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INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA PROCESAL

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Consejo de Estado Providencia

No resulta procedente la solicitud probatoria en segunda instancia relativa al traslado de los expedientes de los procesos

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición 2024-10-24 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 18001234000020160018701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente la solicitud probatoria en segunda instancia relativa al traslado de los expedientes de los procesos de responsabilidad fiscal relacionados con el Convenio de Asociación 009 de 2013, cuando se observa que el peticionario no cumplió con la carga de determinar su pertinencia, conducencia, utilidad, la finalidad de la prueba, ni la fecha de creación de los documentos objeto de la solicitud? No
En segunda instancia, la solicitud de una prueba debe precisar su pertinencia, su conducencia, su utilidad y su finalidad, así como la fecha de creación de los documentos que se pretende incorporar. Esta carga responde a que el juez de segunda instancia solo puede decretar pruebas cuando se configure alguna de las hipótesis del artículo 212 del CPACA, y esas hipótesis no pueden verificarse si el peticionario omite los requisitos de la solicitud. Cuando la petición carece de esos elementos, el juez no está obligado a suplirlos ni a inferirlos del recurso. En el caso concreto la solicitud de trasladar expedientes de procesos de responsabilidad fiscal relacionados con un convenio de asociación no cumplió esas cargas, y además se advirtió que la prueba era inútil para demostrar el desarrollo del convenio. Por ello el auto que negó la prueba fue confirmado al resolver la reposición. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la solicitud probatoria en apelación debe fundarse en una causal del artículo 212 y en una argumentación completa desde el escrito de apelación.síntesis automática
NO REPONE
Consejo de Estado Providencia

Apelación del auto: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que declara desierto recurso 2024-07-11 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 05001233300020220122701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La parte demandante, apelante, cumplió con la carga de sustentención del recurso de apelación frente al auto que improbó el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes? No
La carga de sustentación del recurso de apelación no se satisface con la simple manifestación de inconformidad frente a la providencia apelada. El recurrente debe identificar los argumentos de censura contra la decisión que pretende controvertir, porque esos argumentos delimitan los temas que revisa el juez de segunda instancia. Esta regla se apoya en la jurisprudencia de la corporación, que exige que la sustentación contenga esos argumentos y no se limite a un disenso general. Por ello, cuando el recurso no contiene ningún argumento frente a la providencia atacada, la apelación se declara desierta. En el caso concreto la parte demandante apeló el auto que improbó el acuerdo conciliatorio, pero no expuso ni justificó argumento alguno frente a esa providencia, y la apelación fue declarada desierta. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la apelación sin argumentos de censura no supera la carga de sustentación.síntesis automática
DECLARA DESIERTO
Consejo de Estado Providencia

Las partes pueden pedir pruebas en segunda instancia

Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas 2025-11-04 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 50001233300020150019101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las partes pueden pedir pruebas en segunda instancia, entre otras, cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la contraparte? Sí
El contratista no puede obtener pruebas documentales a través del juez si no ha intentado obtenerlas previamente mediante el derecho de petición, conforme al artículo 78, numeral 10, y 173, inciso 2, del Código General del Procedimiento Administrativo Contencioso. Esta regla se fundamenta en que las partes y sus apoderados deben abstenerse de solicitar al juez documentos que podrían haber conseguido por sí mismos, y su incumplimiento implica la negación de la solicitud de pruebas en segunda instancia. La Sala ha reiterado este criterio, estableciendo que no procede el decreto de pruebas documentales cuando no se acredita que la parte demandante haya realizado las gestiones necesarias antes de interponer la demanda. Esta decisión implica que las partes deben cumplir rigurosamente con la carga procesal antes de solicitar pruebas en el proceso, lo que puede limitar significativamente la obtención de pruebas documentales en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿Es deber de las partes y sus apoderados abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que, directamente, o por medio del ejercicio del derecho de petición, hubieren podido conseguir?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

