura no supera la carga de sustentación.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2024-02-19Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 15001233300020150037201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La falta de técnica y de precisión en la formulación de la solicitud de pruebas en segunda instancia, hace improcedente su decreto y práctica? Sí
El decreto de pruebas en segunda instancia procede únicamente en los eventos taxativos del artículo 212 del CPACA, y que la parte que lo pide debe identificar la causal que invoca, de modo que una solicitud sin esa precisión no puede ser objeto de juicio de procedencia. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el legislador estableció de manera taxativa las causales de decreto probatorio en la segunda instancia, por lo que la parte interesada debe indicar la que invoca y acreditar que su solicitud se enmarca en ella. Segunda, el juzgador no puede suponer la hipótesis normativa en la que se apoya la parte, porque ello implicaría suplir una carga que corresponde a quien pide la prueba. Tercera, la falta de técnica y de precisión en la formulación de la petición es suficiente para resolverla desfavorablemente, sin necesidad de estudios adicionales. La providencia niega la solicitud. La consecuencia práctica es que la petición de pruebas en apelación debe señalar expresamente la causal del artículo 212 en que se funda, so pena de rechazo.síntesis automática
También resuelve:¿El decreto de pruebas en segunda instancia procede únicamente cuando se acredite que se está frente alguno de los eventos que taxativamente señala el artículo 212 del CPACA?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-05-29Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 50001233300020150012901LEY 1437 REPETICION
¿En el presente caso, la parte omitió la carga que sobre ella impuso el legislador de ser diligente con las pruebas que pretende hacer valer en el proceso, por lo que ineludiblemente dicho incumplimiento acarrea la consecuencia negativa de que la prueba solicitada no sea decretada? Sí
El juez debe abstenerse de decretar una prueba documental que la parte pudo obtener mediante derecho de petición, salvo que la entidad no hubiera atendido ese derecho y ello se acredite. La parte tiene el deber de procurar la prueba por esa vía en la medida de sus posibilidades, y no solo de solicitarla en la oportunidad procesal. Esta carga se vincula con los principios de igualdad y lealtad procesal, de modo que el juez exige la diligencia desde las posibilidades de cada parte. En el caso analizado, la parte omitió la carga de ser diligente con las pruebas que pretendía hacer valer, por lo que la consecuencia negativa es que la prueba solicitada no sea decretada. Por ello se confirmó el auto proferido en la audiencia inicial que negó la prueba. En cuanto a las costas, la providencia señala que no hay lugar a condenarlas, aunque el recurso se resolvió de forma desfavorable, por tratarse de un asunto de interés público.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a la condena en costas cuando se trata de un asunto de interés público?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-10-20Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 13001233300020220064302LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede el recurso de apelación contra el auto que niega el decreto de la inspección judicial cuando existen en el proceso otras pruebas que permiten la verificación de los hechos? No
El contratista no puede recurrir de apelación contra el auto que niega el decreto de la inspección judicial cuando existen otras pruebas en el proceso que permiten verificar los hechos, ya que el artículo 236 del Código General del Proceso establece que no procede ningún recurso en estas circunstancias. Además, si la solicitud de prueba incluye un dictamen pericial o un testimonio técnico, el contratista debe cumplir con las cargas procesales mínimas exigidas por el ordenamiento jurídico, como especificar los conocimientos técnicos del auxiliar de la justicia o proporcionar la información necesaria para citar a los declarantes. El incumplimiento de estas cargas impide el decreto de la prueba y hace improcedente el recurso de apelación, lo que reafirma la necesidad de cumplir con los requisitos legales para garantizar el debido proceso y evitar la desnaturalización de los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve:¿Vulnera el juez el derecho fundamental al debido proceso y las garantías probatorias de la parte interesada al negar el decreto del dictamen pericial solicitado…
¿Vulnera el juez de segunda instancia el principio de congruencia y el debido proceso cuando, al resolver el recurso de apelación, se pronuncia sobre la ineficacia de pleno derecho de una cláusula contractual que no fue planteada en las pretensiones ni en los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda, ni integrada oportunamente a la causa petendi del litigio? Sí
