Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: las uniones temporales como figuras de asociación entre personas naturales o jurídicas se encuentran en capacidad
Regla de decisión
Las uniones temporales como figuras de asociación entre personas naturales o jurídicas se encuentran en capacidad para celebrar contratos con el Estado.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contratista puede celebrar contratos con el Estado a través de uniones temporales, figuras de asociación entre personas naturales o jurídicas que la Ley 80 de 1993 les confiere capacidad para presentar ofertas y contratar con entidades estatales, aunque los miembros responden hasta por el monto de su participación. La Sala confirma que la ampliación del plazo del contrato no puede realizarse respecto de un solo miembro de la unión temporal, ya que el contrato fue suscrito por la asociación de las personas jurídicas y no individualmente. Además, las actas demandadas no se expidieron en ejercicio de facultades exorbitantes, pues estas se refieren a la interpretación, modificación, terminación y caducidad de los contratos, no a la prórroga. Finalmente, no hubo violación al debido proceso por falta de competencia en las decisiones del director de la ANTV, ya que estas no requerían seguir el procedimiento para el ejercicio de facultades exorbitantes. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la capacidad contractual de uniones temporales y la aplicación de facultades exorbitantes en contratos estatales.
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Problema jurídico
¿Las uniones temporales como figuras de asociación entre personas naturales o jurídicas se encuentran en capacidad para celebrar contratos con el Estado?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Ley 80 de 1993, arts. 6 y 7
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Lo que dijo la Sala
Las uniones temporales y consorcios son figuras de asociación entre personas naturales o jurídicas, quienes el artículo 6 de la Ley 80 de 1993 les confirió capacidad para presentar ofertas y contratar con las entidades estatales. A diferencia de los consorcios, los integrantes de las uniones temporales responden hasta por el monto de su participación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993… . Las partes, en el acuerdo de conformación de la unión temporal en comento, determinaron en la cláusula séptima que dividían “el cumplimiento de las obligaciones, en partes iguales, es decir en un cincuenta por ciento (50%) cada una” y, en la cláusula octava acordaron que la unión temporal estaría representada “para todos los efectos” por el señor [LRAG].
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Titulación de la relatoría 10.581 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / UNIÓN TEMPORAL / NATURALEZA JURÍDICA DE LA UNIÓN TEMPORAL / REPRESENTACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL / CONFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL / CONSORCIO / NATURALEZA DEL CONSORCIO / CAPACIDAD CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Las uniones temporales como figuras de asociación entre personas naturales o jurídicas se encuentran en capacidad para celebrar contratos con el Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las uniones temporales y consorcios son figuras de asociación entre personas naturales o jurídicas, quienes el artículo 6 de la Ley 80 de 1993 les confirió capacidad para presentar ofertas y contratar con las entidades estatales. A diferencia de los consorcios, los integrantes de las uniones temporales responden hasta por el monto de su participación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 (…). Las partes, en el acuerdo de conformación de la unión temporal en comento, determinaron en la cláusula séptima que dividían “el cumplimiento de las obligaciones, en partes iguales, es decir en un cincuenta por ciento (50%) cada una” y, en la cláusula octava acordaron que la unión temporal estaría representada “para todos los efectos” por el señor [LRAG].
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 6, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 7
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / UNIÓN TEMPORAL / MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL / NATURALEZA JURÍDICA DE LA UNIÓN TEMPORAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿La ampliación del plazo del contrato podía hacerse respecto de uno de los miembros de la unión temporal contratista?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A] todos los concesionarios el director de la ANTV, en cumplimiento de lo decidido por la Junta Nacional de Televisión en el acta no. 54 de 11 de julio de 2013, les comunicó la propuesta de ampliación del plazo por espacio de cuarenta (40) meses; sin embargo, de la totalidad de los contratistas solo la unión temporal Radio Televisión Interamericana SA (RTI SA) y Programar Televisión SA no aceptó tal propuesta, pues, el hecho de que, en forma individual, la compañía Programar Televisión SA concurriera con una aceptación a dicha ampliación del plazo no implicaba que fuera posible la continuidad de la ejecución de un contrato únicamente por esta, ya que el contrato fue suscrito por la asociación de los personas jurídicas quienes antes de la adjudicación del proceso de selección aceptaron cumplir con el negocio jurídico en partes iguales, sobre la base de actuar y contratar en conjunto como unión temporal y no cada una en forma individualmente considerada. En relación con el evento puesto a consideración con el recurso de apelación objeto de análisis, el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993 dispuso que “los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, (…) no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante”, y ello tiene sentido pues, luego de obtener la adjudicación del proceso de selección, debe haber un respaldo para que las entidades estatales obtengan la ejecución de los contratos por parte de las proponentes seleccionados, es decir, con las capacidades, experiencias y condiciones puestas en consideración al momento de la adjudicación. En ese sentido, pretender que la mencionada ampliación del plazo en cuarenta (40) meses fuera ejecutado por una sola de las compañías que integraban la unión temporal contratista, es tanto como concurrir a la ejecución de un nuevo negocio jurídico, pero, esta vez sin que medie un proceso de selección.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 7 PARÁGRAFO 1
CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA EXCEPCIONAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / JUNTA NACIONAL DE TELEVISIÓN / PRÓRROGA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Las actas demandadas se expidieron en ejercicio de facultades exorbitantes?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]as facultades exorbitantes o excepcionales al derecho común consagradas en los artículos 15 a 18 de la Ley 80 de 1993 son las de interpretación, modificación, terminación y caducidad de los contratos, facultades estas que no se refieren en forma alguna al trámite de prórroga de los contratos de concesión. (…) En el acta no. 51 de 18 de junio de 2016, la Junta Nacional de Televisión en los numerales 6, 7 y 8 de la conclusión de la reunión se instruyó a la dirección de la ANTV, expresamente, para que convocara a una reunión de socialización con los actuales concesionarios, a los interesados que se hayan inscrito en el Registro Único de Operadores y a la Procuraduría General de la Nación. En el acta no. 54 de 11 de julio de 2013, la Junta Nacional de Televisión en la página 6 del documento, explícitamente determinó “[s]e instruye a la Dirección de la ANTV en el sentido de presentar la decisión a los actuales concesionarios, y adelantar los trámites administrativos y contractuales que resulten pertinentes”. La comunicación no. 201300006770 de 18 de octubre de 2013 proferida por el director de la ANTV tiene una doble connotación, pues, de una parte, hizo una relación de las solicitudes presentadas por parte de la compañía Programar Televisión SA para concluir que todas habían sido atendidas y por tanto, no se había vulnerado el derecho del debido y, de otra, comunicó la decisión adoptada por la Junta Nacional de Televisión en el acta no. 51 de 18 de junio de 2013, en el sentido de negar las prórrogas de los contratos de concesión de espacios del canal uno, dado que se decidió adelantar el correspondiente proceso de selección. De acuerdo con lo anterior, las decisiones adoptadas por parte de la Junta Nacional de Televisión en modo alguno debían seguir el procedimiento previsto para el ejercicio de las facultades exorbitantes, como erradamente lo propone la compañía actora, razón por la cual este preciso cargo de apelación no tiene vocación de prosperidad.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 15, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 16, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 17, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18
FALTA DE COMPETENCIA / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿Existió violación al debido proceso por falta de competencia en las decisiones adoptadas por parte del director de la Agencia Nacional de Televisión?
Respuesta al problema jurídico: No
[P]ara oponerse a las decisiones adoptadas por parte del director de la ANTV, en cuanto denegó las reiteradas solicitudes de prórroga del plazo general del contrato de concesión no. 089 de 2003, debió demandar las decisiones mediante las cuales tales peticiones fueron resueltas y no la comunicación a través de la cual el director se limitó dejar evidencia de las respuestas dadas a todas aquellas peticiones, pero la parte actora no procedió de esa manera sino en forma errada, pues, su actuación se contrajo a demandar tan solo la última comunicación referida, la cual, como ya se explicó, no contiene ni constituye decisión alguna, sino, simplemente un recuento de las decisiones adoptadas con antelación sobre el punto objeto de controversia. En ese contexto fáctico y probatorio, por sustracción de materia, no hay lugar a establecer si el director de la ANTV contaba o no con la competencia para determinar la improcedencia de la petición de prórroga del contrato de concesión por diez (10) años, pues, para proceder con tal determinación la parte actora debió demandar las comunicaciones de 17 de abril de 2013 con radicación no. 1304170008704 y de 13 de junio de 2013 con radicación 201300001944 y no únicamente la del 18 de octubre de 2013 identificada con el radicado no. 201300006770, mediante la cual, se insiste, el director de la ANTV hizo la relación de las respuestas emitidas a la compañía Programar Televisión SA para concluir que no se había violado el derecho del debido proceso. Por último, en relación con la solicitud radicada por el representante legal de la unión temporal contratista y que supuestamente fue decidida por el director de la ANTV sin sometimiento de la misma ante la Junta Nacional de Televisión, advierte la Sala que el examen del cruce de comunicaciones realizado entre las compañías que integraban la unión temporal contratista, el representante legal de dicha forma asociativa y la dirección de la ANTV, no se evidencia comunicación suscrita por parte del representante de la unión temporal que no haya sido sometida a la decisión de la Junta Nacional de Televisión diferente a la del 6 de junio de 2013, mediante la cual se solicitó la prórroga del contrato de concesión no. 089 de 2003 por un plazo adicional de diez (10) años, que fue tramitada y decidida por parte de la Junta Nacional de Televisión en la sesión del 18 de junio de 2013, tal como lo evidencia el acta no. 51, en el sentido de denegarla. De acuerdo con lo anterior, de la revisión de los documentos que conforman el expediente no se encuentra demostrada en forma alguna la supuesta falta de competencia del director de la ANTV en la adopción de las decisiones en relación con la ejecución del contrato no. 089 de 2003, así como tampoco el aparente desconocimiento de los procedimientos requeridos y la falta de pronunciamiento de las solicitudes de prórroga presentadas por parte de la Junta Nacional de Televisión de la ANTV.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 3) del CGP, como se desestimó el recurso de apelación de la parte demandante, esta asumirá las costas procesales de la segunda instancia, las cuales deberán ser liquidadas en forma concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366