No procede el recurso de apelación contra el auto que niega el decreto de la inspección judicial cuando existen en el proceso otras pruebas que permiten la verificación de los hechos.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-10-20 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 13001233300020220064302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede el recurso de apelación contra el auto que niega el decreto de la inspección judicial cuando existen en el proceso otras pruebas que permiten la verificación de los hechos? No
El contratista no puede recurrir de apelación contra el auto que niega el decreto de la inspección judicial cuando existen otras pruebas en el proceso que permiten verificar los hechos, ya que el artículo 236 del Código General del Proceso establece que no procede ningún recurso en estas circunstancias. Además, si la solicitud de prueba incluye un dictamen pericial o un testimonio técnico, el contratista debe cumplir con las cargas procesales mínimas exigidas por el ordenamiento jurídico, como especificar los conocimientos técnicos del auxiliar de la justicia o proporcionar la información necesaria para citar a los declarantes. El incumplimiento de estas cargas impide el decreto de la prueba y hace improcedente el recurso de apelación, lo que reafirma la necesidad de cumplir con los requisitos legales para garantizar el debido proceso y evitar la desnaturalización de los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve: ¿Vulnera el juez el derecho fundamental al debido proceso y las garantías probatorias de la parte interesada al negar el decreto del dictamen pericial solicitado…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La segunda instancia no supone reabrir las etapas procesales ya agotadas, pues tiene como único fin el análisis de la sentencia proferida en primera instancia en los aspectos impugnados con el recurso de apelación y si la solicitud de pruebas no se subsume en uno de los eventos enunciados, las pruebas no podrán decretarse.

Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas 2022-02-11 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000233600020150137501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la solicitud probatoria en segunda instancia realizada por el demandante consistente en la práctica de un dictamen pericial? No
La solicitud de pruebas en segunda instancia para practicar un dictamen pericial no procede cuando no encaja en los supuestos del artículo 212 del CPACA, pues la segunda instancia no reabre las etapas probatorias ya agotadas, sino que analiza la sentencia en los aspectos impugnados. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que los supuestos de práctica de pruebas en segunda instancia son los pedidos de común acuerdo, los negados o no practicados sin culpa de quien los pidió, los relativos a hechos posteriores, los que no pudieron aducirse por fuerza mayor o caso fortuito, y los que desvirtúan esas pruebas. La segunda es que la parte demandante no demostró que el dictamen encajara en alguno de esos supuestos, y la carga de la prueba le correspondía. En consecuencia, el despacho niega la práctica del dictamen pericial solicitado para determinar el cumplimiento de especificaciones técnicas del contrato. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que la apelación se resuelve sin ese dictamen.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

El consejero de Estado ponente es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra el auto

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-10-08 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020170236102 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consejero de Estado ponente es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra el auto que niega el decreto de pruebas? Sí
El magistrado ponente, y no la sala, es quien resuelve la apelación contra el auto que niega el decreto de pruebas en primera instancia, porque ese auto está enlistado en el numeral 7 del artículo 243 del CPACA y el numeral 2, literal g), del artículo 125 solo atribuye a la sala las decisiones de los numerales 1 a 3 y 6 del mismo artículo. Esta regla se apoya en el artículo 150 del CPACA, que establece que el Consejo de Estado conoce de las apelaciones de los autos proferidos por los tribunales susceptibles de ese recurso. La procedencia del recurso también se verifica con el numeral 7 del artículo 243, pues se trata de una decisión dictada en primera instancia que negó el decreto de pruebas. Por ello la competencia para decidir el recurso corresponde al despacho del ponente. En el caso concreto la negativa probatoria adoptada en la audiencia se mantuvo en la providencia que resolvió la apelación. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la impugnación de la negativa de pruebas se tramita ante el ponente, no ante la sala.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente el decreto de la prueba documental a oficiar requerida por el IDU, para que se allegue copia de unas actuaciones penales…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El Consejero ponente es competente para resolver la solicitud de pruebas en segunda instancia