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre nuevos cargos y hechos que no fueron aducidos en la demanda, ni discutidos en el proceso, ni controvertidos por la parte demandada, porque el principio de congruencia delimita su competencia. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 281 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, obliga a que la sentencia guarde congruencia con los hechos y las pretensiones de la demanda; la competencia del superior se limita a la cuestión decidida, que se estructura a partir de la causa petendi y de las excepciones debidamente alegadas y probadas; y tener en cuenta una cláusula o un hecho no integrado oportunamente a la causa petendi vulnera el derecho de defensa de la contraparte. Por ello, la declaratoria de ineficacia de pleno derecho de una cláusula no pedida en la demanda excede el litigio y resulta violatoria del debido proceso. La providencia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia a los argumentos concretos expuestos en la sustentación del recurso de apelación…¿El incumplimiento de la carga de sustentación del recurso de apelación por parte del recurrente que se limita a reiterar los argumentos expuestos en los alegatos de conclusión de primera instancia…¿Prospera el recurso de apelación cuyos argumentos, además de carecer de reparos concretos y específicos contra la sentencia de primera instancia…
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer demandas de repetición interpuestas por entidades públicas contra servidores o particulares que hayan causado un perjuicio por actuación dolosa o gravemente culposa? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer demandas de repetición interpuestas por entidades públicas contra servidores, exservidores o particulares que hayan causado un perjuicio por actuación dolosa o gravemente culposa, con el fin de obtener el reembolso de los dineros pagados. Esta competencia se fundamenta en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Además, la Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, según lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011. La caducidad del medio de control de repetición se calcula según el régimen jurídico vigente al momento de iniciación del proceso, conforme al artículo 308 del CPACA, y no al momento de la ejecutoria de la sentencia. En este caso, la entidad pública presentó la demanda dentro del plazo de dos años siguientes al pago de la condena impuesta al Estado, cumpliendo así con el requisito temporal.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el medio de control de repetición contra un servidor, exservidor o particular investido de función pública cuando se verifica que su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a una…¿Debe aplicarse el régimen procesal vigente al momento de iniciación del proceso para efectos del cumplimiento de la sentencia, conforme al artículo 308 del CPACA?¿Se ejerció en tiempo el medio de control de repetición cuando la demanda fue presentada dentro de los dos años siguientes al pago de la condena impuesta al Estado?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-04-05Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 25000233600020160071603LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El dictamen pericial solicitado por el demandante cumple con los presupuestos de pertinencia y utilidad para la oposición a las excepciones hechas por el demandado, en los términos del parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA? No
La prueba pericial que el demandante solicita para oponerse a las excepciones solo se decreta cuando guarda relación directa con el contenido y objeto de la excepción formulada. Esta limitación se sostiene en tres razones. Primera, el parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, restringe el decreto de pruebas en la oposición a las excepciones a lo que estas plantean. Segunda, la prueba que debió aportarse con la demanda, conforme al numeral 5 del artículo 162 y al inciso 2 del artículo 212 del CPACA, no puede introducirse dentro del traslado de las excepciones. Tercera, el demandado no cuestionó la estimación de los perjuicios, de modo que el dictamen no era útil ni pertinente frente a la excepción de desequilibrio económico, que se fundaba en la asignación del riesgo desde la etapa precontractual. La providencia confirma la negativa del decreto y no introduce cambio de criterio. La consecuencia práctica es que el demandante debe anticipar sus pruebas con la demanda y limitar la oposición a lo que la excepción discute.síntesis automática
También resuelve:¿Para que el demandante pueda aportar y solicitar pruebas dirigidas a la oposición de las excepciones, debe acreditar una relación directa entre la petición probatoria y la excepción?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2025-06-03Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020180018001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Un poder facultativo del juez consiste en decretar pruebas de oficio cuando advierta que se necesita esclarecer puntos oscuros y aquello tenga como finalidad el esclarecimiento de la verdad? Sí
El juez tiene el poder facultativo de decretar pruebas de oficio cuando advierta la necesidad de esclarecer puntos oscuros en el trámite del litigio, siempre y cuando ello tenga como finalidad el esclarecimiento de la verdad, sin que pueda ser utilizado para subsanar la negligencia de las partes. La Sala confirmó que el juez no debe decretar pruebas de oficio cuando las partes no han cumplido con sus obligaciones procesales, como solicitar las pruebas en la oportunidad debida y justificar su pertinencia y utilidad conforme a las causales establecidas en el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta decisión reitera la importancia de que las partes cumplan con sus obligaciones procesales para evitar la negación de pruebas de oficio por parte del juez.síntesis automática
También resuelve:¿No se indicó cual era el objeto de las pruebas para determinar su pertinencia, utilidad y conducencia, ni en cuál de las causales de procedencia de pruebas de segunda instancia del artículo 212 del…