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-10-08 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233300020180109802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejero ponente es competente para resolver la solicitud de pruebas en segunda instancia? Sí
La competencia para resolver la apelación contra el auto que niega el decreto de una prueba corresponde al magistrado ponente y no a la sala. Esta regla se apoya en el artículo 150 del CPACA, que atribuye al Consejo de Estado el conocimiento de las apelaciones de los autos de los tribunales susceptibles de ese recurso, y en el numeral 3 del artículo 125 del mismo código, que deja en cabeza del ponente las providencias interlocutorias no enunciadas en el numeral 2. Por eso el auto que resuelve el recurso contra la negativa de decretar una prueba es una providencia del ponente. En el caso concreto el despacho del ponente se declaró competente para resolver el recurso de apelación contra el auto de audiencia inicial que negó la prueba, y la decisión fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el recurso contra la negativa probatoria en primera instancia se resuelve por el ponente y no por la sala.síntesis automática
También resuelve: ¿Los recursos contra la decisión en audiencia inicial fueron interpuestos y sustentados oportunamente? ¿Resulta procedente el decreto de los exhortos a la Universidad de Medellín y a COPNIA para obtener unos documentos a pesar de que la parte no los solicitó directamente a aquellas entidades? ¿La EDU expresó debidamente el objeto de la prueba testimonial que solicitó en la contestación de la demanda?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El incidente de regulación de honorarios no se contrae a declarar la existencia del vínculo jurídico

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición 2024-05-21 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001333300020130157701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Ante la ausencia de prueba que respalde las condiciones en las que se pactó el contrato de prestación de servicios, debe negarse el incidente de regulación de honorarios del abogado por falta de parámetros para tasar su liquidación? Sí
Cuando la solicitud de regulación de honorarios de un abogado no adjunta el contrato de prestación de servicios ni un acuerdo de voluntades que permita tasar los honorarios causados, el incidente no puede resolverse porque no se satisface la carga probatoria mínima. La regla se sostiene en tres razones: el monto de los honorarios se calcula con base en el respectivo contrato, conforme al artículo 76 del Código General del Proceso; las partes deben probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen, según el artículo 167 de ese código y el artículo 1757 del Código Civil; y la falta de prueba del contrato no equivale a negar su existencia, sino a impedir determinar el monto. En el caso, el incidente no aportó los documentos necesarios, por lo que se confirmó el auto que lo rechazó. El documento cita precedente sobre la carga de la prueba; la consecuencia práctica es que el abogado que pide la regulación de honorarios debe aportar el contrato o el acuerdo que sirva para tasarlos.síntesis automática
También resuelve: ¿El recurso de reposición deberá interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto recurrido? ¿Para la determinación del monto de los honorarios del abogado a quien se le ha revocado el poder, el juez tendrá como base el respectivo contrato y los criterios señalados en el CGP para la fijación… ¿El abogado cuenta con otros medios judiciales para solicitar el pago de sus honorarios?
NO REPONE
Consejo de Estado Providencia

El certificado que se exige acompañar con la demanda es una prueba, de manera que está sujeta al ejercicio del derecho de contradicción; 3.

Sentencia — Sentencia 2024-04-08 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 05001233300020140090401 LEY 1437 REPETICION
¿En la acreditación del pago de la condena como presupuesto necesario para la prosperidad de las pretensiones dentro de la acción de repetición, rige el principio de libertad de medios de prueba? Sí
En la acción de repetición el pago de la condena es un presupuesto necesario, aunque no suficiente, para que prosperen las pretensiones, y en su acreditación rige el principio de libertad de medios de prueba. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el certificado de pago que el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 considera prueba suficiente para iniciar el proceso no constituye una regla de conducencia que limite la prueba del pago a ese medio. Segundo, la previsión legal no excluye que el juez aprecie otros medios que acrediten el mismo hecho jurídico del pago, de modo que la carga probatoria puede satisfacerse por distintos medios. Tercero, el pago debe acreditarse como presupuesto de la pretensión, pero su prueba no basta por sí sola para que la acción prospere, pues deben concurrir los demás elementos de la responsabilidad del agente. La providencia confirma la decisión de instancia; en la práctica, la entidad que pretenda repetir puede acreditar el pago con cualquier medio idóneo, sin limitarse al certificado, pero debe demostrar también los elementos de la responsabilidad.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditó en debida forma el pago de la indemnización a la que la parte actora fue condenada en un proceso de reparación directa, y que ahora es objeto de la acción de repetición?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Debe concluirse que no es procedente el reajuste del equilibrio de la ecuación prestacional pretendido por la sociedad accionante

Sentencia — Sentencia 2024-10-28 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 88001233300020180001101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se acreditaron las inversiones realizadas, pero no se cumplió la carga de probar el presupuesto consistente en la incidencia que tales erogaciones causaron a la economía del contrato? Sí
El contratista no logra restablecer el equilibrio financiero del contrato de concesión portuaria debido a su incapacidad para probar el impacto económico de las inversiones realizadas, a pesar de acreditar las causas e inversiones. La entidad estatal y el tribunal mantienen que la prueba documental presentada no cumple con los estándares de idoneidad técnica y valor probatorio necesarios para demostrar la perturbación financiera del contrato. La Sala confirma que la parte demandante debe aportar pruebas técnicas especializadas y científicas, proporcionadas por expertos en finanzas y contabilidad, para justificar la afectación de la ecuación económica del contrato. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en casos de teoría de la imprevisión, limitando la posibilidad de ajustar los términos del contrato sin evidencia adecuada.síntesis automática
También resuelve: ¿En las condiciones en las que la sociedad actora enmarcó su pedimento no es posible arribar a un pronunciamiento positivo al respecto? ¿Demostrar que un gasto extraordinario afecta objetivamente la ecuación económica en un contrato de concesión, implica análisis razonables que permitan evaluar si el impacto alegado justifica ajustar… ¿Para que se configure el desequilibrio económico del contrato es necesario demostrar, además de la alteración extraordinaria, la pérdida real, grave y anormal de la economía del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Las presunciones de la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad son inaplicables al caso concreto

Sentencia — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020170017101 LEY 1437 REPETICION
¿Las presunciones de la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad son inaplicables al caso concreto, sin embargo, en el ámbito procesal si debe emplearse la misma, ya que es la normativa vigente al momento de presentación de la demanda? Sí
La Ley 678 de 2001 no se aplica a los hechos ocurridos antes de su vigencia, de modo que sus presunciones no rigen cuando el hecho dañoso es anterior, mientras que en lo procesal se aplica la ley vigente al presentarse la demanda. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en virtud del principio de irretroactividad, esa ley se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia y solo excepcionalmente tiene efectos retroactivos. Segunda, cuando el hecho es anterior, rigen el artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 63 del Código Civil y los artículos 77 y 78 del Decreto 01 de 1984. Tercera, en lo procesal, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 hace aplicables las disposiciones vigentes al presentarse la demanda. En el caso, el hecho dañoso ocurrió en el año 2000, por lo que no se aplican las presunciones de la Ley 678 de 2001. La providencia reitera la jurisprudencia citada en su nota de relatoría. La consecuencia práctica es que la fecha del hecho determina el régimen sustancial y la fecha de la demanda el régimen procesal.síntesis automática
También resuelve: ¿Se configuró la culpa grave del demandado en su condición de alcalde menor, por el fallecimiento violento de una persona a causa de varias heridas mortales que este último sufrió durante el proceso… ¿Procede la condena en costas procesales en segunda instancia por concepto de agencias en derecho en el caso sub examine, en cuanto se resolvió de forma desfavorable el recurso de apelación?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2026-04-17 Sección Tercera (Subsección B) DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Rad. 25000233600020170227202 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Vulnera el juez de segunda instancia el principio de congruencia y el debido proceso cuando, al resolver el recurso de apelación, se pronuncia sobre la ineficacia de pleno derecho de una cláusula contractual que no fue planteada en las pretensiones ni en los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda, ni integrada oportunamente a la causa petendi del litigio? Sí
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre nuevos cargos y hechos que no fueron aducidos en la demanda, ni discutidos en el proceso, ni controvertidos por la parte demandada, porque el principio de congruencia delimita su competencia. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 281 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, obliga a que la sentencia guarde congruencia con los hechos y las pretensiones de la demanda; la competencia del superior se limita a la cuestión decidida, que se estructura a partir de la causa petendi y de las excepciones debidamente alegadas y probadas; y tener en cuenta una cláusula o un hecho no integrado oportunamente a la causa petendi vulnera el derecho de defensa de la contraparte. Por ello, la declaratoria de ineficacia de pleno derecho de una cláusula no pedida en la demanda excede el litigio y resulta violatoria del debido proceso. La providencia se confirma.síntesis automática
También resuelve: ¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia a los argumentos concretos expuestos en la sustentación del recurso de apelación… ¿El incumplimiento de la carga de sustentación del recurso de apelación por parte del recurrente que se limita a reiterar los argumentos expuestos en los alegatos de conclusión de primera instancia… ¿Prospera el recurso de apelación cuyos argumentos, además de carecer de reparos concretos y específicos contra la sentencia de primera instancia…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Deben desestimarse las pretensiones de la demanda, en relación con los señores.

Sentencia — Sentencia 2024-04-08 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020160010600 ACCION DE REPETICION
¿Se acreditó la calidad de agentes estatales de los demandados en repetición? No
Las presunciones de dolo o de culpa grave del agente estatal en la acción de repetición no operan por el solo hecho de que la firma del servidor aparezca en el acto que originó la condena, pues es necesario probar quién lo elaboró y atribuir a cada demandado una conducta personal revestida de culpa grave o dolo que haya sido determinante en la condena. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, la mera rúbrica no acredita la autoría del acto cuando no hay prueba de quién lo estudió, preparó y elaboró. Segundo, la imputación general y concomitante de las presunciones a todos los demandados desconoce el derecho de defensa y el debido proceso, pues cada agente debe conocer la conducta que se le reprocha. Tercero, cuando no se demuestran los supuestos de hecho de las presunciones alegadas, no puede declararse la responsabilidad del agente, y la calidad de agente estatal debe acreditarse respecto de cada demandado. La providencia niega las pretensiones; en la práctica, la entidad que repite debe individualizar la conducta de cada servidor y probar su calidad de agente estatal antes de invocar las presunciones de dolo o culpa grave.síntesis automática
También resuelve: ¿Respecto de cada uno de los demandados, se estableció y determinó la conducta concreta que se les reprochaba de manera individual? ¿El hecho que en el proceso se acreditó que la ministra fue la persona que firmó la resolución, esto es suficiente para endilgarle responsabilidad? ¿La falta de prueba sobre la participación de dos de los demandados en la expedición de la resolución conlleva a que las pretensiones de la demanda sean negadas?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Debe concluirse que el término de caducidad debe computarse desde la fecha en la cual se efectuó el pago

Sentencia — Sentencia 2024-04-19 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 11001032600020190003700 ACCION DE REPETICION
¿La demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad del medio de control de repetición? Sí
El término de caducidad de la acción de repetición se cuenta desde la fecha en que efectivamente se realiza el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo que tiene la entidad para pagarla, según el literal l del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. Ese plazo es de diez meses conforme al artículo 192 del mismo código, salvo que la condena haya sido proferida en un proceso tramitado bajo el Código Contencioso Administrativo y se ordenó sufragarla en sus términos, caso en el que se aplica el plazo de dieciocho meses del artículo 177 de ese código. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la codificación aplicable al proceso de origen determina el plazo de pago de la condena. Segundo, la caducidad solo se configura si la demanda se presenta después de vencido el término. La providencia niega la excepción de caducidad y concluye que la demandante ejerció su derecho de acción en tiempo; en la práctica, la entidad que pretenda repetir debe identificar primero la codificación del proceso de origen para fijar el plazo de pago y el término de caducidad.síntesis automática
También resuelve: ¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales? ¿Los demandados incurrieron en una conducta dolosa al haber proferido la resolución 901 del 8 de agosto de 2007, mediante la cual se declaró la insubsistencia de un subalterno con desviación de… ¿La sentencia judicial que condena al Estado es prueba suficiente de la conducta del agente, es decir, que la misma acredita el dolo o la culpa grave con la que actúo el demandado en el medio de…
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

El primer problema jurídico se responde de forma negativa

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020150050101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El a quo violó el debido proceso, por aplicar el artículo 49 de la Ley 1450 de 2011, de acuerdo con el cual una inversión nueva es aquella que se realice con posterioridad a la suscripción del contrato de estabilidad jurídica, pese a que esa norma entró a regir después de que fuera presentada la solicitud de suscripción del contrato? No
ODL censuró la denegación de la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica, por violación de norma superior y del debido proceso, porque con su expedición se habría incurrido en un error de derecho derivado de la aplicación indebida de una ley posterior a la vigente al momento de presentar la solicitud, como lo es el artículo 49 de la Ley 1450 de 2011 que modificó el parágrafo del artículo 3 de la Ley 963 de 2005… .
También resuelve: ¿Conforme a la regla general de irretroactividad de la ley, en los contratos de estabilidad jurídica los beneficios para el inversionista surgen a partir de la suscripción del negocio de inversión… ¿Los elementos de juicio aportados por el demandante para acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas previstas en la norma… ¿Se dio un trato discriminatorio a ODL por la suscripción de contratos de estabilidad jurídica con empresas en situaciones similares a la suya y la denegación de la solicitud de contrato por aquella…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se configura la caducidad del medio de control contractual

Sentencia — Sentencia 2025-03-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 23001233300020210010601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configura la caducidad del medio de control contractual cuando, tratándose de un contrato pendiente de liquidación, la demanda se interpone una vez vencido el término especial previsto en el artículo 164 del CPACA, a pesar de haberse suspendido dicho término por la solicitud de conciliación prejudicial? Sí
El contratista no puede interponer una demanda una vez vencido el término especial previsto en el artículo 164 del CPACA, incluso si dicho término se suspendió por la solicitud de conciliación prejudicial, ya que la caducidad del medio de control contractual se configura cuando la demanda se presenta fuera del plazo perentorio establecido por la ley, sin importar las suspensiones temporales del término. En este caso, el contrato de prestación de servicios educativos no fue liquidado oportunamente, lo que inició el cómputo del plazo de dos años para la interposición de la demanda. La solicitud de conciliación prejudicial suspendió el término, pero este reanudó su curso una vez finalizada la conciliación, venciendo antes de que la demanda fuera presentada. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los plazos legales y subraya que las suspensiones temporales no extienden indefinidamente el término para interponer la demanda, lo que implica que el contratista debe actuar con diligencia para evitar la caducidad del medio de control.síntesis automática
También resuelve: ¿Se configuró la caducidad del medio de control de reparación directa respecto de la pretensión de incumplimiento por el pago extemporáneo de los anticipos pactados durante la ejecución de un… ¿Respecto de la pretensión de incumplimiento por falta de pago del saldo adeudado, el cómputo del término de caducidad inició desde la liquidación… ¿Está facultado el juez contencioso administrativo para asumir de oficio el conocimiento de una controversia inicialmente sometida a arbitraje…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer demandas de repetición interpuestas por entidades públicas

Sentencia — Sentencia 2025-02-03 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020150156201 LEY 1437 REPETICION
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer demandas de repetición interpuestas por entidades públicas contra servidores o particulares que hayan causado un perjuicio por actuación dolosa o gravemente culposa? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer demandas de repetición interpuestas por entidades públicas contra servidores, exservidores o particulares que hayan causado un perjuicio por actuación dolosa o gravemente culposa, con el fin de obtener el reembolso de los dineros pagados. Esta competencia se fundamenta en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Además, la Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, según lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011. La caducidad del medio de control de repetición se calcula según el régimen jurídico vigente al momento de iniciación del proceso, conforme al artículo 308 del CPACA, y no al momento de la ejecutoria de la sentencia. En este caso, la entidad pública presentó la demanda dentro del plazo de dos años siguientes al pago de la condena impuesta al Estado, cumpliendo así con el requisito temporal.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede el medio de control de repetición contra un servidor, exservidor o particular investido de función pública cuando se verifica que su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a una… ¿Debe aplicarse el régimen procesal vigente al momento de iniciación del proceso para efectos del cumplimiento de la sentencia, conforme al artículo 308 del CPACA? ¿Se ejerció en tiempo el medio de control de repetición cuando la demanda fue presentada dentro de los dos años siguientes al pago de la condena impuesta al Estado?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Corresponde a la Sala conocer el recurso de apelación interpuesto

Sentencia — Sentencia 2025-04-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300120120072501 ACCION DE REPETICION
¿Corresponde a la Sala conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en un proceso de control de repetición cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado en un proceso de control de repetición cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme a lo establecido en los artículos 142, 150 y 152 numeral 9 de la Ley 1437 de 2011. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo confirma que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer estos recursos, ya que el medio de control de repetición es una acción patrimonial que busca reembolsar al Estado por daños causados por actos dolosos o gravemente culposos de servidores públicos. La caducidad del medio de control de repetición se rige por el régimen jurídico vigente al inicio del proceso, según el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que implica que el cómputo del plazo para el pago de la condena se ajusta a las disposiciones del Decreto 01 de 1984. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para conocer estos casos y establece las reglas sobre caducidad aplicables, lo que garantiza la seguridad jurídica en la interposición de recursos de apelación en procesos de control de repetición.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente interponer el medio de control de repetición contra un servidor público o particular que, actuando con dolo o culpa grave… ¿Son aplicables al presente asunto las disposiciones procesales sobre caducidad previstas en el Código Contencioso Administrativo… ¿Es procedente la acción de repetición cuando se presenta la demanda dentro del plazo de los dos años contados a partir del pago realizado por la administración?
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Consejo de Estado Providencia

Procede el medio de control de reparación directa cuando se reclame la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia, al Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional.

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020170096201 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Procede el medio de control de reparación directa cuando se reclame la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia, al Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional? Sí
El contratista puede ejercer el medio de control de reparación directa para reclamar la reparación de un daño causado por un hecho imputable a la administración de justicia, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional o el Ejército Nacional, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal establecido, lo cual garantiza la seguridad jurídica y protege el interés general. La caducidad del medio de control implica que si el plazo para presentar la demanda vence sin que el interesado la haya elevado, se extingue el derecho de acción, consolidando las situaciones pendientes de solución. En casos de responsabilidad patrimonial por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, considerando el conocimiento del daño por parte del demandante, lo que implica que la inoperancia del medio de control por caducidad solo opera si se demuestra que la presentación de la demanda fue defectuosa o tardía, reiterando la jurisprudencia sobre la importancia de cumplir con los plazos legales para ejercer el derecho de acción.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad del medio de control representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general? ¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia del medio de control de acción de reparación directa por defectuoso funcionamiento de la administración de… ¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad del medio de control de reparación directa frente a la presunta afectación que sufrió su derecho…
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Consejo de Estado Providencia

Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputables a la administración de justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad.

Sentencia Perspectiva de Género — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020120047501 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputables a la administración de justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad? Sí
La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño proviene de un hecho, omisión, operación administrativa u otra actuación estatal distinta de un contrato o de un acto administrativo, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se sostiene en dos razones. Primera, la norma atribuye el medio a los daños causados por hechos distintos del contrato y del acto, y el daño reclamado proviene de hechos imputables a la administración de justicia y a una entidad de seguridad del Estado. Segunda, la caducidad constituye un presupuesto procesal que el juez debe verificar aun cuando no haya sido alegada, pues los plazos son perentorios y de orden público. La providencia reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de esta acción y el control oficioso de la caducidad. La consecuencia práctica es que, cuando el daño no se origina en un contrato ni en un acto, la vía procedente es la reparación directa, cuya oportunidad debe verificarse desde el inicio del proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad de la acción representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general? ¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad? ¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales?
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